CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Auto AP4717-2015/46156 de agosto 19 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 46156

Aprobado Acta 283

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuellar

Bogotá D.C., diecinueve de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento impetrada en favor de JMGA.

En orden a definir la impugnación, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas derivados de los argumentos expuestos por los recurrentes y de los inescindiblemente vinculados: i) requisitos para sustituir la medida de aseguramiento y ii) del caso concreto.

i) Requisitos para sustituir la medida de aseguramiento

Acorde con las previsiones del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, es posible sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por otra no privativa de la libertad cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1) Haber permanecido recluido como mínimo ocho años en un establecimiento carcelario sujeto a las normas de control penitenciario, con posterioridad a la desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Término que en todos los casos, acorde con la jurisprudencia constitucional y penal vigente, se cuenta a partir de la postulación por parte del Gobierno Nacional al trámite de Justicia y Paz (C.C. C-015 de 2014; CSJ AP 6255 de 2014, AP6238 de 2014, SP12157 de 2014, entre otros). La privación de la libertad debe haberse cumplido en centro de reclusión sujeto integralmente a las normas de control penitenciario.

2) Haber participado en las actividades de resocialización disponibles y haber observado buena conducta al interior del penal.

3) Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz.

4) Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas.

5) No haber cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización.

Los anteriores presupuestos deben concurrir en su totalidad, pues la ausencia de uno de ellos, acorde con el mandato legal, impide acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento.

Según el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013, dichas exigencias deben acreditarse por el postulado con documentos o pruebas que respalden su cumplimiento. Para el requisito consagrado en el numeral 2 del artículo 18A constituyen medios de convicción idóneos las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario sobre: a) las actividades de resocialización desarrolladas y, b) la buena conducta durante el tiempo de reclusión.

ii) Del caso concreto

1. El primer presupuesto para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una no privativa de la libertad, demanda que el solicitante haya permanecido recluido, con posterioridad a la desmovilización y a la postulación, como mínimo ocho años en un establecimiento sujeto integralmente a las normas sobre control penitenciario.

De acuerdo a la documentación aportada, JMGA perteneció al frente Castaño Gil del Bloque Central Bolívar; fue capturado por las autoridades el 10 de septiembre de 2002 e ingresó a establecimiento carcelario del Inpec el día 19 del mismo mes y año. Así mismo, fue postulado por el Gobierno Nacional al trámite transicional el 30 de marzo de 2007, proceso en el que se le impuso medida de aseguramiento. Siendo ello así, acorde con lo acreditado en el expediente, el postulado cumple con el requisito temporal establecido en la ley para acceder a la sustitución.

De igual forma, la magistratura a quo señaló que los hechos atribuidos al postulado se cometieron durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley(1), circunstancia por la cual dio por satisfecho este presupuesto. La segunda exigencia del canon 18 A consiste en “haber participado en actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, Inpec, y haber obtenido certificado de buena conducta”.

Pues bien, la defensa acreditó con certificación expedida por el Inpec(2) que JMGA participó “de manera responsable y comprometida, dando cumplimiento a su proceso terapéutico resocializador” en actividades de capacitación y estudio desarrolladas en los años 2008 a 2015. Con todo, no probó el tipo de labores de resocialización desarrolladas entre abril y diciembre de 2007, periodo en el cual ya estaba postulado para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Y aunque el desmovilizado señala que en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de XXX, donde estaba recluido en ese entonces, no existía la posibilidad de cumplir acciones resocializadoras, dada su reciente creación, no aportó prueba que corrobore su afirmación. Es cierto que resulta imposible exigir la participación en programas de estudio y trabajo dirigidos a lograr la readaptación social cuando el centro penitenciario no los ofrece. Sin embargo, la Sala ha señalado que en esos eventos corresponde al interesado demostrar tal situación, por ejemplo, mediante certificación del establecimiento que indique que no ofrecía esas actividades(3).

Como la defensa incumplió la carga procesal de demostrar que JMGA no realizó actividades de resocialización en el año 2007 por razones ajenas a su voluntad, no se satisface a plenitud la exigencia contenida en el numeral 2º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, circunstancia que impone confirmar la decisión impugnada en tanto la sustitución de la medida de aseguramiento procede exclusivamente cuando se comprueba que están reunidos todos los presupuestos contemplados en dicho precepto.

2. También se negó la sustitución de la medida de aseguramiento porque las constancias de conducta(4) en algunos periodos evaluados no incluyen el número de acta, lo cual indicaría que no fueron realizadas por el Comité de Disciplina. Con todo, ese razonamiento es equivocado porque lo esencial en justicia transicional es que el Inpec califique y certifique la conducta de todo el lapso materia de revisión sin que pueda afectar el derecho del postulado la forma como la institución cumplió esas labores.

En este evento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario certificó que JMGA presentó conducta buena y ejemplar en el periodo de reclusión examinado (2005 a 2015). En consecuencia, el comportamiento del postulado fue escrutado por la entidad pertinente —Inpec—, la calificación fue incorporada a los registros institucionales y la constancia fue expedida por los funcionarios encargados de esa función, esto es, el director y el coordinador jurídico del Centro Penitenciario. En ese orden, las certificaciones aportadas ostentan plena validez con independencia de que en 9 de los más de 125 periodos calificados no se anote el número de acta sino que se mencione como soporte una constancia, pues esta situación no depende del interno sino del funcionamiento interno del Inpec. Entonces, el postulado no está obligado a soportar las presuntas inconsistencias en la evaluación o en la elaboración de la certificación porque esas circunstancias no dependen de su voluntad, pues lo fundamental es que se calificó su conducta de manera positiva con independencia de que el resultado se consignara en acta o en constancia,

Si eventualmente se hubiese incurrido en yerros administrativos por desconocer las directrices del Acuerdo 11 de 1995 del Inpec, los mismos no son imputables al postulado ni pueden afectar sus derechos y garantías. Por demás, la magistratura no puede suponer la existencia de irregularidades en documentos públicos cobijados con la presunción de autenticidad por el simple hecho de no incluir número de acta, pues esa situación puede tener múltiples explicaciones, no necesariamente anómalas, la cuales, en todo caso, no son responsabilidad del postulado. 3. En suma, la defensa no suministró prueba de las actividades de resocialización ejecutadas por el postulado en el año 2007 o de que fue imposible realizarlas por razones a ajenas a su voluntad. Siendo ello así, la magistratura de primer grado no podía acceder a la sustitución de la medida ante la carencia de elementos de juicio que le permitieran examinar la temática de la resocialización en todo el periodo en que JMGA ha estado vinculado al trámite transicional. Por tanto, se ratificará la determinación impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión del 2 de junio de 2015 emitida por la Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno. Devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

1 Cfr. Audio minuto 1:41:13 y 1:44:00.

2 Ver folio 336 de la carpeta anexa.

3 Cfr. CSJ AP1373 18/03/15, Rad. 45242 y AP3623 24/06/15, Rad. 46127.

4 Cfr. Folios 148 a 160 carpeta anexa.