Auto AP5154-2016/48069 de agosto 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP5154-2016

Radicación 48069

Aprobado mediante acta 243

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

Acorde con las previsiones de los artículos 26 y 68 de la Ley 975 de 2005 y 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de las opositoras.

Para el cumplimiento de ese propósito, la Sala se referirá a las medidas cautelares en el sistema de justicia y paz, el alcance del incidente de oposición y el caso concreto.

Las medidas cautelares en el proceso de justicia y paz

Es criterio de la Corte que el procedimiento dispuesto por la Ley 975 de 2005 y las demás normas que la complementan tienen por finalidad, como expresamente lo dispone el artículo 1º del estatuto en mención, “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Ese designio del legislador es reiterado en el artículo 4º de la misma Ley al disponer que “El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados” (las negritas de resalto no aparecen en el texto legal).

La Ley 1592 de 2012 (arts. 15 y 16) incorporó a la Ley 975 de 2004 los artículos 17A y 17B a través de los cuales se regula la posibilidad de extinguir el dominio de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, como también los que la Fiscalía General de la Nación identifique en el curso de las investigaciones, permitiendo, a la par, la afectación previa de los mismos a través de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, con sujeción al procedimiento establecido en el artículo 17B ibídem, y siempre que “(...) de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución...” (negritas fuera del texto original).

Siendo estas las reglas a seguir, es viable concluir que la imposición de las medidas cautelares previstas en esta legislación especial proceden respecto de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, y los que identifique la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones (art. 17A), sobre los cuales puede recaer la extinción de dominio, siempre que de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la fiscalía, sea viable inferir que su titularidad, real o aparente, corresponde al postulado o al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía (art. 17B).

La exigencia probatoria para la afectación de los bienes a través de medidas cautelares en este proceso de justicia transicional es el de la inferencia, a la que podrá llegarse a partir del análisis de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la fiscalía, categoría última en la que se sitúan las manifestaciones del postulado en las diligencias de versión libre.

Al respecto la Sala tiene dicho en CSJ AP, 5 oct. 2011, Rad. 36728, y lo ha reiterado en CSJ AP, 2 dic. 2015, Rad. 47113 y CSJ AP, 24 feb. 2016, Rad. 47346, que:

“En términos de estándar probatorio para la imposición de la medida, como se ve, la versión constituye prueba sumaria de que los bienes entregados por el desmovilizado están llamados a reparar a sus víctimas, amén de las declaraciones de quienes aparecen como los despojados de los bienes objeto de las medidas cautelares.

Así, resulta que las medidas cautelares se deben imponer con fundamento en la credibilidad que merece la versión libre del desmovilizado que acepta haber desarraigado o despojado a las personas que reconoce como víctimas en su confesión, y de la relación que se perciba o que se pueda probar entre ellas y el correspondiente bien, que fue entregado por el desmovilizado con fines de restitución”.

El incidente de oposición a las medidas cautelares

El artículo 17 de la Ley 1592 de 2012 que adicionó la Ley 975 de 2004 al incorporar el artículo 17C, prescribe que en los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes afectados con las medidas cautelares con miras a la extinción de dominio en virtud del artículo 17B de la Ley 975 de 2005, podrán promover un trámite incidental para oponerse a las medidas impuestas, estableciendo, igualmente, el trámite a seguir por el Magistrado con funciones de control de garantías.

Previamente a la vigencia de esta disposición, la Sala había señalado que el objeto del trámite incidental que pueden promover los terceros busca “(...) demostrar que en relación con el bien ofrecido por el postulado y respecto del cual se ha decretado una medida cautelar, ese tercero tiene un mejor derecho que no puede verse afectado.

Dado que las medidas cautelares tienden a afectar el derecho de dominio o la disponibilidad sobre el mismo o bien el derecho de posesión y sus derivados, el incidente tendrá por objeto establecer en cabeza del tercero un mejor derecho de propiedad o de posesión que debe ser respetado. Así, en el caso de la propiedad, el incidente apuntará a demostrar que el derecho radica en ese tercero, ya porque así aparece consignado en el registro inmobiliario, o bien por cuanto aunque el bien aparezca en cabeza del postulado es en realidad de propiedad del tercero, como cuando media una simulación, o como cuando a pesar de no estar inscrito el acto que materializa la propiedad, existen escrituras u otros documentos que indican que el postulado cedió la propiedad. Se buscará entonces el levantamiento de la medida de embargo o de limitación o suspensión del poder dispositivo sobre el bien” (CSJ AP, 14 nov. 2012, Rad. 40063).

