AUTO AP518-2018/52007 DE FEBRERO 7 DE 2018

 

Auto AP518-2018 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Patricia Salazar Cuéllar

AP518-2018

Rad.: 52007

Acta 38

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

VISTOS

Define la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer del proceso penal que se adelanta contra E. J. P. M., J. F. A. S., F. M. A., R. M. E. y W. M. E., por la presunta comisión de las conductas punibles de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

HECHOS

De acuerdo con el escrito de acusación, luego de varias labores investigativas la Fiscalía logró establecer:

... la real existencia de una red delictiva que opera en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, quienes se dedican al tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de lanchas rápidas tipo “GO FAST”, con destino a países de Centro América entre ellos Panamá y Costa Rica. E igualmente se logró establecer la identidad de los partícipes y/o integrantes de la misma y su responsabilidad en estos hechos delictivos. 

Así mismo, se ha logrado establecer que esta organización se encarga de conseguir las sustancias estupefacientes en los límites de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, ubicados a lo largo del “Río Naya”, específicamente en el sector de Puerto Merizalde, donde es recolectada la sustancia estupefaciente y se organiza toda la logística para el empaque, colocación de marquilla distintiva y despacho de las mismas y posteriormente es entregada a la tripulación que se encarga de dicho transporte en lanchas rápidas tipo “GOS FAST” con destino a los ya referidos países que son utilizados inicialmente como plataforma con el fin de hacerla llegar a su destino final siendo este los Estados Unidos. 

[...] 

Teniendo en cuenta la información recopilada a través de las diferentes actividades investigativas ya mencionadas, además de las labores de campo efectuadas durante la indagación; se logró en el curso de la indagación identificar las personas que se concertaron para ejecutar las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, esto es, en la consecución, transporte y salida del país de sustancia estupefaciente; y durante este período investigativo se tuvo conocimiento de capturas e incautaciones de sustancias estupefacientes, los cuales hemos denominado “EVENTOS”; y para la investigación que nos ocupa debemos decir que se materializaron tres 03 incautaciones, la primera de ellas en Costa Rica, una segunda en Panamá y la tercera en Buenaventura cuando logó ser incautada por las autoridades nacionales, de igual forma se logró captar de los diferentes medios de comunicación que fueren interceptados a lo largo de la investigación las coordinaciones y logística desplegada para el envío de cinco (05) oportunidades de sustancia estupefaciente dos de estos envíos se perdieron o fueron al parecer hurtados por los tripulantes, otros dos lograron ser entregados a miembros de la organización en Costa Rica (es decir lograron su cometido) y uno más que fue objeto de incautación por parte de las autoridades internacionales. 

EVENTO #1 

(752 KILOGRAMOS en Costa Rica) 

Tuvo ocurrencia el día 05 de julio de 2015 mediante labores de verificación unidades de la Policía de Costa Rica, se logró obtener que por personal adscrito a la Policía Control de Drogas, Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, realizó la inmovilización de una embarcación tipo deportiva de nombre “A. M.” con matrícula XXX de color blanco con techo azul con dos motores fuera de borda [...] en la cual se dio incautación a 752 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína de los cuales eran transportados en dicha embarcación la cual fue interceptada en las coordenadas N 09.16.52 W 085.12.22, procedimiento en que se dio captura a siete colombianos. 

EVENTO No. 2

(688 kilos de cocaína en Panamá) 

Hechos que tuvieron ocurrencia el día 11 de Agosto de 2015, cuando personal adscrito al Servicio Nacional Aeronaval (SEÑAN) en patrullaje por la Isla Montuosa en la Provincia de Chiriquí - Panamá, a bordo de la patrullera (sic) (P-208) lugar en el que se llevó a cabo una operación se logró la inmovilización de una embarcación en aguas del Pacifico Chiricano, sin nombre de color gris con franjas azules, de 32 Pies de eslora y dos motores de 75 caballos de fuerza (HP) con 23 sacos con sustancia ilícita en una caleta enterrada en un área de la Isla Montuosa, los cuales fueron transportados a tierra para ser contados y sometidos a pruebas preliminares y el respectivo conteo por parte de personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, siendo un total de 688 de Clorhidrato de Cocaína, además se logró el decomiso de un radio VHF de banda marina, un radio HF con antena automática y una boya de ubicación satelital rectangular y la captura de los señores (...). 

EVENTO # 3 

(550 kilos de cocaína -Buenaventura) 

Para el 24 de marzo de 2017 en el municipio de Buenaventura, en procedimiento realizado por personal de la Armada Nacional de Colombia, lograron la interceptación de una lancha tipo langostera a las afueras de Buenaventura (en agua), la cual transportaba sustancias estupefacientes, en dicho procedimiento se dio la captura de los señores B. E. P., C. J. V. S. y E. Y. Q. A., y así mismo se dio la incautación de 550 kilos peso neto de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados en dicha lancha rápida y con destino internacional. 

