Auto AP5147-2017/48912 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AP5147-2017

Radicación: 48.912

(Aprobado Acta Nº 245)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Asunto

La Sala se pronuncia sobre las solicitudes de “suspensión de la decisión en casación” y “remisión del proceso a la jurisdicción especial para la paz”, elevadas por I.M.O.Y.

I. Antecedentes y solicitud

1.1. En virtud del recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de I.M.O.Y. contra la Sentencia del 2 de mayo de 2016, proferida por la Sala penal del Tribunal Superior de Antioquia, la secretaría de dicha corporación remitió a la Corte el expediente radicado con el Nº 0500031070022001400523. El asunto fue repartido a la magistrada sustanciadora y actualmente se encuentra en turno(1) para la respectiva calificación de la demanda (art. 213 de la Ley 600 de 2000, en adelante, CPP).

1.2. Mediante la referida sentencia, el tribunal confirmó el fallo dictado el 7 de enero de 2016 por el juzgado 4º penal especializado del circuito de Antioquia, a través del cual condenó al señor O.Y., como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, a 43 años de prisión, al tiempo que negó tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria.

Ello, por haberse acreditado —bajo el trámite previsto en la Ley 600 de 2000— la responsabilidad de aquél por la muerte de V.M.C.P. y J.M.P.U., quienes el 18 de abril de 2006, en la vereda LR del municipio de C. (A.), fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de le escuadra “H. 1” del Batallón P.N.O. del Ejército —a la que pertenecía el sargento I.M.O.Y.—. Pese a que el deceso de aquéllos no fue producto de un combate entre los militares y miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, los occisos —campesinos de la región— fueron presentados como dados de baja en confrontación con insurgentes, a fin de que los militares recibieran beneficios administrativos por “resultados positivos”.

1.3. El sentenciado —quien se encuentra detenido en el C.M.R.C.— dirigió a la Sala un memorial por cuyo medio pretende que se suspenda el trámite del recurso de casación formulado por su defensor y se remita el proceso a la Sala de definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz (en adelante JEP). Esto, a fin de ser beneficiado con los mecanismos de tratamiento diferenciado para miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles ocurridas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

1.3.1. En sustento de tales pretensiones aduce que, al tenor de los artículos 2º y 3º de la Ley 1820 de 2016, por haber sido condenado por el delito de homicidio en persona protegida, en condición de sargento segundo del Ejército Nacional, es evidente que su conducta está directamente relacionada con el conflicto armado. Además, destaca, los hechos tuvieron ocurrencia con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y las FARC.

1.3.2. De otro lado, puntualiza, siendo competente la Sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP para aplicar prevalentemente (art. 7º ídem) y por favorabilidad (art. 11 ídem) cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, como la renuncia a la persecución penal, en su criterio debe suspenderse la actuación para que deje de conocerla la jurisdicción ordinaria, por ser más favorable el tratamiento especial de justicia transicional.

1.3.3. En esa dirección, prosigue, de los artículos 5º, 6º, 15 y 21 del Acto Legislativo 01 de 2017 se extracta que la jurisdicción especial para la paz conocerá de manera preferente, prevalente y exclusiva sobre todas las demás jurisdicciones de los delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016, con relación directa o indirecta con el conflicto armado, en especial de las conductas constitutivas de graves infracciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, quienes recibirán un tratamiento diferenciado. En todo caso, enfatiza, la JEP entró en funcionamiento con la aprobación del mencionado acto legislativo, sin que se necesite ninguna norma legal para su desarrollo.

1.3.4. En consonancia con las mencionadas normas, resalta, el Decreto 706 de 2017 —que regula el tratamiento especial a miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad— en sus artículos 1º, 2º y 5º ratifica que el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación prevalecerá sobre las actuaciones penales seguidas por conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado interno, absorbiendo la competencia exclusiva sobre ellas.

1.4. Posteriormente, el señor O.Y. allegó un nuevo memorial por cuyo medio pidió a la Sala que, al tenor del artículo 7º del Decreto 706 de 2017, dispusiera la “revocatoria” de la medida de aseguramiento dictada en su contra y, por consiguiente, le fuera concedida la libertad transitoria, anticipada y condicionada. Mediante Auto del 11 de julio de 2017, dicha solicitud fue remitida a la secretaría ejecutiva de la JEP, por cuanto no le es dable al miembro de la Fuerza Pública procesado solicitar directamente la aplicación de dicho beneficio. Para ello está legalmente legitimado el secretario ejecutivo de la jurisdicción especial para la paz, quien, con base en los listados consolidados del Ministerio de Defensa Nacional y tras constatar que se haya suscrito el acta de sometimiento a la jurisdicción y manifestado el compromiso de contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas y a atender los requerimientos de rigor, enviará la comunicación al funcionario que esté conociendo del proceso, quien decidirá motivadamente si otorga la libertad transitoria condicionada y anticipada.

