Auto AP4693-2015/46205 de agosto 19 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4693-2015

Rad.: 46205

Aprobado Acta Nº 283

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá D.C., diecinueve de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De acuerdo con lo regulado en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 68 ibídem y con el 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004; la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para desatar el recurso de apelación promovido en contra del auto proferido por el magistrado con función de control de garantías de la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual se denegó la sustitución de la detención preventiva que viene impuesta al postulado Pxxx Exxx Qxxx Dxxx y, de manera consecuente, la suspensión condicional de la ejecución de las penas que le fueran impuestas por la jurisdicción ordinaria.

Pues bien, según lo contemplado por el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, introducido por el canon 19 de la Ley 1592 de 2012; el postulado que se hubiese desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con función de control de garantías, la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria por una no privativa de la libertad, solicitud que será procedente siempre que se cumplan las exigencias allí establecidas. Además, el artículo 18B, también adicionado por la prementada Ley 1592 (art. 20), contempló la posibilidad de que, siendo procedente la medida sustitutiva solicitada, se pueda determinar la suspensión de sanciones penales ordinarias siempre que los hechos que las originaron se hayan cometido durante o con ocasión de la pertenencia a la organización ilegal.

En ese orden, en primer lugar se analizará si Pxxx Exxx Qxxx Dxxx cumple o no los requisitos consagrados en el precitado artículo 18A, especialmente los que constituyen el objeto de la controversia, no sin antes enunciarlos tal y como aparecen definidos en la ley:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes.

(…).

“PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley.

En el caso bajo examen, el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 1, 3 y 5 no constituye punto de disenso, por lo que a ellos no se referirá la Sala más allá de precisar que:

a) Luego de su desmovilización el 12 de diciembre de 2005 y de su entrega voluntaria a las autoridades el 22 de agosto de 2006, Pxxx Exxx Qxxx Dxxx fue postulado por el Ministerio del Interior y de Justicia mediante oficio del 15 de agosto de 2006. Desde esa fecha, ha permanecido privado de su libertad en establecimientos de reclusión sujetos a normas jurídicas sobre control penitenciario (EPCRE de La Ceja, EPC La Paz y EPMSC de Bucaramanga) y por delitos que fueron incluidos en las audiencias de formulación de imputación y de legalización de cargos. O sea que, desde el 14 de agosto de 2014 cumplió ocho (8) años de reclusión en las condiciones exigidas por el numeral 1 del artículo antes trascrito.

b) En diligencias de versión libre el postulado “narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su participación en el grupo armado organización al margen de la ley y luego confesó uno a uno los hechos en los que participó”, según lo aseguró la fiscalía en certificaciones expedidas el 10 de diciembre de 2014 y el 10 de marzo siguiente, así como en los oficios 162 del 5 de febrero y 060-F-42 del 25 de marzo, ambos de 2005. Con base en ello, no existe razón para arribar a una conclusión diferente a la de que el postulado ha participado y colaborado al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales de justicia y paz.

c) No existe constancia en la actuación de que Pxxx Exxx Qxxx Dxxx haya cometido delitos dolosos después de su desmovilización. El cumplimiento de tal exigencia lo corrobora, además, el resultado de las averiguaciones que adelantó la fiscalía a través de los sistemas de información del Inpec, de la rama judicial y de esa misma entidad (SIJUF y SPOA)(3).

La controversia gira, entonces, en torno al cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 2 y 5 del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, es decir, en determinar si el postulado (i) ha participado en las actividades de resocialización disponibles y ofrecidas por el Inpec, (ii) obtuvo certificación de buena conducta y (iii) entregó bienes para contribuir a la reparación de las víctimas. Frente a ese debate, el magistrado de control de garantías decidió que tales exigencias no se encontraban satisfechas y tal postura fue avalada por los representantes del Ministerio Público y de las víctimas, mientras que el recurrente, coadyuvado por la delegada de la fiscalía, obviamente, sostiene la tesis contraria. Así el panorama, la Corte se pronunciará sobre cada uno de tales temas y en el mismo orden antes planteado.

i. Participación en actividades de resocialización.

En la providencia apelada se afirma que la falta de ejecución de actividades de resocialización en los años 2007, 2008 y 2009 es suficiente para negar la sustitución de la medida de aseguramiento deprecada. Por su parte, la recurrente asegura que no debe perderse de vista que la exigencia del desarrollo de labores de rehabilitación social del postulado sólo fue establecida en el 2012 y que, en todo caso, la norma jurídica que la consagró exige el agotamiento de las mismas siempre y cuando sean ofrecidas por el Inpec y, en el caso de aquél, esto solo ocurrió desde el año 2009 cuando el establecimiento de reclusión fue enterado de una condena en su contra.

