CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Sentencia AP4718-2015/46593 de agosto 19 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

AP4718-2015

Rad.: 46593

Aprobado Acta 283

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La Sala es competente para conocer la petición de cambio de radicación postulada por el representante del Gobierno Nacional, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011.

2. El inciso primero del referido artículo, impone como término para su presentación el inicio del juicio oral, evento que ya aconteció en este caso. No obstante, la jurisprudencia de la corporación ha relativizado el efecto de la limitante temporal, basada en la gravedad de los hechos objeto de consideración y momento de su manifestación.(2)

De allí que resulta posible bajo ciertas condiciones excepcionales, la inaplicación de la referida norma en cuanto a la oportunidad para postular el incidente, para lo cual debe acreditarse las circunstancias que así lo imponen como las propias que fundamentan el pedimento subyacente:

La Corte debe precisar que no se trata de modificar el momento máximo permitido para presentar la solicitud de cambio de radicación, sólo porque se ha demostrado que se cumplen los presupuestos materiales para acceder a ello, dado que, sobra anotar, esos hechos a partir de los cuales ha de mutarse la competencia territorial, de por sí, examinada la norma, deben comportar enorme gravedad y, entonces, resultaría innecesaria la limitación temporal estimada a bien por el legislador, pues, siempre que se configuren esas circunstancias —que afectan el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o la integridad personal de los intervinientes—, será posible pasar por alto la exigencia en cuestión, o cuando menos, obligar al análisis de fondo para determinar si existe o no la alteración en cuestión.

En otras palabras, no puede confundirse el sustento material de la solicitud con los requisitos temporales establecidos para presentarla, porque de ocurrir ello se vacía de contenido la exigencia procedimental.

En este sentido, no puede pasarse por alto que inserto en la teleología de la limitante temporal consignada en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, se halla un cometido plausible, en respeto de los principios de inmediación y concentración, pues, si ya se ha iniciado la audiencia de juicio oral, el cambio de radicación puede generar traumatismos y vulneraciones de derechos, en ocasiones solucionables únicamente por la vía de la nulidad.

Así mismo, un factor fundamental que debe verificarse efectos de determinar si ha de flexibilizarse o no el contenido de la norma, remite al momento en que se presentan esas circunstancias materiales por virtud de las cuales ha de obligarse el cambio de radicación, o cuando menos, en el que ellos son conocidos por quien solicita la medida excepcional.

Desde luego, ello dice relación con principios elementales de lealtad procesal, no sea que el mecanismo sea utilizado para dilatar el trámite o buscar separar del conocimiento del asunto al funcionario que se estima hostil a los propios intereses.

Bajo estos criterios generales, es claro que el funcionario encargado de examinar el asunto debe realizar, respecto de la posibilidad o no de superar ese límite temporal establecido por el legislador, una labor de balanceo en la cual no necesariamente la gravedad de los hechos o circunstancias reseñados como configurantes de la causal, ha de ser el factor primordial. (3)

3. Todo lo anterior porque el cambio de radicación de un proceso penal, se erige como una excepción a las reglas de competencia por el factor territorial, que únicamente procede cuando se acredita, de manera suficiente y en casos donde el peticionario es el Gobierno Nacional, razones de orden público, interés general, seguridad nacional o de los intervinientes, en especial las víctimas o, de los servidores públicos y testigos, o directrices de política criminal.

4. En el caso bajo análisis, el cambio de radicación lo encausó el solicitante por ser el asunto de interés general, de orden público y por motivos de política criminal, sin embargo, en la fundamentación consignada en el escrito no se comprueba la necesidad de la medida de acuerdo con los hechos concretos que expone.

4.1. En efecto, el suplicante da cuenta la conformación(4) de la “Mesa Única Nacional” por voceros de las organizaciones reunidas en la “Cumbre agraria campesina, étnica y popular” y el Gobierno Nacional, como escenario de interlocución, participación y concentración para el abordaje de las temáticas acordadas en la Cumbre, que a su turno, dio origen a un “comité permanente de análisis y alternativas penales” para la evaluación de opciones que permitan la terminación anticipada de procesos que involucran a personas judicializadas por hechos ejecutados en curso del paro agrario desarrollado entre los años 2013 y 2014.