Recientemente, en CSJ AP, 18 mayo 2016, Rad. 46376, la corporación precisó que “Acorde con dicho precepto (L. 975/2005, art. 17C), quien ostente derechos sobre bienes cautelados con fines de extinción de dominio dentro del trámite de justicia y paz, puede instaurar incidente de oposición a efectos de demostrar que i) es tercero de buena fe exenta de culpa, ii) su derecho debe prevalecer y, iii) deben levantarse las cautelas” (negritas fuera del texto original).

El caso concreto

1. Al promoverse el incidente de oposición se afirmó que R.M.G.G. siempre ha sido la titular del derecho de dominio del bien “XXX” y que jamás ha estado en cabeza de miembros de grupos armados al margen de la ley como lo demuestra el folio de matrícula inmobiliaria, razón por la cual no puede ser entregado para reparar a las víctimas.

Agregó el actor, que en el año de 1999, integrantes de las autodefensas, a través de actos de intimidación, se apoderaron de la casa de habitación de R.M.G.G., desplazando a su hermana E. quien se estaba encargada de su cuidado ante el viaje que R.M. hizo a la ciudad de XXX para recibir atención médica por su estado de embarazo.

En este orden de ideas, se advierte que la pretensión del apoderado judicial de las hermanas G.G. se concretaba en hacer prevalecer el derecho de propiedad que en su sentir les asiste a sus poderdantes respecto del bien ofrecido por el postulado C.M.J.N. en diligencia de versión libre.

2. Cumplida la fase probatoria, la Magistrada de control de garantías negó la oposición, fundamentalmente porque no encontró demostrados los hechos generadores del despojo alegado, valga señalar, las amenazas o actos de fuerza desplegados sobre E.G.G. y R.M.G. por el comandante del grupo paramilitar conocido como G.

Adicionalmente, porque la prueba traída al incidente no desvirtuó las manifestaciones de los postulados al ofrecer el bien como uno de los adquiridos por la organización.

También consideró la a quo que los relatos de los declarantes dejaban serias dudas sobre la imposibilidad de que J.D.S. hubiera vendido el bien al grupo paramilitar como lo afirmó el opositor.

3. Ahora, los argumentos con que se ataca la decisión recurrida se concretan principalmente en cinco temas de los que se ocupara la Sala a continuación.

3.1. Afirma el recurrente que la Magistrada “deslegitimó” las declaraciones rendidas por los testigos convocados por esa parte, y de ellos se deduce la violencia generada por los paramilitares. Fue esa intimidación la que llevó a E.G. a abandonar la residencia al saber que alias G. estaba “matando gente en el municipio”.

Para la Sala resulta infortunada la alegación del recurrente al sostener que la funcionaria “privó de validez o legitimidad”(5) a las pruebas practicadas en el trámite incidental a instancias del actor, pues examinada la providencia rebatida se advierte que la evaluación probatoria que la a quo hizo de los medios de prueba aducidos y practicados durante el trámite incidental fue seria, detallada y si se quiere excesiva, valorando cada una las pruebas para cotejarlas seguidamente con los demás elementos de juicio aportados, lo que descarta de entrada un manejo inadecuado de la evidencia como lo sugiere el impugnante.

En efecto, en la motivación de la decisión se expusieron las razones por las cuales se encontraron probados varios hechos que se consideraron ciertos e incontrovertibles, pero también se afirmó que otros sucesos y circunstancias alegados por la parte opositora no se acreditaron, concretamente los que se referían a los motivos que determinaron el desplazamiento de R.M.G. a la ciudad de XXX, las amenazas ejercidas por el grupo paramilitar, el presunto despojo, la venta de “XXX”, y las negociaciones realizadas sobre el mismo bien por las hermanas G.G.

Además, como ya se indicó, la actividad desplegada por la a quo abarcó la evaluación de la totalidad de las pruebas practicadas en el trámite incidental, indicando el mérito que cada una de ellas le merecía, sin que se avizore un actuar contrario a los deberes propios de su rol de juez, en especial el de motivar y fundamentar fáctica, probatoria y jurídicamente la decisión, pues señaló las razones de estimación y desestimación de las pruebas conforme se lo imponen los artículos 139 y 162-4 de la Ley 906 de 2004.

Por ello, siendo carga del juez apreciar y evaluar las pruebas aportadas al proceso, no puede sostenerse que se privó de validez una prueba cuando en cumplimiento de esa labor encuentra razones serias para demeritarla frente al supuesto que se quiere acreditar.