Pues bien, con los documentos allegados por la defensora pudo comprobarse que desde su desmovilización Pxxx Exxx Qxxx Dxxx participó en actividades académicas, culturales y laborales que se advierten pertinentes en el largo camino hacia su reintegración a la sociedad, como fueron las siguientes:

— Asistió al evento “Sensibilización para la construcción de la cultura de la paz” con duración de 110 horas, certificado el 12 de mayo de 2006 (fl. 101).

— Cursó y aprobó la acción de formación “Corte de bolsos” con una duración de 30 horas, certificado el 13 de diciembre de 2008 (fl. 102).

— Trabajó en peluquería de marzo a diciembre de 2009 (1456 horas), obteniendo buena calificación (fl. 81).

— Asistió al diplomado de protección de los DDHH, DIH, Código de Procedimiento Penal, con duración de 40 horas, certificado el 10 de septiembre de 2010 (fl. 106).

— Cursó y aprobó la acción de formación “Emprendimiento y empresarismo” con duración de 30 horas, certificado el 23 de octubre de 2010 (fl. 103).

— Cursó y aprobó el programa de “proyecto de vida” con duración de 16 horas, certificado el 1º de diciembre de 2010 (fl. 104).

— Asistió al diplomado integral en DDHH, DIH y alcances de la ley de justicia y paz, con duración de 200 horas, certificado el 27 de junio de 2012. (fl. 113).

— Cursó y aprobó: “módulo familia”, “módulo carácter”, “módulo visión”, “módulo coraje”, “módulo liderazgo”, y “módulo cuidando nuestra casa”, éste último con una duración de 30 horas. Tales cursos fueron certificados el 5 de diciembre de 2012 (fls. 107-112).

— Asistió a cursos de formación religiosa, según certificados del 24 de agosto de 2011 (fl. 95) y del 28 de junio de 2014 (fl. 96).

— Estudió de febrero a marzo de 2013 (84 horas), calificándose tal actividad como “sobresaliente” (fl. 94).

— Estudió de abril a junio de 2013 (270 horas), calificándose tal actividad como “sobresaliente” (fl. 82).

— Estudió de julio a septiembre de 2013 (210 horas), siendo calificado como “sobresaliente”. Solo 11 días del último mes fueron evaluadas como “deficientes” (fl. 93).

— Estudió de octubre a diciembre de 2013 (204 horas) obteniendo calificación “sobresaliente” (fl. 92).

— Cursó y aprobó “módulo nueva vida” con duración de 30 horas, certificado el 28 de agosto de 2013 (fl. 105).

— Trabajó en brigadas de limpieza, entre diciembre de 2010 y enero de 2011 (228 horas), siendo calificado como “sobresaliente” (fl. 91).

— Asistió al módulo Sujeto y Estado, certificado el 21 de mayo de 2014 (fl. 98).

— Participó en un certamen de fisiculturismo en el que se le reconoció talento y espíritu deportivo, certificado el 8 de agosto de 2014 (fl. 99).

— Cursó y aprobó el CLEI, V que corresponde al grado 10º de la educación básica, con buen desempeño, certificado el 2 de febrero de 2015 (fl. 173).

Hasta aquí es claro que Pxxx Exxx Qxxx Dxxx desde la misma época de su desmovilización y aun antes de que fuese postulado por el Gobierno Nacional, ha mostrado serio interés en su proceso de resocialización interviniendo en variopintas actividades pertinentes a dicho fin. Al respecto, cabe precisar que se equivocó el a quo en dos puntos: (i) desechar la importancia de la asistencia a un evento con duración de 110 horas certificado por el SENA, por el solo hecho de que su realización fue anterior al acto de postulación, cuando ello lo que demuestra, por el contrario, es que aun con la incertidumbre de si, finalmente, sería nominado a los beneficios de la justicia transicional, el desmovilizado fue coherente con su decisión de reincorporarse a la vida civil desde un inicio. Y, (ii) asegurar que en 2009 el postulado no acreditó actividades de resocialización, cuando probado está que trabajó en peluquería un total de 1.456 horas durante ese año obteniendo buena calificación en esa labor.

De otra parte, en la actuación se acreditó que, especialmente desde 2008, el postulado fue trasladado constantemente a otros establecimientos carcelarios con el objeto de garantizar su comparecencia a las diligencias judiciales a las que era convocado en virtud de su compromiso con el proceso de justicia y paz, situación que le impidió el desarrollo de actividades de resocialización sin solución de continuidad. En efecto, vale destacar que en dos de los períodos anuales respecto de los cuales la primera instancia se duele de la ausencia de aquélla clase de labores, el postulado fue remitido en las siguientes oportunidades: en 2008 los días 15, 23 y 30 de abril, y el 3 de octubre; y en 2009 el 27 de febrero, el 4, el 30 y el 31 de marzo, el 3 de julio, y el 9 de octubre.

