Auto AP5408-2016-48682 de agosto 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 48682

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por XXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá D.C., veintidós de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El suscrito magistrado es competente para conocer del recurso interpuesto contra la decisión a través de la cual se negó la solicitud de hábeas corpus presentada a favor de la libertad personal del ciudadano R.Q.B., de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone que “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual”.

2. Resulta oportuno resaltar que la acción de hábeas corpus es el mecanismo constitucional erigido para proteger la libertad personal frente a las amenazas o atentados que contra ella producen autoridades judiciales o policivas, tal como se desprende del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, y como lo ha precisado la reiterada jurisprudencia de esta corporación:

“1. El hábeas corpus, consagrado como una acción constitucional en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentado a través en la Ley 1095 de 2006, es una acción pública encaminada a la tutela de la libertad en aquellos eventos en que una persona es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales y legales, o esta se prolongue ilegalmente.

Se edifica o se estructura básicamente en dos eventos, a saber:

1.—Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió —y ocurre— en vigencia de la Ley 600 de 2000.

2.—Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal —arts. 353. L. 600/00 y 302 L. 906/04— entre otras). – CSJ SP, 7 de noviembre 2008, radicado 30772—”.

3. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha insistido en que si bien el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas —CSJ AP, 26 junio 2008, radicado 30066 y CSJ AP, 25 agosto 2008, radicado 30438—.

Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Ello es así excepto cuando, como lo ha reiterado la Corte, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho(9).

Análisis del caso concreto

1. Problemas jurídicos.

Revisado el plenario se observan los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿Incurrió la Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga en una vía de hecho al no dar curso a la audiencia convocada para el 4 de agosto de 2016, en la cual debía resolver la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos formulada por el defensor del procesado?

ii) ¿Procede la causal de libertad consagrada en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, respecto de los procesos penales iniciados con anterioridad al 1º de julio de 2016, fecha en que entró en vigencia la Ley 1786 de 2016?

2. Resolución del primer problema jurídico: La vía de hecho alegada por el actor.

Se abordará este asunto de forma preliminar porque de evidenciarse una obstrucción injustificada al acceso a la administración de justicia no sería razonable sugerir, como lo hizo el a quo, que el accionante pretende reemplazar el trámite ordinario que debe adelantarse ante los jueces competentes por la presente acción constitucional.

2.1. La Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga no dio curso a la audiencia de libertad provisional por vencimiento de términos pretextando que el contradictorio no estaba debidamente conformado, porque el apoderado de las víctimas no fue convocado a esa diligencia, situación que podía dar lugar a la vulneración de los derechos de contradicción y defensa de dichos intervinientes.

Esa determinación fue calificada de razonable, tanto por la propia funcionaria, en los descargos de 10 de agosto de 2016, como por el Magistrado a quo, en el fallo impugnado en principio, con respaldo en el auto CSJ 19 marzo 2015, radicado 45620, AHP 1420 – 2015, en el cual, ante un caso similar, se dijo:

“(…) frente al caso concreto de la petición de libertad por parte de los defensores de los procesados, la presencia en la audiencia de los representantes de la Fiscalía y de las víctimas, no se tornaba obligatoria, bastando con garantizar a ellos su posible intervención en la audiencia a través de la oportuna notificación de la fecha de su celebración. De allí que solo en el evento de no haber sido notificados o de presentación por parte de ellos de una excusa válida para el juez, podía suspenderse la audiencia en razón de su ausencia”.

En concordancia, ambos funcionarios sostuvieron que la ausencia del apoderado de las víctimas tornaba en inviable la realización de la diligencia, so pena de vulnerarse el debido proceso de dichos intervinientes y que esa situación era imputable al solicitante, quien tenía el “deber de suministrar los datos correctos y evitar desgastes innecesarios de la administración de justicia”(10).

2.2. Sin embargo, ese entendimiento no concuerda con la lectura integral del artículo 171 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto es el siguiente:

“Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.

La citación para que los intervinientes comparezcan a laaudiencia preliminar deberá ser ordenada por el juez decontrol de garantías —resalta el despacho—.

De conformidad con esa norma, es un deber del juez de control de garantías ordenar la citación oportuna de las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación, actividad que no está limitada a la mera transliteración de los datos consignados por el solicitante en el formato suministrado por la oficina o centro de servicios judiciales.

La excusa de la insuficiencia de los datos consignados por el peticionario en el formato de solicitud solo es razonable cuando de la información suministrada no es posible identificar la actuación a la cual se hace referencia o la información necesaria para notificar al convocado no está contenida en el expediente judicial.

2.3. El defensor de R.Q.B. cumplió con la carga mínima que le correspondía al suministrar los datos de identificación del proceso, la autoridad a cargo del juzgamiento, el delegado de la Fiscalía y de las víctimas acreditadas en la actuación.