No se incurrió entonces en un actuar contrario al deber legal de valorar las pruebas cuando al confrontar la versión ofrecida por R.M.G.G. con los testimonios de J.D.S., L.E.O.O., E.S.G.G., B.C.S.L., O.G.G., W.M.R., J.M.S.M., Y.G.R. y E.G.A., la Magistrada concluyó que ninguno fue testigo directo de las amenazas lanzadas en contra de R.M. por parte del comandante G., determinante de su desplazamiento de XXX a XXX y el correlativo despojo.

Así se pronunció la a quo en la decisión cuestionada: “Bien, al valorar estos testimonios para efectos de determinar si de los mismos se desprende la conclusión seria en cuanto a la existencia de un despojo, desplazamiento o amenaza, advierte este despacho que si bien los testigos tratan de presentar una situación fáctica coherente, similar, como en efecto lo hacen, del análisis detallado de sus relatos surgen contradicciones que permiten concluir que a ninguno le consta las amenazas en forma directa para despojar a R.M.G.G. de su casa, ni siquiera a E.G. cuando afirma que acompañó a R.M. a hablar con el comandante G., pues nótese, como ella cuenta que G. las recibió con sonrisa, ella se quedó alejada mientras su hermana hablaba con él y que cuando ya se fue acercando es que G. saca un arma y le dice, es que me firma las escrituras, hecho que percibe en forma descontextualizada y que puede interpretarse de otra manera”.

Y posteriormente agregó la Magistrada: “Y es que además, estos relatos dejan serias dudas en cuanto a si es cierta la tesis del abogado de la parte actora en el sentido que D. no pudo haber vendido el bien porque para esa fecha estaban separados, que si lo hizo, tal venta no vale porque el negocio nunca se elevó a escritura pública (...). Surgen de estos relatos serias dudas sobre la intención de R.M. al venirse a la ciudad de XXX, pues si bien pareciera que todos los testimonios apuntan a que fue por el nacimiento de su hijo, al ser interrogados con detalle, por ejemplo las mismas hermanas de R.M., esto es E. y O. platean que es que ella se quería venir a vivir a esta ciudad y ello explicaría la venta de la casa por su esposo al grupo paramilitar”.

Sustentó la a quo esas dudas en las contradicciones que surgían del análisis detallado de la prueba testimonial antes reseñada, y así lo hizo explícito en los apartes siguientes del proveído, para concluir que “En estas condiciones, la práctica de estas pruebas convocadas por la parte opositora a criterio de este despacho no logran desvirtuar el panorama presentado por los postulados que ofrecieron el bien y que lo defienden como adquirido por la organización”, resaltando las manifestaciones que el postulado C.M.J.N. hizo en diligencia de versión libre y ulteriormente en declaración jurada en las que reiteró que el bien fue adquirido por la organización armada.

En suma, no se trató de un actuar contrario al deber de estimación probatoria propio del juez, sino de una decisión razonada en la que se llegó a conclusiones determinantes en la resolución de la controversia planteada por las partes intervinientes.

3.2. La Sala no pone en duda que la presencia de miembros de grupos armados ilegales, entre ellos las autodefensas, constituyen un factor perturbador del orden social, principalmente en las regiones más apartadas del territorio nacional, no obstante, tal circunstancia por sí sola, no permite llegar a la conclusión propuesta por el actor según la cual la presencia del grupo armado en el municipio de XXX generó el desplazamiento forzado de E.G.G. al dejar el predio “XXX” para radicarse en otro inmueble de la misma población.

Y no puede convenirse que se está ante una conducta de desplazamiento forzado, pues la propia E.G. testificó(6) que fue ella quien decidió no permanecer más tiempo en la vivienda de su hermana R.M. por el temor que le generó saber que el comandante G. buscaba a los propietarios del bien.

Pero además, porque en su relato la testigo fue categórica cuando negó haber sido objeto de cualquier acto de fuerza, violencia o coacción por integrantes del grupo de autodefensas, aclarando, incluso, que alias G. no la amenazó, únicamente preguntó en dos ocasiones por los propietarios y de inmediato se retiró del lugar.

En estas condiciones, no puede afirmarse que E.G. haya sido desplazada forzadamente por el grupo de autodefensas comandadas por alias G. como lo quiere hacer ver el censor.

3.3. También se afirma por el apelante que el grupo paramilitar se “tomó la casa” de propiedad de su poderdante cuando E.G. salió de allí, y que posteriormente se intimidó a R.M., siendo esa la razón por la cual no intentó recuperar su bien, hechos que fueron relatados por todos los testigos.

Ciertamente R.M.G. afirmó que el predio “XXX” le fue despojado por las autodefensas, en concreto señaló que la vivienda fue ocupada cuando se encontraba en XXX y su hermana E. se residenció en otra morada.

