Auto AP456-2016 de febrero 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP456-2016

Radicación: 47175

(Aprobado acta 25)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La Corte se abstendrá de asumir el conocimiento del presente trámite, por cuanto no se aprecian consistentes las premisas por las cuales se atribuye a la Sala de Casación Penal de esta Corporación la competencia para dirimir la polémica surgida entre las autoridades convocadas a la vigilancia de la sanción impuesta a E.I.F.F. Las razones para arribar a ese diagnóstico, son las siguientes:

2. En efecto, como punto de partida para auscultar el contexto que ocupa la atención de la Corte, ha de decirse que la existencia en la jurisdicción de Justicia y Paz de una condena parcial respecto del postulado F.F. por delitos cometidos durante su pertenencia al frente “J.P.D.” del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y perpetrados con ocasión del conflicto armado(1), no es óbice para que en su contra aparezcan otras medidas de aseguramiento privativas de la libertad derivadas de imputaciones parciales elevadas en ese mismo entorno, ni es impedimento para que sean sustituidas, según tuvo oportunidad de referirlo la Sala en pretérita oportunidad:

“La situación precedente, esto es, el trámite de más de una actuación contra la misma persona, tuvo su origen en la necesidad de admitir, por vía jurisprudencial, las imputaciones parciales. Es preciso recordar que las imputaciones, acusaciones y sentencias parciales fueron gradualmente admitidas por la Corte, ante la imposibilidad práctica de que en una sola actuación de Justicia y Paz se produjeran formulaciones de cargos totales e integrales contra un solo individuo o grupo de ellos, como sería lo deseable en un escenario ideal […].

[…] Es así como se explica el fenómeno que se presenta en este caso, cual es la existencia de dos medidas de aseguramiento y una sentencia que pesan sobre el postulado E.I.F.F., emitidas aquellas por los despachos de control de garantías de B. y B. y, la última, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de B. […].

[…] La existencia de investigaciones separadas supondría, en principio, que las determinaciones adoptadas en cada una de ellas —en este caso la imposición de medida de aseguramiento— deberían ser controvertidas, modificadas o, como en este evento, sustituidas por el mismo despacho que las emitió.

No obstante, es preciso tener en cuenta las especiales características del proceso transicional que regula la Ley de Justicia y Paz, que busca implementar un conjunto de trámites judiciales y administrativos eficaces, rápidos y adecuados para lograr la reincorporación definitiva a la vida civil de quienes delinquieron como integrantes de grupos armados organizados ilegales, con miras a superar la dinámica de violencia generada por dichos grupos y lograr la reconciliación nacional, bajo los imperativos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantía de no repetición […].

[…] Por tanto, no cabe afirmar que la privación de la libertad que tiene lugar como consecuencia del cumplimiento de la pena alternativa impuesta en una sentencia de Justicia y Paz, tenga la virtud de subsumir o confundirse en una sola con la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural que pesa sobre el mismo individuo en su condición de investigado en otro expediente de Justicia y Paz, pues, insiste la Sala, se trata de situaciones de muy distinta naturaleza […].

[…] Así las cosas, no cabe duda que la petición de la sustitución de las medidas de aseguramiento y la verificación de las específicas exigencias reseñadas en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005 configuran el mecanismo idóneo para que el postulado procesado se beneficie de una medida no privativa de la libertad, con total independencia de la situación que se suscite ante el juez con función de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del territorio nacional, ante quien se surtirá la solicitud de libertad a prueba por pena cumplida […]. Dentro de cada actuación procesal habrán de verificarse los requisitos de cada una de estas figuras, sin que lo decidido en un caso tenga incidencia para resolver el otro” (CSJ SP 12157-2014).

3. Desde esa óptica y al tenor del artículo 18B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012,(2) la defensa de F.F. presentó, a la par con la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesaba en su contra, petición encaminada a la suspensión condicional de las penas privativas de la libertad que le fueron impuestas por la jurisdicción ordinaria, entre ellas, la irrogada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión —OIT— el 31 de enero de 2008, a lo que accedió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, conforme se reseñó en precedencia, informando lo pertinente al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B.

4. Este último despacho rehusó darle trámite a la comunicación en cuestión al asumir, sin mayores disquisiciones, que el asunto correspondía al Juzgado de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, el cual, una vez recibida la actuación, precisó en debida forma que no podía acceder a la orden de suspender la ejecución de la pena por no constituir dicha condena una de aquellas cuya vigilancia le ha sido asignada por la normatividad aplicable.

Sin embargo, envió de manera errónea el expediente al Consejo Superior de la Judicatura que aclaró cómo la jurisdicción de Justicia y Paz no era adicional a la penal. Y tal aserto se compagina con la naturaleza del procedimiento consagrado en la Ley 975 de 2005, en tanto corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar la fase investigativa de los hechos delictivos cometidos por miembros de grupos organizados al margen de la ley durante y con ocasión del conflicto armado (art. 16) y porque los recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, son resueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 26).

