Auto AP544-2017 de febrero 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP544-2017

Rad.: 49028

Acta Nº 25

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales, y los datos y lugares por XXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre las solicitudes probatorias elevadas dentro del trámite de extradición que se adelanta contra B. C. U. o C. B. U., ciudadano XXX requerido por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes

1. Con Nota Verbal Col-02041 del 16 de agosto de 2016(1) el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de B. C. U. o C. B. U., ciudadano XXX requerido por el Juez Noveno Penal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), contra quien dictó orden de aprehensión dentro del proceso 81/2014 por la presunta comisión del delito de fraude genérico.

2. En resolución del 19 del mismo mes, el Fiscal General de la Nación decretó su captura con fines de extradición, la que se llevó a cabo ese mismo día en el hospital S. V. P. de XXX (Antioquia)(2).

El reclamado había sido privado de la libertad el día 11 anterior en el aeropuerto José María Córdoba de ese municipio, donde fue capturado en virtud de una circular roja de Interpol solicitada por el aludido juzgado(3).

3. Mediante Nota Verbal COL02398 del 27 de septiembre de 2016(4), la referida representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de B. C. U. o C. B. U. y aportó la documentación pertinente para el trámite(5).

4. En el concepto de que trata el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que para el caso «…se encuentra vigente el “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011»(6).

Además, remitió las Notas Verbales referidas y sus anexos al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez dispuso el envío del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5. A través de auto del 10 de octubre de 2016 se dio inicio al trámite en esta Corporación. El 10 de noviembre siguiente se reconoció personería al defensor público que fue designado por la Sala y en auto del 18 del mismo mes, se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para solicitar pruebas.

Dentro de ese término se pronunciaron la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal y el apoderado del reclamado, en el siguiente sentido:

5.1. Peticiones de la representante del Ministerio Público.

Pide que se solicite al gobierno mexicano que allegue «copia de la acusación o su equivalente o condena, respecto del delito por el cual se hace el requerimiento de la extradición o la orden de aprehensión, que se anuncia en la nota verbal», pues ninguno de tales escritos se incorporó en la documentación aportada por el país reclamante.

Para ella, es conducente y pertinente la práctica de tal medio de convicción, pues se requiere para determinar los comportamientos por los cuales el capturado fue reclamado en extradición y los hechos que fundamentan la solicitud.

5.2. Del defensor del requerido.

Depreca que se oficie a la EPS Sura con el fin de que allegue la historia clínica del reclamado y obtenida esta, se oficie al Instituto Nacional de Medicina Legal con el fin de que le realice un examen médico en el que se establezca: i) su estado actual de salud; ii) la enfermedad que padece; y iii) si la misma es compatible con la reclusión en establecimiento carcelario.

Además, que se ordene al Inpec disponer de los medios necesarios para garantizar el estado de salud del solicitado pues, afirma, no se le ha brindado atención médica en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad.

Justifica tales peticiones en que se deben establecer sus condiciones médicas, con el fin de que se garantice, en caso de emitir concepto favorable a la extradición, el derecho a la salud que le asiste.

De otra parte, solicita oficiar a la Embajada del país requirente, para que certifique el valor del salario mínimo vigente en los años 2011 y 2012 para el Distrito Federal, pues es reclamado por el delito de fraude genérico y el monto de la pena varía para esa conducta dependiendo del valor de lo apropiado, «considerado en salarios mínimos».

La pertinencia de esa prueba se deriva de que la extradición es procedente, cuando el delito tenga una pena no menor de tres años de prisión y la definición del monto de lo apropiado en salarios mínimos «forma parte íntegra del tipo y modifica su punibilidad».

Consideraciones

1. La Corte ha señalado que el concepto, de conformidad con el marco normativo aplicable al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y México, se contrae a verificar los requisitos contenidos en el Tratado suscrito entre ambos países, aprobado en nuestro país mediante Ley 1663 de 2013.

Además, se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que no se opongan al referido instrumento internacional, a voces del artículo 502 ejusdem.

Las pretensiones probatorias, entonces, deben estar vinculadas con los elementos a que se refieren tanto el Tratado de Extradición, como el canon de la Ley 906 de 2004 en cita.

En razón de lo anterior, las que pueden solicitarse y practicarse serán las que conduzcan y resulten necesarias para establecer tales aspectos, es decir: (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y (v) el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. (En ese sentido, CSJ CP001-2015 y CSJ CP166-2014, entre otros).

