Auto AP448-2016/45769 de febrero 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP448-2016

Rad.: 45769

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta Nº 25

Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El recurso de reposición, ha dicho la Sala, tiene por finalidad permitirle al funcionario judicial que dicta la providencia por dicha vía impugnada, revisar su decisión y corregir aquellos errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere podido incurrir y, de ser el caso, proceder a revocarla, reformarla, aclararla o adicionarla en los aspectos en que la inconformidad expuesta por la parte encuentre verificación. De ahí que la discusión ha de partir de lo plasmado en el proveído que genera la inconformidad, con el propósito de demostrar la equivocación y el agravio que la decisión ha causado al sujeto que impugna.

El impugnante, fuera de repetir los argumentos en que sustentó los motivos de revisión esgrimidos en su inicial libelo, omite acreditar los errores en que asegura haber incurrido la Corte en la providencia atacada con relación a este asunto, pues, en clara petición de principio da por establecido lo que le correspondía demostrar.

Lo primero que debe resaltarse es que la demanda de revisión no se inadmitió por la concurrencia de simples «desatinos de fondo o de forma» que caprichosamente se hubiesen mencionado en la providencia impugnada, únicamente con el interés de evadir el trámite.

Por el contrario, el libelo se rechazó porque no cumplía las precisas exigencias legales que consagra el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600/2000), concretamente porque no se aportaron y ni siquiera se relacionaron, las pruebas que demostraban los hechos básicos de la petición, como tampoco se allegó la constancia de ejecutoria de las providencias de única, primera y segunda instancias, cuya revisión exige el actor.

Incluso, la misma causal que invoca el accionante es la que especifica con cuál medio de convicción se prueba su configuración: «… se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.» (Se destaca)

En otros términos: para que surja la causal, debe adelantarse un proceso penal en curso del cual se demuestre la falsedad de la prueba (vr. gr. falsedad en documento o falso testimonio) y así se declare en una sentencia que hubiese alcanzado ejecutoria. No basta entonces afirmar que una prueba es falsa, para que a partir de esa aseveración se ordene rescindir un fallo ejecutoriado, puesto que es necesario aportar la prueba de la falsedad que –se itera– se soporta únicamente en la sentencia que así lo declare y que constituya cosa juzgada.

La revisión es un proceso que se adelanta contra la providencia que se estima injusta; no se sigue contra personas para determinar si incurrieron en alguna clase de falsedad, porque el conocimiento del delito y de la responsabilidad penal del acusado, corresponde a un escenario procesal diferente.

Ahora, el soporte jurídico del novedoso argumento que trata de introducir el impugnante, no tiene existencia en el ámbito adjetivo penal, puesto que las disposiciones de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, que regulan lo concerniente a la acción de revisión, es decir, los artículos 220 al 231 y 192 al 199, respectivamente, no han sido modificadas, adicionadas, derogadas o subrogadas, ni expresa ni tácitamente, por ninguna norma y mucho menos por el Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública».

El artículo 1º que el aludido Decreto, señala que «… tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen» y el artículo 2 ordena que su aplicación se extienda «…a todos los organismos y entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas.»

Esas normas, por supuesto, excluyen el ejercicio de la función jurisdiccional, porque el artículo 39 de la Ley 489 de 1998, consagra cómo está integrada la administración pública, refiriéndose exclusivamente a la conformación de la Rama Ejecutiva del Poder Público:

La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.

La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la Administración.

Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley.

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso.

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les señalan la Constitución Política y la ley.

El estudio, entre otros muchos asuntos, de las acciones de revisión, no corresponde a una función administrativa asignada a servidores adscritos a la Rama Judicial. Se trata de una labor eminentemente jurisdiccional, porque es proferida sobre los principios de independencia y autonomía.

Entonces, la norma que trae a colación el impugnante (art. 8, D. 0019/2012), no alude, así el abogado lo afirme, a la exoneración de presentar la constancia de ejecutoria de las providencias que se pide revisar ni a la supresión de la sentencia en firme con la que se demuestre la existencia de la prueba falsa, en los casos de la causal quinta, del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal.

Esa disposición, que literalmente dice «Se prohíbe exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa la interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de la providencia que ordene el reconocimiento o adjudicación de un derecho», se refiere a las actuaciones que promueven las personas naturales o jurídicas ante una autoridad administrativa, con la pretensión de que se declare la existencia de un derecho y lo que busca precisamente es evitar la duplicidad de trámites, porque elimina la obligación de ejercer una acción ante el juez para que éste previamente resolviera reconocer o adjudicar algún derecho y de nuevo debía adelantarse la misma gestión frente a la administración pública paras que hiciera idéntica declaración.

Resulta palmario que esa regulación ninguna alusión hace a las acciones de revisión; menos aún a las constancias de ejecutoria de las providencias como requisito para promover el específico trámite ni a la demostración de que el fallo que se pide revisar está fundamentado en prueba falsa, ello porque el funcionario judicial encargado de resolver acerca de la revisión, no puede suponer que las decisiones de única, primera y segunda instancias que se quieren rescindir, están debidamente ejecutoriadas y tampoco puede presumir la falsedad de la prueba que expone el demandante como fundamento de la condena.

Queda claro que el censor no ha expuesto un solo argumento válido que desvirtúe las consideraciones de la Corte en relación con las pruebas que aquél tacha de falsas.

Por lo demás, dedica sus esfuerzos a tratar imponer su criterio acerca de cómo debieron valorarse las evidencias que demostraban el compromiso penal de J… B… G…, al punto que critica al Tribunal porque, según lo afirma, no apreció las pruebas en conjunto; se equivocó al valorarlas; incurrió en falso juicio de identidad por cercenamiento; no se reconoció la existencia de la duda acerca de la responsabilidad penal de los sentenciados; violó el principio de investigación integral; e incurrió en falsos juicios de convicción porque les otorgó valor rumores callejeros y a los informes de policía judicial.

En otras palabras, esa forma de argumentar únicamente enseña la incapacidad de demostrar que, en efecto, se ha presentado la circunstancia excepcional que obligaría adelantar el trámite encaminado a dejar sin efecto la firmeza de lo decidido por las instancias, porque los argumentos que expone el impugnante, cuando más, podrían delimitar la existencia de alguna causal de casación.

No demostró los errores que le atribuyó a la Sala.

Además de repetir los fundamentos expuestos en su inicial libelo, el recurrente omite mostrarle a la Corte la necesidad de su intervención para enmendar la pretextada injusticia material de la sentencia censurada, finalidad última de la acción de revisión, sin que pueda pretender ahora que aquellas caprichosamente calificadas como pruebas falsas, sustenten la causal quinta de revisión que invoca, siendo precisamente esa la situación de la cual expresamente se ocupó la Sala en el auto recurrido.

Así las cosas, la impugnación propuesta deviene impróspera, pues lo único que consigue el apoderado evidenciar es su inconformidad con la determinación atacada.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO REPONER la providencia impugnada, por las razones consignadas en la anterior motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».