Auto AP4880-2017/50802 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

AP4880-2017

Rad.: 50802

Aprobado mediante Acta 239

Bogotá, D. C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Asunto

La Sala decide sobre la competencia para conocer del proceso penal que se adelanta contra E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H., a quienes la Fiscalía atribuye la comisión del delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, conforme lo prevé el artículo 417 del Código Penal.

Hechos

El 17 de enero de 2008, a los ocho de la noche aproximadamente, en la zona rural del municipio de San Agustín (Huila), cuando realizaban labores de patrullaje los soldados del Ejército Nacional J. Y. A. B., J. A. C. V., F. H. B. Q., O. M. A.C. y H. J. C. S., fueron atacados por tres sujetos quienes, luego de identificarlos, dispararon a la tropa y les lanzaron un artefacto explosivo.

Según informe elaborado el día siguiente, los uniformados comunicaron que abrieron fuego contra los enemigos y producto del combate resultó abatido E. U. R., a quien se le halló un arma de fuego de corto alcance. Igualmente, según acta de munición utilizada en el ataque, se encontró que en el mismo los militares E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H. también emplearon material de guerra.

Tras las labores investigativas realizadas por personal del CTI, se descubrió que no hubo ninguna explosión en el lugar de los hechos, ni vainillas que dieran cuenta de algún combate armado. Fueron E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H. quienes en la ampliación de interrogatorio expresaron que lo sucedido esa noche no fue un enfrentamiento con una tropa, que efectivamente no había nadie en el lugar de los hechos, pero que ellos no le causaron la muerte a E. U. R., quien en últimas, se demostró que recibió seis disparos a una distancia menor a 150 centímetros y que era vecino del sector, propietario de un predio ubicado en una vereda del municipio de Acevedo (Huila).

Actuación procesal relevante

1. Por las circunstancias fácticas descritas, el 13 de mayo de 2015, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Agustín (Huila), en ejercicio de la función de control de garantías, la Fiscalía formuló imputación a J. Y. A. B., J. A. C. V., F. H. B. Q., O. M. A.C. y H. J. C. S. como coautores de homicidio agravado y desaparición forzada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 103, 104 y 165 de la Ley 599 de 2000.

Por su parte, a E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H. se les imputó el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, tipificado en el artículo 417 del Código Penal.

Cargos que los procesados, asesorados por sus abogados, decidieron no aceptar.

2. El 2 de septiembre siguiente, el delegado del órgano de persecución penal presentó escrito de acusación por las mencionadas ilicitudes, en el Centro de Servicios Judiciales de Neiva (Huila).

3. La actuación fue asignada, por reparto, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva.

4. El 11 de noviembre de 2015, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva decretó la ruptura de la unidad procesal respecto de E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H., al considerar que carece de competencia para conocer de la actuación que se adelanta por el punible de abuso de autoridad por omisión de denuncia, ilícito respecto del cual no se predica conexidad alguna con los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada imputados a los demás procesados.

5. Como consecuencia de lo anterior se generó la noticia criminal 415516000000201500039 seguida contra E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H., cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pitalito (Huila).

6. El 21 de abril de 2016, la Fiscalía radicó el escrito de acusación respecto de E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H., cuya formulación en audiencia se efectuó el 26 del mismo mes y anualidad, manteniendo los hechos y calificación jurídica objeto de imputación.

7. Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pitalito, antes de dar inicio a la audiencia preparatoria, el 14 de junio de 2017, la defensa hizo alusión a la expedición del Acto Legislativo 1 de 2017(1) y luego señaló que por la naturaleza de los hechos objeto de juzgamiento, estos deben ser conocidos por la Jurisdicción Especial de Paz. Explicó, que tal situación genera, una causal de incompetencia sobreviniente.

Añadió, que la situación fáctica que se les reprocha a sus defendidos tiene relación con el conflicto armado colombiano y además, que para el momento de comisión de la conducta eran soldados profesionales, por lo que la novedosa legislación les resulta plenamente aplicable y depreca, en consecuencia, que la juez se declare incompetente para continuar conociendo el juicio, suspenda el proceso penal y remita la actuación a las autoridades de la Jurisdicción Especial de Paz.

La juez de conocimiento corrió traslado de la solicitud a la fiscalía y al representante del Ministerio Público, quienes afirmaron que no es aplicable al asunto en concreto las disposiciones de la Ley 1820 de 2016, toda vez que el delito por el que se procede no fue cometido con ocasión del conflicto armado; aunado a que, la figura de la suspensión del proceso no ha sido regulada, razón por la cual no se puede acceder a lo pretendido por la defensa.