Si lo anterior fuera poco, también se documentó que en 2008 el postulado aprobó un curso de formación laboral que tuvo una intensidad de 30 horas y que desarrolló todas las actividades de trabajo y estudio que le fueron autorizadas mediante las órdenes 3401151, 181187, 014, 3298158, 3334855, 3227176, 3131103, 181187 y 451409 expedidas por el Inpec (fls. 71-79). Además, lo que es más importante aún, el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Bucaramanga, certificó el 9 de mayo de 2015 que:

El interno Qxxx Dxxx Pxxx Exxx identificado con NIU ... ha participado de en las actividades desarrolladas dentro del programa de atención integral para la población justicia y paz (MAIJUP) y programas de tratamiento penitenciario, de manera responsable y comprometida, dando cumplimiento a su proceso terapéutico resocializador, (…)(4).

Con base en las circunstancias que han rodeado el tiempo de reclusión del postulado y en la afirmación del representante autorizado del Inpec, la conclusión más razonable es que aquél ha participado en todas las actividades de resocialización que le ha programado, autorizado y ofrecido el sistema carcelario. Ello es tan así que ninguna evidencia existe en cuanto a una eventual conducta omisiva o negligente por parte del Qxxx Dxxx frente a la disponibilidad de ofertas de medios para la reincorporación a la sociedad.

ii. Buena conducta del postulado.

En cuanto a esta exigencia, el magistrado de control de garantías consideró que se encontraba insatisfecha porque no se aportó la evaluación del comportamiento observado por el postulado durante la totalidad del tiempo de su reclusión o que, por lo menos, no se hizo a través de documentos válidos porque no los expidió la autoridad carcelaria competente o porque no se ajustaron al número de períodos mensuales requerido por la ley. Por su parte, la recurrente defiende la legalidad de los soportes de su petición arguyendo, básicamente, que éstos fueron los que le suministró el Inpec en respuesta a las solicitudes que ella misma elevó. En ese marco de la controversia, el presupuesto fundamental de la resolución es el estudio de los referidos documentos, los cuales se relacionan a continuación:

1. Oficio 500-DIREG-PLANE-8354 mediante el cual la responsable planeación - regional noroeste del Inpec, certifica que durante el tiempo que en 2006 el postulado permaneció en el establecimiento de reclusión especial La Ceja, no se realizó ningún tipo de evaluación de conducta (fl. 49). En igual sentido, lo certificó el director regional noroeste del instituto (fl. 50).

2. Certificado 4675410, según el cual el consejo de disciplina se reunió el 23 de enero de 2014 y calificó la conducta observada por el interno entre el 24 de octubre de 2013 y el 23 de enero de 2014 como “Ejemplar” (fl. 84).

3. Certificado 4431607, según el cual el consejo de disciplina se reunió el 17 de julio de 2013 y calificó la conducta observada por el interno entre el 18 de abril de 2013 y el 17 de julio del mismo año como “Ejemplar” (fl. 85).

4. Certificado 4567849, según el cual el consejo de disciplina se reunió el 23 de octubre de 2013 y calificó la conducta observada por el interno entre el 18 de julio de 2013 y el 23 de octubre del mismo año como “Ejemplar” (fl. 88).

5. Certificados (5) en los que solo es posible determinar que la conducta del postulado fue calificada por el consejo de disciplina en el grado de “Ejemplar” y, en algunas, la identificación de la respectiva acta, pues la mayor parte de su contenido es ilegible. Los mismos se identifican con los números 4009591 (fl. 83), 4314601 (fl. 86), 3937188 (fl. 87), 411x941 (fl. 89) y 411305 (fl. 90).

6. Cartilla biográfica del postulado (dos folios), en la cual se hacen constar las siguientes calificaciones de conducta (fls. 174-175):

Nº ActaFechaEvaluación desdeEvaluación hastaCalificación
410-000425/02/201517/11/201416/02/2015Ejemplar
410-002726/11/201417/08/201416/11/2014Ejemplar
410-00223/01/201424/10/201323/01/2014Ejemplar
410-4223/10/201318/07/201323/10/2013Ejemplar
410-2825/11/201318/04/201317/07/2013Ejemplar
410-1517/04/201325/01/201317/04/2013Ejemplar
410-0324/01/201326/10/201224/01/2013Ejemplar
410-4225/10/201226/07/201225/10/2012Ejemplar
410-2925/07/201226/04/201225/07/2012Ejemplar
410-1725/04/201226/01/201225/04/2012Ejemplar
410-0425/01/201227/10/201125/01/2012Ejemplar
410-3926/10/201128/07/201126/10/2011Ejemplar
410-2627/07/201122/04/201127/07/2011Ejemplar
410-4623/12/201019/09/201018/12/2010Ejemplar
410-3507/10/201019/06/201018/09/2010Ejemplar
00715/04/201015/01/201014/04/2010Ejemplar
00114/01/201010/10/200914/01/2010Ejemplar
00215/01/200916/10/200815/01/2009Ejemplar
410-3503/09/200801/06/200803/09/2008Ejemplar
00401/04/200828/12/200701/04/2008Ejemplar
02027/12/200701/12/200627/12/2007Buena