Era deber de la juez de control de garantías, con independencia de lo realizado por el juez coordinador del centro de servicios judiciales, verificar que las partes, testigos, peritos y demás personas que debían intervenir en la audiencia de libertad por vencimiento de términos fueran debidamente notificados, tal y como lo ordena la norma citada.

La negativa a realizar la diligencia invocada, sustentada en la creencia de que la notificación echada de menos tuvo origen en la simple negligencia del solicitante, difumina el referido deber legal e impone una carga excesiva sobre el peticionario. Además, tal comportamiento es contrario a los principios de lealtad procesal y buena fe, pues como la propia Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga adujo en el presente trámite constitucional, la condición de apoderado judicial de las víctimas se encontraba debidamente reconocida en el proceso.

Esa situación, al constituir una vía de hecho que obstruyó el acceso a la administración de justicia del accionante, en armonía con lo expuesto anteriormente, habilita la intervención del juez constitucional de hábeas corpus.

No sobra aclarar que, por tratarse de una petición de libertad por prolongación ilegal, es desproporcionado remitir al peticionario, una vez más, ante el Juez de Control de Garantías.

3. Resolución del segundo problema jurídico: Norma aplicable al caso y su interpretación.

Puesto que la audiencia de juicio oral en contra de R.Q.B. - a la fecha no concluida- inició el 16 de diciembre de 2014, esto es, bajo la vigencia de las leyes 1453 y 1474, ambas de 2011 —reformadoras del artículo 317 de la Ley 906 de 2004—, cuyo texto no contenía la causal de libertad por él invocada, el problema jurídico principal gira en torno de la determinación de la norma aplicable y su interpretación.

A continuación, se expondrá los rasgos jurídicos de la causal de libertad provisional contenida en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 (i); la jurisprudencia de la Sala Penal de esta corporación sobre el tránsito de normas procesales y el principio de favorabilidad (ii); las dificultades para resolver el problema jurídico a la luz de los precedentes y la línea jurisprudencial relacionada (iii) y, finalmente, la solución que corresponde al presente caso (iv).

3.1. Los rasgos jurídicos de la causal 6ª de libertad provisional contenida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

En este punto resulta trascendente explorar el origen de la mencionada causal (i); qué problema jurídico pretende solucionar esa disposición (ii) y, por último, cuál es su fundamento constitucional (iii).

Ese análisis ofrecerá un contexto apropiado para la comprensión del carácter sustancial de las normas procesales que regulan el derecho fundamental a un plazo razonable.

3.1.1. Origen de la causal 6ª de libertad provisional contenida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

Bajo la vigencia de las reformas introducidas por las leyes 1453 y 1474, ambas de 2011, al artículo 317 de la Ley 906 de 2004 existía una indefinición del término máximo que debía trascurrir entre la presentación del escrito acusatorio y el inicio de la audiencia de formulación de acusación(11), problema que afectaba el reconocimiento del derecho a la libertad provisional de los procesados cobijados con detención preventiva.

Tal realidad propició que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-390 de 2014, declarara “la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo”.

Se trascribe la motivación principal de esa determinación:

“La ambigüedad de la norma demandada, genera una indeterminación respecto al momento en que se debe empezar a contabilizar el término para obtener la libertad por vencimiento del mismo. Si bien, en virtud de la interpretación que de la norma ha hecho la Corte Suprema de Justicia, se ha entendido que la expresión acusada debe ser asimilada a la audiencia de formulación de acusación, ya que es el último de los momentos procesales que conforman el acto complejo de la acusación, la Sala considera que resulta inadmisible y que la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, es entender que la ‘formulación de la acusación’ se equipara a la presentación del escrito de acusación”.

Adicionalmente, esa corporación moduló la decisión, difiriendo sus efectos hasta el 20 de julio de 2015, con el objetivo de que el Legislador expidiera la regulación correspondiente.

En consecuencia, el Congreso de la República expidió la Ley 1760 de 2015, mediante la cual reformó el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

El texto resultante, en lo que concierne al numeral 5º, es el siguiente:

“5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados apartir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. —Resalta el despacho—”.

Sin embargo, el Legislador no limitó su intervención a esa específica modificación, pues adicionó una causal de libertad, cuya fórmula se trascribe:“6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente”.

Esa disposición no entró en vigencia de inmediato porque se dispuso una prórroga de un año, contada a partir de la promulgación de la ley.

Finalmente, el órgano legislativo expidió la Ley 1786 de 2016, mediante la cual prorrogó esa causal por un año más, desde el 1º de julio del mismo año, pero solo “respecto de procesos ante justicia penal especializada, en los que sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”.

En conclusión, a partir de esa fecha entró en vigencia la causal de libertad por vencimiento de términos contenida en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, a excepción de los delitos sobre los cuales operó la prórroga allí señalada.

