Auto AP4835-2016/47806 De Julio 27 De 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47806

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Aprobado Acta 224

Bogotá D.C., veintisiete julio de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala es competente para resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de la apelación contra la decisión adoptada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en actuación penal.

2. La Constitución Política radicó la disposición del ejercicio de la acción penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación —art. 250—, siendo por tanto el órgano encargado de calificar cuál es el tipo penal que se adecúa al hecho investigado y consecuentemente formular la acusación, así como establecer los asuntos y delitos que someterá al principio de oportunidad, y determinar cuáles investigaciones o indagaciones se subsumen en las causales de preclusión, entre otras actividades.

El instituto de la preclusión de la investigación está consagrado en el artículo 331 de la Ley 906 de 2004 y las causales para su invocación en el 332 ídem, así:

“El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294de este código —subrayado fuera de texto—”.

Respecto de las mismas, esta corporación ha señalado(4):

“1. De acuerdo con el sistema acusatorio colombiano (artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004), corresponde a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal y realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible que lleguen a su conocimiento, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia de la misma. Despojada, por regla general de funciones jurisdiccionales, deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

(…)

La preclusión también se debe adoptar en cualquier etapa del trámite una vez comprobada la existencia de cualquiera de las causales de extinción de la acción penal del artículo 77 del Código Penal, como son: muerte del imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento.

Bajo este contexto, la preclusión de la investigación solo podrá ser decretada por el juez de conocimiento a petición de la Fiscalía de comprobarse alguna de las causales previstas por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal de 2004, y en tratándose de la segunda, a las que se refiere el artículo 32 del Código Penal”.

Componente objetivo del tipo “prevaricato por acción”.

El artículo 413 del Código Penal, señala:

“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión (…)”.

El presupuesto fáctico objetivo de la norma transcrita, como se ve, se encuentra constituido por tres elementos, a saber: (i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público; (ii) que el mismo profiera resolución, dictamen o concepto; y (iii) que alguno de estos pronunciamientos sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que el acto sea ilegal —por razones sustancial (directa o indirecta), de procedimiento o de competencia— sino que la disparidad del mismo respecto de la comprensión de los textos o enunciados —contentivos del derecho positivo llamado a imperar— no admite justificación razonable alguna.

Ciertamente en torno a la contrariedad manifiesta de una decisión con la ley, la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 13 de agosto de 2003, radicado 19303(5) consideró:

“Esta última expresión, constituye un elemento normativo del tipo penal al cual la jurisprudencia de la Corte se ha referido en forma amplia para concluir, que para que la actuación pueda ser considerada como prevaricadora, debe ser ‘ostensible y manifiestamente ilegal’, es decir, ‘violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma’(6) , dependiendo siempre de su grado de complejidad, pues resulta comprensible que del grado de dificultad para la interpretación de su sentido o para su aplicación dependerá la valoración de lo manifiestamente ilegal, de allí que, ciertamente, no puedan ser tenidas como prevaricadoras todas aquellas decisiones que se tilden de desacertadas cuando quiera que estén fundadas “en un concienzudo examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas aplicables al caso”(7).

En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia del 23 de febrero de 2006, Rad. 23901(8):

“La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución.

Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los medios de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta las reglas que nutren la sana crítica, pues no debe olvidarse que la persuasión racional, elemento esencial de ella, permite al juzgador una libertad relativa en esa labor, contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal.

Sin embargo, riñen con la libertad relativa la apreciación torcida y parcializada de los medios probatorios, su falta de valoración o la omisión de los oportuna y legalmente incorporados a una actuación, en consideración a que por su importancia probatoria justificarían o acreditarían la decisión en uno u otro sentido a partir del mérito suasorio que se les diera o que hubiera podido otorgárseles”.

Componente objetivo del tipo “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.

El artículo 416 del Código Penal del 2000 señala:

“Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en (…)”.

Para la configuración del tipo objetivo es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

“Sujeto activo calificado, un servidor público. El pasivo lo constituye el Estado como titular que es del bien jurídico tutelado, la administración pública.