7. Constancias expedidas por el director del EPMSC Bucaramanga los días 4 y 7 de octubre de 2014, y el 6 de abril y el 8 de mayo de 2015, las dos últimas expedida a solicitud del interesado y de su defensora, respectivamente, en las cuales corrobora la información contenida en el cuadro anterior basado en la consulta de los archivos del aplicativo “Sisipec web”. Además, certifica que NO le aparecen sanciones disciplinarias ni tentativas de fuga durante esos lapsos (fls. 26, 27, 41 y 10).

8. Constancia suscrita por el director y el responsable del área gestión judicial del establecimiento penitenciario y carcelario de Bucaramanga, mediante la cual informan que, revisados los archivos, Pxxx Exxx Qxxx Dxxx no presenta sanciones disciplinarias entre los meses de marzo y agosto de 2014 cuando estuvo en el complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá (Comeb), y que su conducta en ese lapso siempre fue calificada como “buena” (fl. 11).

9. Certificaciones (7) expedidas por el director del EPC La Paz, en las cuales se hizo la declaración que se transcribirá en relación a los períodos durante los cuales el postulado estuvo recluido en ese establecimiento: del 10-10-2009 al 19-06-2010, del 23-04-2008 al 01-06-2008, del 01-12-2006 al 21-04-2008, del 16-10-2008 al 03-03-2009, del 18-01-2011 al 21-04-2011, del 04-03-2009 al 31-03-2009, y del 02-04-2009 al 08-10-2009 (fls. 15-21). En todos esos documentos se hace constar que:

El consejo de disciplina de la EPC La Paz según acta 501-001 del 11 de marzo de 2015 certifica que: sustanciada la hoja de vida del interno Qxxx Dxxx Pxxx Exxx NUI. 60021, se encontró que en algunos períodos de calificación de conducta existen días que no se ven reflejados en su cartilla biográfica, que efectivamente para la fecha de: (…), el mismo se encontraba en este establecimiento y por error del sistema sisipec web no se realizó dicha calificación, hecho que generó que estos tiempos no se vieran reflejados, pero que al tenor de lo consagrado en el Acuerdo 0011 de 1995 y el principio constitucional de la buena fe, y una vez revisada nuestra base de datos no presenta sanciones disciplinarias debidamente ejecutoriadas, con base en lo anterior esta dirección, certifica que la conducta para el tiempo aludido, es en el grado de BUENA.

Pues bien, los documentos enunciados permiten concluir lo siguiente: (i) durante la reclusión del postulado en el establecimiento de reclusión especial de La Ceja, las autoridades carcelarias no cumplieron el deber de calificar la conducta del postulado; (ii) desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta 27 de abril de 2015, pocos días antes de que se radicara la solicitud de audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento, salvo algunos intervalos que a continuación se identifican; a través de la cartilla biográfica, principalmente, se acreditó que el comportamiento de aquél fue calificado como “ejemplar” y, de manera muy excepcional, “bueno”; y, (iii) la calificación relativa a los lapsos: 2 de abril - 30 de mayo de 2008; 4 de septiembre - 15 de octubre de 2008; 16 de enero-9 de octubre de 2009; 15 de abril - 18 de junio de 2010; 19 de diciembre de 2010 - 21 de abril de 2011; 24 de enero - 16 de agosto de 2014; y 17 de noviembre de 2014 - 27 de abril de 2015; fueron soportados con sendas certificaciones de los directores del EPMSC Bucaramanga y del EPC La Paz.

En cuanto a la cartilla biográfica, la información allí consignada es confiable porque a pesar que la misma fue aportada incompleta (sólo 2 de 7 páginas), sin duda alguna es la que corresponde a Pxxx Exxx Qxxx Dxxx y se allegaron los folios que desarrollan el acápite VII referido a “calificaciones de conducta” de manera integral. Por ello, el contenido probatorio que interesa en punto al análisis que se realiza es el pertinente. Además, la cartilla contiene no sólo el resultado de las múltiples calificaciones y de los períodos en que se realizaron, sino la mención del número y de la fecha de cada acta de reunión del consejo de disciplina en que se cumplió con tal función.

