Auto AP4758-2015/44559 de agosto 19 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 44559

(Aprobado Acta No. 283)

Magistrado Ponente

Dr. Eyder Patiño Cabrera

BogotáD.C., diecinueve de agoto dedos mil quince.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXRTACTOS: «Consideraciones

1.- Correspondería a la Corte, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004, resolver la apelación interpuesta por el ente acusador en contra de la decisión emitida Tribunal Superior de Montería, con ocasión de la negativa a declarar de un testigo, aduciendo el derecho a la no autoincriminación, de no ser porque dicha determinación se adoptó en la audiencia de juicio oral.

2.- Se ha establecido dentro de la sistemática penal acusatoria, que la audiencia preparatoria es el escenario natural para las discusiones probatorias, salvo las que puedan derivarse de la aplicación del artículo 344 – inciso final de la Ley 906 de 2004 o de las vicisitudes de la prueba de refutación.

Entonces, es la audiencia preparatoria donde se deben debatir todos los asuntos referentes a los medios de prueba que habrán de practicarse en el juicio oral, con lo que se pretende que éste se surta dentro de los parámetros de celeridad, concentración, agilidad, inmediación y fluidez que permitirán el cumplimiento de los principios que informan el sistema penal adoptado en Colombia mediante el Acto Legislativo 03 de 2002.

En reciente pronunciamiento esta Corporación se expresó en los siguientes términos sobre el particular (AP 2421-2014 Radicado 43481):

“Así, la concentración supone la continuidad y fluidez de la audiencia, y esto a su vez implica que las pruebas se practiquen en bloque, para lo cual es imprescindible que se excluya de la audiencia pública cualquier controversia que interfiera con tales propósitos. Por tanto, al inicio del debate probatorio ya debe estar superada cualquier discusión en torno de su práctica, precisamente para ello se diseñó la audiencia preparatoria, escenario en que se resuelven todos los debates vinculados con dicha temática, a través de un auto que habrá de contener la clase de prueba a practicarse en el juicio, la forma de su incorporación, el orden de su presentación, aquello que se excluye del debate, etcétera; proveído susceptible de los recursos correspondientes, pero que una vez en firme, deja zanjada toda la discusión al respecto.”

En consecuencia, es claro que las discusiones sobre pertinencia, utilidad y decreto de medios probatorios deben darse precisamente en la audiencia de preparación del juicio oral, de suerte que en la vista pública tales debates son extraños, salvo contadísimas excepciones4.

3. Adicionalmente, es de recordar que el artículo

161 del Ordenamiento Procedimental, establece que las providencias judiciales son sentencias, autos y órdenes.

Éstas últimas corresponden a aquellas decisiones del funcionario judicial que disponen un trámite establecido por la ley para agilizar la actuación, evitando la inmovilización de la misma y tienen como característica ser verbales y de inmediato cumplimiento.

En relación con las ellas, la Corte Constitucional se pronunció en la C-897 de 2005 diciendo:

“Como se observa, pues, el concepto de órdenes contenido en el nuevo Código de Procedimiento Penal es bastante amplio, pues abarca todas aquellas providencias del juez que no pueden ser calificadas como sentencias o como autos, y que tienen por fin garantizar el desenvolvimiento de la actuación.

Además, las órdenes son verbales, y de ellas se debedejarun registro”.

Así pues, el sistema penal acusatorio se desarrolla principalmente en audiencias, en las que se generan diversas circunstancias en que el funcionario judicial se ve impelido a adoptar determinaciones, que tienen el propósito de dar curso al trámite procesal, evitando su entorpecimiento.

También es evidente, en torno al precepto establecido en el artículo 161 citado, que las órdenes son sólo una de las formas en que se expresa el juez, siendo las otras: sentencias y autos, los que tienen una estructura formal establecida en el artículo 162 siguiente.

La distinción normativa, sin duda alguna, genera que a lo largo de la actuación procesal, el funcionario judicial pueda ejercer los poderes como máximo director del debate, pero también, resolver asuntos sustanciales que interesan al proceso y finalmente, expedir la sentencia con la que resuelve el conflicto sometido a su consideración.

Ello implica que no todas las formas de expresión del juez son iguales dados los fines, requisitos y asuntos que resuelven, por lo que no pueden tener el mismo tratamiento en punto de los recursos de las que son susceptibles.

Sobre la impugnabilidad de las determinaciones adoptadas en audiencia, esta Sala se pronunció así (AP 2421-2014 Radicado 43481):

“De lo que se sigue, que las decisiones adoptadas en el curso de la audiencia pública, en relación con la dirección del juicio, de acuerdo con lo ordenado en el decreto de pruebas, mal podrían tener recursos, puesto que se resquebrajaría precisamente la concentración, celeridad e inmediación, principios del proceso penal que se identifican con una recta y cumplida administración de justicia.”

Corolario de lo anterior es afirmar, que esta Corporación en forma pacífica ha venido sosteniendo que las decisiones que en materia probatoria adopte el funcionario judicial en desarrollo del juicio oral, por norma general, tienen el carácter de órdenes al tenor de lo reglado en el artículo 161 de la Ley 906 de 2004, por tanto, carecen de recursos y son de inmediato cumplimiento.