Objeto jurídico: Protege el normal funcionamiento y desarrollo de la administración pública, la cual es perturbada en su componente de legalidad.

Objeto material: Puede ser real o personal, atendiendo si la acción recae en una cosa o persona, y fenomenológico si se vincula con un acto jurídico.

La conducta: Consiste en cometer un acto arbitrario e injusto de manera acumulativa y no alternativa, como antes se requería.

El acto puede ser jurídico o material. El primero comprende la manifestación de la voluntad de un servidor público con alcance jurídico, y el segundo, expresado como un hecho material.

Arbitrario es aquello realizado sin sustento en un marco legal, la voluntad del servidor se sobrepone al deber de actuar conforme a derecho. Lo injusto es algo más, es lo que va directamente contra la ley y la razón.

En ese sentido la Sala ha definido el acto arbitrario como el realizado por el servidor público haciendo prevalecer su propia voluntad sobre la de la ley con el fin de procurar objetivos personales y no el interés público, el cual se manifiesta como extralimitación de las facultades o el desvío de su ejercicio hacia propósitos distintos a los previstos en la ley. Y, la injusticia, como la disconformidad entre los efectos producidos por el acto oficial y los que debió causar de haberse ejecutado con arreglo al orden jurídico. La injusticia debe buscarse en la afectación ocasionada con el acto caprichoso.

Elemento normativo: La acción debe realizarse con motivo de las funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. Lo conceptos mismos de arbitrariedad e injusticia no tienen sentido sino dentro del ejercicio de la función pública” (CSJ AP 11 Sep. 2013, Rad. 41297, pronunciamiento reiterado en SP 12 Nov. 2014, Rad. 40458).

En la última de las precitadas providencias la Sala para precisar el alcance de acto “arbitrario e injusto”, retomó lo indicado en “CSJ SP 20 Abr. 2005, Rad. 23285”, en la cual la Corte ya había precisado, con base también en pronunciamientos aún más antiguos, lo siguiente:

“[E]l marco de referencia para predicar arbitrariedad o injusticia debe estar referido al ordenamiento jurídico bajo cuya égida se desenvuelve la actuación, y de ahí que ninguno de tales conceptos pueda evaluarse tomando como guía valores diferentes a los imperativos legales que rigen y sujetan el proceder de la administración y sus agentes(9), de suerte tal que tampoco será posible tildar de arbitrario o de injusto el obrar que se muestre conforme a dichas leyes.

Adicionalmente se tiene que la referida y obligada remisión al ordenamiento jurídico, como criterio límite en el juicio de tipicidad de la conducta, no se agota con el simple y llanoejercicio de comparación entre el texto de la ley y laactuación del servidor, como que aqeulla vistaaisladamente puede ser objeto de diversas interpretacionesmás o menos acertadas cuyo grado de validez no puedeentrar a discutirse como referente de verificación delinjusto; por ello el examen se ha de extender a los fines que la norma cumple dentro de tal ordenamiento superior en que está inscrita, es decir, como parte de un sistema y como instrumento a través del cual se realizan ciertos principios o valores por cuya protección propende. 

En ese contexto, si bien el acto arbitrario tradicionalmente se ha concebido como aqeul que lleva a cabo el servidor público de manera caprichosa haciendo prevalecer su propia voluntad o privilegiándola, es decir, sustituyendo la voluntad de la ley por la suya propia para realizar fines personales que no se corresponden al interés público, de esta concepción no escapa que la realización de la función, así verificada, se concrete externamente a través de una acto que pueda identificarse como contrario a la ley(10), vista ella como reflejo fiel de los valores que la misma tutela.

Así pues, la arbitrariedad del acto puede manifestarse como extralimitación de la función o como desvío de ella hacia fines no contemplados en la ley, lo que nuevamente sugiere que para tildar el acto de arbitrario no basta con acudir a la especial motivación que guio al servidor público en la realización del acto oficial censurado sino que es necesario, además, que en el plano meramente externo se manifieste elcaprichocomo negación de la ley (resaltado y subrayado fuera de texto).