Con el fin de corroborar estas afirmaciones, por solicitud de su apoderado, se escucharon las declaraciones de varias personas, familiares y amigos de R.M.G. y su esposo J.D.S., deponentes que, como lo señaló la a quo, dan cuenta de hechos que no conocieron de manera directa, sino que llegaron a ellos por los comentarios que R.M. les hizo o por lo que se rumoraba en XXX.

J.D.S.L. atestiguó que para la época en que se dieron los hechos no se encontraba residiendo en XXX porque un año y medio antes del nacimiento de su hijo, ocurrido el 3 de enero de 2009, se había separado de su esposa R.M.

Con todo, pese a reconocer que no estaba en el lugar de los hechos, aseguró que la hermana de R.M. fue desalojada de la casa por los paramilitares quienes se apoderaron del bien por espacio de 8 o 9 años.

Respecto a las amenazas que G. ejerció sobre su esposa, señaló que R.M. le comentó que se presentaron tres meses después de nacido su hijo, pero de ello no le consta nada.

L.E.O.O. indicó que ha vivido esporádicamente en XXX, trabajando en minas y conoce a R.M.G. por la amistad con J.D.S. Se enteró que R.M. fue sacada a la fuerza de su casa, se la quitaron a mano armada, y tiene entendido que fue obligada a firmar un documento de traspaso, aunque reconoce que no sabe cuándo ocurrieron esos hechos ya que se encontraba trabajando en el departamento del XXX.

E.S.G.G., narró que para el año de 1998 su hermana R.M. se trasladó a XXX con el fin de tener el hijo que esperaba, “ella quería venirse por ahí un tiempo tal vez, y a ver si se venía a vivir a XXX, (...) dijo que me voy a ir un tiempo” razón por la cual ella se quedó en la casa de XXX cuidándola hasta que el comandante G. preguntó por los dueños, por esa razón se marchó del lugar, por el temor que le generó la presencia de G., aunque aclaró que no fue forzada para abandonarla ni le ofrecieron dinero por la casa.

En cuanto a las amenazas en contra de R.M., aseguró que estando radicada en el corregimiento de XXX acompañó a su hermana a hablar con alias G., ignorando si R.M. fue voluntariamente o porque la citaron. Narró que al llegar al sitio de la reunión, G. les habló sonriente, conversaron algunas palabras pero no escuchó el diálogo porque se encontraba retirada, de pronto vio que G. sacó una pistola y le dijo a su hermana “es que me le va a hacer escrituras a esa casa”(7).

Por su parte, B.C.S., hermana de J.D.S., señaló que al llegar las autodefensas a XXX cogieron las casas bonitas del pueblo y una de esas fue la de R.M.G., por esa razón “ellos tuvieron que irse, con sus tres hijos, dos niñas y un niño, y entregarles, así fue como fueron despojados de su casa”, agregando que incluso la casa estaba sin estrenar, “estaba a punto de irse a vivir ahí”, hechos que ocurrieron entre 2002 y 2003. R.M. huyó del pueblo cuando le quitaron la casa y así se lo hizo saber cuando la llamó para preguntarle qué había ocurrido con la casa.

De las amenazas en contra de R.M.G. indicó que fue su cuñada la que le comunicó que le habían mandado a decir que se tenía que presentar para hacer el traspaso, pero no recuerda la fecha de ese suceso.

O.G.G. sostuvo que su hermana R.M. se retiró de XXX porque requería atención médica en XXX, permaneciendo allí después del parto.

En cuanto a la pérdida de la casa y las amenazas, indicó que se enteró por los comentarios que hizo R.M., pues para esa época no residía en XXX.

También declaró W.M.R., amigo de J.D. y C.S., dando cuenta que R.M.G. salió del pueblo por razón del embarazo y al regresar encontró su casa ocupada por los paramilitares que se asentaron allí, que por esta razón debió regresar a XXX, se enteró de estos hechos por el contacto que tiene con J.D. y su hermana C. Con relación a las amenazas en contra de R.M. por parte de los paramilitares señaló que no tenía conocimiento.

J.M.S.M. sostuvo que los paramilitares le quitaron la casa a R.M.G., y lo sabe porque conoce la historia de XXX.

Aseguró que para la época en que se produjo la toma de la casa, R.M. convivía con su esposo J.D.S., ellos han sido pareja de toda la vida, señalando incluso que para ese momento vivían en el corregimiento de XXX y no en XXX y en la casa permanecía una de sus hermanas a quien los paramilitares la desplazaron a través de amenazas, ya que “no se va ir porque sí, es porque la amenazaron”.

