Sentencia AP4999-2017 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4999-2017

Radicación 47937

Acta 239

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D. C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Motivo de la decisión 

Examina la Sala si los procesados A.B.G., O.P.O. y L.E.T.L., reúnen los requisitos consagrados en los artículos 51 y siguientes de la Ley 1820 de 2016 para acceder a la libertad transitoria, condicionada y anticipada o a la Privación de la Libertad en Unidad Militar o Policial prevista en el canon 56 de la misma normativa.

Hechos y actuación procesal relevante 

1. El tribunal resumió el aspecto fáctico de la siguiente manera:

Los hechos …ocurri[eron] el día 4 de octubre de 2006, en la Vereda San Gregorio, jurisdicción del municipio de Nariño (Antioquia), cuando en desarrollo de la Operación Militar “F.”, Misión Táctica denominada “O.” tropas pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas No 4 G., comandadas por el subteniente A.B.G., en registro ofensivo entra en combate contra presuntos terroristas de la cuadrilla 47 de las ONT-FARC, logrando dar muerte en combate a un (1) posible terrorista, en principio denominado como cadáver en proceso de identificación (NN), quien conforme reporte e informe de patrullaje, se incautó material de guerra contentivo de un fusil AK-47, cartuchos para fusil, el occiso vestía camisa negra, pantalón verde de policía, botas de caucho.

Posteriormente, la víctima fue plenamente identificada como P.N.V., quien pocas horas antes de su muerte se encontraba en la ciudad de Medellín, en el Barrio Moravia, donde residía y de donde fue desaparecido en horas de la noche del 3 de octubre de 2006.

2. Adelantadas numerosas diligencias, el 3 de enero de 2012, la Fiscalía 29 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación(1) y vinculó mediante indagatoria al subteniente A.B.G., al cabo segundo O.P.O., a los soldados M.J.P.C. y A.M.R.M. y al sargento primero L.E.T.L., a quienes el 8 de abril de 2013, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, como coautores responsables del delito de homicidio en persona protegida(2).

3. La calificación del mérito del sumario tuvo lugar el 8 de octubre de esa anualidad, con resolución de acusación por la misma conducta punible, contra todos los procesados, excepto R.M., respecto de quien se dispuso la ruptura de la unidad procesal, por haberse acogido a sentencia anticipada(3).

4. El 7 de enero de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón, Antioquia, avocó el conocimiento del asunto(4), y luego de realizar las audiencias preparatoria y pública, el 13 de noviembre de ese año profirió sentencia mediante la cual condenó a A.B.G., O.P.O.M., J.P.C. y L.E.T.L. por el delito de homicidio en persona protegida, el primero como autor y los restantes como cómplices.

A B.G. le impuso trescientos sesenta (360) meses de prisión, multa de dos mil (2000) s.m.l.m.v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de quince (15) años. A los restantes, les fijó la pena en ciento ochenta (180) meses de prisión, multa de mil (1000) s.m.l.m.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de noventa (90) meses. A todos les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria(5).

5. El 31 de agosto de 2015, el Tribunal Superior de Antioquia, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la defensa de los procesados B.G. y P.C., modificó la decisión del a quo frente a la condena del primero para atribuirle el título de coautor y respecto de P.O., P.C. y T.L., en el sentido de condenarlos como coautores del delito de homicidio en persona protegida.

Por lo cual les fijó trescientos sesenta (360) meses de prisión, multa de dos mil (2.000) s.m.l.m.v. y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento ochenta (180) meses(6).

6. La anterior determinación fue recurrida en casación por la defensa de los procesados, sin que respecto de M.J.P.C. se hubiese allegado el respectivo libelo. En razón de ello, el 15 de enero de 2016, la colegiatura lo declaró desierto(7).

7. Encontrándose en turno las presentes diligencias para la calificación de las demandas de casación formuladas contra la sentencia del tribunal, el defensor de L.E.T.L. solicitó a la Corte decretar la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta a su representado, por una no privativa de la libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 706 de 2017, en concordancia con el Acto Legislativo 01 y la Ley 1820, ambos de 2016.

8. Al respecto, esta corporación, en auto del pasado 28 de junio del año en curso (AP4152-2017), negó por improcedente la pretendida sustitución.

