Auto AP4688-2017 de julio 24 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Fernando Alberto Castro Caballero

AP4688-2017

Rad. 50301

(Aprobado Acta Nº 235)

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

VISTOS

Resuelve la Sala las solicitudes de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura presentadas por los procesados M. C. L. y R. G. H., y su defensor.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

En proveído AP4146-2017 de 28 de junio de 2017 esta Sala refirió a esos aspectos, que pueden ser resumidos en los siguientes términos:

1. El 17 de marzo de 2006, en la finca de la familia Piedrahita ubicada en la vereda Peñalosa del Municipio de Gigante, Huila, cuando J. N. R. G. se encontraba abonando un cultivo de café en compañía de un menor de edad, llegaron integrantes de una patrulla del Ejército Nacional que dispararon contra su humanidad causándole la muerte.

Según información entregada por los uniformados del Ejército adscritos al Batallón de Infantería Nº 26 C. P. que intervinieron en esos hechos, lo ocurrido fue que mientras se desplazaban por el indicado sector, dos personas se acercaron a la tropa en forma sospechosa procediendo uno de ellos a disparar contra los miembros de la patrulla cuyos integrantes reaccionaron abatiendo a dicha persona.

El pelotón militar estaba al mando del teniente J. E. M., integrado por tres escuadras, una de las cuales se ubicó adelante y fue de la que provinieron los disparos que causaron la muerte del señor R. G.; de esta hacían parte el orientador geográfico J. U., civil desmovilizado, los soldados O. T. C., radio operador, D. J. C. P. y los procesados en este caso R. G. H., M. C. L. y E. G. P. que recibían órdenes directas del Teniente Moreno.

2. La Fiscalía 45 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva – Huila asumió la investigación a la cual fueron vinculados los soldados G. H., C. L. y G. P., que fueron escuchados en indagatoria luego de la cual se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, señalados coautores del delito de homicidio en persona protegida.

Estos cargos fueron ratificados al momento de proceder a calificar el mérito sumarial con resolución de acusación de agosto 9 de 2010, contra la que se interpuso recurso de apelación que la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva resolvió el 16 de septiembre del mismo año confirmando la decisión cuestionada.

3. De la etapa de la causa correspondió conocer al Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, Huila, bajo el radicado Nº 412983109001201000038, despacho que adelantó las audiencias preparatoria y de juzgamiento, al cabo de la cual profirió sentencia absolutoria para los tres acusados el 24 de mayo de 2013.

Apelada la sentencia por la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva mediante fallo de 24 de enero de 2017 resolvió revocarla, condenando a los acusados como coautores del delito de homicidio en persona protegida a las penas de 380 meses de prisión, multa por valor de 2.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 190 meses.

Así mismo, ordenó librar sendas órdenes de captura para el cumplimiento de la pena en contra de los sentenciados, quienes habían quedado en libertad provisional según lo ordenado por auto de 12 de julio de 2011 emitido por ese mismo tribunal.

Contra el fallo de segundo grado fue interpuesto recurso extraordinario de casación por la defensa de R. G. H. y M. C. L., cuyo libelo de sustentación fue calificado mediante providencia AP4146-2017 de 28 de junio próximo pasado por medio del cual se resolvió su inadmisión.

DE LAS SOLICITUDES

Sendos escritos presentan los procesados R. G. H. y M. C. L., con idéntica redacción, por cuyo medio solicitan la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura proferidas en contra de cada uno de ellos, específicamente las emitidas con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida por Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, que resolvió condenarlos como coautores penalmente responsables del delito de homicidio en persona protegida.

Con referencia al pronunciamiento de esta Sala de 21 de junio de 2017 en el radicado 49470, que trascriben en lo pertinente, plantean los peticionarios que los hechos objeto de investigación y juzgamiento en este proceso surgieron en el marco de conflicto armado que ha vivido el país pues ocurrieron dentro de las actividades desplegadas por el Ejército Nacional con el fin de combatir grupos ilegales.

Añaden que el “...desarrollo de la actividad operacional se enmarco (sic) con el planeamiento como se desprende de la misión táctica con el objetivo de combatir grupos ilegales al margen de la ley (sic) y de acuerdo a informaciones de inteligencia sobre el trafico (sic) de estupefacientes igualmente por el sector del silencio en donde se presentó la acción enemiga en contra de las tropas del Ejército Nacional”.