En cuanto a las amenazas en contra de R.M. señaló que “cree que a R. con su núcleo, esposo e hijos, les dieron la oportunidad de irse”, aunque posteriormente adujo que R.M. fue tan amenazada que le quitaron la casa.

Agregó que con R.M.G. volvió a dialogar en el año 2004, y ratifica que ella salió de XXX con los hijos y esposo, aclarando que si estuvieron peleados posiblemente lo fue por algunos meses “pero ellos no se separaron”.

También expresó que los paramilitares utilizaban como modalidad para apoderarse de los bienes “quitarle los papeles y hacerles firmar escrituras” y no sabe por qué con R.M. y su esposo no ocurrió así.

Y.G.R., amiga de R.M.G., señaló que desde el año de 1994 y hasta el año 2000, estuvo radicada en XXX adelantando estudios universitarios. Supo que su amiga salió de XXX porque se encontraba en embarazo y que “le tomaron posesión de la casa, eso lo decía todo el pueblo, fue comunicación en todo el pueblo”, pero desconoce si R.M. vendió la casa. Posteriormente, meses antes de declarar, dialogó con ella y le comunicó que querían desalojarla de la casa pero no le dijo si había sido amenazada.

Finalmente, se escuchó en declaración a E.G.A., quien afirmó que R.M. compró un lote y allí construyó una casa que fue tomada por los paramilitares en 1999 cuando ella se encontraba en XXX, sin embargo, precisó que desconocía si el bien fue comprado o fue invadido.

Hecho este recuento probatorio que en sentir del recurrente demuestran el despojo del bien embargado y las amenazas que el grupo paramilitar ejecutó contra las hermanas E. y R.M.G.G. para acceder al mismo, la Sala advierte que le asistió razón a la a quo al concluir que la prueba vertida no acreditaba claramente estos aspectos, pues todos los declarantes, salvo E.G., fundamentan el conocimiento de las amenazas y del despojo en los comentarios efectuados por R.M., e incluso por su esposo, y en los rumores que se extendieron por el municipio de XXX.

Además, se otean serias contradicciones que minan la credibilidad de sus asertos, pues mientras que algunos sostuvieron que E.G. fue amenazada para que abandonara “XXX”, ella lo negó sosteniendo que su salida de la vivienda fue voluntaria.

También se contradicen cuando fueron abordados por las razones que llevaron a R.M.G. a trasladarse a XXX, pues algunos, como L.E.O.O. y B.C.S., aseguraron que el viaje obedeció a que fue desalojada o sacada a la fuerza de su vivienda, y otros, como las hermanas E. y O.G., W.M.R. y Y.G., sostuvieron que el desplazamiento obedeció a razones médicas ante el estado de embarazo.

Incluso, E.G. aseguró que su hermana ya había decidido radicarse en la ciudad de XXX por un tiempo, lo que descarta seriamente las manifestaciones del recurrente.

Ahora, la prueba tampoco resulta concluyente para sostener que R.M.G. realmente habitaba la casa de XXX para el año 1998 como lo afirmó en su declaración, respaldada por su hermana E. y su cónyuge J.D.S., pues el declarante J.M.S. relató con claridad que para la época en que se produjo el despojo de la casa, R.M. vivía con J.D. en el corregimiento de XXX, mientras que la casa de XXX era ocupada por una de las hermanas.

Tampoco les consta a los declarantes que los paramilitares hubieren ingresado al inmueble de manera arbitraria, ni las amenazas de las que se afirma fue víctima R.M.G. por parte de G., por las mismas razones anteriores, valga decir, no fueron testigos presenciales de esos hechos, y conocieron de ellos por lo que contó la misma R.M. o porque así se comentaba en el pueblo.

Sobre este último aspecto, las amenazas realizadas por el comandante G. a R.M., E.G. testificó que acompañó a su hermana a un encuentro con G. en XXX, pero reconoció que ignoraba si la reunión fue impuesta por el grupo armado o fue una decisión voluntaria de su consanguínea, también afirmó que G. las recibió con sonrisas, ella permaneció alejada del sitio donde se llevó a cabo el diálogo, escuchó únicamente cuando el paramilitar señalaba que “me le va a hacer escrituras a esa casa”, expresión que fue acompañada de la exhibición de un arma de fuego.

Nótese que la declarante no señala haber escuchado las amenazas a las que se refirió R.M. proferidas por G., concretamente que estaba buscando que la matara, tampoco que le hubiere apuntado con el arma de fuego, ni que le haya ordenado abstenerse denunciar y que le entregara las escrituras, ni mencionó que enviaría a alias C. para que firmará el instrumento público.