II. Consideraciones

En lo que concierne a las solicitudes de “suspensión de la actuación y envío del expediente a la jurisdicción especial para la paz”, si bien se invocan múltiples normas en sustento de tales pretensiones, éstas se ofrecen inconducentes por carencia de fundamento normativo pertinente, al tiempo que resultan improcedentes por ausencia de presupuestos fácticos que las hagan viables.

En síntesis, no hay ninguna norma procedimental (ordinaria ni perteneciente a la reglamentación de los mecanismos de justicia transicional) que obligue a la Corte a abstenerse de resolver los asuntos bajo su competencia, mediante la figura de la “suspensión de la actuación”. Antes bien, la Sala ha de someterse al deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 142-1 del CPP), sin que le sea permitido abstenerse de cumplir sus funciones. Además, fácticamente, no existe la posibilidad de remitir el expediente a la Sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, pues ésta no ha entrado en funcionamiento.

2.1. En el artículo 29 inciso 1º de la Constitución se reconoce la dimensión jurídico-objetiva del debido proceso. El concreto y efectivo ejercicio de este derecho presupone la configuración normativa de las formalidades esenciales que han de regir los procedimientos. Por ello, el artículo 29 inciso 2º ídem preceptúa que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de las formas propias de cada juicio. En consecuencia, la delimitación del ámbito de protección del debido proceso ha de consultar el desarrollo legal pertinente.

El ámbito de protección del derecho al debido proceso está demarcado, entonces, tanto por prescripciones constitucionales genéricas como por la específica configuración legal de las formas propias de cada juicio, pues se trata de una garantía de marcada composición normativa.

2.2. De conformidad con lo anterior, para que proceda la suspensión del proceso o la interrupción de la actuación ha de existir una norma procedimental que así lo permita. Pues, tal circunstancia es una situación excepcional a la regla general, consistente en que el juez ha de “resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional” (art. 142-1 CPP); entre ellos, el de celeridad, conforme al cual la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos de su competencia.

Sin embargo, no hay ninguna norma “ordinaria” que habilite al juez penal a decretar la suspensión del procedimiento con fines de remisión del expediente a organismos pertenecientes a la jurisdicción especial para la paz, a fin de aplicar tratamientos penales especiales diferenciados para miembros de la Fuerza Pública. Además, las causales de suspensión del proceso civil (art. 161 CGP) son inaplicables por remisión normativa (art. 23 CPP), por cuanto resultan extrañas a la naturaleza tanto del proceso penal como de la justicia transicional.

2.3. Aunado a lo anterior, revisado el plexo normativo que forma el ordenamiento de la justicia especial para la paz aplicable a agentes estatales (actos legislativos, leyes y decretos reglamentarios), tampoco existe alguna disposición en ese sentido. Y es que hasta el momento no puede haberla por una sencilla razón: si bien desde la perspectiva orgánica de la Constitución se creó la JEP (Acto Legislativo 01 de 2017, art. 5º), entre otros propósitos, con el de juzgar a los responsables de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado, aún falta tanto la respectiva reglamentación legal de sus funciones, competencias y las formas propias de los procedimientos (que necesita ley estatutaria según los arts. 152 lit. b y 66 inc. 4º transitorio de la Constitución) como la efectiva entrada en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones (art. 15 transitorio inc. 2º del Acto Legislativo 01 de 2017).

2.4. Ahora bien, de las normas invocadas por el solicitante no se extracta que el juez deba o pueda suspender la actuación mientras entra en funcionamiento la Sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP.

Cierto es que el artículo 15 inciso 1º del Acto Legislativo 02 de 2017 preceptúa que la JEP se crea sin necesidad de ninguna norma legal que la desarrolle. Empero, ello no implica que, sin más consideraciones, todos los procesos jurisdiccionales han de suspenderse o interrumpirse, como lo pretende el señor O.Y. Antes bien, el constituyente derivado, consciente de que la institución —establecimiento o fundación— de una jurisdicción especial para la paz no implica su efectiva entrada en funcionamiento —desde el plano fáctico—, claramente señala en el inciso 2º de la norma que el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de 10 años, contados a partir de la efectiva entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones.

La entrada en funcionamiento de la JEP, desde la perspectiva normativo-constitucional, no es suficiente entonces para hablar de un debido proceso transicional suficientemente desarrollado, como lo clarifica el artículo 15 inciso 1º ídem, al señalar la necesidad de la aprobación de las normas de procedimiento aplicables a dicha jurisdicción especial.