Como fundamento de su común pedimento citan el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las FACR-EP, el 24 de noviembre de 2016; el artículo 29 de la Constitución Política; los artículos transitorios 15, 17 y 21 del Acto Legislativo 01 de 2017; la Ley 1820 de 2016, artículos 9º y 11; el Decreto 706 de 2017, artículos 6º y 7º; y la Directiva 0005 de 19 de mayo de 2017 del Fiscal General de la Nación.

Finalmente, valga anotar que en iguales términos a los resumidos en precedencia, el apoderado defensor de los enunciados procesados pidió a la Fiscalía 45 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva, Huila, la suspensión de las órdenes de captura de sus patrocinados. Esa dependencia, mediante resolución de 27 de junio próximo pasado, ordenó su envío a esta corporación en atención al trámite del recurso de casación que ha promovido el mismo apoderado; por tanto, todos esos pedimentos serán respondidos enseguida en conjunto.

CONSIDERACIONES

1. Para la resolución de las peticiones presentadas por los procesados R. G. H. y M. C. L. y su apoderado, oportuno resulta rememorar el criterio sentado por la Sala acerca de los requerimientos y trámite a cumplir para la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que regula el artículo 6º del Decreto 706 de 2017, en reciente decisión, dígase en AP3947-2017, 21 jun. 2017, rad.49470.

2. En ese sentido, se realizó el estudio de los beneficios jurídicos previstos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017, y su alcance respecto de los agentes del Estado, en particular los miembros de la Fuerza Pública, en el marco del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR producto de la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual «...se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera».

Acerca de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, como también de la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, se dijo que son beneficios

...concebidos para miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en libertad pero en condición de prófugos de la justicia por estar siendo requeridos en una o varias actuaciones penales. Esta conclusión tiene sustento en el considerando noveno del Decreto 706 de 2017 donde se indica que así como los integrantes de las FARC-EP, a pesar de que aún no han hecho tránsito a la legalidad gozan de la libertad, por igual, los agentes del Estado que son objeto de investigación no pueden ser privados de ese derecho, pues ello envolvería un trato asimétrico contrario a los postulados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, fruto del Acuerdo Final. 

Desde esa perspectiva se observa que el efecto práctico pretendido, esto es, que los miembros de la Fuerza Pública que estén prófugos no sean privados de la libertad hasta tanto sus casos sean asumidos por la JEP, no se consigue con la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, sino mediante la suspensión de la ejecución de la orden de captura, pues esta última se libra con el fin de hacer efectiva la primera. 

En otros términos, como la medida cautelar en cita constituye un recurso procesal para obtener la efectiva comparecencia del inculpado al proceso y para ello se libran las órdenes de captura respectivas, basta la suspensión de la ejecución de éstas para lograr el efecto práctico pretendido de no privar de la libertad a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Adicionalmente, no debe perderse de vista que como lo decidido hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz tiene carácter provisional, pues solo allí se resolverá definitivamente la situación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a ésta, en esas condiciones las medidas de aseguramiento de detención preventiva quedarán suspendidas en su ejecución.

En la misma aludida providencia se expuso, abordando en concreto el análisis de la figura de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura del artículo 6º del Decreto 706 de 2017, que es un beneficio de carácter temporal previsto en el SIVJRNR, que se aplica en la Jurisdicción Especial para la Paz y procede en cualquier estado de la actuación —investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia—, esto es, tanto para personas procesadas como condenadas, al margen de la motivación que haya dado lugar a la orden —vinculación al proceso, cumplimiento de la medida de aseguramiento o ejecución de la sentencia—.

Igualmente, que tiende a facilitar el sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública que han decidido acogerse a la jurisdicción especial y están en libertad señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, sobre quienes recaen requerimientos de aprehensión.

Se precisó que la oportunidad para presentar la petición de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública, se extiende a que las mismas estén vigentes y no se hayan hecho efectivas, siempre y cuando hayan sido proferidas en procesos seguidos por la comisión de conductas punibles antes de la vigencia del clausulado del Acuerdo Final para la Paz, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

En cuanto al trámite a seguir atendiendo el sistema procesal bajo cuyo rigor se haya tramitado la causa penal respectiva, se hizo énfasis en que en los procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, la solicitud «...deberá presentarse a la Fiscalía delegada que esté conociendo del asunto, antes de que cobre ejecutoria la resolución acusatoria.»; en los demás eventos, precisó la Corte, se sigue la regla general de acudir a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa en primera o segunda instancia, a la Corte Suprema de Justicia si se está surtiendo la casación, o al juez de ejecución de penas si hay fallo de condena en firme.