Resulta ciertamente discutible que E.G. no hubiera dado cuenta de estos actos de tanta gravedad, constitutivos de coacción en perjuicio de su consanguínea, que por la misma gravedad que envolvían difícilmente se olvidan, dado que no solo se trató de expresiones intimidatorias sino de actos claramente indicativos de un peligro cierto para la vida e integridad personal tanto de R.M. como de la testigo.

En estas condiciones las amenazas referidas por R.M.G. no encuentran pleno respaldo dentro del trámite incidental, para concluir que fue obligada a tolerar el despojo del bien como se ha afirmado por la parte incidentante.

3.3. Un argumento adicional del recurrente estriba en que la a quo erró al concluir que el inmueble fue vendido al grupo paramilitar, y se equivoca porque no existe prueba documental de esa transacción ni confesión de R.M.G. que la confirme.

Tampoco se probó el pago del precio del bien, y de aceptarse que J.D.S. lo vendió, siendo posible la venta de cosa ajena, se requería que la titular hubiere consentido la negociación y en este caso ello no ocurrió por parte de R.M.G. quien era y es la titular del derecho de dominio.

Razón le asiste al recurrente cuando sostiene que durante el trámite incidental no se aportó prueba documental de la compra venta del predio “XXX”, también que R.M.G. no confesó su enajenación, ni se allegó prueba que demostrara la autorización a su esposo J.D.S. para que vendiera el inmueble.

No obstante lo anterior, sí existe evidencia que permite inferir que el bien fue entregado al grupo de autodefensas por J.D.S., esposo de R.M.G., conforme lo han relatado de manera detallada y coherente, en diligencias de versión libre y en declaración jurada, los postulados R.P.A. y C.M.J.N.

Debe recordarse que lo que se ha afirmado por los postulados al momento de justificar la entrega del bien “XXX” para reparar a las víctimas, es que el mismo fue adquirido a título de “venta” a D.S., negociación que fue realizada con uno de los encargados del manejo de los recursos económicos de la facción armada en esa zona del sur del departamento de XXX, conocido con el alias de “XXX”, y posteriormente entregada a alias G., segundo comandante militar.

También se ha indicado de manera insistente que J.D.S. se dedicaba al cultivo y procesamiento de la hoja de coca y por esas actividades tenía que pagar una contribución a la organización armada, que también se financiaba de esa operación ilegal, y fue en ese contexto en el que J.D. entregó el inmueble en compensación por varios kilos de cocaína adeudados a la estructura ilegal.

No se trató de una típica compraventa sino de una negociación sui generis si se quiere en la que el bien inmueble fue entregado para compensar el pago de una considerable cantidad de sustancia prohibida.

En estas condiciones resulta lógico que no mediara documento escrito que recogiera esa transacción como lo reclama el recurrente, pues ello implicaría la confesión de un comportamiento delictivo no dispuesto a aceptarse para ese entonces.

Ahora, desde luego que J.D.S. y su esposa han negado que la transacción se haya dado en realidad, pues de admitirse no solo verían comprometida la recuperación del bien, sino su responsabilidad penal.

Por ello han sostenido que J.D.S. no vendió ni podía vender el bien al grupo armado porque para esa época no se encontraba residiendo en XXX y además se había separado de su esposa. Incluso se indicó que había abandonado la región antes que hicieran presencia las autodefensas en el sur del departamento de XXX.

Sin embargo, la prueba aportada hasta ahora no respaldan esas manifestaciones.

En efecto, en la declaración rendida el 15 de diciembre de 2015 J.D.S. aseguró que para el año 1999, cuando su esposa fue desalojada de “XXX”, estaban separados y así permanecieron por espacio de un año y medio, reconciliándose cuando su tercer hijo nació en el mes de enero de ese año.

También informó que la casa es de propiedad de su cónyuge y se construyó con la ayuda de todos, aunque al finalizar indicó que “la casa ha sido de nosotros toda la vida”.

Sobre este mismo aspecto, en entrevista que rindió a la Fiscalía General de la Nación el 9 de abril de 2015, obrante a folios 93 a 95 de la carpeta aportada por el órgano requirente titulada “XXX”, sostuvo: “Primero compramos junto con mi esposa el lote al señor G.T. no recuerdo el año, luego hicimos la construcción a como esta en el día de hoy, en el año 2006 traspasamos la casa a nombre del señor L.E.O. debido a que teníamos que salvar la casa”.

Y con relación a la supuesta separación de su cónyuge ninguna mención hizo al respecto, solo que “yo para esa época trabajaba en minas y no permanecía en la casa, siempre me ha gustado ser independiente y permanezco muy poco en la casa”.

