Auto AP4553-2015/46548 de agosto 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4553-2015

Rad. 46548

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Aprobado Acta Nº 276)

Bogotá D.C., once de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Al tenor de lo normado en el artículo 75-4 de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para desatar la colisión de competencias, por cuanto involucra a dos juzgados de diferentes distritos judiciales.

La extinción del derecho de dominio y el procedimiento para hacerla efectiva fueron inicialmente regulados por la Ley 333 de 1996, posteriormente derogada por la Ley 793 de 2002. Esta última fue objeto de varias modificaciones introducidas con las Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011. Finalmente fue sustituida por la Ley 1708 de 2014, denominada Código de Extinción de Dominio.

Por mandato expreso del artículo 218 de la última norma en cita, a partir de su entrada en vigencia (la cual tuvo lugar el 20 de enero de 2015), fueron derogadas “las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Código. / Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de 2002, y los artículos 9º y 10 la Ley 785 de 2002, seguirán vigentes”.

Además de dichas excepciones, el canon 217 consagró un régimen de transición, del siguiente tenor:

“Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1º al 7º de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones”.

Con fundamento en esta disposición, el Juzgado 1º Especializado de Cundinamarca manifiesta que en el sub lite no resulta aplicable la Ley 1708 de 2014, sino la Ley 793 de 2002, dado que la resolución de inicio fue proferida bajo la vigencia de esta última.

Sin embargo, la exposición de motivos del apartado normativo bajo análisis, revela que la interpretación del despacho referido no es adecuada:

“La Ley 1453 de 2011 eliminó la causal séptima (7) de extinción de dominio, prevista en el artículo 2º de la Ley 793 de 2002. Dicha causal consistía esencialmente, en que podía decretarse la extinción del derecho de dominio cuando en cualquier circunstancia no se justificara el origen lícito de los bienes perseguidos en el proceso. Causal que era muy importante para la extinción del derecho de dominio de bienes pertenecientes a grupos armados ilegales, cuyo origen no pudiera ser establecido y que no fueran reclamados expresamente por alguien. A modo de ejemplo, esta causal era importante para la extinción del dominio de los dineros hallados en las denominadas ‘caletas’. Sin esta [sic], la judicatura ha comenzado a declarar la improcedencia de la extinción de dominio que se basó en dicha causal, lo cual es sencillamente inconcebible, pero real, con un aspecto adicional: que siendo la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá el órgano de cierre en esta materia, frente a esas decisiones tomadas, las opciones procesales para actuar frente a esta son mínimas.

(...).

Sumado a lo anterior, el proyecto contiene un artículo transitorio que tiene como objetivo resolver las dificultades que aparecen, en razón o con ocasión de la modificación introducida por la Ley 1453 de 2011, respecto de la causal 7ª. La propuesta de solución contenida en ese artículo consiste fundamentalmente, en establecer que en cada uno de los procesos existentes se continúen aplicando las causales previstas en la ley vigente al momento de la resolución de inicio. De esa manera, se solucionan todos los problemas de aplicación de ley en el tiempo que pudieran haber aparecido como consecuencia del tránsito legislativo entre la Ley 793 y la Ley 1453”. (Varios ejemplares de la Gaceta del Congreso de la República, especialmente la signada con el Nº 174 del 3 de abril de 2013).

Por lo tanto, el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema. En consecuencia, en la actualidad la ley vigente —y aplicable al sub examine— es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones a las que se ha hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran las disposiciones atributivas de competencia.

Sobre el particular, el canon 35 del Código de Extinción de Dominio, dispone:

“Competencia territorial para el juzgamiento. Corresponde a los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo. Ante la falta de Jueces de Extinción de Dominio conocerán del juicio, los Jueces Penales del Circuito Especializados.

Cuando haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez del distrito que cuente con el mayor número de Jueces de Extinción de Dominio, o en su defecto, el mayor número de Jueces Penales del Circuito Especializado. La aparición de bienes en otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para el juzgamiento en única instancia de la extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado, independientemente de su lugar de ubicación en el territorio nacional”.

La lectura exegética de la norma permitiría considerar que los criterios atributivos de competencia allí definidos, solamente son aplicables para determinar el fallador al que corresponde la fase del juzgamiento; pero una interpretación contextual impone concluir que pueden ser igualmente utilizados para definir el funcionario judicial competente en la etapa preprocesal.

En primer término, según los dos numerales del artículo 39 del estatuto en referencia, los despachos de extinción de dominio conocen en primera instancia “del juzgamiento de la extinción de dominio” y “de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia”. Indudablemente, la expresión “procesos de su competencia” se refiere a las actuaciones en las que los despachos mencionados cumplen la función de dirigir el juicio.

Por tanto, transcribiendo ambas disposiciones y reemplazando en una de estas la frase aludida por el contenido de la otra, la regla que se deriva podría leerse de la siguiente manera: los juzgados de extinción de dominio conocen “de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos [respecto de los cuales sean competentes para adelantar el] juzgamiento de la extinción de dominio”.

Como soporte adicional de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 35 previamente citado, establece que “[l]a aparición de bienes en otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia”. Es necesario recordar que la “fijación provisional de la pretensión de la Fiscalía General de la Nación” es el paso inmediatamente anterior al “requerimiento al juez para que declare bien sea la extinción de dominio, o la improcedencia de esta”, es decir, al inicio formal del juzgamiento (Art. 116).

Si el advenimiento de nuevos activos en otros lugares durante la fase estrictamente jurisdiccional no modifica la competencia, ello quiere decir que el funcionario facultado para adelantar la etapa preprocesal debe ser escogido conforme al mismo criterio al que se acude para definir cuál está llamado a dirigir el juicio, es decir, el factor territorial.

De otra parte, el Juzgado 3º de Extinción de Bogotá sostiene que la solicitud de control de legalidad debe ser resuelta por un despacho de Cundinamarca, porque en dicho departamento se ubican los únicos tres bienes respecto de los cuales se formuló la petición.

Sin embargo, lo realmente relevante es que la actuación se surte —bajo una misma cuerda procesal— con relación a muchos otros activos. Por tanto, la postura referida desconoce las reglas sobre conexidad (Art. 40 y ss.), pues en últimas consiste en una innecesaria ruptura de la unidad procesal, pese a que aun en tal caso, dicha figura “no genera cambio de competencia, y el funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones” (Art. 42).

Por lo tanto, procede la Corte a dirimir la colisión de competencias, con fundamento en lo normado en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, según el cual, como se reseñó previamente, “[c]uando haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez del distrito que cuente con el mayor número de Jueces de Extinción de Dominio”.

En el presente asunto, los activos respecto de los cuales la Fiscalía impuso medidas de aseguramiento están ubicados en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Meta. De estos territorios, el que tiene más juzgados de extinción es el Distrito Capital, dado que en los demás aún no han sido creados tales despachos.

Ante este panorama, se concluye sin dificultad alguna que la actuación debe ser asignada al Juzgado 3º de Extinción de Bogotá, al que había sido anteriormente repartida. La presente determinación será informada al Juzgado 1º Especializado de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. ASIGNAR el conocimiento de la presente actuación al Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, a donde se remitirá de inmediato el diligenciamiento.

2. COMUNICAR la presente determinación al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

Comuníquese y cúmplase».