3.1.2. El problema jurídico que pretende solucionar la causal 6ª de libertad provisional contenida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

Aunque la Corte Constitucional no exhortó al Legislador a adicionar la causal 6ª de libertad, sino a ajustar lo concerniente al numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2014, esa disposición responde a la necesidad de corregir una vulneración de derechos fundamentales muy similar a la advertida por esa autoridad judicial.

Las similitudes son las siguientes:

i) El texto original del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 —incluidas las reformas introducidas por las leyes 1453 y 1474, ambas de 2011— no fijó un término máximo, asociado con la libertad de los sujetos cobijados con detención provisional en caso de su expiración, respecto del periodo trascurrido entre el inicio de la audiencia de juicio oral y la diligencia de lectura de fallo.

ii) Esa situación dejaba la extensión de la actuación al arbitrio del juzgador, lo que constituía un escenario propicio para eventuales dilaciones injustificadas y, en ese orden, la vulneración del derecho a la libertad del procesado.

iii) La ausencia de límites temporales a la duración de la detención preventiva, en la fase de juzgamiento, desconocía los principios de legalidad y proporcionalidad que debían gobernar la medida de aseguramiento, además de las garantías que integran el debido proceso, entre ellas la presunción de inocencia y el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas.

En conclusión, la referida causal de libertad es el resultado del cumplimiento de una orden constitucional destinada a superar un problema interpretativo que daba lugar a un supuesto de hecho esencialmente igual al ahora regulado.

3.1.3.Fundamento constitucional de la causal 6ª de libertad provisional por vencimiento de términos.

La Sala Penal de esta corporación en el fallo de tutela CSJ STP 11 mayo 2016, radicado 84957, STP6017-2016, señaló que el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, al igual que las otras normas de similares, constituyen un caso de especificación del “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, pues en ellas no solo se consagra un límite temporal para realizar una actuación determinada, también se establecen las consecuencias que se derivan de su injustificado incumplimiento, por ejemplo, la libertad del procesado, el relevo del funcionario a cargo de la investigación o la solicitud de terminación del proceso ante el juez de conocimiento.

Las razones de esa afirmación están consignadas en la citada decisión, las cuales se reproducen aquí, con algunas modificaciones.

En el marco del Estado de derecho, toda persona señalada de ser responsable de una conducta punible tiene a su favor, además del derecho a la presunción de inocencia, las garantías fundamentales a la contradicción, defensa, debido proceso y a ser juzgada dentro de un término razonable.

Ese último concepto comporta una doble dimensión de justicia: La primera, la expectativa de la comunidad —y por supuesto de las víctimas— de que los culpables sean castigados prontamente y, la segunda, no menos importante, el derecho de los inocentes a ser liberados lo más pronto posible de toda sospecha, así como de cualquier cautela sobre su libertad personal y su patrimonio.

También es posible distinguir dos ámbitos de la mencionada garantía: Por un lado, la duración del proceso, en conjunto, hasta que se produzca una decisión judicial definitiva y, por otro, la permanencia del sujeto en detención preventiva mientras se adelanta la investigación o juzgamiento.

El primero, como lo ha dicho la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, involucra la observancia de los términos judiciales y, por tanto, en forma genérica, el derecho fundamental al debido proceso(12).

El segundo, se resalta, tiene una conexión primaria con los derechos a la presunción de inocencia y libertad personal, por esa razón, en un sentido más estricto, se enuncia como el “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”.

Ese ámbito del plazo razonable está consagrado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano, cuyas normas son las siguientes:

i) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. Artículo 9.3:

Toda persona detenida o presa a causa de una infracciónpenal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de unplazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución de fallo —resalta el despacho—”.

ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Artículo 7.5:

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a serjuzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta enlibertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio —resalta el despacho—”.

Tales disposiciones, como lo ha dicho esta Sala, -CST STP, 20 abril 2016, radicado 85216, STP4883-2016- integran el bloque de constitucionalidad, por remisión del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, según el cual los derechos y deberes consagrados en ella se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y también a través de lo dispuesto por el canon 94 ibídem, en el sentido de que la enunciación de derechos y garantías efectuada por la Carta y los convenios internacionales vigentes no comportan la negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos.

La negativa a reconocer la procedencia de la libertad por vencimiento de términos justifica la detención o prisión provisional de la persona procesada durante todo el proceso, lapso que podría ser equivalente a la anticipación de la pena y, por esa razón, constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Los imputados o acusados no solo deben ser considerados inocentes hasta que se les pruebe lo contrario, también deben ser tratados como tal.

No obstante, en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el concepto de “derecho al plazo razonable” no significa un tiempo cuantificado en días, meses o años, sino la valoración de las circunstancias justificativas que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha empleado tres criterios de análisis: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales”(13).

