Auto AP5092-2014 de agosto 27 de 2014

 

Auto AP5092-2014 de agosto 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP5092-2014

Radicación: 44332

(Aprobado acta 280)

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala se abstendrá de examinar la demanda formulada por la defensa del procesado, en atención a que, según se anunció, el fenómeno prescriptivo se produjo antes de iniciar la etapa de la causa, por lo cual, procederá directamente a su declaratoria y dispondrá la cesación de procedimiento favor de Grimaldy Manuel Cueto Pérez.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 86 del Código Penal del año 2000, la acción penal prescribe en un lapso igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de veinte (20). Con la ejecutoria de la resolución de acusación, dicho término se interrumpe y a partir de ese momento comienza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, evento en el cual, no podrá ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10).

3. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, como el artículo 246 del Código Penal contempla para el delito de estafa una sanción máxima de ocho (8) años prisión, ese será el término a tener en cuenta para establecer la ocurrencia del fenómeno extintivo en la fase de la instrucción, toda vez que en la resolución de acusación se atribuyó la conducta en forma genérica, sin precisar la cuantía del ilícito y, por ende, la pena a imponer.

De otra parte, la señora Magaly Esther Ahumada de Almario formuló la denuncia que dio origen a esta actuación el 12 de febrero de 2003 y de su contenido se deriva que a pesar de haber celebrado con Cueto Pérez contrato de compraventa de un lote de terreno, en marzo de 1996, respecto del cual se había negado a firmar la correspondiente escritura, una vez suscrita y protocolizada la misma el 29 de enero de 2003, solo se vino a enterar del comportamiento del acusado cuando acudió a inscribir dicho documento y la registraduría del lugar se abstuvo de hacerlo porque aparecía que el mismo predio se lo había vendido a otra persona. Si bien la ofendida no suministró la fecha de tal diligencia, en la foliatura obra el certificado de nota devolutiva expedido por esa oficina el 6 de febrero de 2003(13), fecha a partir de la cual se deben contar los ocho (8) años previstos en la ley para agotar la investigación, los cuales se cumplieron el 6 de febrero de 2011, cuando la resolución de acusación no había cobrado ejecutoria porque se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación incoado por la defensa, lo cual se produjo hasta el 24 de junio de ese año.

No obstante la pérdida del ejercicio del poder punitivo del Estado, esta actuación continuó su trámite hasta la emisión del fallo de segundo grado, sin que tal situación fuera advertida por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla y los falladores de instancia, e incluso, por el demandante, quien no formuló reparo alguno al respecto.

De ese modo, como las sentencias de primer y segundo grado fueron dictadas cuando ya se había extinguido la facultad de ejercer la acción penal, en total afrenta a las garantías fundamentales del procesado y por fuera del marco legal que debe cobijar las actuaciones judiciales, surge necesario casar oficiosamente el fallo impugnado y declarar la prescripción de la acción penal. Consecuente con ello, disponer la cesación de todo procedimiento a favor de Grimaldy Manuel Cueto Pérez, por el delito de estafa.

Corolario de la decisión, se cancelarán las medidas restrictivas personales o sobre bienes que se hayan impuesto al procesado en mención.

Se debe señalar, además, que de conformidad con lo consagrado en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, la acción civil proveniente de la conducta punible, ejercida dentro de la actuación a nombre de la denunciante Magaly Esther Ahumada de Almario, también ha prescrito en relación con el penalmente responsable.

4. Finalmente, como se advierte que desde el inicio de la actuación, los funcionarios de instrucción encargados de tramitarla demoraron poco más de ocho (8) años y cuatro (4) meses - del 12 de febrero de 2003 (denuncia) al 24 de junio de 2011 (resolución de acusación segunda instancia), se compulsará copia de la actuación surtida en esa fase investigativa con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla, para los fines legales pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada a nombre del procesado.

2. Casar oficiosamente la sentencia impugnada.

3. Declarar prescritas y extinguidas las acciones penal y civil derivadas de la conducta punible de estafa, atribuida Grimaldy Manuel Cueto Pérez.

Decretar en su favor la cesación de procedimiento.

4. El juzgado de primera instancia deberá tomar todas las medidas como consecuencia de la extinción de la acción penal.

5. Expedir copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla para lo de su cargo, respecto de la actuación surtida en la fase de la investigación, conforme a lo razonado en precedencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen».

(13) Folio 10, cuaderno original.