Empero, tras advertir que el proceso se encuentra en sede de casación, donde la Sala es competente para decidir lo referente a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, prevista para los agentes del Estado en la Ley 1820 de 2016, según se determinó en CSJ AP3004-2017, 10 de mayo de 2017, rad. 49253, y que es viable considerar que la pretensión del interesado está orientada a obtener ese beneficio, mientras su caso es analizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, dispuso remitir la solicitud al secretario ejecutivo, para que se pronunciara sobre los requisitos exigidos en el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016.

9. Sobre ese particular, el referido funcionario allegó el Oficio ES20170629-001806 del 21 de julio de la presente anualidad, mediante el cual certifica que los uniformados, CT A.B.G.(activo), SLP O.P.O.(activo) y SP L.E.T.L. (retirado), «cumplen con las condiciones previstas en el artículo 56 de la Ley 1820 para obtener dichos beneficios, exclusivamente en relación con el caso # 471 remitido por el Ministerio de Defensa Nacional».

Advera que los mencionados suscribieron el acta de compromiso ante el secretario ejecutivo, las cuales llevan su firma original, están impresas en papelería original y con el número consecutivo correspondiente; que la revisión de los requisitos se realizó, exclusivamente, sobre la documentación remitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de los principios de buena fe y confianza legítima.

Apunta que en relación con el vínculo de conexidad del delito con el conflicto armado, verificó el cumplimiento de los siguientes criterios:

1. Que la sentencia condenatoria goza de la doble presunción de acierto y legalidad, de la cual están revestidas las providencias judiciales.

2. Que la condena se centra en un tipo penal contenido en el título II del Código Penal, “Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

En esa medida, agrega, «la Secretaría Ejecutiva reconoce la calificación jurídica realizada por las autoridades judiciales competentes dentro del respectivo procedimiento penal, según la cual existió una conducta punible cometida por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno» (negrillas originales).

Informa, adicionalmente, que ha oficiado a las entidades correspondientes para certificar sobre la existencia de otras actuaciones que puedan ser incluidas en el ámbito de competencia de la Ley 1820 de 2016 y que sobre esta verificación ha comunicado a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad para las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo «para lo de sus respectivas competencias en relación con la protección de los derechos de las víctimas».

Por último, propone que se adopten medidas necesarias para las garantías de las víctimas.

Consideraciones

Cuestión previa: La Sala se ocupará de examinar, inicialmente, lo concerniente a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, de que trata el canon 51 y siguientes de la Ley 1820 de 2016, en cuanto fue el motivo por el cual se dispuso adelantar el presente trámite.

Superado lo anterior, analizará si se acreditan los requisitos del artículo 56 de la Ley 1820 de 2016, teniendo en cuenta que el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz certificó que el beneficio aplicable a los procesados A.B.G., O.P.y L.E.T.L., es la privación de la libertad en Unidad Militar, previsto en el citado precepto.

De otra parte, importa señalar que respecto de M.J.P.C., también vinculado a la actuación penal, no aparece en la documentación aportada por el funcionario en mención, que dicho procesado haya suscrito acta de compromiso ante la señalada jurisdicción, situación que, de entrada, le impide acceder a cualquiera de los mencionados beneficios.

1. Dicho lo anterior, procede reiterar que cuando el asunto se encuentra en sede de casación, la Corte es competente para decidir lo referente a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, prevista para los agentes del Estado en la Ley 1820 de 2016, según se determinó en los autos AP3004-2017 y AP3947-2017(8).

Por consiguiente, a esta corporación le corresponde examinar si respecto de los procesados A.B.G., O.P.O. y L.E.T.L. se acreditan los condicionamientos para acceder al instituto, en atención a que la actuación seguida en su contra se encuentra en esta sede por virtud del recurso extraordinario propuesto por sus defensores, tal como se anunció en la providencia que ordenó remitir la inicial petición que originó este trámite, al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

2. Así, entonces, frente al procedimiento administrativo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016, se verifica que, en lo relacionado con la consolidación de los listados de los integrantes de la Fuerza Pública, el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional incorporó la información correspondiente al presente caso, el cual rotuló con el No 471, así como los datos de los procesados, su lugar de ubicación, la autoridad que en la actualidad conoce del proceso y el tiempo que llevan privados de la libertad, entre otros aspectos.