Ante lo solicitado por el abogado de los implicados, la Juez Segunda Penal del Circuito de Conocimiento de Pitalito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, dispuso enviar la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, para el respectivo pronunciamiento.

8. Dicho órgano colegiado, mediante auto de 14 de julio de 2017, afirmó que lo planteado por el defensor no se trata de una definición de competencia, sino de un conflicto de jurisdicciones, razón por la cual, remitió la presente actuación a esta corporación por competencia, para lo de su cargo.

Consideraciones

1. La Corte es competente para definir la controversia planteada en el presente asunto, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que en el caso está involucrado un Tribunal Superior de distrito judicial.

En el presente asunto el defensor impugnó la competencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pitalito (Huila), al considerar que es ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se debe adelantar la actuación contra los procesados, ya que el delito imputado se cometió con ocasión del conflicto armado, cuando los acusados eran miembros de la Fuerza Pública.

Justamente, el Congreso de la República expidió la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz, establecido en el artículo 1º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2016. El objeto de esa disposición legal es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, particularmente para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado(2).

Sin embargo, la petición de la defensa es improcedente, porque aún no han entrado a operar las autoridades judiciales que deben asumir los procesos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y disponer el envío de la actuación para que su conocimiento sea asumido por esa jurisdicción no es una medida posible por ahora ni se encuentra prevista dentro de los varios mecanismos a los que pueden acceder los militares que están siendo investigados o ya han sido condenados por la justicia ordinaria, cuya competencia termina cuando entre a operar aquella.

Así, el título IV de la Ley 1820 de 2016, regula lo relativo al tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado, y establece una serie de medidas para ello, como lo son, la renuncia a la persecución penal (art. 46), la libertad transitoria, condicionada y anticipada (art. 51), la suspensión de órdenes de captura (D. 706/2017, art. 6º) o la revocatoria, o sustitución de las medidas de aseguramiento (art. 7º ibíd.).

Cada una de las prerrogativas antes enunciadas cuenta con regulación propia y requisitos particulares, sin que el defensor de los implicados hubiera especificado a cuál de todas ellas pretende acceder, ni las razones para ello, simplemente solicita se remita la actuación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual resulta claramente improcedente, pues como se indicó no ha entrado a operar esa jurisdicción.

2. Incluso, como lo informó la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, la Corte ya tuvo la oportunidad de analizar el mismo problema jurídico planteado por la defensa (cfr. CSJ AP, 28 Jun 2017, Rad. 50547); y concluyó que, el juez que esté conociendo de la causa es el competente para conocer de las solicitudes de libertad transitoria condicionada y anticipada, remisión del proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz y suspensión del trámite.

Como sustento de lo anterior, se dio aplicación al criterio expuesto por esta Corporación en decisión CSJ AP3004 - 2017 (rad. 49253), en la cual se dijo:

2.3. La competencia para definir la cuestión fue radicada en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especializada para la Paz, a petición del interesado o de oficio, y una vez en firme la resolución que concede el mecanismo, será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal, para que dé cumplimiento a la misma.

No obstante, mientras se decide lo anterior, a los agentes del Estado les será concedida la libertad transitoria condicionada y anticipada, siempre que al momento de entrar en vigencia la Ley 1820 de 2016 estén detenidos o condenados y acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse a la “renuncia de la persecución penal”. De acuerdo con el artículo 51 de la misma ley, dicha manifestación o aceptación deben formularla ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quien de cumplirse los requisitos legales contemplados en el artículo 52, así lo comunicará al respectivo funcionario judicial, conforme lo establece el artículo 53.

2.4. Acerca de la competencia para decidir sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada, el mismo artículo 53 de la Ley 1820 de 2016 la radicó en el “funcionario que esté conociendo la causa penal”, expresión de la cual se deriva que la asignación depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que si está surtiéndose la fase de juzgamiento le corresponderá al juez de primera instancia, si en trámite de apelación al de segundo grado y si en sede de casación a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento será de los jueces de ejecución de penas. (resaltados fuera de texto).

Así las cosas, como el proceso penal se encuentra en la fase de juzgamiento, se dispondrá remitir de manera inmediata el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pitalito (Huila), para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia por ahora para conocer del juzgamiento de E. A. J. R., J. E. U. O., J. K. G. C., D. Z. R. y Y. H. H. corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pitalito (Huila).

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese y cúmplase,

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Por medio del cual se creó un título de disposiciones transitorias en la Constitución, relacionado con la “terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”.

2 CSJ, 10 mayo 2017, rad. 49253.