[...] de los elementos materiales probatorios, así como de la evidencia y de la información legalmente obtenida entre otros, de interceptación de comunicaciones se tiene la concertación de una serie de personas asociadas para la ejecución de actividades propias de narcotráfico y delitos conexos, asociación criminal que se logró establecer permaneció desde inicios del año 2015 a junio de 2017: 

Es así como de labores de interceptación de comunicaciones se logró establecer como para el mes de mayo de 2015, los señores W. M. E., F. M. A. y J. F. A., en asociación ilegal con otras personas identificadas en los audios con los alias de J., W., C., G., entre otros, desplegaron toda la logística necesaria y tendiente al transporte internacional de una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente, captándose en múltiples llamadas todas las coordinaciones para dicha actividad ilegal. 

Igualmente se tiene para noviembre de 2016, cuando a través de las comunicaciones captadas de los abonados que fueren legalmente Interceptados y sus resultados legalizados ante diferentes jueces constitucionales fueron captadas una serie de llamadas que permiten establecer la coordinación para el transporte, envío y salida del país, de una sustancia indeterminada de estupefaciente, llamadas de las cuales se infiere que fue entregada en Costa Rica a otros miembros de la organización, sin que hayan las autoridades podido materializar incautación de ellas, logrando con esto su objetivo la organización investigada, coordinaciones que fueren efectuadas entre otros por el señor W. M. E. liderando las actividades, J. F. A. S., alias C., V., j., L., W., E., J., entre otros(1).

ANTECEDENTES PROCESALES

1. Por los anteriores hechos, el 13 de agosto de 2017 la Fiscalía solicitó expedición de órdenes de captura ante el Juzgado 9º Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cali, contra W. M. E., C. Y. C. P., E. J. P. M., F. M. A., J. F. A. S. y R. M. E.(2).

2. En sesiones del 15 y 16 de agosto siguientes, el Juez 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali declaró legales los registros y allanamientos que el ente acusador realizó en diversas viviendas, al igual que la aprehensión de los mencionados indiciados(3).

Acto seguido, la representante del ente fiscal formuló imputación a W. M. E., J. F. A. S., E. J. P. M. y F. M. A., por la comisión de las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de julio, 11 de agosto de 2015 y 25 de marzo de 2017(4).

Por su parte, a C. Y. C. P. y R. M. E., les imputó los mismos delitos, pero únicamente respecto de los hechos ocurridos el 25 de marzo de 2017. Ninguno de los implicados aceptó cargos.

Además, les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, previa solicitud del ente acusador(5).

3. El 22 de noviembre de 2017 se radicó el escrito de acusación(6) respecto de W. M. E., E. J. P. M., F. M. A., J. F. A. S. y R. M. E., el cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali. La titular del despacho instaló la audiencia de formulación de acusación respecto de P. M. y A. S. el 29 de diciembre siguiente, por cuanto los defensores de los demás procesados no habían asistido(7).

En el traslado del artículo 339 de la Ley 906 de 2004, la defensora de E. J. P. M. manifestó que el competente para conocer del proceso adelantado contra su prohijado era un juez penal del circuito especializado del Distrito Judicial de Buga, toda vez que los hechos ocurrieron en Buenaventura, localidad adscrita a esa territorialidad(8).

Por su parte, la representante de la Fiscalía manifestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, la competencia radicaba en Cali, pues los hechos ocurrieron en tres lugares distintos y por ello se debía tener en consideración la ciudad en la que se presentó el escrito de acusación y donde se encuentran la mayoría de elementos materiales probatorios, lo que ocurrió en Cali(9).

La juez cuarta penal del circuito especializado de Cali, señaló que de acuerdo con la norma antes relacionada, era competente para conocer el juzgamiento, pues los hechos sucedieron en diversos lugares, incluso en el extranjero y añadió, que los elementos materiales probatorios se encontraban en dicha ciudad(10).

En sesión del 9 de enero de 2018, se instaló nuevamente la audiencia de formulación de acusación respecto de F. M. A. y W. y R. M. E., en la que el defensor del primero de los mencionados indicó que realizaría una petición una vez se definiera la competencia. Por tal razón, la juez dispuso la remisión de las diligencias a esta corporación en atención a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004(11).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La Sala es competente para definir la controversia planteada en el presente caso, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que están involucrados juzgados de diferentes distritos judiciales.

El artículo 54 de la misma codificación, frente al trámite relacionado con la definición de competencia dispone:

Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa. (Subraya fuera de texto).

Ahora bien, de manera pacífica ha indicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(12), que es de su resorte definir la manifestación de incompetencia cuando ésta involucra a juzgados de diferentes distritos judiciales, como sucede en el presente caso, donde plantea la defensora de E. J. P. M., que el competente para conocer del trámite penal que se adelanta contra su prohijado ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, es un juez penal de la misma categoría, pero adscrito al Distrito Judicial de Buga.

2. En orden a establecer la competencia para conocer de este juicio, debe considerarse que la acusación se hizo por un concurso de conductas punibles. Entonces, impera aplicar la figura jurídica de la conexidad, que permite el adelantamiento de investigaciones penales bajo una misma cuerda(13), en los términos señalados en el artículo 52 de la Ley 906 de 2004 según el cual:

Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya realizado la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación. 

Cuando se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez penal del circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial corresponderá el juzgamiento a aquél. 