En la misma dirección, del principio de prevalencia de los tratamientos penales especiales sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción (arts. 7º inc. 1º de la Ley 1820 de 2016, 6º del Acto Legislativo 01 de 2017 y 5º del Decreto 706 de 2017) tampoco puede extractarse un deber judicial de suspender la actuación. Tal criterio rector de la actividad jurisdiccional transicional es insuficiente para relevar al juez ordinario del cumplimiento de sus funciones, pues apenas afirma esa preponderancia en la competencia por razón de la especialidad, sin consagrar expresamente alguna causal de interrupción o suspensión de las actuaciones.

Una concreción legal de la prevalencia de competencia puede verse en el artículo 47 inciso 5º de la Ley 1820 de 2016, norma según la cual, una vez proferida la resolución que otorgue la renuncia a la persecución penal a favor de agentes del Estado, aquélla será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal, para que dé cumplimiento a lo decidido por la Sala de definición de situaciones jurídicas y materialice los efectos de la extinción de la acción penal, de la responsabilidad o de la sanción, según corresponda.

Bien se ve, entonces, que mientras normativamente no se disponga algo distinto en relación con los miembros de la Fuerza Pública, la cesación de la actividad jurisdiccional ordinaria sólo procede —acorde con la legislación hasta ahora expedida— cuando así lo ordene la Sala de definición de situaciones jurídicas, activándose el deber del juez respectivo de materializar los efectos de una tal decisión, sin que, por el momento, pueda verse excusado de administrar justicia por la existencia constitucional-orgánica de una jurisdicción especial para la paz.

2.5. Desde luego, el ordenamiento transicional actualmente vigente sí consagra una causal de suspensión del proceso, pero del todo inaplicable al solicitante. Al tenor del artículo 22 del Decreto 277 de 2017(2), todos los procesos en los que se haya otorgado la libertad condicionada de que trata la Ley 1820 de 2016 quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz(3), momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación del mencionado decreto quedarán a disposición de dicha jurisdicción.

Mas, tal motivo de suspensión de la actuación no puede aplicarse en el caso del señor O.Y. En primer lugar, dicha norma concierne a integrantes de las FARC-EP, no a agentes del Estado, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, en relación con quienes existen otras medidas penales especiales diferenciadas (arts. 44 y ss. de la Ley 1820 de 2016).

En segundo término, las disposiciones del Decreto 277 de 2017 también son inaplicables a los miembros de la Fuerza Pública porque, al tenor del art 1º, dicho decreto tiene por objeto regular tanto la amnistía de iure para las personas privadas de la libertad por delitos políticos y conexos con éstos —en los cuales, por antonomasia, incurren insurgentes, no militares— como el régimen de libertades condicionales para los supuestos del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 —que benefician a miembros de las FARC-EP—, no a agentes estatales.

Por último, es claro que en este aspecto no es dable invocar un tratamiento simétrico y equitativo, sino diferenciado. Ello se ve constatado en la más reciente reglamentación expedida en relación con los tratamientos penales especiales para miembros de la Fuerza Pública (Decreto 1269 del 28 de julio de 2017), donde se echa de menos cualquier disposición indicativa de que los procesos han de suspenderse.

2.6. En síntesis, i) no existiendo hasta el momento ninguna causal constitucional, legal ni reglamentaria que permita u obligue al juez a suspender la actuación mientras entra en funcionamiento la JEP; ii) no habiéndose dictado las normas legales que, en concreto, determinen las formas propias del debido proceso aplicable al sistema de justicia transicional que, en lo judicial, será responsabilidad de la JEP; iii) no habiéndose decretado la libertad transitoria, condicionada y anticipada a favor del solicitante y iv) no funcionando aun la Sala de definición de situaciones jurídicas de dicha jurisdicción, salta a la vista que la reclamada suspensión de la actuación y envío del expediente a la JEP son improcedentes.

En mérito de lo expuesto la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

NO ACCEDER a la suspensión del trámite del recurso extraordinario de casación ni al envío del expediente a la jurisdicción especial para la paz.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero 

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Con atención del deber de resolver los procesos en el orden que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal (arts. 23 de la Ley 600 de 2000, 37.6 del CPC y 18 de la Ley 446 de 1998).

(2) Por medio del cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, a través de la cual “se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.

(3) De acuerdo con la considerado por la Sala en el AP 9 ago. 2017, rad. 50.655, la mencionada suspensión —que inhibe la realización de, entre otras actuaciones, capturas, formulación de imputación, imposición de medidas de aseguramiento, acusaciones, juicios y emisión de sentencias— no afecta el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en especial los actos de búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física, que deben ejecutarse ininterrumpidamente, dado el imperativo de conocer la verdad.