Mientras que para los asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, se precisó que «...durante la etapa de investigación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación, los miembros de la Fuerza Pública deberán pedir al Fiscal del caso que solicite ante el juez de control de garantías la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura...», por cuanto el delegado del ente persecutor es quien previamente ha solicitado su expedición con fines de vinculación procesal o «...para hacer efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva cuya imposición ha promovido».

A diferencia de lo anterior explicado, en las situaciones que las órdenes de captura han sido proferidas de oficio por los jueces de conocimiento o ejecución de penas para el cumplimiento de la condena impuesta, el miembro de la Fuerza Pública interesado en que se suspenda la ejecución del mandato de aprehensión deberá acudir directamente ante una de tales autoridades judiciales, según corresponda.

De otra parte, las exigencias que se deben satisfacer para la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, se contraen a (i) acreditar la calidad de miembro de la Fuerza Pública del solicitante para el momento de los hechos investigados o juzgados, y (ii) demostrar que se han emitido esas órdenes por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, ejecutados antes de la vigencia del Acuerdo Final para la Paz.

Además, considerando que los beneficiarios de la figura en comento permanecen en la clandestinidad, se indicó como regla de excepción que «...la solicitud formal de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura sustentada en la aplicación del Decreto 706 de 2017, será aceptada por la autoridad judicial competente como manifestación suficiente de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz para efectos de entrar a resolver de fondo».

Sin perjuicio de ello, si se accede a la suspensión de la ejecución de la orden «...el beneficiado deberá ratificar dicho compromiso suscribiendo, dentro del plazo razonable que fije la autoridad judicial, el acta respectiva, la cual se elaborará en similares términos a los exigidos cuando se otorga la liberación transitoria, condicionada y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016.»; caso contrario, no suscribir el acta de ratificación «...ocasionará la pérdida de eficacia de la decisión proferida y la reactivación de la orden de captura que había sido suspendida».

Por último, se explicó que de lo resuelto se informará al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y a las autoridades a las que se haya solicitado ejecutar la captura.

3. A partir de la confrontación de las anteriores consideraciones y la actuación procesal adelantada a R. G. H. y M. C. L., se procede a verificar si en su respecto se cumplen las exigencias legales referidas.

3.1. En primer orden se tiene que ambos ostentaban la calidad de miembros de la Fuerza Pública para el tiempo de ocurrencia de los hechos, conforme se extrae de la narrativa del episodio fáctico sub judice en que se da cuenta que para entonces hacían parte de la fuerza militar que se vio involucrada en el deceso del ciudadano J. N. R. G.

Reposan en el expediente las certificaciones que dan fe de su pertenencia al Ejército Nacional, expedidas por la jefatura de personal del Batallón de Infantería Nº 26 C. P., obrantes a folios 66 y 67 del cuaderno número dos de la causa, a través de las cuales se corrobora su condición de soldados profesionales, orgánicos de ese batallón en cual se desempeñaban como fusileros de la compañía Acorazado Uno.

3.2. En segundo término, con relación al requerimiento relacionado con la fecha de ocurrencia del hecho anterior a la vigencia del Acuerdo Final para la Paz, se establece que la muerte violenta del señor R. G. data del 17 de marzo de 2006, mientras que dicho acuerdo se suscribió el 24 de noviembre de 2016.

Por tanto, es evidente que la conducta ilícita se presentó en tiempo anterior al referido acuerdo y está dentro del marco temporal que propicia, en principio, la aplicación del beneficio jurídico en estudio.

3.3. En tercera medida, se ha de establecer si el delito por el cual han sido investigados y juzgados los aquí peticionarios, fue cometido con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Así, se encuentra que de acuerdo con las actuaciones procesales a partir del contenido del pliego de cargos, de los fallos de primera y segunda instancia como la decisión de la Corte por medio de la cual se inadmitió el recurso de casación impetrado, han sido procesados por la conducta punible de homicidio en persona protegida que describe el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Acorde con la relación de los hechos jurídicamente relevantes probados que fue citada en líneas precedentes, se tiene que la incriminación a G. H. y C. L. se cimienta en su intervención en la muerte del campesino J. N. R. G. en la mañana del 17 de marzo de 2006 en una finca de la zona rural del municipio de Gigante, Huila, cuando él se encontraba abonando un cultivo de café en compañía de un menor de edad, como integrantes de la avanzada de una patrulla del Ejército Nacional que estaba cumpliendo operativo en el sector donde se decía había presencia de miembros de una columna de las FARC; fue así como llegaron hasta el sitio en que se encontraba el labriego y dispararon contra su integridad física en repetidas oportunidades causándole diversas heridas fatales.