Aunque esos criterios deben ser empleados por los jueces nacionales para resolver asuntos complejos, dada la indeterminación del concepto “dilaciones injustificadas” del artículo 29 de la Constitución Política, no puede perderse de vista la existencia de la normatividad y jurisprudencia nacional vigente sobre los “términos perentorios” en las actuaciones procesales, los cuales han sido enunciados en unidades de tiempo cuantificables en días, meses o años.

Sobre el específico tema de la duración de la privación temporal de la libertad, aspecto pertinente para el caso en estudio, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente:

“En ausencia de determinación legal, el concepto indeterminado “dilaciones injustificadas”, debe deducirse en cada caso concreto con base en pautas objetivas que tomen en cuenta, entre otros factores, la complejidad del asunto, el tiempo promedio que demanda su trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de las autoridades judiciales etc. Sin embargo, en ciertos casos, es el propio legislador, en guarda de valores superiores, el que determina el contenido y alcance del aludido concepto, para lo cual establece términos perentorios cuyo incumplimiento desata consecuencias que bien pueden mirarse como riesgos conscientemente asumidos por el ordenamiento para no lastimar un bien superior. En estos eventos, el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones injustificadas, adquiere prevalencia sobre consideraciones puramente orgánicas y funcionales propias del aparato de la justicia.

Precisamente, la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial(14) —resalta el despacho—.

En la determinación de los términos procesales, ha dicho ese tribunal, el Legislador tiene una amplia potestad, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el fin que en general persiguen las formas procesales, el cual es permitir la realización del derecho sustancial(15), sin embargo, también ha aclarado que cuando está en juego la libertad de las personas, su indeterminación o inexistencia conduce a la violación de los principios y derechos constitucionales(16).

De lo anterior pueden extraerse dos importantísimas conclusiones.

La primera, la determinación de los términos y sus consecuencias procesales, en particular sobre la detención preventiva, corresponde al Legislador, de conformidad con la cláusula general de competencia del Congreso de la República para la expedición de las leyes, no obstante, la indeterminación o supresión de los mismos es incompatible con las garantías fundamentales de nuestro sistema normativo.

Por esa misma razón, tampoco puede el intérprete judicial crear o amplificar tales indeterminaciones.

La segunda, aunque el Legislador, de hecho, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que le corresponde, suprima el término para la presentación del escrito de acusación, inicio de la audiencia preparatoria o la celebración de la audiencia de lectura de fallo, la consecuencia que se derivaría de tal determinación no es la eliminación del “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, pues el legislador ordinario, y probablemente también el constituyente, carece de competencia para derogar una garantía fundamental contenida en el bloque de constitucionalidad.

Aún en ese contexto extremo, los jueces estarían en la obligación de valorar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada, conforme a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia.

3.2. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tránsito de normas procesales y el principio de favorabilidad.

Esta corporación ha sostenido, en diferentes oportunidades(17), que no existe discusión alguna en torno al reconocimiento y declaratoria de la favorabilidad en los casos de sucesión de leyes y en la coexistencia de normas de derecho material, así como de las instrumentales, siempre que de ellas se deriven efectos sustanciales.

Esa línea jurisprudencial está sustentada en los artículos 6º del Código Penal —Ley 599 de 2000— y 6º del Código de Procedimiento Penal —Ley 906 de 2004— y en la fuerza vinculante de las normas de superior jerarquía como el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, adoptado mediante Ley 16 de 1972) y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), incorporados al “bloque de constitucionalidad”.

En lo que concierne el rasgo diferenciador de las normas procesales con efectos sustanciales respecto de las netamente instrumentales, la Sala ha dicho lo siguiente:

“En la medida en que por razón de su limitación, ampliación, consagración, eliminación, etc. pueden verse afectadas positiva o negativamente- garantías fundamentales, característica esta que es —en el fondo— lo que permite calificar que una norma instrumental alcance esa condición(18)”.

Adicionalmente, ha señalado el carácter sustancial de las disposiciones procesales que afectan la esfera de la libertad del individuo:

“[E]l baremo o medida de valoración para la determinación de la aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado forme parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad del individuo, por lo que es frecuente encontrar en los códigos de procedimiento penal normas de indiscutible naturaleza sustantiva”(19).

Pese a la claridad de esos enunciados, la inclusión de las causales de libertad por vencimiento de términos en la categoría de normas procesales con efectos sustantivos no ha sido pacífica.

Bajo la vigencia de la Ley 1453 de 2011, la cual introdujo algunos cambios significativos en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se suscitaron algunos problemas relacionados con la procedencia de las figuras de la ultraactividad y retroactividad de las causales de libertad, en virtud del principio de favorabilidad.