Aunque es cierto que entre los anexos de la petición de sustitución de la medida de aseguramiento no aparece el contenido integral de dichas actas, la existencia de las mismas fue certificada por el director del EPMSCE que, conforme al artículo 75 del Acuerdo 0011 del 31 de octubre de 1995(5), es quien preside el órgano disciplinario, por lo que ningún obstáculo se vislumbra para que pueda dar cuenta de que aquéllas son ciertas. Además, nótese que en las constancias 4675410, 4431607, 3937188, 4567849 y 411305 que antes fueron relacionadas, se alude al acta que las respalda y cada una de éstas se encuentra registrada en la cartilla, así: Nº 410-002 del 23 de enero de 2014, Nº 410-28 del 17 de julio de 2013, Nº 410-17 del 25 de abril de 2012, Nº 410-42 del 23 de octubre de 2013 y Nº 410-35 del 3 de septiembre de 2008, respectivamente.

Ahora, en lo que hace a las certificaciones suscritas por el director del EPMSC Bucaramanga, a más de reiterar que por mandato reglamentario es quien preside el consejo disciplinario, el mismo siempre advirtió que la información que consignaba era la que reportaba el Sisipec (sistema de información sistematizada integral del sistema penitenciario y carcelario). Entonces, salvo que haya incurrido en una falsedad ideológica, lo cual no se ha insinuado ni siquiera por los intervinientes que solicitan la confirmación del auto impugnado; aquél servidor público esgrime como fuente de la información aquélla que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, es la más idónea y confiable según lo prescribe su artículo 43 que modificó el original 56 del Código Penitenciario y Carcelario, y de cuyo contenido es el directo responsable. A continuación se trascriben las partes más relevantes de esa disposición normativa para la presente decisión:

El sistema de información de sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario (Sisipec) será la fuente principal de información de las autoridades penitenciarias, carcelarias y judiciales en lo relativo a las condiciones de reclusión de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del sistema penitenciario y carcelario (…).

El Sisipec deberá tener cifras y estadísticas actualizadas con los partes diarios de cada establecimiento sobre la situación de cada una de las personas privadas de la libertad y sus cartillas biográficas respectivas.

Los directores de los establecimientos penitenciarios deberán reportar y actualizar diariamente el Sisipec so pena de incurrir en una falta disciplinaria gravísima.

(…). El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en coordinación con la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (Uspec) deberá garantizar a los funcionarios judiciales, en especial a los jueces de control de garantías, penales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, el acceso permanente, fluido y actualizado a la información del Sisipec sobre los casos de su competencia. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá acceso a esta base de datos para el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias.

Por último, en lo referente a las “certificaciones de conducta” expedidas por el director del EPC La Paz, las mismas ciertamente plantean una cualquiera de las siguientes irregularidades: o las autoridades carcelarias no cumplieron con la obligación legal de calificar la conducta que observó Pxxx Exxx Qxxx Dxxx en los intervalos en que permaneció allí recluido o que tal evaluación sí se realizó pero sus resultados no fueron registrados en el Sisipec, siendo ésta la menos creíble porque, aun de ser cierta, se contaría con las actas del consejo de disciplina en físico. En todo caso, lo único cierto es que el Inpec - establecimiento penitenciario y carcelario La Paz, se declaró imposibilitado para suministrar los documentos que acreditarían la oportuna calificación del comportamiento del postulado; sin embargo, al lado de ese reconocimiento, se informa que, con base en lo aprobado en el acta 501-001 del 11 de marzo de 2015 por el consejo de disciplina y en la ausencia de sanciones disciplinarias, la conducta de aquél se califica como “buena”.

En tales condiciones, acertó el magistrado de control de garantías cuando, a partir de la verificación de las irregularidades expuestas, ordena la compulsación de copias de la presente actuación para que se adelanten las investigaciones disciplinarias y penales que correspondan en contra del director del EPC La Paz; más no cuando permite que la eventual falta cometida por las autoridades del sistema carcelario y penitenciario, también deba afectar al postulado y de manera tan gravosa que lo deja, prácticamente, en imposibilidad —actual y futura— de demostrar la calificación positiva de su conducta en varios de los períodos de su reclusión y, así también, de acceder a la sustitución de la medida privativa de la libertad, aun cuando su desempeño personal haya sido ejemplar.

En síntesis, obrando documentos que demuestran que la conducta de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx casi siempre se conceptuó como ejemplar y, en los cortos períodos en que no fue así, en el grado de buena, que ejerció los mecanismos constitucionales para obtenerlos en su totalidad (derecho de petición) y ello es razón suficiente para inferir que en su actuación ante las autoridades siempre actuó al amparo del principio de confianza legítima; la única conclusión razonable por parte de la judicatura es que el postulado cumple también con el requisito de la buena conducta.

iii. Entrega de bienes.

