Auto AP5244-2014 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43964

Acta 288

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De la solicitud de nulidad.

Previo a pronunciarse sobre la petición probatoria, compete a la Sala decidir lo que corresponde a la petición de nulidad elevada por la defensa de Héctor Manuel Coronel Castillo, pues de advertirse la existencia de una irregularidad con incidencias en el debido proceso, resultaría inane referirse a la solicitud probatoria.

Así, lo primero que hay que destacar es que de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso debe observarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas, sin excepción y por supuesto que el trámite de extradición no resulta ajeno a ello, en tanto que se trata del procedimiento especial para afianzar los compromisos de cooperación de justicia internacional, en virtud del cual una persona es remitida a otro país a efectos de su judicialización.

Ahora, debe recordarse que dentro del trámite de extradición existen actos de rito “relacionados con la estructura del proceso” y de garantía “referentes al derecho de defensa”(4), cuyo desconocimiento implica una afectación al debido proceso, lo que puede remediarse mediante la declaración de la nulidad, a efectos de salvaguardar las garantías del solicitado en extradición.

Y en el presente evento, se advierte que la defensa solicita la declaración de nulidad por cuanto estima que el trámite que se ha adelantado no ha cumplido con la estructura del mismo, en tanto que, de un lado, se omitió efectuar la notificación consular a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, desconociendo con ello el artículo 36 de la Convención de Viena, el cual fue ratificado por Colombia y que integra el bloque de constitucionalidad. Y de otra parte, porque considera que el trámite de extradición se formalizó luego de vencido el término previsto por la ley; todo lo cual implica un desconocimiento de los derechos que le asisten a Coronel Castillo y que aparejan un desquiciamiento en el trámite que se sigue en su contra.

Ahora bien, verificada la actuación, no advierte la Sala que se hayan generado irregularidades dentro de la misma que aparejen el desconocimiento de los derechos del requerido en extradición, por lo que no resulta procedente acceder a la petición de nulidad elevada por la defensa, como se pasa a indicar:

1.1. En primer lugar, debe precisarse que Héctor Manuel Coronel Castillo es solicitado en extradición por los Estados Unidos de América, para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

Ahora, siendo Héctor Manuel Coronel Castillo, un ciudadano mexicano, capturado en el territorio colombiano, requerido por los Estados Unidos de América, le es aplicable la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, aprobada por Colombia mediante Ley 17 de 1971, ratificada el 6 de septiembre de 1972, en tanto que allí se regulan las relaciones, privilegios e inmunidades consulares, garantizando a los nacionales de un Estado el acceso a las oficinas de sus consulados, cuando son privados de la libertad en territorio extranjero.

En este entendido, a Héctor Manuel Coronel Castillo se le debe garantizar el acceso efectivo a su consulado, mediante la notificación consular, tal como se prevé en el artículo 36, numeral 1-b de la mencionada convención, en el que se prescribe:

“ART. 36.—Comunicación con los nacionales del Estado que envía.

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando este se oponga expresamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo”.

Previsión normativa que en el acápite subrayado implica una triple condición, pues por un lado, se erige como un derecho del extranjero privado de la libertad a ser informado de la asistencia y orientación que le puede brindar su consulado sobre su situación jurídica, así como se estatuye en un derecho de la oficina consular a tener conocimiento de las acciones que se adelantan en contra de uno de sus nacionales, y como consecuencia de ello, dicho derecho se erige en un deber del Estado que priva de la libertad a un extranjero, pues a efectos de garantizar los derechos antes enunciados, corresponde indicarle la existencia de tal prerrogativa, pues de lo contrario, difícilmente una persona no conocedora del derecho y las relaciones internacionales puede invocar las garantías que le asisten.

De esta forma lo ha entendido la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) en fallo 31 de marzo de 2004, adoptado en el caso Avena y otros nacionales mexicanos (México vs Estados Unidos de América).

“Comienza señalando que dicho apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 contiene tres elementos separados pero interrelacionados: el derecho de la persona interesada a ser informada sin demora de sus derechos con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del artículo 36; el derecho de la oficina consular a ser notificada sin demora de la detención de la persona, si esta lo solicita, y la obligación del Estado receptor de transmitir sin demora cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona detenida (último elemento, no planteado en la causa). Comenzando con el derecho de la persona detenida a la información, la Corte concluye que el deber de las autoridades aprehensoras de dar a la persona la información mencionada en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 surge una vez que se advierte que la persona es un nacional extranjero, o una vez que hay razones para pensar que la persona probablemente sea un nacional extranjero. El momento preciso en que ello ocurra habrá de variar según las circunstancias”.

Conforme a estas precisiones, se tiene que las autoridades colombianas tenían conocimiento que Héctor Manuel Coronel Castillo era ciudadano mexicano, pues en resolución de 3 de abril de 2014 suscrita por el Fiscal General se hace expresa mención a tal circunstancia(5), además en el acta de derechos de capturado, fechada el 7 de abril de 2014, se identifica como lugar de nacimiento de aquel, Sinaloa - México(6), de tal suerte que era imperativo para las autoridades que lo capturaron, informarle del derecho que le asistía de invocar la notificación consular.