A su turno, la injusticia suele identificarse a través de la disparidad entre los efectos que el acto oficial produce y los que deseablemente debían haberse realizado si la función se hubiere desarrollado con apego al ordenamiento jurídico; en esencia, la injusticia debe buscarse en la afectación que se genera como producto del obrar caprichoso, ya porque a través suyo se reconoce un derecho una garantía inmerecida, ora porque se niega uno u otra cuando eran exigibles”.

¿El “acto” constitutivo de abuso de autoridad puede consistir en “resolución dictamen o concepto” emitido por servidor público en ejercicio de sus funciones?

No. En razón de que el “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” solo puede admitir adecuación típica “fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles”, frente algún acto de servidor público que se denuncie o se señale de “arbitrario” —el cual, como viene de verse en el acápite anterior, su configuración exige manifiesta ilegalidad, en tanto la contrariedad con el Ordenamiento debe superar toda posibilidad interpretativa de tal manera que se ponga en evidencia el capricho del servidor—, resulta imposible el fenómeno concursal entre el delito de “prevaricato” (artículo 413 del C.P.) y aquel (contenido en el artículo 416 ídem), como tampoco puede constituirse en abuso de autoridad el “acto” que está reprimido como “prevaricato por acción”.

Así lo tiene entendido la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás —en vigencia tanto del Código Penal de 1936, como del Decreto 100 de 1980—:

“Aunque ambos punibles —haciendo referencia al abuso de autoridad y al prevaricato por acción—, como ya se anunció, se constituyen en atentados al bien jurídico de la administración pública, es palmaria la imposibilidad legal de que entre ellos, por razón de los principios de especialidad y subsidiariedad, se presente un fenómeno concursal, pues ninguna duda existe acerca de que la descripción señalada en el artículo 152(11) del Código Penal solo es aplicable “fuera de los casos especialmente previstos como delito”.

“En dicho sentido y no habiendo variado la fórmula que en ese respecto señalara el Código Penal de 1.936, mantiene vigencia el criterio jurisprudencial según el cual “En el Estatuto Penal Colombiano existen normas que prevén y sancionan los hechos ilícitos ejecutados por funcionarios públicos con abuso de su función o de su cargo. Así por ejemplo, el Artículo 171 del Código Penal define y sanciona el llamado ‘Abuso de Autoridad’ que hace consistir en el actuar del funcionario o empleado público ‘que fuera de los casos especialmente previstos como delitos, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa o haga cometer acto arbitrario o injusto contra una persona o contra una propiedad’. Se ha dicho por la doctrinay la jurisprudencia, que esta es una disposición de naturaleza general ycomplementaria dirigida a reprimir todos aquellos abusos cometidos porfuncionarios públicos contra los derechos de otros y que no han sidocontemplados en una especial disposición legal. Que, como quieraque no todos los funcionarios públicos han sido especialmentereprimidos a través de las normas del Código Penal, era justo yconveniente, para evitar lagunas, que una norma general lopreviera encerrando en una de carácter general como la referida,todas las posibles contingencias de abusos innominados deautoridad, que de todos modos ofenden el buen nombre y el prestigio de la administración pública, colocándola por ello, en el Título correspondiente del Estatuto Penal, que busca fundamentalmente la tutela del interés relativo a que las funciones públicas de que están investidos los funcionarios públicos, no sean usadas por ellos para cometer hechos ilegítimos dirigidos a causar un daño a otros” (sentencia de abril 2 de 1.976…). (Subrayado y resaltado fuera de texto)

“Criterio que se reitera, ya en vigencia del Decreto-Ley 100 de 1.980, al sostenerse ‘(…) la dificultad que existe para establecer un alinderamiento preciso entre los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y abuso de funciones por lo que dice relación a la índole de estas.