Estimó el a quo que el postulado no ha cumplido con la denuncia o el ofrecimiento de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas, en razón de lo cual aduce que es improbable que no tuviese algunos por entregar que se encontraran ubicados en las zonas de influencia del frente o bloque al cual pertenecía, más aún cuando llegó a ostentar la condición de comandante. El representante del Ministerio Público agrega que a la certificación que emitió la fiscalía sobre tal aspecto, se le intenta dar un alcance que no tiene porque la exigencia es predicable no solo de los bienes del procesado sino de los que pertenecían a la organización. Por su parte, la recurrente defiende la eficacia de las afirmaciones documentadas del órgano acusador y la delegada de este último fue enfática en manifestar que sus actuaciones sobre el tema en cuestión van precedidas de rigurosas labores investigativas.

Sea lo primero indicar que, conforme la regulación establecida por las leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, dos son las fuentes de conocimiento en el proceso de justicia transicional en relación a los bienes que el postulado está en capacidad de ofrecer o denunciar para reparar a las víctimas: (i) la declaración que al respecto suministre él mismo, principalmente, en la diligencia de versión libre (art. 17 L. 975/2005 modificado por el 14 L. 1592/2012), y (ii) la información que obtenga la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento del deber de perseguir los productos obtenidos, a nivel personal o colectivo, durante o con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal (D.L. 975/2005, art. 11 adicionado por el 8º, L. 1592/12).

De esa manera, agotada la primera opción de identificación de bienes con vocación reparadora, sólo resta que la fiscalía, como resultado de las labores investigativas que al respecto adelante, logre determinar la existencia de aquéllos, caso en el cual pueden sobrevenirle al procesado, por su incumplimiento, consecuencias jurídicas adversas como son la exclusión de la lista de postulados o, por lo menos, la improcedencia de la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva (arts. 11D precitado y 18A L. 975/2005 adicionado por el 19 L. 1592/2012). De lo contrario, es decir, si un bien no es entregado voluntariamente por el postulado y si el titular de la persecución penal no establece su existencia ni siquiera por vía indiciaria; no puede tenerse un conocimiento racional de la desatención del compromiso que al respecto le incumbe al postulado.

Una vez fijado el marco jurídico de la discusión, se entra a analizar el asunto bajo examen, al cual fueron allegados como medios de convicción dos documentos:

1. Certificación suscrita el 31 de octubre de 2004 por la fiscalía 39 delegada ante el tribunal - grupo de persecución de bienes en el marco de la justicia transicional (fls. 53-54), que en lo pertinente afirma:

2. (...). Que entre las diversas versiones rendidas no ofreció bienes; no obstante lo anterior sí denunció bienes de origen ilícito o lícito para la reparación de las víctimas ubicados en Sabana de Torres y San Rafael de Lebrija - Rionegro - Santander.

4. A la fecha, el despacho no tiene conocimiento de bienes del postulado ni de su núcleo familiar.

2. Certificación expedida el 10 de diciembre de 2014 por la fiscalía 41 delegada ante el tribunal - dirección de fiscalía nacional especializada de justicia transicional, grupo satélite de investigación Bucaramanga (fls. 169-170) que, entre otras, hace las siguientes declaraciones:

El postulado Pxxx Exxx Qxxx Dxxx no entregó bienes. Abonado a esto, la fiscalía 39 de la subunidad élite de persecución de bienes de la dirección fiscalía nacional especializada de justicia transicional emitió certificación de fecha 31 de octubre 2014, donde informa que a pesar de las labores de investigación y las advertencias al postulado frente a las consecuencias que acarrea la ley cuando no se reportan o entregan bienes de su propiedad o a través de terceros, no se obtuvo información alguna.

Igualmente se informa, que al momento de la desmovilización el mencionado postulado no hizo entrega individual de bienes para la reparación de las víctimas. Sin embargo ha rendido versiones libres, en donde denunció bienes de origen ilícito o lícito para la reparación de las víctimas ubicados en Sabana de Torres y el corregimiento de San Rafael de Lebrija del municipio de Rionegro - Santander. De igual forma ya se decretó medida cautelar y otros se encuentran en etapa de investigación.

Conforme a las certificaciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación, Pxxx Exxx Qxxx Dxxx no entregó u ofreció bienes con vocación reparadora, pero sí denunció algunos ubicados en Sabana de Torres y en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, municipio de Rionegro (Santander), en relación a los cuales ya fueron decretadas medidas cautelares. Además, declara expresamente el órgano de persecución estatal que, a pesar de las labores investigativas desarrolladas, no tiene noticia de bienes adicionales que pueda entregar el postulado a la justicia transicional. En ese orden, hasta el momento actual no existe medio de convicción alguno que permita colegir que el postulado ha incumplido con su obligación de contribuir a la reparación de las víctimas, para lo cual no es suficiente aducir meras suposiciones o conjeturas como las sostenidas por el a quo y por algunos intervinientes, pues ninguna base de conocimiento racional ostentan.