4.- Descendiendo al caso que ocupa esta decisión, se observa que en desarrollo de la audiencia de juicio oral compareció a declarar el señor A. F. M. , quien se negó a rendir testimonio en razón a estar siendo juzgado por autoridad judicial diversa, pero por los mismos hechos que se le endilgan a la acusada M. L. , por lo que manifestó que ejerció su derecho a la no autoincriminación.

El a-quo, escuchados los argumentos del testigo, aceptó la excusa por éste presentada y lo relevó del deber de declarar, decisión que no compartió el Ente Acusador, por lo que interpuso recurso de apelación.

El funcionario judicial, ante la manifestación del Fiscal, corrió traslado de lo expuesto al Ministerio Público y la defensa quienes se expresaron de forma diversa en cuanto al mismo.

Por último, concedió la impugnación irrogada por la Fiscalía.

En ese sentido, se insiste por parte de la Sala, en que las decisiones que tome el funcionario judicial en desarrollo de la audiencia de juicio oral, y que tienen por finalidad impulsar el asunto, no pueden ser objeto de recursos, puesto que lo sustancial de los aspectos probatorios ha debido resolverse en la audiencia preparatoria y el juicio debe surtirse dentro del pleno respeto a los principios que disciplinan el sistema penal acusatorio, dentro de los que se resaltan: concentración, celeridad e inmediación.

La Corporación se pronunció en pretérita ocasión5, en la siguiente forma (AP 897-2014 Radicado 43176):

6. En tales condiciones, la oposición al interrogatorio genera un incidente regido por la lógica del debate, cuya decisión, a cargo del juez, debe ser inmediata, como lo dispone el artículo 395 de la Ley 906 de 2004, el cual expresamente señala: «Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.»(Negrillas fuera de texto).

Por manera que cuando el juez resuelve la objeción, como común se denomina a la oposición, no hace nada diferente a emitir una decisión de cumplimiento inmediato que no es recurrible por las partes. En efecto, cuando considera que la misma es «ha lugar» o

«no ha lugar», simplemente, en el primer supuesto, ordena al examinador no hacer la pregunta o replantearla, según el caso, y en el segundo evento, que el cuestionamiento no transgrede las reglas del interrogatorio ni las prohibiciones contenidas en la norma procesal y, por lo tanto, el testigo está obligado a responderla.”

Conforme con lo expresado, la decisión emitida por el a-quo de acuerdo con la cual aceptó la excusa del testigo, tiene la naturaleza de una orden, por tanto, no tiene recursos.

Ahora bien, no se puede llegar al equívoco de entender que porque el funcionario judicial exprese las razones jurídicas de su determinación, se abre paso a los recursos. Sobre el particular la decisión últimamente citada expresó:

“Así, la circunstancia de que el Tribunal hubiese motivado la decisión sobre la objeción no habilita a la Fiscalía para impugnarla, y mucho menos que se tramitaran los recursos interpuestos, porque se itera, corresponde a una orden que el juzgador, como director del debate oral, debe adoptar inmediatamente y contra la cual no procede ningún medio de impugnación”

En tales circunstancias, la Corporación se abstendrá de resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía en contra de la orden emitida por el Tribunal y dispondrá la devolución de la actuación a efectos que se continúe con la celebración de la audiencia de juicio oral.

5.- Por último, la Corte enfatiza en que esta decisión tiene por único fin resolver sobre la viabilidad de tramitar recurso de apelación contra una decisión del a-quo, adoptada en cumplimiento de la audiencia de enjuiciamiento, lo que no significa que se entre en amplio análisis sobre la justeza o no de la orden cuestionada, pues si el argumento del testigo para no declarar es injusto, corresponde a las mismas autoridades judiciales adoptar las determinaciones pertinentes en aplicación de las pautas normativas concernientes a la indebida negativa a declarar.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. ABSTENERSE de resolver la impugnación interpuesta por la Fiscalía en contra de la orden emitida por el Tribunal Superior de Montería, Sala Penal, mediante la cual aceptó la excusa de A. F. M. para no declarar en juicio.

2. DEVOLVER la actuación en forma inmediata al Tribunal de origen, para que se continúe con el juicio oral.

3. INFORMAR a las partes e intervinientes que contra la presente decisión no procede ningún recurso

Notifíquese y cúmplase».

4. Es de resaltar que este asunto ha subido a la Corte en varias ocasiones durante el juicio oral, en las que esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse in extenso en relación con el derecho a la impugnación, así como ha insistido en que la apelación, durante dicha audiencia, sólo procede en casos excepcionales como el relacionado con la prueba sobreviniente. (Ver Radicado 39.156 del 20-03-2013)

5. Dicho pronunciamiento, reconoce la Sala, no tiene analogía fáctica cerrada con el que ahora se resuelve, pero si en sentido amplio, pues uno y otro se relacionan con las decisiones que debe adoptar el funcionario judicial en el desarrollo del juicio oral y concretamente, con ocasión de la práctica de las pruebas.