En el fallo de segunda instancia, que revocó el de absolución de primer grado, tras reseñar las distintas versiones sobre los hechos dadas por los inculpados, el oficial a su mando —subteniente J. E. M. M.— y el guía civil —orientador geográfico J. U.—, se expuso que no hay duda acerca de que todos ellos se encontraban para el momento de ocurrencia de los referidos hechos cumpliendo una operación militar en cuyo desarrollo se produjo la muerte del agricultor, la cual fue presentada inicialmente como producto de un combate aunque a la postre se estableció que correspondió a un evento de ejecución extrajudicial.

Explicó el tribunal, en ese sentido, con referencia a la versión sobre lo ocurrido suministrada por J. U., que el ataque al ciudadano estuvo precedido de la arenga del suboficial a sus subalternos para que lo mataran porque era miembro de la guerrilla, su enemigo a exterminar, lo cual «...legitimaba ese accionar en el marco de las hostilidades...propósito común que les atañía a todos ellos, retórica con el (sic) que justificaban y racionalizaban el delito cometido, por eso se le reportó como baja en combate y fue objeto de felicitación».

A renglón seguido el ad quem citó doctrina de la Corte, sin identificar dato alguno de la providencia trascrita, en el sentido que resulta suficiente «...establecer que el perpetrador actúo en desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado» y que «...el conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen sino que la existencia del conflicto debe haber jugado, como mínimo, una parte sustancial en la capacidad del perpetrador para cometerlo. En la manera en que fue cometido o en el objetivo para el que se cometió».

Y más adelante, luego de examinar otros medios de prueba, concluyó que los encausados pretendieron simular que afrontaron un hostigamiento al que respondieron disparando, de manera que se probó, en cambio, su contribución inmediata en la fase ejecutiva de la conducta punible de homicidio en persona protegida por la cual, en consecuencia, se les condenó a título de coautores.

Por su parte esta corporación, al examinar los requerimientos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa de los sentenciados, en relación con la adecuación típica del suceso juzgado, la valoración dada por el tribunal a los medios de prueba y las conclusiones derivadas de ello, encontró que son consistentes con que la muerte de la víctima se «...produjo en las circunstancias propias de una ejecución extrajudicial en la que no intervino un solo hombre sino varios de ellos».

En esa línea de pensamiento puede predicarse que el comportamiento ilícito asumido por los procesados G. H. y C. L. tiene relación estrecha con el conflicto armado interno suscitado por las acciones del grupo rebelde FARC-EP, respondidas por el estamento militar oficial del que ellos hicieron parte con el fin de preservar la institucionalidad, contexto en el que, precisamente, se produjo el homicidio de J. N. R. G., persona civil ajena a la contienda que no participaba en la misma ni hacía parte de ninguno de los extremos en disputa, según los hechos probados procesalmente.

Adicionalmente, importa resaltar que del estudio de los anales procesales no se advierte que el hecho hubiese sido cometido con ánimo de enriquecimiento personal ilícito ni que esa fue la causa determinante de la conducta asumida por los soldados profesionales sino que su ocurrencia estuvo desprovista de cualquier pretensión de esa índole.

Desde esa perspectiva se satisface el requerimiento en estudio, para conceder a los procesados G. H. y C. L. el beneficio de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura libradas en su contra por causa de la sentencia de segunda instancia que les declaró penalmente responsables, como ya se dijo, como coautores del delito de homicidio en persona protegida.

3.4. Los mandatos judiciales de aprehensión sobre los cuales recae la presente determinación son:

3.4.1. Orden de captura número 2 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, fechada 25 de enero de 2017, en contra de M. C. L. identificado con cédula de ciudadanía 12.197.419, emitida en el expediente 41298-31-09-001-2010-00038-03 adelantado por el delito de homicidio en persona protegida, con el fin de cumplir condena(1).

3.4.2. Orden de captura número 3 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, fechada 25 de enero de 2017, en contra de R. G. H. identificado con cédula de ciudadanía 83.248.396, emitida en el expediente 41298-31-09-001-2010-00038-03 adelantado por el delito de homicidio en persona protegida, con el fin de cumplir condena(2).

3.5. Esta decisión, eminentemente temporal y provisoria, en manera alguna implica que el Estado declina o renuncia al imperativo constitucional de impartir justicia como tampoco al interés de hacer efectiva la condena impuesta a los declarados responsables, para que cumplan la pena a ellos irrogada, menos aún si en cuenta se tiene que el delito cometido estaría dentro de aquellos que según el numeral 40 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final para la Paz, no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes, a saber:

...los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra —esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática—, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. (Énfasis no original).