(…)

O cuando se afirmó que “El Código penal, al recoger las conductas que se han considerado dignas de reproche y por tanto sancionables, ha establecido una serie de bienes jurídicos necesitados de protección, y dentro de las varias tipificaciones que tocan con ellos, ha reglado también diversos rangos punitivos, otorgando a cada conducta un grado especial de sanción y unos elementos para su configuración.

Esta estructura, que no es en modo alguno caprichosa, es de caráctergeneral y obligatorio cumplimiento. Así aun cuando los delitos deprevaricato y abuso de la autoridad atentan contra el bienjurídico de la administración pública, cada uno de ellos debe seraplicado en situaciones diversas y tienen igualmente distintarespuesta punitiva, sin que sea posible intercambiar ni suadecuación típica ni la pena indistintamente, que de tal formacarecería de razón una codificación sancionatoria (subrayado y resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, si el acto denunciado de arbitrario es de aquellos contemplados en el artículo 413 del Código Penal —es decir: “resolución, dictamen o concepto”, entre las cuales se encuentran contempladas las providencias judiciales(12)—, la tipicidad no se examina con “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” sino con “prevaricato por acción”, pues se insiste, el primero está consagrado para prever la arbitrariedad perpetrada por servidor público mediante algún “acto” distinto a los precitados y siempre que su manifiesta ilegalidad no sea constitutiva de otra conducta punible, pues de ser así también se descarta su aplicación por motivos de especialidad y subsidiariedad.

A su vez, como el delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal, como se indicó, comporta en su estructura objetiva, el proferir o dictar una (i) resolución, (ii) dictamen o (iii) concepto; en ausencia de estos pronunciamientos, no es factible la configuración del mencionado tipo penal. (CSJ AP3939 22 jun. 2016. Radicado 44960).

Análisis del caso concreto

1. En la apelación no se discute en absoluto la preclusión decretada a favor de I. D. Ñ. C. en relación con las posibles conductas de “prevaricato por omisión” (artículo 314 del Código Penal) y “destrucción supresión u ocultamiento de documento público” (artículo 292).

2. La alzada se dirigió exclusivamente contra la preclusión decretada por “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” en relación con el hecho de que la juez indiciada profirió la sentencia “Nº 8 del 9 de febrero de 2009”, sin que existiera el disco 15, en el cual el impugnante asumió habían sido registrados los testimonios rendidos en la audiencia de juzgamiento.

3. No obstante que respecto de la conducta aducida en la apelación —abuso de autoridad— la acción penal prescribió el 9 de octubre de 2015 (primer y último inciso del artículo original de la Ley 906 de 2004), es decir antes de que la Fiscalía radicara la solicitud de preclusión (13 de octubre de 2015), cabe precisar que el acto denunciado por tratarse de una “sentencia” proferida por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones —lo cual no es objeto de debate—, su eventual arbitrariedad sería objetivamente típica de “prevaricato por acción” no de “abuso de autoridad”, toda vez que, como se explicó en el acápite anterior, el acto o los actos a los que se refiere este último son —por expresa disposición legal— “fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles”, cual es el evento de la “resolución, dictamen o concepto” —entre los que se cuenta la providencia judicial— manifiestamente ilegal, ciertamente prevista como conducta punible en el artículo 413 del Código Penal con la denominación de “prevaricato por acción”.

En este orden de ideas, en el presente caso queda descartada la tipicidad del hecho en relación con “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” proveniente de la “sentencia” proferida el 9 de febrero de 2009 por la juez indiciada, por estar inmerso ese pronunciamiento en el concepto de “resolución”.