En el auto de única instancia de 22 de julio de 2011, radicado 36926, la Sala Penal, en pleno, abordó el asunto desde la óptica de la línea jurisprudencial y los conceptos anteriormente reseñados. Se trascribe un fragmento de esa decisión por su relevancia:

“(…) [L]a favorabilidad resulta de obligatoria aplicación —entreotros— en casos como la regulación de las causales delibertad, y más concretamente la 5 del artículo 317 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142/07 y este a su vez por el artículo 61 de la Ley 1453/11, bajo análisis, sien cuenta se tiene que esta última legislación introdujoingredientes que aunque cronológicos (por lo cual comportannaturaleza procesal) no hay duda que proyectan efectossustanciales, en la medida en que reclaman estrecharelación con la garantía fundamental de la libertad.

Nótese cómo la norma original de la Ley 906/04 consagraba la excarcelación cuando habiendo trascurrido 60 días (ininterrumpidos) desde la formulación de acusación no se había dado inicio al juicio oral, precisándose por la jurisprudencia que esa “formulación de acusación” debía entenderse satisfecha con o a partir de la presentación del escrito de acusación.

Ese plazo —bajo el mismo condicionamiento— fue ampliado a 90 días (igualmente ininterrumpidos) por el artículo 30 de la Ley 1142/07, y a su turno a 120 días (conforme al calendario) por el artículo 61 de la Ley 1453/11.

Esa sucesión de leyes en el tiempo, con tránsito de legislaciones de por medio, estructura las condiciones exigidas para que se aplique la favorabilidad, desde luego bajo el entendido que la original norma (L 906) es másventajosa que la intermedia (L 1142/07, 30) y esta a su vezmás favorable que la actual (L 1453/11, 61), de todo lo cualpuede predicarse que un delito cometido en vigencia deloriginal artículo 317 apareja causal de libertad por el transcursode los 60 días señalados en la norma, con preferencia sobrelos 120 que señala la más reciente legislación.

Obsérvese que las aludidas modificaciones normativas nose refieren a la simple ampliación de un término o plazo parallevar a cabo una actuación. No. Porque si bien es cierto quees clara la prolongación cronológica, no lo es menos que ellafue concebida para efectos de libertad, esto es, paraproteger o para afectar —como se quiera— aquella garantíafundamental. En ello radica la diferencia -por ejemplo- con la simple ampliación del término de investigación que regula el artículo 49 de la Ley 1453, respecto del cual ninguna favorabilidad —per se—, es predicable —resalta el despacho—.

Esa decisión, al igual que la línea jurisprudencial en la que se fundamenta, no fue seguida por algunos magistrados de la Sala Penal de esta corporación en los pronunciamientos de segunda instancia en el trámite de las acciones constitucionales de hábeas corpus.

En el auto de 11 de noviembre de 2011, radicado 37877, se dijo que la regla aplicable era el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011, porque se trataba de una disposición procesal de efecto inmediato, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

En esa decisión se afirmó que la Ley 1453 de 2011 contenía dos tipos de normas: “Las unas de clara estirpe procedimental, sin ningún efecto sustancial; y las otras, también reguladoras del trámite, pero contentivas de efectos claramente favorables al procesado”.

Pese a que allí se indicó que el artículo 61 ejusdem, correspondía al segundo grupo, porque “modifica el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, reseña las causales de libertad y, en particular, como antes se anotó, incrementa a 120 días, contados desde la formulación de acusación, el lapso que debe discurrir, sin que se abra la audiencia de juicio oral, para obtener la libertad por vencimiento de términos”, se negó el reconocimiento de la ultraactividad de la norma más favorable, porque:

“Así, se evita la paradoja que resulta de cumplir el funcionario los términos, conforme normas procedimentales de aplicación inmediata, pero a la vez estimar vencidos los mismos para así facultar una libertad que, por lo demás, carece de soporte material si se entiende que la excarcelación basada en esa causal opera precisamente como castigo al Estado por su negligencia —resalta el despacho—”.

Posteriormente, en el auto de 14 de febrero de 2013, radicado 40686, frente a un caso en el que también se alegó la ultraactividad de la disposición más favorable, se desestimó el pedido de libertad porque, tal solicitud:

“(…) desconoce que la ley 906 de 2004 es de naturaleza instrumental, normas a las que les corresponde la categoría de orden público, de obligatorio e inmediato acatamiento, como lo dispone el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir; y que los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

A juzgar por las respuestas de las autoridades accionadas y de los razonamientos consignados en la decisión impugnada en el presente trámite, estas últimas providencias han orientado la praxis judicial actual.

En resumen, de la revisión de la jurisprudencia de la Sala Penal de esta corporación se observan dos tendencias:

— La primera, ajustada a la línea jurisprudencial donde se ubican las causales de libertad por vencimiento de términos en la categoría de normas procesales con efectos sustanciales, respecto de las cuales no existe restricción frente a las figuras de la ultraactividad y retroactividad;

— La segunda, apegada al carácter de orden público de las normas procedimentales y, por tanto, a la regulación contenida en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, hoy modificada por el artículo 624 del Código General del Proceso, sin efectuar distinción alguna entre disposiciones instrumentales y aquellas que, además, producen efectos sustanciales o en la que se niegan las consecuencias normativas de esa diferenciación.