La contradicción resulta más evidente al confrontar su versión con el testimonio de J.M.S.M., quien enfatizó que R.M. y J.D. siempre han sido pareja, no se han separado y para la época en que los paramilitares se tomaron la casa “ellos convivían” y lo hacían no en XXX sino en el corregimiento de XXX, en tanto que la “XXX” era habitada por una hermana de R.

En estas condiciones razón le asiste a la a quo al dudar de la veracidad de las afirmaciones de R.M.G. y J.D.S. cuando niegan cualquier transacción con el grupo de autodefensas sobre el predio embargado, pues lo que se advierte es que si bien el inmueble aparecía registrado a nombre de R.M.G.G. los propietarios realmente eran los esposos y por tanto J.D. pudo disponer del mismo como lo han sostenido los postulados C.M.J.N. y P.A.

3.4. Se afirma igualmente por el recurrente que no existe prueba que indique que los paramilitares pagaron el bien, pues las diligencias de versión libre no dicen nada al respecto, de ahí que la a quo errara al sostener que R.M.G. vendió el predio.

El postulado R.P.A., comandante del grupo de autodefensas en el sur del departamento de XXX, bajo las órdenes de C.M.J. alias “XXX”, sostuvo en versión libre rendida el 24 de enero de 2008 que al tomar posesión de esos territorios constataron la existencia de pequeños y grandes cultivadores y comerciantes de cocaína, y que D.S. era uno de esos grandes cultivadores y además “tenía inclusive laboratorio para el procesamiento, tenía cultivos”.

Al ser indagado sobre cómo funcionaba el negocio de narcotráfico en XXX precisó que la organización conformó una estructura financiera encargada de recolectar la pasta de coca, habían centros de acopio y en cada corregimiento había un encargado de esa labor que dependían de alias “XXX” y V.

Así mismo, sostuvo que los dueños de laboratorios de procesamiento de la hoja de coca debían tener autorización del grupo para poder ejercer esa actividad, entre ellos mencionó a “D.S. muy conocido en la región de XXX, sobre todo por los lados del municipio de XXX tenía laboratorio (...) y lógicamente como se lo digo aquí pagaban un impuesto”.

Estas incriminaciones hacia D.S. fueron reiteradas en la declaración rendida por el mismo postulado dentro del presente incidente el 14 de enero de 2016, señalando que al llegar a esa zona de XXX D.S. operaba un laboratorio para el procesamiento de coca, ubicado cerca de XXX, y fue autorizado para que continuara con esa actividad siempre que pagara el impuesto respectivo.

Agregó que D.S. también era propietario de una casa en XXX, conocida como “XXX”, la cual fue adquirida por G.A., comandante militar en ese municipio, entre los años 1999 y 2000, ya que entre D. y G. había buena amistad.

Sobre la transacción indicó que no tenía conocimiento cómo se concretó pero sí sabe que el último pago se realizó por intermedio de T.S., comerciante de víveres en esa población, y a través de alias “XXX” también conocido como “H.”, encargado de las finanzas de la organización.

Reveló que no se ejercieron amenazas para la compra del bien y por estar vinculados en actividades ilegales no podían aparecer como titulares del predio, por esa razón, ante la confianza que se tenía con la persona vendedora se dejó el bien a su nombre.

Informó que D.S. permaneció en esa región hasta el año 2001 cuando se retiró de XXX.

C.M.J.N., comandante general de las autodefensas campesinas de XXX, declaró el 1º de marzo de 2016 desde la cárcel del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, y en ella sostuvo que la casa de XXX fue comprada a través del comandante G.A. y el encargado de las finanzas obtenidas del narcotráfico, alias “XXX”, y que ese bien le quedó a la organización por una deuda en el negocio de narcotráfico, negando cualquier acto de despojo, pues, señaló, “el 99.99% de los bienes se pagaron” y por esa razón se entregó para reparar a las víctimas.

Igualmente, reiteró lo dicho en su versión libre sobre el episodio presentado en el acto de desmovilización colectiva ocurrida en XXX, al que concurrieron dos mujeres reclamando la casa de XXX, razón por la cual el Alto Comisionado para la Paz, por intermedio del padre De Roux le recriminó, y al ser confrontadas las mujeres por el eventual despojo aseguraron que el bien les fue pagado, pero que su intención era quedarse con el inmueble ahora que el grupo se desmovilizaba.

Finalmente, fue claro en sostener que este bien fue adquirido por intermedio de “XXX” y el comandante G., que el negocio fue de palabra y se recibió por droga, entre 20 y 40 kilos de coca que les adeudaba “o estaba colgado” el propietario.