Comisión ante la cual, las organizaciones participantes han denunciado irregularidades en el desarrollo de los procesos penales, que en sentir del Gobierno, justifican la necesidad de tomar medidas que refuercen las garantías procesales de los encartados a fin de prevenir eventuales conflictos futuros, siendo para el caso concreto, la variación de la competencia territorial para que sea un juez sede en la ciudad de Bogotá quien culmine el procedimiento.

4.2. Medida que se observa desacertada, en tanto, los fundamentos fácticos concretos en los que se traducen esa ausencia de garantías, evidencian únicamente el desacuerdo de la defensa con las posturas asumidas por el delegado de la fiscalía y el juez frente a su tesis, según la cual, la conducta enrostrada a los acusados resulta atípica y se permitió el ingreso de pruebas ilícitas al no contar las mismas con cadena de custodia y no, acreditan el por qué la permanencia del proceso en ese territorio generará un ambiente impropio para el juzgamiento.

De modo que ausente de justificación se observa la solicitud presentada, pues si bien el representante del gobierno evidenció la importancia del tratamiento de este tipo de asuntos conforme con los compromisos asumidos como parte integrante la “Mesa Única Nacional”, no reveló motivos que hicieran ver que para ello se requería mudar la competencia territorial. Tan solo trasladó el inconformismo de alguna de las partes procesales con decisiones adoptadas por el ente investigador y el sentenciador en la actuación seguida contra William Cruz Javela, Edison Fabián González Sierra, Roger Murcia Escobar y Óscar Eduardo Gasca Garzón a fin de obtener que el conocimiento del asunto sea avocado por otros funcionarios y obtener, eventualmente una respuesta diferente a las pretensiones que de manera infructuosa ha rogado.

4.3. Recuérdese que para el cambio de radicación se requiere la demostración de una causal objetiva y ajena a los episodios propios de proceso o condiciones particulares de las personas que intervienen, pues no se puede emplear a modo de herramienta para separar al funcionario a cargo de la actuación bajo cualquier consideración. Así lo ha explicado la corporación:

Como de tiempo atrás lo ha señalado la Sala, el cambio de radicación no se encuentra instituido para separar a los funcionarios del conocimiento de los asuntos por motivos eminentemente individuales o particulares, pues para ello se encuentran específicamente dispuestas las causales de impedimento y recusación (CPP, art. 99 y ss.).

En efecto, olvida el defensor que el instituto de variación de la radicación procede por circunstancias externas a los sujetos procesales y a los funcionarios judiciales, en cuanto se refiere a la presencia de situaciones que alteren la administración de justicia “en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal” (subrayas fuera de texto) y no, a factores subjetivos o personales, tales como los intereses reales o supuestos que puedan asistir a los funcionarios que intervienen en el trámite(5).

Resulta evidente, en consecuencia, que el cuestionamiento de la independencia o imparcialidad de los funcionarios se ocupa de factores subjetivos que concurren en estos, caso en el cual, se debe acudir al instituto de los impedimentos y recusaciones, cuya finalidad consiste en separar a dichos funcionarios del conocimiento del proceso, pero sin variar la competencia por el factor territorial.(6)

4.3. Entonces, al no haberse demostrado las exigencias de la causal alegada para el cambio de radicación solicitado por el representante del Gobierno Nacional, la Sala denegará la petición incoada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR la solicitud de cambio de radicación promovida por el viceministro de política criminal y justicia restaurativa.

Contra la anterior determinación no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase».

2 CSJ, AP, 24 Nov. 2010, rad. 35071, CSJ AP 21 nov. 2011, rad 37886, CSJ AP, 24 Nov. 2010, radicado 35072

3 Auto del 10 de febrero de 2012, radicado 38302.

4 Mediante el Decreto 870 del 4 de mayo de 2014.

5 Ver providencias del 6 de junio de 2006. Rad. 25559, 20 de mayo de 2003. Rad. 20755 y 19 de mayo de 2002. Rad. 19240, entre otras.

6 CSJ AP, 21 Feb. 2007, rad. 26.927.