3.3. Dificultades para resolver el problema jurídico desde la perspectiva de los precedentes y la línea jurisprudencial reseñadas.

En lo que sigue se intentará responder al problema jurídico desde la perspectiva del análisis efectuado en el acápite anterior.

3.3.1. Las providencias CSJ AP, 11 noviembre de 2011, radicado 37877 y CSJ AP, 14 febrero 2013, radicado 40686, se apartan radicalmente de la línea jurisprudencial sobre el carácter sustancial de las normas procesales que afectan la esfera de la libertad del individuo y, además, desconocen el fundamento constitucional de las causales contenidas en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en tanto suponen que la excarcelación allí dispuesta es un “castigo al Estado”(20) y no una especificación del derecho fundamental de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.

Ahora, aunque se hiciera abstracción de esas objeciones, la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, plantea, respecto de la causal 6ª de libertad, una dificultad adicional.

El contenido de la norma citada es el siguiente:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzadoa correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando seinterpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, seiniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correrlos términos, se promovieron los incidentes o comenzaron asurtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad —resalta el despacho—”.

Dado que el texto original del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 y las reformas introducidas por las leyes 1453 y 1474, ambas de 2011, no señalaban un lapso máximo entre la fecha de inicio de la audiencia de juicio y la celebración de la diligencia de lectura de fallo o su equivalente, asociado a la libertad del enjuiciado, no es posible afirmar que, respecto de las actuaciones iniciadas con anterioridad a la Ley 1786 de 2016, está en curso un término para obtener la excarcelación, favorable o desfavorable para el procesado.

La aplicación irreflexiva, en el presente caso, del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, tiene como consecuencia práctica que se toleren, a partir del 1º de julio de 2016, en el marco de los juicios penales, casos injustificados de trato desigual hacia algunos procesados.

Los sujetos que sean procesados, desde esa fecha, adquieren el derecho fundamental a ser puestos en libertad provisional, “cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días [o el doble de ese tiempo en atención a las circunstancias especiales señaladas por el Legislador] contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente”, tal y como lo dispone el novísimo numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

Paralelamente, quienes estén cobijados con medidas de detención provisional, a causa de un proceso iniciado con anterioridad a esa misma fecha, permanecerán privados de la libertad, de forma indefinida, sin importar las prórrogas, aplazamientos y demás moratorias ocurridas durante el juzgamiento, no atribuibles a maniobras dilatorias suyas o de su defensor o por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia.

Esa solución es inaceptable porque fue, precisamente, tal vulneración de los derechos fundamentales la que dio origen a la Sentencia C-390 de 2014 y a la Ley 1760 de 2015.

3.3.2. Por otro lado, aunque la línea jurisprudencial y la providencia CSJ AP, 22 julio 2011, radicado 36926, ofrecen la claridad suficiente para afirmar, sin lugar a dudas, que el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, al igual que las demás causales de libertad por vencimiento de términos, no son meras disposiciones instrumentales, por cuanto producen efectos sustanciales, se observa una dificultad insalvable en cuanto al cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales que habilitan la aplicación del principio de favorabilidad.

La Sala Penal de esta corporación ha decantado cuatro exigencias(21) necesarias para la aplicación del mencionado principio en los casos de sucesión de leyes procesales, los cuales se enuncian a continuación:

i) Que se trate de una norma procesal de la cual se deriven efectos sustanciales.

ii) La disposición invocada ofrezca ventajas al procesado.

iii) Que no se afecte la estructura del sistema penal acusatorio.

iv) Por último, los preceptos jurídicos que se suceden en el tiempo o coexisten, regulen la misma materia y prevean el mismo supuesto de hecho.

El primer requisito se cumple de conformidad con el análisis que se hizo anteriormente. También se satisfacen las dos exigencias siguientes: Sin duda, es más favorable para el procesado la fijación de un término límite en relación con la privación provisional de la libertad y de ninguna manera se afecta la estructura del sistema penal acusatorio debido a ese reconocimiento, puesto que la norma invocada no altera el decurso del proceso, modifica las reglas que orientan la relación adversarial entre las partes o resta valor a las actuaciones realizadas.

No puede decirse lo mismo sobre el requisito restante.

Si bien el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 regula, en su integridad, los términos y condiciones para acceder a la libertad provisional, existiendo de esa manera identidad de materia, el numeral 6º, creado por la Ley 1760 de 2015, prevé un supuesto de hecho no previsto en el texto original del Código de Procedimiento Penal o las reformas introducidas por las leyes 1453 de 2011 y 1474 de 2011.