También aparecen suscritas las actas de sometimiento y de compromiso de verdad, justicia, reparación y no repetición, por parte de A.B.G., O.P.O. y L.E.T.L., quienes se comprometieron a:

1. Contribuir con la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.

2. Atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

3. Informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al Secretario Ejecutivo de la JEP.

4. En caso de ser beneficiario de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, no salir del país sin previa autorización de la JEP.

5. No incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y del parágrafo único del artículo 58 de la Ley 1820 de 2016.

3. Ahora bien, recuérdese que, tal como se precisó en el auto CSJ AP3947-2017, para la procedencia del beneficio deben concurrir los siguientes condicionamientos, consagrados en el artículo 51 ejusdem:

i) Que el beneficiario acredite la condición de agente del Estado -miembro de la Fuerza Pública- para el momento de los hechos; ii) que efectivamente se encuentre privado de la libertad, bien sea en la condición de procesado o condenado a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley en cita; iii) que los delitos atribuidos correspondan a hechos sucedidos antes de la entrada en vigor del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera” del 24 de noviembre de 2016; iv) que los mismos se hayan cometido con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado; v) que la privación de la libertad se haya decretado por delitos distintos a los de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra —es decir, los señalados en el Capítulo Único del Título II del Libro segundo del Código Penal, artículos 135 a 164 (art. 23 L. 1820/16)-, toma de rehenes u otras privaciones graves de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, todo lo anterior en los términos del Estatuto de Roma; vi) o que habiéndose decretado la privación de la libertad por alguna de las conductas punibles antes señaladas, el solicitante acredite haber estado detenido efectivamente por un tiempo igual o superior a 5 años.

A su vez se requiere que vii) suscriba acta de compromiso en la que manifieste libre y voluntariamente, ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la intención de acogerse a esta jurisdicción y, a su vez, que no saldrá del país sin previa autorización de la misma, que informará todo cambio de domicilio. En el documento también se identificará la autoridad judicial que conoce del proceso, el estado en que se encuentra, el delito por el cual se procede y el número del radicado.

Igualmente, se deberá viii) adquirir el compromiso por escrito, de que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No repetición, el beneficiado con la libertad transitoria, condicionada y anticipada contribuirá con la verdad, la no repetición, la reparación inmaterial de las víctimas y que atenderá los requerimientos de los órganos del sistema en cita (subraya la Sala).

3.1. Los anteriores presupuestos, legales y jurisprudenciales, no se cumplen a cabalidad en este caso, en especial, como se verá más adelante, el relacionado con el tiempo de privación efectiva de la libertad.

Obsérvese:

i) Para la fecha de los hechos que dieron origen a la presente actuación penal, 4 de octubre de 2006, el CT A.B.G., el SLP O.P.O. y el SP L.E.T.L., se desempeñaban como agentes de Estado.

ii) A la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1820 de 2016, los mencionados ya se encontraban privados de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en su contra el 8 de abril de 2013 por la Fiscalía 29 Delegada UNDH/DIH(9) y las consecuentes órdenes de captura que se emitieron para hacerla efectiva(10).

iii) La conducta punible atribuida a los procesados acaeció antes del 24 de noviembre de 2016, cuando se aprobó el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

iv). Según la certificación del secretario ejecutivo de la jurisdicción especial para la paz, el hecho punible se ejecutó con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

v). El reato de homicidio en persona protegida, hace parte del catálogo de delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, respecto del cual, la aplicación del beneficio está sometida a que el interesado haya permanecido privado de la libertad por un tiempo igual o superior a cinco (5) años.

3.2. Sobre esta específica exigencia, se aprecia en la foliatura que, A.B.G. fue capturado el 15 de abril de 2013(11); O.P.O. el 15 de marzo del mismo año(12) y L.E.T.L. el 11 de agosto de 2015(13).

Quiere decir que, a la fecha, llevan privados de la libertad, 51 meses y 18 días, 52 meses y 18 días y 23 meses y 22 días, respectivamente, lapsos inferiores al mínimo de cinco (5) años referido en la norma.

Lo anterior es suficiente, para negar a los procesados la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

4. De otra parte, importa precisar que la Sala es competente para examinar los condicionamientos establecidos en el artículo 56 de la Ley 1820 de 2016, en virtud del cual, los miembros de las Fuerzas Militares y Policiales que manifiesten su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, podrán acceder a la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial.

