AUTO AP4738-2016/48206 de julio 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4738-2016

Rad.: 48206

(Aprobado Acta Nº 224)

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos «Consideraciones

1. La Sala es competente para definir la controversia planteada en el presente asunto, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que en el caso están involucrados dos juzgados de diferentes distritos judiciales.

Las reglas allí descritas, previstas para la fase de juzgamiento, también son aplicables cuando se trata de la ejecución de la pena, pues “si en la última fase no se previeron lineamientos especiales, resultan de buen recibo los establecidos genéricamente” (En ese sentido, cfr. CSJ AP6311 - 2015).

2. La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 —arts. 54 y 341— para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos.

3. Corresponde a la Sala determinar a cuál juez de ejecución de penas y medidas de seguridad compete la vigilancia de la condena en los casos en que el sancionado ha sido beneficiario de algún subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena pero, al tiempo, se encuentra privado de la libertad, a causa de otra u otras sentencias condenatorias.

4. El Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1994, dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se fijaron los requisitos para el funcionamiento de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, establece en su artículo 1º que estos:

(…) [C]onocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede.

(…)

El mencionado Acuerdo ha sido entendido por la Corte “en el sentido de que, sin importar en dónde se profirió y causó ejecutoria el fallo, lo relacionado con su cumplimiento y todas las circunstancias que de allí deriven, corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar en donde tenga su sede el centro carcelario.

Consecuencia de lo anterior es que cuantas veces haya lugar al cambio de sitio de reclusión, igual mudará la competencia. En otras palabras: el factor que debe dirimir el conflicto es personal, esto es, que sigue a la persona del sentenciado.

La excepción a esta regla está dada para aquellos eventos en los cuales en el territorio de ubicación de la cárcel no se haya designado juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. En tales eventos, la solución es la prevista por el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 600 del 2000 (no reproducido en la Ley 906 del 2004): hasta tanto no sea suplida esa falencia, la competencia corresponde al juez que haya proferido la sentencia de primera instancia”. (CSJ AP, sep. 15/2008, rad. 30553. También se puede ver en el mismo sentido CSJ AP, ene. 26/2012 y CSJ AP, 2992-2014, rad. 43821).

Por otro lado, cuando el sentenciado se encuentra en libertad, esta Corporación ha dicho que el funcionario competente para conocer de la ejecución de la sentencia “lo será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde la misma se hubiese proferido. Y, de no despachar allí un juez de dicha categoría y especialidad, opera la regla exceptiva de que dicha función la ejerce el juez de instancia respectivo -parágrafo transitorio del artículo 79 de la ley 600 de 2000”. (CSJ AP, ago. 4/2004, rad. 22.536, reiterado en CSJ AP, nov. 21/2012, rad. 40215 y CSJ AP, 13 sep. 13/2014, rad. 44303, entre otras providencias).

Aunque la Sala ha sido coherente en la aplicación de los anteriores criterios decisorios, frente a los casos en los que se ha presentado una hipótesis mixta, esto es, cuando el sentenciado ha sido beneficiario de algún subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena pero, al tiempo, se encuentra privado de la libertad, a causa de otra u otras sentencias condenatorias, ha adoptado determinaciones incompatibles, como se expondrá a continuación.

En los autos CSJ AP, 15 septiembre 2008, Radicado 30553; CSJ AP, 9 julio 2012, Radicado 39344; CSJ AP, 21 octubre 2013, Radicado 42456 y CSJ AP, 10 febrero 2016, Radicado 47477, AP643-2016, escindió la competencia para la vigilancia de las penas porque el condenado se hallaba en libertad y no era requerido para el cumplimiento de la sanción intramural.

En concordancia, respecto de la condena en la cual el penado tenía la condición de “no detenido” asignó la competencia al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se profirió la sentencia o, en su defecto, al funcionario que profirió dicho fallo, manteniendo la del ejecutor del lugar de la sede del centro carcelario —en función del factor persona—, en relación con las penas que motivaron la privación material de la libertad.