En virtud de esa deficiencia, el principio de favorabilidad, en sentido estricto, no puede ser empleado como pauta rectora para determinar la norma aplicable al caso en estudio.

3.4. La solución del problema jurídico.

El principio de favorabilidad, en tanto es un componente básico del derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una regla interpretativa que permite al juzgador determinar, en los casos de sucesión de leyes o coexistencia de normas, si una disposición sustantiva, o procesal que produce efectos sustanciales, beneficiosa para el procesado o condenado, debe ser aplicada de forma ultraactiva o retroactiva. Sin embargo, ese no es el único parámetro disponible.

Los principios pro homine y de igualdad de trato cumplen una función muy similar.

Como se dijo anteriormente [Cfr. Acápite 3.1.3], las causales de libertad por vencimiento de términos son una especificación del derecho al plazo razonable. Al ser esa una garantía fundamental, internacionalmente protegida, adquiere relevancia el principio pro homine. El cual es entendido como:

“(…) [U]n criterio de interpretación del derecho de los derechos humanos, según el cual se debe dar a las norma la exégesis más amplia posible, es decir, se debe preferir su interpretación extensiva, cuando ellas reconocen derechos internacionalmente protegidos. A contrario sensu, debe optarse por la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones o suspensiones al ejercicio de tales los derechos”(22).

Adicionalmente, el principio de igualdad puede ser empleado para resolver aspectos relacionados con la determinación de la norma aplicable. Así lo ha señalado esta corporación en los precedentes CSJ AP, 4 de mayo 2005, radicado 23567 y CSJ AP, 19 julio 2005, radicado 23910, respecto de la implementación gradual del Sistema Penal Acusatorio. Análisis que, mutatis mutandis, contribuye a la solución del problema jurídico:

“La igualdad se halla instalada en el ordenamiento jurídico supremo como principio y regla y a partir de tal recepción configura un derecho y una garantía.

En su condición de principio irradia al resto del ordenamiento, constituye una guía de apreciación y, al mismo tiempo, se define como un mandato de optimización. Mandato que no es disponible para los poderes constituidos, y que por tanto conforma una directriz fuerte en la aplicación de la Ley a un caso concreto.

El principio de igualdad constitucional se integra con el concepto de ser mirado como igual y con el de recibir igual tratamiento. En su condición de derecho habilita a los individuos dentro del sistema la facultad de formular oposición frente a normas o actos violatorios de aquel principio en términos generales o francamente discriminatorios desde lo específico, estatus negativo, o de exigir algún comportamiento determinado de los poderes públicos, estatus positivo.

Y, finalmente, en su condición de garantía, aunque sustantiva y no meramente procesal, en tanto constituye un presupuesto para la efectividad de las diversas libertades o derechos.

Por lo tanto, la igualdad como principio y garantía tiende a condicionar a los poderes públicos en cuanto al grado de su consideración a la hora de reglar, omitir o actuar. La igualdad como derecho interrelaciona con el resto de los derechos fundamentales, es presupuesto de su ejercicio y está alcanzado por el principio constitucional que establece que no hay derechos en su ejercicio absoluto.

En el campo específico del derecho procesal, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que ‘El someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales no solo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y principalmente, el principio de igualdad ante la ley, en el campo de la administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del procedimiento’.

Pero el texto de la ley no es, por sí mismo, susceptible de aplicarse mecánicamente a todos los casos, y ello justifica la necesidad de que el juez lo interprete y aplique, integrándolo y dándole coherencia, de tal forma que se pueda realizar la igualdad en su sentido constitucional más completo”.

En concordancia, frente al trato desigual hacia algunos procesados, en el marco de los juicios penales, que resultaría de la aplicación irreflexiva del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 y la imposibilidad jurídica de habilitar la retroactividad del numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, por favorabilidad, esto es, proceder como si esa disposición hubiese estado vigente con anterioridad al 1º de julio de 2016, la solución coherente con el orden constitucional y consecuente con la eficacia de las garantías fundamentales, es el empleo de la interpretación favorable más amplia posible que permita asegurar la primacía del principio a la igualdad y de los derechos humanos involucrados.

Lo anterior significa que la causal de libertad por vencimiento de términos, contenida en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, procede respecto de todos los procesos penales, incluidos los iniciados con anterioridad al 1º de julio de 2016, salvo cuando se trate de los delitos sobre los cuales operó la prórroga señalada en la Ley 1786 de 2016.

En cuanto a las audiencias de juicio oral iniciadas con anterioridad al 1º de julio de 2016, aplica el mismo razonamiento, pero hecha la aclaración de que el término de los 150 días, o el doble en atención a las circunstancias especiales señaladas por el legislador, se cuenta desde esa fecha, dado que no se trata de la aplicación del principio de favorabilidad en sentido estricto.