Ahora, del estudio de la actuación, se advierte que los funcionarios de la Policía Nacional que hicieron efectiva la privación de la libertad de Héctor Manuel Coronel Castillo, no le pusieron de presente el contenido del artículo 36, numeral 1-b de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, sin embargo, tal omisión no implica que a aquel se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales, aparejando con ello una irregularidad con incidencias en el debido proceso, pues es claro que tal error puede aún ser subsanado en la etapa que se está surtiendo, en tanto que la CIJ en el fallo ya referido estableció que el derecho de la notificación consular, si bien debe informarse en el menor tiempo posible, no impide que posteriormente, cuando se advierta tal omisión, pueda remediarse. En ese sentido indicó la CIJ en el mencionado caso Avena, así:

“Después de un examen del texto de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de su objeto y fin y de sus trabajos preparatorios, la Corte determina que “sin demora” no debe necesariamente interpretarse en el sentido de “inmediatamente” después del momento de su detención, ni tampoco puede interpretarse en el sentido de que el suministro de la información debe necesariamente preceder a cualquier interrogatorio, de modo que la iniciación de un interrogatorio antes de haber suministrado la información fuera una violación del artículo 36. Sin embargo, la Corte observa que de todos modos existe un deber de las autoridades aprehensoras de brindar la información a una persona detenida en cuanto se advierta que la persona es un nacional extranjero, o una vez que haya razones para pensar que la persona probablemente sea un nacional extranjero”.

Y tal conclusión cobra valor en el sentido que aun cuando la CIJ aboga por que el privado de la libertad tenga conocimiento del derecho que le asiste, en el menor tiempo posible, nada impide que el mismo se ejerza a estas instancias del trámite, cuando el requerido en extradición no ha efectuado ninguna clase de manifestación que comprometa su responsabilidad y en el entendido que ningún proceso judicial se ha llevado a cabo en su contra.

Además, no puede perderse de vista que el fundamento de la notificación consular radica en que el extranjero privado de la libertad en un territorio extraño, no quede a merced de regulaciones desconocidas, colocándolo en una condición de debilidad, evento que claramente no se materializa en el caso en estudio, pues se observa que desde el 26 de junio de 2014, Coronel Castillo se encuentra asesorado por un defensor de confianza, quien de manera decidida ha ejercido el derecho de defensa.

Y en todo caso, si la defensa estima la necesidad de que su prohijado cuente con el asesoramiento de su consulado o que este tenga información de la situación jurídica en la que se encuentra, nada impide para que motu proprio acuda al consulado mexicano, en tanto que el mismo artículo 36 del numeral 1-b de la Convención de Viena señala que se efectivizan los derechos que le asisten por la misma solicitud que hiciera el interesado.

Conforme a ello, entiende la Sala que ninguna vulneración de derechos fundamentales con incidencia en el debido proceso se ha generado en contra de Héctor Manuel Coronel Castillo, pues este no ha estado indefenso y por el contrario se observa que cuenta con un defensor que le puede ilustrar y asistir en el trámite de extradición que se sigue en su contra, a más que en la etapa que se está surtiendo puede acudir ante su consulado si lo estima pertinente; por lo que en este punto no resulta procedente aceptar la solicitud de nulidad elevada por la defensa.

1.2. Ahora, en cuanto a la queja del defensor, consistente en que el trámite de extradición se formalizó luego de vencido el término previsto por la ley, debe indicar la Corte que tampoco se advierte la existencia de dicha irregularidad, pues de una lectura de la actuación, lo que se extracta es que mediante nota verbal Nº 0588 de 2 de abril de 2014, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Héctor Manuel Coronel Castillo(7), la cual se hizo efectiva el 7 de abril siguiente(8) y el 4 de junio de 2014, mediante nota verbal Nº 1020(9) el gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición, allegando la documentación traducida y legalizada, cursando un término de 58 días entre el momento de la privación de la libertad y el acto de formalización, lo que denota que no se superó los 60 días a los que alude el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, al indicar que “la persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la captura no se hubiera formalizado la petición de extradición (...)”.

Así, contrario a lo estimado por el defensor, es claro que la formalización de la extradición se efectuó en el término previsto legalmente, pues, el artículo antes indicado es preciso en señalar que el término de 60 días se contabiliza desde el momento de la captura del requerido en extradición y no desde la solicitud de la misma, ya que es ese momento en el que se priva de la libertad a la persona, por lo que es allí donde se le impone al Estado la obligación de adelantar las gestiones pertinentes para dar una pronta solución a la situación en la que se encuentra el detenido.

Ahora, asumiendo en gracia de discusión que la formalización de la extradición no se hubiere llevado a cabo en término, debe precisársele al peticionario que tal situación no generaría una nulidad, como lo propone ahora, pues la superación del tiempo previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, implica la concesión de la libertad del requerido en extradición, sin implicaciones en la validez de la actuación.