Ello es así, porque, el artículo 58 de dicha normativa preceptúa que, una vez el Ministerio de Defensa Nacional consolide los listados de los Miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplan las exigencias para la aplicación de la sustitución de la privación de la libertad intramural por la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial, serán remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien «y comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado», el cual adoptará la decisión tendiente a su materialización.

Al igual que ocurre con la libertad transitoria, condicionada y anticipada, si la competencia para resolver sobre la concesión del sustituto, radica en el funcionario que esté conociendo de la «causa penal» y ello indica que depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso, al momento de recibirse la comunicación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como se dijo en los autos AP3004-2017 y AP3947-2017, no hay motivo para dudar que, en este caso, por razón del trámite casacional, corresponde a la Sala verificar si A.B.G., L.E.T.L., O.P.O., se hacen acreedores al citado beneficio.

Conforme e lo preceptuado en el canon 57 de la Ley 1820 de 2016, es necesario que al momento de entrar en vigencia, los procesados lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, situación que se verifica plenamente acreditada.

Adicionalmente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

i) Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa o con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

ii) Que se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

iii) Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.

iv) Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender a los requerimientos de los órganos del sistema.

4.1. Al respecto se tiene que: i) según certificación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la conducta punible por la cual están siendo procesados A.B.G., L.E.T.L., O.P.O. se ejecutó con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Además, de acuerdo a la situación fáctica descrita en las instancias, los miembros del Ejército Nacional comprometidos en este asunto, le dieron muerte a P.N.V., según lo manifestaron, en virtud de un combate con presuntos terroristas de la cuadrilla 47 de las FARC y, conforme a la resolución de acusación, se trató de una ejecución ilegal o falso positivo; ii) El reato de homicidio en persona protegida, hace parte del catálogo de delitos de lesa humanidad; iii) los mencionados han manifestado libre y voluntariamente su intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, y, iv) se comprometieron a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, según consta en los formatos y actas suscritos por cada uno de ellos, anexos a la documentación enviada por la Secretaría Ejecutiva.

4.2. De lo anterior se sigue, que A.B.G., L.E.T.L y O.P.O. son merecedores del beneficio de privación de la libertad en Unidad Militar, efecto para el cual deben dar cumplimiento a los compromisos contenidos en el acta que suscribieron ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde también consta el de no incurrir en la pérdida de beneficios en el parágrafo único del artículo 58 de la Ley 1820 de 2016, que reza:

En caso de que el beneficiado incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso o desatienda su condición de privado de la libertad, se le revocará el beneficio de la privación de la libertad en Unidad Militar. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas.

4.3. La presente decisión será comunicada al director de cada uno de los Centros Militares Penitenciarios donde los procesados se encuentran privados de la libertad, para que ejerza la labor de supervisión de que trata el artículo 59 de la Ley 1820 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR, por improcedente, la libertad transitoria, condicionada y anticipada a los procesados A.B.G., O.P.O. y L.E.T.L., conforme a lo razonado en precedencia.

2. CONCEDER el beneficio de privación de la libertad en Unidad Militar a A.B.G., O.P.O. y L.E.T.L., los cuales deben dar cumplimiento a los compromisos contenidos en el acta que suscribieron ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

3. NEGAR los anteriores beneficios a M.J.P.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

4. Comunicar al Director de los Centros Militares Penitenciarios donde los procesados se encuentran privados de la libertad, sobre la presente determinación, para los fines del artículo 59 de la Ley 1820 de 2016 y al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández BarbosaGustavo Enrique Malo FernándezEyder Patiño CabreraPatricia Salazar CuéllarLuis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 99 y 100 Ib.

2 Folios 17 a 42 cuaderno 3.

3 Folios 110 a 150 cuaderno 4.

4 Folio 2 cuaderno 5.

5 Folios 156 a 214 cuaderno 7.

6 Folios 110 a 130 Cuaderno 8.

7 Folios 243 y 244 Ib.

8 Se dijo, en concreto, que mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la competencia para resolver sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada, radica en el funcionario judicial que esté conociendo de la “causa penal”, en el entendido que ello “depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que si está surtiéndose la fase de juzgamiento le corresponderá al juez de primera instancia, si en trámite de apelación al de segundo grado y si en sede de casación a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento será de los jueces de ejecución de penas”.

9 Folios 17 a 42 cuaderno 3.

10 Folios 46 a 61 Ib.

11 Folio 79 cuaderno 3.

12 Folio 94 Ib.

13 Folio 108 cuaderno 8.