En síntesis, el postulado Pxxx Exxx Qxxx Dxxx cumple los requisitos que viabilizan la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le viene impuesta, por lo que habrá de revocarse la decisión impugnada. Siendo así, imperativo resulta examinar ahora la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de varias penas impuestas a aquél por la justicia ordinaria, figura ésta que fue adoptada por la Ley 1592 de 2012 en su artículo 20 con el siguiente tenor:

En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de justicia y paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si el magistrado de control de garantías de justicia y paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria.

En el evento examen, ciertamente se acreditó que en contra de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx se han proferido 5 sentencias condenatorias por distintos juzgados penales del circuito especializados del país, 4 de las cuales fueron objeto de acumulación jurídica de penas mediante auto de 28 de noviembre de 2014 del juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Bucaramanga (fls. 136-140). A continuación, entonces, se relacionan los hechos que suscitaron tales condenas y, luego, se evalúa si los mismos fueron cometidos “durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley”.

1. En sentencia dictada el 17 de mayo de 2006 por el juzgado primero penal del circuito especializado de Bucaramanga, se condenó al postulado por los delitos de sedición y hurto calificado agravado (de combustible), debido a que el 7 de enero de 2002 fue capturado por pertenecer a las autodefensas que operaba en el municipio de Sabana de Torres y por hallarse en su poder armas, municiones y combustible sustraído del poliducto de Ecopetrol.

2. En sentencia dictada el 4 de junio de 2012 por el juzgado décimo penal del circuito especializado de Bogotá, mediante la cual se le condenó por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple, con fundamento en que el 21 de enero de 2003 miembros del frente Fxxx Cxxx del Bxxx Cxxx Bxxx, cuyo comandante militar era el postulado, sustrajeron a la sindicalista Mxxx Cxxx Sxxx de su domicilio y, posteriormente, le causaron la muerte.

3. En sentencia dictada el 30 de julio de 2010 por el juzgado tercero penal del circuito especializado de Bucaramanga, mediante la cual se le condenó por el delito de concierto para delinquir agravado al concluirse que el postulado, entre 2003 y 2005, comandó un grupo de paramilitares adscrito al Bxxx Cxxx Bxxx que operaba en varios municipios del departamento de Santander.

4. En sentencia dictada por el juzgado primero penal del circuito especializado de Bucaramanga el 12 de diciembre de 2008 mediante la cual se le condenó por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir (para cometer homicidios) y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones, porque el 6 de abril de 2003 en su condición de miembro activo de las AUC ejecutó acciones que produjeron, mediante la utilización de armas de fuego, la muerte del periodista Jxxx Exxx Rxxx, así como la de Exxx Axxx Gxxx, Oxxx Cxxx Sxxx, Pxxx Cxxx Mxxx y Gxxx Exxx Nxxx Vxxx.

5. Sentencia condenatoria dictada el 26 de mayo de 2009 por el juzgado tercero penal del circuito especializado de Bucaramanga, por el delito de concierto para delinquir, toda vez que el postulado ejerció como comandante del Bxxx Cxxx Bxxx entre 2002 y 2005 en sectores del sur de Bolívar y de Santander.

Pues bien, en primer lugar, la fiscalía certificó que las conductas punibles por las cuales se profirieron sendas condenas en la justicia penal ordinaria, fueron presentadas en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos que tuvo lugar a partir del mes de abril de 2014, con el fin de que las respectivas sentencias ordinarias sean acumuladas a la que se dicte en justicia y paz (fls. 155-156), lo cual efectivamente ocurrió en la sesión del 1 de julio de 2015 según se pudo constatar en la respectiva grabación (récord 02:48:20). Ello quiere decir que luego de adelantar las labores de verificación de los hechos que fueron admitidos por el postulado en la audiencia de formulación de imputación y de los que tuvo conocimiento en ejercicio de sus competencias(6), el titular de la acción penal concluyó que los hechos por los cuales ya existen sentencias condenatorias en contra de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx sí guardan relación con su pertenencia a las autodefensas ilegales.

Además, obsérvense dos características de los hechos sancionados referidas a su marco temporal y a su naturaleza, respectivamente: (i) todos ellos ocurrieron entre enero de 2002 y febrero de 2005, es decir, durante la pertenencia de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx a la organización paramilitar y en todo caso antes de su desmovilización, y (ii) son típicos de la clase de delincuencia a la que aquélla se dedicaba: los delitos de concierto para delinquir y de fabricación, tráfico y porte de armas, se originan a partir de la sola pertenencia y militancia activa en el grupo armado ilegal; el hurto de combustibles fue una de las fuentes ilícitas de financiación de los grupos paramilitares; y, por último, los atentados contra la vida (homicidios) y la libertad (secuestros) de personas protegidas por el derecho internacional humanitario (periodistas, sindicalistas y población civil), caracterizan crímenes propios del conflicto armado.