Este recuento de las intervenciones de los postulados, demuestran la existencia de una negociación entre J.D.S., a quien se le conocía en la región como uno de los propietarios del bien embargado, y el encargado de las finanzas del grupo de autodefensas en el municipio de XXX alias “XXX”, en la cual J.D. entregaba “XXX” como pago de una deuda contraída con la facción armada, permaneciendo el inmueble a nombre de su propietario dada la confianza que se tenía con J.D. por las buenas relaciones que existía con alias “XXX”.

Las declaraciones de los postulados se muestran realmente creíbles como lo concluyó la a quo no solo por el deber general que les asiste de decir la verdad por los compromisos adquiridos en el proceso de justicia y paz, sino porque sus exposiciones se han mantenido incólumes en lo esencial con relación a la adquisición del bien “XXX” y la procedencia del mismo, no obstante el tiempo transcurrido entre las versiones libres y las declaraciones rendidas en este trámite incidental, más de 7 años, y por la correspondencia que se advierte entre las manifestaciones de R.P.A. y C.M.J.N.

Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente al señalar que las versiones libres de los postulados no aportan o demuestran nada sobre la negociación y el pago del bien.

3.5. Finalmente, se cuestiona que se haya dado credibilidad a las manifestaciones de los postulados R.P.A. y C.M.J.N. sin haberse escuchado en declaración a alias “XXX” y “XXX”, el primero encargado de la negociación del predio con J.D.S., y el segundo supuesto emisario del comandante G. para recibir las escrituras del bien de manos de R.M.G., pruebas que debieron ser decretadas de manera oficiosa por la directora del trámite incidental.

Realmente no encuentra la Sala justificación a las críticas del censor en este punto, pues no obstante que en esta clase de actuaciones el Magistrado de control de garantías puede decretar pruebas de oficio únicamente con el fin de garantizar o proteger un derecho fundamental amenazado o vulnerado (Cfr. CSJ AP, 13 abr. 2016, Rad. 46313) inane resulta el cuestionamiento si en cuenta se tiene que uno de los eventuales testigos no escuchados, alias XXX, conforme se asegura en la actuación, falleció con anterioridad al inicio de este trámite, al igual que el comandante G.

Con relación a alias “XXX” la Magistrada ordenó indagar por su identificación y ubicación, obteniéndose respuesta por parte del fiscal 161 de la ciudad de XXX en la que se indica su posible identidad sin obtenerse resultados positivos en el sistema de información de esa entidad SPOA.

Ahora, desde luego que la declaración de “XXX” y de las personas que estuvieron presentes en el acto público de desmovilización de las autodefensas de XXX, comandadas por C.M.J., cuando fueron requeridos por dos mujeres para que se restituyera la casa de XXX, resultan de especial trascendencia para la decisión definitiva respecto de la situación jurídica del bien ofrecido por los postulados, por lo que la parte interesada en acreditar esos aspectos habrá de actuar para obtener su recaudo probatorio en las fases subsiguientes del proceso de justicia y paz.

En conclusión, la Sala confirmará el auto confutado en consideración a que la prueba aportada por la parte opositora no logró demostrar un mejor derecho en cabeza de O. o R.M.G.G., no obstante aparecer aquella como propietaria inscrita del bien embargado, pues como se ha precisado, lo que señala la prueba aportada hasta este momento procesal es que para el año 1999 el bien cautelado fue entregado a la organización armada por sus propietarios, concretamente por J.D.S., para compensar una deuda que tenía con la misma producto de actividades de narcotráfico, ingresando de esa manera el bien a las arcas de la facción armada.

Esta negociación así realizada, cuyo origen está imbuido en una actividad delictiva y por ende prohibida legalmente, no puede generar réditos a favor de quien participó en ella como lo pretende R.M.G. al reclamar la restitución del bien a pesar de ser consciente de la ilicitud que rodea su pretensión y el bien mismo, descartándose así la condición de tercero de buena exenta de culpa que reclama el artículo 17C de la Ley 975 de 2004.

Por último, ante la solicitud elevada por el apoderado judicial del Fondo de Reparación a las Víctimas para que se ordene en esta instancia la entrega del bien embargado y secuestrado, la Sala se abstendrá de hacer cualquier pronunciamiento al respecto como quiera que el fondo viene ejerciendo la administración del bien como secuestre designado, y en cumplimiento de esa gestión dispuso celebrar con una de las opositoras contrato de depósito provisional.

En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la providencia recurrida.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

5 Así se entiende la expresión deslegitimar por la Real Academia de la Lengua Española.

6 Récord 1.12:50.

7 Cfr. Récord 1:21:25.