Entonces, la Corte solo está habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, únicamente en relación con las exigencias previstas en la Constitución Política, en el artículo 502 citado y los requisitos contenidos en el Tratado aplicable al caso.

En cambio, los aspectos ajenos a tales parámetros que se propongan acreditar los intervinientes exceden la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe rendir esta Corporación, por lo que las pruebas que tengan como propósito la verificación de cuestiones extrañas al mismo, resultan impertinentes.

2. Sobre las pretensiones probatorias.

2.1. La postulación formulada por la representante del Ministerio Público es conducente. En efecto, el Tratado de Extradición suscrito entre ambas naciones exige, para la procedencia de la extradición, que se allegue con la solicitud, copia de la orden de aprehensión y la «relación de los hechos imputados» (artículo 8-2 del instrumento internacional).

No obstante, resulta innecesaria su práctica. De la revisión de las carpetas anexas, se advierte que obra la orden de aprehensión emitida por el Juez Noveno Penal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en la que se relacionan con suficiencia los hechos que cimentan la solicitud de extradición(7).

Pero además, el instrumento internacional no hace alusión a la obligación de aportar el escrito acusatorio, contrario a lo pedido por la Procuradora Delegada, sino, únicamente, al aludido mandamiento de prisión.

Por tal razón, se negará la solicitud formulada por la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal.

2.2. Las solicitudes probatorias del defensor, referidas a que se obtenga la historia clínica de B. C. U. o C. B. U. y además, que se le practique valoración médico-legal resultan pertinentes. En efecto, tales pruebas se relacionan con la eventual necesidad de hacer un condicionamiento especial en caso de que el concepto a emitir por la Corte sea favorable a la extradición del requerido, en aras de preservar tanto su salud como su vida.

Es que, en varias oportunidades la Corte ha exhortado al Gobierno Nacional para que, de accederse a la extradición del solicitado, se asegure que el Estado requirente le garantice sus derechos a la salud y la vida, ofreciéndole los tratamientos médicos y atención que demanden sus padecimientos(8), así como los cuidados necesarios para su traslado al país requirente.

Entonces, con miras a obtener la totalidad de los elementos de juicio necesarios para emitir el concepto que en derecho corresponde, en especial de aquellas circunstancias particulares sobre las cuales puede llegarse a pronunciar la Sala, en caso de emitir concepto favorable al pedido de extradición, se hace indispensable requerir al Instituto Nacional de Medicina Legal, en orden a establecer: i) qué enfermedad padece en la actualidad el ciudadano XXX B. C. U. o C. B. U.; ii) si tal padecimiento es de carácter transitorio o permanente; iii) qué tipo de tratamiento requiere y si este es incompatible o no con la reclusión intramural (igual postura adoptó la Corte en CSJ AP5599 – 2016).

Para efectos del examen que se deberá practicar al reclamado, por secretaría de la Sala se requerirá a la EPS Suramericana, para que, en el término de cinco (5) días, facilite copia íntegra y actualizada de la historia clínica del mencionado.

Además, se oficiará a la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de quién se encuentra privado de la libertad el solicitado B. C. U. o C. B. U., para que, allegados tales documentos, efectué, dentro del plazo de diez (10) días, los trámites a que haya lugar a fin de concretar la práctica de la prueba ordenada.

El pedimento relacionado con oficiar al Inpec para ordenarle que disponga de los medios necesarios para garantizar la salud y la vida del requerido no resulta pertinente, conducente y útil de cara a dilucidar los aspectos objeto de análisis por parte de la Sala para conceptuar la extradición.

No obstante, en aras de proteger los derechos fundamentales del reclamado mientras dure su internamiento por cuenta de las autoridades de nuestro país, se dará traslado de tal solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que, en coordinación con la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, se le brinde la atención en salud que necesite por razón de las dolencias que dice padecer.

2.3. La petición que hace el defensor, encaminada a que se solicite certificar el valor del salario mínimo vigente en los años 2011 y 2012 para el Distrito Federal (ahora ciudad de México), resulta conducente, pertinente y útil, dado que el artículo 2-1 del Tratado aplicable condiciona la procedencia de la extradición «cuando la solicitud se refiera a conductas delictivas que se encuentren previstas en las legislaciones de ambas Partes y constituyan un delito con sanción privativa de la libertad, cuya pena mínima no sea menor a tres (3) años».