Esto para significar que la inconformidad fáctica del apelante relacionada con la denunciada ilegalidad de la sentencia atrás mencionada, corresponde examinarla frente al tipo de “prevaricato por acción”, respecto del cual también fue decretada la preclusión con base en el numeral 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

4. Al respecto el tribunal consideró inadmisible concluir que la decisión emitida por la indiciada se basó en prueba inexistente por la sola circunstancia de no haber obtenido posteriormente M. M. el registro del audio por motivo de daños técnicos, toda vez que:

“[l]a audiencia pública de juzgamiento se realizó con la presencia de los sujetos procesales e intervinientes, dentro de ellos el hoy denunciante, con la dirección de la juez denunciada y bajo su inmediación se recaudó la prueba testimonial, se escucharon las alegaciones e intervenciones de las parte y de los sujetos procesales, lo que se traduce en la percepción directa que tuvo sobre las pruebas y las intervenciones, funcionaria que tomó anotaciones de lo acontecido en la citada audiencia y así lo afirmó en el interrogatorio de indiciado y lo corroboraron los abogados que fungieron como defensores, doctores J. T. M. —S.— y L. E. A. G.”.

Adicionalmente el a quo señaló que:

“Según lo dicho por la Dra. C. M. C., Secretaria del Juzgado, en entrevista que se le recibió el 12 de febrero de 2014, visible a folio 63 de la carpeta”, a ella “le correspondió adelantar la búsqueda de dicho audio, lo que finalmente no se logró porque para el año en que se realizó la audiencia sufrió un daño el equipo o el sistema operativo que permite recolectar toda la información de las diligencias, como igualmente lo aseveró (…) el ingeniero de sistemas que laboraba en la coordinación administrativa”.

“Denotó igualmente que la misma juez fue la que realizó la audiencia y que ella acostumbra a tomar notas de cada una de las intervenciones de los sujetos procesales, manuscritos que eran muy completos y (…) en la mayoría de los procesos que se impulsan en ese despacho la señora juez utiliza esos manuscritos como apoyo para sus decisiones”.

“El Fiscal que asistió a esa audiencia, Dr. P. I. R. —R.—, en entrevista que rindió el 14 de febrero de 2014, folio 64, manifestó que la juez de manera atenta iba anotando todos los pormenores relacionados con la prueba testimonial, intervenciones de la Fiscalía, del acusado, su defensor y el Ministerio Público”.

No obstante, el impugnante en su sustentación insistió en señalar de ilegal la sentencia proferida por la juez Ñ. C., con el argumento de haber sido proferida sin pruebas. Esta última proposición la apoyó en la premisa según la cual el disco15 en el que fueron registrados los testimonios nunca reposó en el expediente.

Como se ve, el a quo en la decisión apelada ya dio respuesta -a lo que nuevamente expone el impugnante en la apelación-, pues fue claro en indicar que del hecho que se hubiese dañado el registro de la audiencia en la cual se practicaron testimonios, no se sigue que la juez haya proferido sentencia sin pruebas, en tanto las mismas se practicaron en presencia de la funcionaria, y de ello dieron cuenta la secretaria del despacho, el fiscal del caso, y los defensores de los entonces procesados.

El precitado argumento fue el que debió debatir M. M. en la sustentación de la apelación, lo cual no ocurrió, pues simplemente se dedicó a reiterar su planteamiento inicial, el que precisamente ya fue destruido por el a quo con aquel razonamiento.

En este orden de ideas, el motivo del tribunal por el cual consideró legal la sentencia proferida por la funcionaria indiciada, permanece inalterado, toda vez que, se reitera, no fue confrontado en la sustentación de la alzada.

5. De otra parte, M. M. señaló que si bien la juez en sus resúmenes consignó “la percepción que ella tuvo” y “que le sirve como fundamento a su despacho”, para él ejercer eficazmente el derecho de defensa mediante el recurso de apelación, no podía apoyarse en lo percibido por la funcionaria, por lo cual requería, en salvaguarda de sus garantías, del registro de la audiencia donde quedó la memoria fiel de los testimonios practicados; por tanto no puede ser “consecuente ni creíble (…) la excusa plantada por la doctora I. D. Ñ. C. —en el sentido— de haber dictado sentencia con fundamento en unos resúmenes”.

Este planteamiento, sin embargo, constituye falacia de atinencia, pues su conclusión no puede inferirse de la premisa propuesta.

