Auto AP4481-2016/35691 de julio 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4481-2016

Rad.:35691

Aprobado Acta 211

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Advierte la Sala que el defensor fundamenta su petición en lo consagrado en la Ley 1760 de 2015, por lo que se torna necesario examinar tanto la aplicabilidad de dicha fuente normativa al presente caso, como la vigencia de la misma.

No obstante, previo a ello, sí resulta necesario precisar que no es cierto, como lo expone el defensor en su escrito, que en el artículo 4º de la precitada ley se consagre la siguiente expresión “la libertad del encartado quien padece medida cautelar intramural por un lapso superior a los mil días”, y tampoco en ningún otro aparte de ella.

4.1. Aplicabilidad de la Ley 1760 de 2015.

4.1.1. Sea lo primero indicar que la mencionada ley fue promulgada el 6 de julio de 2015 y con ella se adicionaron y modificaron algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004 reguladoras de las medidas de aseguramiento y de la libertad provisional.

Lo anterior implica que, dado que el presente asunto está siendo rituado por una legislación procesal penal diversa condensada en la Ley 600 de 2000, aquellas disposiciones no aplican en el presente asunto.

4.1.2. Al respecto, debe igualmente puntualizarse que las causales de libertad provisional tienen una regulación y tratamiento autónomo en cada una de las legislaciones procesales reseñadas, por lo que no resulta procedente que un acusado cuya actuación se tramita por la Ley 600 de 2000, acuda a una causal enlistada en la Ley 906 de 2004 para reclamar el aludido derecho, pues, además no existe coincidencia de los plazos.

4.1.3. En síntesis, concluye la Corte, la específica causal en que se apoya el defensor para pedir la libertad de su asistido, y que se halla enlistada en el numeral sexto del artículo cuarto de la Ley 1760 de 2015 y que modificó el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, no resulta aplicable al presente asunto.

Claro no desconoce esta colegiatura que solo si se cumplieran los exigentes presupuestos que ha definido la jurisprudencia penal, podrían aplicarse por favorabilidad disposiciones contenidas en un estatuto procesal a asuntos regulados en otro(8), sin embargo, no considera necesario la Sala emprender tal estudio, pues, como se verá, la puntual causal alegada aún no se encuentra vigente ni siquiera para los asuntos rituados en la Ley 906 de 2005, dadas las particularidades del presente caso.

4.2. Vigencia de la Ley 1760 de 2015.

4.2.1. El artículo 5º de la referida Ley, estableció que la misma “rige a partir de la fecha de su promulgación salvo el artículo 1º y el numeral 6 del artículo 4º, los cuales entrarán a regir en un (1) año a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

Pues bien, según lo prescrito expresamente, las siguientes eran las puntuales normas que solo entraban a regir el 6 de julio de 2016:

“ART. 1º—Adiciónanse dos parágrafos al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:

“PAR. 1º—Salvo lo previsto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso de surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la prevención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011, dicho termino podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el juez de control de garantías, a petición de la fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo.

“PAR. 2º—Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.”

“ART. 4º—Modifícase el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

“ART. 317.—Causales de Libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

(…)

6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.

Recuérdese que es precisamente la causal sexta, acabada de citar, la que sirve de soporte al defensor para solicitar la libertad de Lxxx Axxx Rxxx Bxxx.

4.2.2. Sin embargo, recientemente se expidió la Ley 1786 del 1 de julio de 2016, sobre la que omitió referirse el defensor en su escrito.

Pues bien, allí se consignaron algunas modificaciones a la Ley 1760 de 2015, sin que se constate cambio en el contenido de la causal ya reseñada, pero sí se prorrogó nuevamente su vigencia en los siguientes términos:

“ART. 5º—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Los términos a los que se hacen referencia en el artículo 1º y el numeral 6 del artículo 2º de la presente ley, respecto de los procesos ante justicia penal especializada, en los que sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se trate de investigación o juicio de los actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el título IV del libro segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), entrarán a regir en un (1) año contado a partir de su fecha de promulgación” (destaca la Sala).

Valga precisar que la disposición contenida en el numeral 6 del artículo 2º de la Ley 1786 de 2016, reproduce la causal de libertad que alega el defensor, lo que permite concluir que aún si se pudiera aplicar por favorabilidad al presente asunto, la particularidad del mismo torna no vigente tal mandato.

Nótese que el delito por el cual está siendo encausado Rxxx Bxxx (concierto para delinquir agravado) es de aquellos cuya competencia está originalmente atribuida a la justicia penal especializada, de conformidad con lo señalado en el numeral 7º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000.

Así las cosas, la procedencia de la causal 6 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, sólo entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2017.

4.3. La anterior constatación objetiva, torna innecesario referirse a las demás manifestaciones consignadas en el escrito del defensor.

Sin embargo, sobre las deshilvanadas referencias y citas relativas al tema del plazo razonable de detención preventiva que efectúa el apoderado de Rxxx Bxxx, la Corte se está a lo ya considerado y resuelto en la providencia adoptada en ente mismo asunto el 11 de noviembre del año anterior.

En tanto que en lo atinente a la igualmente aislada mención que hace el memorialista de la disposición que tiene su representado de someterse a cualquier otra medida de aseguramiento, se advierte la improcedencia de ello, ante la carencia de fundamentación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NEGAR la libertad solicitada por el defensor, a favor del procesado Lxxx Axxx Rxxx Bxxx, de conformidad con lo valorado en esta providencia.

2. Contra esta decisión procede recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Ver, entre otras, CSJ AP rad. 23910 de 19-07-2005.