En tales condiciones, aunque la decisión definitiva sobre la vinculación de los hechos por los cuales ya fue condenado Pxxx Exxx Qxxx Dxxx con su pertenencia a un bloque paramilitar, corresponde a la sentencia que se dicte en el proceso de justicia y paz; lo cierto es que en este escenario previo y únicamente para efectos de la viabilidad de la suspensión condicional de la ejecución de las penas existentes, puede inferirse razonablemente que las conductas que dieron lugar a dichas sanciones ostentan la referida relación. Así pues, ningún obstáculo se advierte para que se tramite ante los respectivos juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad la suspensión de la ejecución de las penas ya impuestas a Pxxx Exxx Qxxx Dxxx, a los cuales se remitirán, entonces, copias de la presente actuación para que decidan finalmente la procedencia de la pretendida suspensión, conforme lo ordena el artículo 18B de la Ley 975 de 2005.

Conclusión y precisiones finales.

De conformidad con las precedentes consideraciones, se revocará la providencia impugnada y, en su lugar, se ordenará la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una no privativa de la liberad, que consistirá en el sometimiento al sistema de vigilancia electrónica contemplado en el literal B, numeral 1 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, el cual implementará el Inpec. Esta medida sustitutiva se hará efectiva una vez el postulado sea puesto en libertad y ello ocurrirá sólo cuando se verifique que no tiene requerimientos judiciales pendientes por cuenta de otras autoridades, especialmente los que se originan en las 5 sentencias condenatorias dictadas en la justicia ordinaria.

Además, en los términos del artículo 39 del Decreto 3011 de 2013, el postulado deberá suscribir acta por cuyo medio se comprometa a: 1) presentarse ante las autoridades judiciales que los requieran; 2) vincularse y cumplir con el proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración; 3) informar cualquier cambio de residencia; 4) no salir del país sin autorización judicial; 5) observar buena conducta; y, 6) no conservar y/o portar armas de fuego de defensa personal o de uso privativo de las fuerza armadas.

Se comunicará esta medida a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas con la finalidad de que Pxxx Exxx Qxxx Dxxx sean vinculados al proceso de reintegración, como lo impone el artículo 95 del Decreto 3011 de 2013.

Ahora bien, como quiera que a la actuación se allegó copia de una resolución proferida por la fiscalía 27 especializada DDHH-DIH de Bogotá el 17 de junio de 2014 en el proceso 1980, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva carcelaria en contra del postulado y de otras personas (fls. 114-134), de ello se informará al Inpec con el objeto de que verifique la vigencia de la medida privativa de la libertad en mención. De igual manera, la medida de sustitución aquí dispuesta se comunicará a la prenombrada fiscalía 27.

Por último, en lo referente a la suspensión condicional de las penas impuestas en la justicia ordinaria, se remitirán copias de lo actuado al juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Bucaramanga, y a los demás que vigilen el cumplimiento de alguna de las sentencias condenatorias vigentes, con el objeto de que decidan finalmente la procedencia de la pretendida suspensión, conforme lo ordena el artículo 18B de la Ley 975 de 2005.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión del 12 de junio de 2015 proferida por un magistrado de control de garantías de la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. SUSTITUIR la medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria por la de sometimiento al sistema de vigilancia electrónica, el cual implementará el Inpec una vez el postulado Pxxx Exxx Qxxx Dxxx sea puesto en libertad, lo cual ocurrirá sólo cuando se verifique que no tiene requerimientos judiciales pendientes por cuenta de otras autoridades, y una vez haya suscrito la respectiva diligencia de compromiso.

3. REMITIR copias de la presente actuación al juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Bucaramanga, y a los demás despachos judiciales homólogos que vigilen el cumplimiento de alguna de las sentencias condenatorias vigentes en contra de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx, con el objeto de que decidan sobre la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de las penas que vigilan.

4. ADVERTIR al Inpec que en contra de Pxxx Exxx Qxxx Dxxx la fiscalía 27 especializada DDHH-DIH de Bogotá, mediante resolución del 17 de junio de 2014 dictada en el proceso 1980, decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por lo que deberá verificar la vigencia de tal medida antes de materializar la libertad del postulado.

5. COMUNICAR la medida sustitutiva aquí adoptada a la fiscalía 27 especializada DDHH-DIH de Bogotá y a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, para lo de sus respectivas competencias.

6. DEVOLVER inmediatamente la actuación a la Sala de conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Contra esa decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase».

(3) Folios 150-170 del Cuaderno de Anexos.

(4) Folios 20-23 del cuaderno de la Sala de justicia y paz.

(5) Fue expedido por el Consejo Directivo del Inpec.

(6) Art. 18 L. 975/2005 modificado por la L. 1592/2012.