En cambio, tiende a propiciar que permanezcan en libertad mientras la Jurisdicción Especial para la Paz asume el conocimiento del caso, eventualmente, y decide la medida jurídica definitiva que haya lugar a adoptar respecto de los procesados G. H. y C. L., habida cuenta la manifestación que cada uno hace de someterse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, exteriorizada con la suscripción de las actas de compromiso anejas a las solicitudes presentadas.

Lo anterior en todo caso debe verse en consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2017, que prevé que la Constitución Política tendrá un nuevo título transitorio denominado “DE LAS NORMAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, en cuyo capítulo I se instituye el “SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN”.

Igualmente, lo previsto en el capítulo VII del mismo acto legislativo, que consagra el conjunto “DE LAS NORMAS APLICABLES A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, que inicia con el artículo 21 transitorio, precepto que dicta que dentro del tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se les podrán aplicar las normas del SIVJRNR.

Y el subsiguiente artículo transitorio 22, que consagra cómo en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz para adoptar la resolución o sentencia a que haya lugar, la calificación jurídica de la conducta cometida en las condiciones indicadas por un miembro de la Fuerza Pública, se hará mediando la calificación propia del Sistema que «...se basará, con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH)», así como tendrá en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal.

Adicionalmente, el artículo transitorio 23 del mismo acto en mención, señala que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este la causa determinante de la conducta delictiva, se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible, o

b) Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, atendiendo factores como su capacidad para cometerla, su decisión para cometerla, la manera en que fue cometida, y la selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.

Se evidencia, entonces, que no es suficiente el acogimiento de los interesados a la nueva jurisdicción especial sino que se han de cumplir rigurosos requerimientos y observar precisos criterios a fin de determinar si el proceso que se les ha adelantado es absorbido por la JEP y, de acuerdo con lo que se llegue a establecer, se adopta alguna de las medidas de contenido reparador y/o de restricción de libertades y derechos, sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la Fuerza Pública que la ley reglamentará.

En suma, el beneficio jurídico no tiene carácter definitivo y es de orden meramente instrumental en aras de materializar el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para miembros de la Fuerza Pública entre tanto la autoridad competente de la Jurisdicción Especial para la Paz asume el asunto y profiere decisión definitiva.

3.6. Consonante con los criterios explicados por la Sala en AP3947-2017, 21 jun. 2017, rad. 49470, no hay lugar a equívoco que los aquí beneficiarios permanecen en la clandestinidad, pues no existe noticia o constancia procesal que las órdenes proferidas por el ad quem en pos de su captura para cumplir la pena impuesta se hayan hecho efectivas.

Así las cosas, «...la solicitud formal de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura sustentada en la aplicación del Decreto 706 de 2017, será aceptada por la autoridad judicial competente como manifestación suficiente de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz para efectos de entrar a resolver de fondo».

Con base en ese mismo pronunciamiento, al haberse accedido a suspender la ejecución de las órdenes de captura a que se ha hecho referencia previamente a favor de M. C. L. y R. G. H., se dispone que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia deberá acudir cada uno de ellos a suscribir el acta respectiva, «...que se elaborará en similares términos a los exigidos cuando se otorga la liberación transitoria, condicionada y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016», artículo 52 parágrafo 1º.

Contrario sensu, de no suscribir dicha acta perderá eficacia lo resuelto y se reactivarán las órdenes de captura suspendidas.

3.7. De lo aquí resuelto se informará, a través de la secretaría de la sala, al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz al igual que a las autoridades a las que se solicitó ejecutar las capturas cuya ejecución se suspende.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

1. SUSPENDER las órdenes de captura emitidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva en contra de M. C. L. y R. G. H., a que se hizo alusión en el apartado 3.4 de este proveído.

2. COMUNICAR de esta decisión a las autoridades a las cuales se solicitó ejecutar las órdenes de captura de M. C. L. y R. G. H., así como al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

3. ADVERTIR a los procesados M. C. L. y R. G. H. que dentro de los diez (10) siguientes a la notificación de esta providencia deberán acudir a suscribir el acta prevista en el parágrafo 1º del artículo 52 la Ley 1820 de 2016. En caso de no hacerlo, perderá eficacia lo resuelto y se reactivarán las órdenes de captura suspendidas.

4. Contra esta decisión procede el recurso ordinario de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fl. 28 cdno. original del Tribunal Superior de Neiva.

2 Fl. 29 ibídem.