Solo a través de esas determinaciones se asegura, por un lado, la eficacia de los derechos fundamentales de todas las personas a recibir un trato judicial igualitario y a ser juzgadas dentro de un plazo razonable o a ser puestas en libertad y, por otro, el respeto del estatus de orden público de las normas procesales.

4. La petición de libertad formulada por el accionante.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se observa que la solicitud de amparo constitucional formulada por el defensor de R.Q.B., con fundamento en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, es improcedente porque, desde el 1º de julio de 2016 hasta la fecha de su solicitud (4 de agosto del mismo año), solo habían trascurrido 34 días.

Adicionalmente, según lo dispuesto en el parágrafo tercero de la norma citada, esos días no se contabilizan a favor de la petición de libertad, debido a que la Defensa del procesado solicitó el aplazamiento de la continuación de la audiencia de juicio oral programada para el pasado 1º de agosto de 2016.

En conclusión, a la fecha, el juzgador no ha superado el término de 150 días señalado en la causal de libertad provisional invocada.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión impugnada, por las razones expuestas.

2. EXHORTAR a la Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en la vía de hecho censurada en esta providencia.

3. ADVERTIR que contra el presente auto no procede recurso alguno.

4. COMUNICAR esta decisión a la Juez Séptima Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga.

5. DISPONER la devolución del expediente al tribunal de origen».

9 Cfr. CSJ AP, 9 octubre 2013, radicado 42427; CSJ AP, 22 abril 2013, radicado 41173; CSJ AP, 14 febrero 2013, radicado 40664; CSJ AP, 14 febrero 2013, radicado 40686; CSJ AP, 30 enero 2013, radicado 40574; CSJ AP, 21 noviembre 2012, radicado 40283; CSJ AP, 14 septiembre 2011, radicado 37412; CSJ AP, 8 agosto 2011, radicado 37143 y CSJ AP, 17 mayo 2011, radicado 36486, entre otras más antiguas.

10 Fl. 34.

11 Esa hipótesis se presentaba cuando el término de 120 días, señalado en el Nº 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se contaba a partir de la audiencia de formulación de la acusación, como lo había dispuesto la jurisprudencia de esta corporación.

12 “El principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad. (...) Luego es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de los procesos judiciales. Ahora una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado”. Sentencias T-450 de 1993, T-368 de 1995 y T-518 de 2014.

13 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador; Caso Tibi, supra nota 20, párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer vs. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.

14 Sentencia C-300 de 1994.

15 Sentencias C-814 de 2009 y C-371 de 2011.

16 Sentencia C-390 de 2014.

17 Cfr. CSJ AP, 28 julio 2005, radicado 19093; CSJ AP, 3 agosto 2005, radicado 22099; CSJ AP, 31 agosto 2005, radicado 18654; CSJ AP, 22 septiembre 2005, radicado 19734; CSJ SP, 3 marzo 2006, radicado 24300; CSJ AP, 29 junio 2006, radicado 19800; CSJ SP, 2 diciembre 2008, radicado 24768; CSJ AP, 16 diciembre 2008, radicado 28476 y CSJ AP, 22 julio 2011, radicado 36926, entre otras.

18 Cfr. CSJ AP, 16 febrero 2005, radicado 23006; y CSJ AP, 28 julio 2005, radicado 19093

19 Cfr. CSJ AP, 4 mayo 2015, radicado 19094 y CSJ AP, 19 julio 2005, radicado 23910.

20 La confusión entre “plazo razonable” y la prescripción de la acción penal y de la pena es un error común. El primer concepto se refiere al derecho de toda persona a la presunción de inocencia y a no permanecer en detención preventiva más del tiempo razonable. El segundo se refiere, en líneas generales, a dos situaciones muy diferentes, la prescripción de la acción penal es la consecuencia normativa de la desidia del Estado para identificar, procesar y condenar en un tiempo razonable al autor de una conducta punible, mientras que la prescripción de la pena denota su incapacidad para someter a quien fue condenado y manifiesta su insubordinación frente a la sanción.

21 Esos requisitos no siempre han sido enunciados en ese orden. La sistematización se hizo a partir de la lectura de los siguientes precedentes: CSJ AP, 4 mayo 2005, radicado 23567; CSJ AP, 28 julio 2005, radicado 19093; CSJ AP, 3 agosto 2005, radicado 22099; CSJ AP, 10 agosto 2005, radicado 16320; CSJ AP, 20 octubre 2005, radicado 24138; CSJ AP, 29 junio 2006, radicado 19800; CSJ AP, 2 diciembre 2008, radicado 24768; CSJ SP, 30 junio 2010, radicado 28222; CSJ SP, 23 mayo 2012, radicado 37852 y CSJ SP, 28 agosto 2013, radicado 41627, entre otras.

22 Sentencia C-355 de 2006. Corte Constitucional.