Conforme a ello, como la Sala tampoco encuentra irregularidad alguna frente a este aspecto y por el contrario considera que la actuación se ha surtido con estricto apego a los tratados internacionales y la ley aplicable, no accede a la solicitud de nulidad elevada por la defensa.

2. De la solicitud probatoria.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones, entra la Sala a resolver las solicitudes probatorias elevadas por la defensa, así, preciso sea indicar que de manera reiterada y pacífica, la Corte ha señalado que el concepto que debe dictar al interior del trámite de extradición, se contrae a verificar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso, como así lo dispone el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

Lo anterior significa que la Corte solo está habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, únicamente en relación con los tópicos estipulados en la normatividad citada.

Por lo tanto, otros aspectos ajenos al trámite, que se propongan acreditar los intervinientes, exceden la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe rendir esta Corporación, por lo que las pruebas que tengan como propósito la verificación de cuestiones extrañas al mismo, son impertinentes.

La pretensión probatoria del defensor que agencia los intereses de Héctor Manuel Coronel Castillo en este trámite, se contrae a determinar:

1. La fecha en que Colombia ratificó la Convención de Viena, aprobada el 21 de abril de 1963.

2. El cumplimiento de la notificación consular.

3. Y la determinación, por medio del Inpec de la identificación e individualización de Héctor Manuel Coronel Castillo, a efectos de aclarar si este tiene doble nacionalidad, como se afirmó ante la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, estima la Sala que no resultan pertinente ni útil para el trámite de extradición el decreto de la pruebas solicitadas por la defensa, pues, las dos primeras, están encaminadas a establecer la omisión de las autoridades colombianas en la notificación consular, aspecto que fue ampliamente debatido en líneas precedentes, donde se concluyó que aun cuando no se surtió tal trámite, ello no afecta la validez del proceso de extradición, por lo que inane resulta profundizar en este aspecto, que ya fue decantado.

Y en lo que respecta a la tercera solicitud, es claro que aun cuando se aviene a los principios probatorios del trámite de extradición, la misma no se aprecia necesaria, pues del estudio de la actuación se advierte que Héctor Manuel Coronel Castillo, está ampliamente identificado, como ciudadano mexicano, detentador del pasaporte anterior Nº G10286610 y pasaporte nuevo Nº G13496378, tal como se indica con claridad en el acta de derechos del capturado(10), el informe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Laboratorio de Dactiloscopia Forense(11) y el informe de investigador de campo de 7 de abril de 2014(12); sin que exista ninguna duda sobre la identidad, identificación y nacionalidad del requerido en extradición.

Así las cosas, como las pruebas solicitadas por la defensa no resultan de utilidad, ni son necesarias para el adelantamiento del trámite de extradición, se negará la petición probatoria.

Conforme a ello, como quiera que la Corte no observa la necesidad de incorporar elemento probatorio alguno, ordenará que una vez cobre ejecutoria esta providencia, se dé traslado a los intervinientes por el término de cinco días, para alegar, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

3. Otras consideraciones.

En atención al memorial suscrito por la defensa, con copia a la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual da cuenta que acudió ante la secretaría de esta Sala a efectos de interponer un habeas corpus en favor de su defendido, en tanto que consideró que estaba privado ilegalmente de su libertad, sin que el mismo fuera recibido por los funcionarios de dicha secretaría; corresponde indicar que la Corte Constitucional de manera pacífica ha sostenido que en los eventos en que se cuestione una actuación desplegada por una Sala de un órgano de cierre —como lo promueve la defensa en este evento—, la competencia para conocer de dicha acción en primer grado radica en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, a efectos de garantizar la doble instancia(13), de allí que si le asistía a la defensa la intención de interponer un habeas corpus, debía radicarla ante el Tribunal Superior, por lo que en ese sentido, tampoco se aprecia que se haya generado un quebranto en la actuación que se sigue en contra de Héctor Manuel Coronel Castillo.

Finalmente, la Sala llama la atención al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en lo sucesivo dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 36, numeral 1º, literal b de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. NEGAR la nulidad elevada por la defensa, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. NEGAR las solicitudes probatorias formuladas por el defensor del reclamado Héctor Manuel Coronel Castillo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

3. OFICIAR al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en lo sucesivo dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 36, numeral 1º, literal b de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963.

4. En firme, córrase traslado por el término de cinco (5) días a los intervinientes, para que presenten alegatos.

Contra este auto procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) CSJ AP3611-2014.

(5) A fls. 21-23 de la carpeta del indictment.

(6) A fl. 5 de la carpeta del indictment.

(7) A fls. 138-146 del indictment.

(8) A fls. 2-20 del indictment.

(9) A fls. 28-40 del indictment.

(10) A fl. 5 del indictment.

(11) A fls. 6-14 del indictment.

(12) A fls. 16-20 del indictment.

(13) CC. Auto 301 de 2012.