En ese sentido se debe señalar que, en el Código Penal para el Distrito Federal, la sanción para el delito de fraude genérico se adecúa teniendo en cuenta el valor de lo apropiado, expresado en salarios mínimos.

Dice la norma:

Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán:

I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo;

IV. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cinco mil pero no de diez mil veces el salario mínimo; y

V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces el salario mínimo.

Ahora, en la orden de aprehensión se indicó que el reclamado presuntamente se apropió de la suma de $1’500.000 pesos mexicanos, sin que se hiciera la conversión de dicha suma a salarios mínimos de ese país.

Por tal razón, se accederá a la pretensión probatoria elevada por el defensor. En ese sentido, se solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que por su conducto, se requiera a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país, con el fin de que se sirva certificar el valor del salario mínimo mensual vigente para los años 2011 y 2012 en el Distrito Federal (ahora ciudad de México)(9).

3. De la revisión de las diligencias se advierte que no obra en el expediente un informe pericial mediante el cual se haya realizado cotejo dactiloscópico entre las huellas del capturado y las de quien es pedido en extradición, para verificar si la persona que está privada de la libertad por cuenta de esta actuación es la misma que se identifica como B. C. U. o C. B. U. y cuenta con cédula de extranjería colombiana No. XXX y pasaporte XXX de la República de XXX.

Tal elemento de convicción es pertinente y útil en torno al análisis de los requisitos que debe verificar la Sala al momento de emitir el concepto de rigor, razón por la cual se hace necesario decretar su práctica, de manera oficiosa.

Por ende, se requerirá a la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, ordene a quien corresponda, que realice un cotejo dactiloscópico entre las huellas de quien está actualmente privado de la libertad por cuenta de este trámite, con las de quien se identifica como B. C. U. o C. B. U. y cuenta con cédula de extranjería colombiana No. XXX y pasaporte XXX de la República de XXX. Los resultados de esa confrontación dactilar deberán ser posteriormente remitidos a esta Corporación.

Se dispondrá además requerir, por conducto de la secretaría de la Sala, al Banco de la República, con el fin de que certifique la tasa de cambio vigente para el peso mexicano en los años 2011 y 2012.

Dicha información, que se solicita de manera oficiosa, resulta pertinente y útil por razón de que, como se expuso en precedencia, el instrumento internacional aplicable al caso exige que el delito por el cual se hace la solicitud de extradición, cuente con una pena cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, lo que impone determinar la suma a la que se hizo referencia en la orden de aprehensión, reflejada en salarios mínimos de nuestro país, con el fin de establecer el extremo punitivo mínimo aplicable para la conducta en Colombia(10).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECRETAR la práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del requerido, bajo los términos descritos en los numerales 2.2 y 2.3 de la parte motiva de esta providencia.

2. DECRETAR, de oficio, las pruebas a las que se aludió en el numeral tercero de la presente decisión.

3. NEGAR la solicitud probatoria formulada por la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal.

4. Contra este auto procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 49 a 56 de la carpeta.

2 Folio 31 de la carpeta principal.

3 Folios 2 a 6 ídem.

4 Folios 71 a 76 de la carpeta principal.

5 Según el numeral 4º del artículo 8º del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, «los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado, estarán dispensados de todas las formalidades de legalización o apostilla cuando sean cursados por la vía diplomática».

6 Mediante oficio DIAJI No. 2308 del 27 de septiembre de 2016, obrante a folio 69 de la carpeta principal.

7 Ver folios 2 a 27 de la carpeta anexa.

8 En ese sentido, CSJ CP, 10 Ago. 2005, Rad. 23013; CSJ CP, 31 Jul. 2009, Rad. 30329; CSJ CP, 16 Nov. 2010, Rad. 32238; CSJ CP, 29 Ago. 2012, Rad. 38722 y CSJ CP 185 – 2016.

9 Al respecto, señala el artículo 10 del Tratado lo siguiente: «Si la Parte Requerida estima que los documentos presentados en apoyo de la solicitud formal de extradición no son suficientes para satisfacer los requisitos del presente Tratado, dicha Parte solicitara la presentación de los documentos que se omitieron o que fueron deficientes».

10 Sin que la Sala haga un pronunciamiento de fondo, se precisa que la conducta reprochada podría asimilarse en nuestro país a la de estafa, que según el artículo 246 del Código Penal tiene una pena mínima de 32 meses de prisión, la que se incrementa «de una tercera parte a la mitad» si el valor de lo apropiado es superior a 100 salarios mínimos (art. 267 ejusdem).