Lo anterior, debido a que en este caso, los hechos materia de investigación se remiten a una pluralidad de ilicitudes que, cuando menos, de acuerdo con el escrito de acusación, advierten posible su realización en diferentes lugares —Costa Rica, Panamá y Buenaventura (Colombia)—.

De ahí que, lo primero a dilucidar sea la competencia funcional, la cual, atendiendo al concurso de conductas punibles contra la seguridad y salud pública, tiene asignación especial de competencia y por ende, corresponde su conocimiento a los jueces penales del circuito especializados, de conformidad con lo normado en los numerales 17 y 28 del artículo 35 del Código de Procedimiento Penal(14).

Ahora, por razón del territorio, atendiendo al lugar donde tuvo ocurrencia el delito más grave, advierte la Sala que de conformidad con el inciso primero del artículo 376 y numeral 3 del artículo 384 del Código Penal, el injusto de mayor gravedad corresponde al de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cuya pena de prisión oscila entre 256 y 360 meses de prisión, extremos superiores a los contemplados para el delito de concierto para delinquir agravado (art. 340 inciso segundo del C.P.), que van de 96 a 216 meses de prisión.

Sobre el particular, se tiene que el delito contra la salud pública, atrás señalado como el de mayor punibilidad, se cometió en varios lugares, conforme se consignó en el escrito de acusación, esto es, en Costa Rica(15), Panamá(16) y Buenaventura(17). Así pues, no es posible, por dicho factor, determinar la competencia.

En ese orden de ideas, se debe analizar la condición subsiguiente del canon 52 del Código de Procedimiento Penal, relativa al lugar «donde se haya realizado el mayor número de delitos», frente al cual se tiene que la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado ocurrió en Costa Rica, Panamá y Buenaventura.

Ahora, se advierte que el mayor número de delitos se materializó en el extranjero, vale decir, en Costa Rica y Panamá. Ante esa situación, se debe tener en consideración la regla de competencia prevista en el inciso segundo del artículo 43 de la Ley 906 de 2004 que indica:

Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, éste se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. (Subraya fuera de texto).

Para el caso, cabe recordar que la representante de la Fiscalía presentó el escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, lugar en el que según indicó, se encuentran los elementos materiales probatorios que fundamentan la acusación(18).

De manera que, razón le asistió a la representante de la Fiscalía y a la juez cuarta penal del circuito especializado de Cali —a quien le correspondió por reparto la actuación—, al referir que las diligencias se debían adelantar en dicho distrito judicial y no ante un funcionario homólogo del distrito judicial de Buga, contrario a lo señalado por la defensa de E. J. P. M., pues se reitera, al haberse cometido el mayor número de delitos en el extranjero, el funcionario competente es el del lugar escogido por la Fiscalía para formular la acusación.

En consecuencia, se dispondrá, la devolución del asunto al Juzgado en mención, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1º. DEFINIR que la competencia para conocer de la actuación adelantada contra E. J. P. M., J. F. A. S., R. M. E., F. M. A. y W. M. E. corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, –a quien le correspondió por reparto el proceso–, para lo cual se dispone devolverle a ese despacho las diligencias.

2º. Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase,

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Escrito de acusación obrante a folio 16 a 71 de la carpeta.

2 Minuto 26:25 y ss. del cd 1 de la carpeta.

3 Minuto 01:10:15 y ss. ibídem.

4 Minuto 02:07:25 y ss. ib.

5 Folios 7 a 9 de la carpeta.

6 Obrante a folios 16 a 71 de la carpeta.

7 Folios 84 y 85 ibídem y cdno. 3.

8 Minuto 10:03 y ss. del cdno. 3.

9 Minuto 11:12 y ss. del cdno. 3.

10 Minuto 16:29 y ss. del cdno. 3.

11 Cd 4, audiencia del 9 de enero de 2018.

12 Auto de 3 de octubre de 2007, radicado 28343, entre otros.

13 El artículo 51 de la Ley 906 de 2004, regula las distintas modalidades en que puede presentarse la conexidad, de manera concreta los numerales 2º, 3º y 4º, que indican la existencia de este fenómeno cuando acaece un concurso de conductas punibles, en los siguientes términos: «1. El delito haya sido cometido en copartición criminal. 2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar. 3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro. 4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra».

14 ART. 35.—De los jueces penales del circuito especializados. Los jueces penales de circuito especializado conocen de: (...) 17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal. (...) 28. Delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según el numeral 3º del artículo 384 del mismo código.

15 En donde se presentó el evento #1, el 5 de julio de 2015 que terminó con la incautación de 752 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Folio 64 de la carpeta.

16 Donde se produjo el evento #2, realizado el 11 de agosto de 2015, en el que se incautó 688 kilos de clorhidrato de cocaína. Folio 62 de la carpeta.

17 Por hechos del 24 de marzo de 2017, en los que se incautaron 550 kilos de cocaína. Fl. 60 de la carpeta.

18 Fl. 66 de la carpeta y minuto 11:12 y ss. del cdno. 4. Audiencia del 29 de diciembre de 2017.