En cambio, en las providencias CSJ AP, 15 julio 2008, Radicado 30095; CSJ AP, 3 diciembre 2009, Radicado 32704; CSJ AP 23 febrero 2011, Radicado 35779; CSJ AP, 04 abril 2011, Radicado 36084 y CSJ AP, 3 febrero 2016, Radicado 47461, AP505-2016, asignó todos los asuntos que involucraban el cumplimiento de las penas a un solo funcionario judicial.

Según esa última comprensión, la competencia del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con jurisdicción en el distrito judicial en el cual está ubicado el centro de reclusión, donde el condenado se encuentra privado de la libertad, desplaza la intervención de los demás jueces ejecutores, al menos por dos razones:

i) La competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no depende de la naturaleza de la conducta punible, o del territorio donde se cometió, o del despacho judicial que dictó el fallo, ni del número de condenas, ni cuál de ellas se encuentra descontando el sentenciado de manera efectiva, ni de peticiones que se hallen pendientes de resolver, puesto que el factor personal, relativo al lugar donde el condenado se encuentra cumpliendo la pena, es preponderante.

ii) El juez ejecutor “está en la obligación de enterarse de la situación jurídica completa de quien se encuentra en el centro de reclusión ubicado dentro del territorio en que extiende su competencia” (CSJ AP, dic. 3/2009, rad. 32704).

5. Dado que los precedentes anteriormente reseñados son incompatibles, la Sala estima necesario y pertinente fijar una posición unificada al respecto.

Si bien, en la más reciente providencia, la CSJ AP, 10 febrero 2016, Radicado 47477, AP643-2016, se escindió la vigilancia de las penas porque el condenado no estaba “detenido” y tampoco era requerido con ese objetivo, se recogerá el criterio allí expuesto por cuanto no es razonable que sobre una persona privada de la libertad concurran más de un juez ejecutor.

Aunque se pueden alegar otras razones para justificar esa orientación, se destaca que el fraccionamiento en la vigilancia de la pena, por un lado, obstruye el acceso a la administración de justicia del sujeto privado de la libertad, puesto que se le impone la carga de contratar los servicios profesionales de más de un defensor o de sufragar sus gastos de movilidad a otra ciudad o municipio y, por otro, dificulta la vigilancia integral del cumplimiento de las condenas a cargo del juez ejecutor, v. g., el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el penado como condición para el otorgamiento de los subrogados o mecanismos sustitutivos de la pena, entro otros aspectos.

En ese orden, la Sala acoge, como definitivo, el criterio decisorio expuesto en el auto CSJ AP, 3 febrero 2016, Radicado 47461, AP505-2016, en el cual se privilegia el factor personal con el fin de que, frente a este tipo de casos, un solo juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tenga acceso integral a la información sobre la situación jurídica de quien se encuentra privado de la libertad, por ser el más coherente con los derechos fundamentales de los reclusos y la eficacia del sistema penitenciario.

6. En el caso que suscita la atención de la Sala, ÓFRH purga una pena por el delito de fabricación, tráfico o porte de marcas de fuego o municiones, como consecuencia de la sentencia proferida, el 12 de mayo de 2011, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán.

De conformidad con lo enunciado en el numeral anterior, la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la condena por hurto calificado y agravado, dictada en contra de RH, el 3 de octubre de 2011, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, frente a la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, a través de auto de 15 de septiembre de 2015, concedió el beneficio de la libertad condicional, es un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, con sujeción al factor personal relativo al lugar donde el condenado se encuentra materialmente privado de la libertad.

En consecuencia, las diligencias serán remitidas al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, a quien fue asignado el asunto con antelación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

Resuelve

1. Declarar que el competente para conocer de la ejecución de la sentencia contra ÓFRH por el delito de hurto calificado y agravado, proferida, el 3 de octubre de 2011, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, frente a la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, a través de auto de 15 de septiembre de 2015, concedió el beneficio de la libertad condicional, es el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, despacho a donde se remitirá el diligenciamiento.

2. Informar de esta determinación al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».