Es decir, cierto es que para un procesado poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa mediante el recurso de apelación —cuando requiera debatir los fundamentos fácticos de la sentencia por posibles errores derivados de la percepción del juez—, es necesario contar con el registro de las pruebas practicadas en el juicio; pero esta proposición en nada falsea ni resta credibilidad a la afirmación de que la funcionaria acudió a sus notas personales para proferir sentencia.

Obsérvese cómo a partir de los medios de conocimiento allegados por la Fiscalía Once Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó, el a quo tuvo por demostrado que: (i) la juez indiciada sí realizó resúmenes y se apoyó en ellos para dictar el fallo en el proceso adelantado contra Y. J. M. M. y (ii) “al proferir sentencia no tenía conocimiento de la pérdida del CD, pues se enteró cuando el procesado realizó solicitud de los audios para sustentar el recurso de apelación, por lo cual —pidió— a la oficina de informática le suministrara el audio, pero por el daño ocurrido en el sistema, no se pudo acceder al mismo, hecho que no es atribuible a la funcionaria”.

Ahora bien, el impugnante no cuestionó estas proposiciones acogidas por el tribunal, simplemente, como viene de verse, opuso su particular opinión, según la cual: no es “consecuente ni creíble” que la juez hubiese “dictado sentencia con fundamento en unos resúmenes”, basado en una premisa que si bien es cierta, como se indicó, no le sirve de fundamento.

Tampoco debatió el apelante la consideración del tribunal según la cual: al enterarse la funcionaria de la ausencia del disco después de haber emitido sentencia, no era viable su reconstrucción, la que bien pudo ordenarse en sede de segunda instancia, si realmente hubiese sido necesario resolver de fondo la alzada, “lo que no aconteció”, por cuanto operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, “sin que –en consecuencia- se vislumbre perjuicio alguno para el denunciante, quien se benefició” de la mencionada declaratoria emitida “el 5 de septiembre de 2012”.

Consecuencia de lo anterior, ninguno de los motivos facticos que fundamentaron la preclusión fueron desvirtuados y, por lo mismo, la decisión que se impone es la confirmación del auto apelado; además la Sala los encuentra suficientemente demostrativos de la causal contenida en el numeral 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Confirmar la decisión apelada.

Comuníquese y cúmplase.

Contra este auto no procede recurso alguno».

4 Auto de 8 de febrero de 2008, radicado 28908, reiterado en AP 17 nov. 2010, rad. 35109; AP 7 de noviembre de 2011, rad. 37613; AP 11 de diciembre de 2012, rad. 42043.

5 Pronunciamiento reiterado en SP 3 jul. 2013, rad. 40226.

6 Decisión del 24 de junio de 1986.

7 Providencia del 24 de junio de 1986.

8 Pronunciamiento reiterado por la Sala en SP 28 feb. 2007, rad. 22185; SP 18 jun. 2008, rad. 29382; SP 22 ago. 2008, rad. 29913; SP 3 jun. 2009, rad. 31118; SP 26 may. 2010, rad. 32363; SP 31 ago. 2012, rad. 35153; SP 10 abr. 2013, rad. 39456; SP 26 feb. 2014, rad. 42775. SP 21 may. 2014, rad. 42275, entre otras providencias.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, sentencias del 19 de julio de 2000, 25 de julio de 2002 y 24 de noviembre de 2004.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de abril 17 de 1976; 23 de abril de 1982 y 6 de junio de 1990.

11 Decreto 100 de 1980. Artículo 152.—Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. El [servidor público] que fuera de los casos especialmente previstos como delito, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá en multa de (un mil a diez mil pesos) e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a dos (2) años.

12 “Oportuno resulta recordar, que por resolución debe entenderse aquella providencia emitida por autoridad judicial o por funcionario administrativo, en ejercicio de sus atribuciones, ‘y no necesariamente ha de presentar los caracteres formales de auto interlocutorio o de sentencia, lo que importa es que en ella el servidor público decida algo en ejercicio de su función’ (CSJ SP21 ago.2013. Radicado 39751)” (CSJ AP3939 22 jun. 2016. Radicado 44960).