5. En esa secuencia, decantado que el conflicto de competencias suscitado acaecía entre despachos dependientes de la jurisdicción penal —figura procedente, pues la sentencia objeto de diligencias se emitió bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 (Cfr. CSJ AP 3873-2014)—, correspondía determinar a qué Distrito pertenecen.

Así, tratándose del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, no cabe duda que su superior funcional es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

Empero, en lo atinente al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, los actos administrativos que ordenaron su creación constituían el referente imprescindible a efectos de establecer su vinculación funcional. Véase:

5.1. El Acuerdo PSAA14-10109 del 21 de febrero de 2014, “Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para los despachos de magistrado con función de conocimiento de las Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Barranquilla y Medellín, Distritos Judiciales del mismo nombre”, dispuso, en su artículo 3º, crear transitoriamente el Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, con jurisdicción en “todo el territorio nacional y […] competencia para vigilar el cumplimiento de las penas y obligaciones impuestas a los condenados de Justicia y Paz, tal y como lo dispone el numeral 3º del inciso segundo del artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 28 de la Ley 1592 de 2012. Su sede será en la ciudad de Bogotá”.

5.2. De conformidad con el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”, se dispuso, en el artículo 32, la creación definitiva del Juzgado de Ejecución de Sentencias para Justicia y Paz en comento.

Así las cosas, en este evento puede decirse que este último estrado judicial se encuentra, al margen de contar con jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrito al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al fijarse en esa ciudad su sede y, además, porque el artículo 4º del Acuerdo PSAA14-10109 confiere a esa Corporación la labor nominadora del servidor público llamado a ejercer su titularidad. De igual manera, por cuanto al corroborar su ámbito funcional, es válido predicar que ostenta la condición de Juzgado del Circuito(3).

5.3. En ese orden, se vislumbra cómo en el sub examine el Tribunal del Distrito Judicial de esta ciudad funge como superior de los despachos inmersos en la discusión acerca de la autoridad que ha de suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad ya señalada. Por consiguiente, y debido a que dichos estrados judiciales hacen parte de salas distintas (Sala Penal y Sala de Justicia y Paz), se conformó en esa Colegiatura una Sala Mixta con el propósito de dirimir el particular al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 —cuya hermenéutica fue sopesada de modo parcial por la Magistrada que remitió la actuación— y por ello se le devolverán las diligencias, para que se proceda de conformidad(4).

6. Sea esta la oportunidad para precisar que si bien corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidir la controversia a la que se ha hecho alusión, tal conclusión no se ofrece determinante a efectos de dilucidar disyuntivas afines que lleguen a darse en el futuro.

Es decir, las variables esbozadas con antelación no son factores taxativos que forzosamente conduzcan a asignar de manera permanente a dicha Corporación el estatus de superior jerárquico del Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, pues, en cada caso, a efectos de zanjar polémicas suscitadas en punto de la competencia de ese despacho judicial y otros, deberá cotejarse el factor territorial con miras a decantar lo pertinente, conforme las normas que rigen la materia(5).

Y si se dice que es el factor territorial el aspecto primordial a la hora de examinar controversias de esta índole, lo es porque el Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, de acuerdo con la competencia que le ha sido asignada (L. 975/2005, art. 32, num. 3º), está a cargo de la vigilancia del cumplimiento de los fallos proferidos por las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito que por el momento desempeñan tal labor (Barranquilla, Bogotá y Medellín). En consecuencia, establecer la autoridad falladora y su ámbito geográfico marcará la pauta al instante de determinar quién es el superior funcional de ese despacho, de cara a los eventos que así lo demanden.

7. Por último, no sobra recabar que la teleología del trámite especial de Justicia y Paz propende por la eficacia y la celeridad, de tal forma que los funcionarios que por una u otra razón se vean involucrados en el mismo han de explorar propuestas que en el mayor grado posible estén orientadas a la consecución de la economía procesal, en lugar de prohijar tortuosas discusiones respecto de aristas que no ameritan un continuo y dilatado desgaste institucional, como ha ocurrido en las presentes diligencias.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

RESUELVE:

ABSTENERSE de asumir el conocimiento de las diligencias remitidas por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta determinación. En consecuencia, devuélvase la actuación a esa Corporación para que proceda de conformidad.

Contra esta decisión no procede ningún recurso

Comuníquese y cúmplase.»

1 Cfr. CSJ SP, junio 6 de 2012, radicación 38508.

2 ART. 18B.—Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria. En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria […]”.

3 El Acuerdo 14 del 7 de julio de 1993 de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”, consagra, en su artículo 3º, que “Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tendrán la misma categoría y remuneración de los jueces de circuito y serán nombrados por los respectivos tribunales superiores de los Distritos en donde tengan su sede […]”.

4 El inciso 2º de este precepto, pasado por alto en el auto de 10 de noviembre de 2015, refiere que “Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”.

5 Entre otros, el artículo 16, inciso 2º, de la Ley 270 de 1996, establece que las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia “conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos”.