Auto AP5491-2015/46805 de septiembre 23 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP5491-2015

Radicación: 46805

Aprobado acta 334

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil quince.

Asunto

La Sala se pronuncia sobre el recurso de queja interpuesto por la defensora de Andrés Felipe Salazar Herrera contra el auto de septiembre 3 de 2015, por medio del cual el Tribunal Superior de Buga negó la apelación impetrada contra el fallo que profirió esa misma corporación el 22 de agosto último.

Antecedentes procesales relevantes

1. Mediante sentencia de agosto 20 de 2014, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Buga resolvió, entre otras, absolver a Andrés Felipe Salazar Herrera de los cargos que le fueron imputados como autor del delito de lesiones personales culposas.

2. El Tribunal Superior de Buga, en sentencia de agosto 22 de 2015 proferida al resolver los recursos de alzada interpuestos contra el fallo de primer grado, lo revocó parcialmente y condenó a Salazar Herrera a las penas de 17 meses de prisión, multa de 6.67 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y de la profesión médica por 6 meses, como autor de la aludida conducta punible.

3. En contra de esa providencia, la apoderada judicial del acusado interpuso recurso de apelación, aduciendo que, de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2014, la impugnación vertical procede contra todos los fallos que condenan por primera vez al procesado.

4. El tribunal, en auto de septiembre 3 del año en curso, negó la alzada.

Indicó que en la referida sentencia, el tribunal constitucional resolvió “exhortar al Congreso de la República para que en el término de un año contando a partir de la notificación por edicto de (esa) sentencia regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que, en el marco del proceso penal, imponen condena por primera vez”, así como “disponer que en caso de que el legislador incumpla este deber, se entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Agregó que esa providencia se notificó en edicto de 22 de abril de 2015, de tal suerte que únicamente produce efectos a partir del 22 de abril de 2016.

Concluyó entonces que “no procede a la fecha el recurso de alzada contra este tipo de sentencias emitidas en una segunda instancia”.

5. Esa decisión fue impugnada, por vía de queja, por la defensora de Salazar Herrera.

En sustento del recurso y luego de disertar extensamente sobre las garantías procesales consagradas en distintos instrumentos internacionales, insistió en lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2014 y argumentó que, con independencia de que el término allí fijado por esa corporación no se haya vencido aún, “el debido proceso debe primar sobre cualquier trámite procesal”, de modo que no puede vulnerarse “so pretexto de dar un plazo al legislador para que regule el tema”.

Agregó que negar la apelación comportaría además la violación del derecho a la igualdad, pues “si la fiscalía y la víctima tuvieron el derecho de impugnar la sentencia absolutoria proferida a favor de (su) cliente… a él… se le debe respetar el derecho a impugnar el fallo que lo condena en las mismas condiciones”.

Consideraciones

1. Como la decisión objeto del recurso de queja fue proferida por un tribunal superior de distrito judicial, la Corte, de acuerdo con el artículo 179C de la Ley 906 de 2004, es competente para pronunciarse sobre el mismo.

2. La Sala tiene dicho que el recurso de queja constituye una herramienta para la tutela e indemnidad de principio de doble instancia, pues tiene como propósito examinar si una decisión respecto de la cual se negó la apelación es susceptible de ser impugnada por esa vía y, de ser así, conceder la alzada que ha sido negada equivocadamente(1).

En ese orden, constituye presupuesto necesario del pronunciamiento favorable a las pretensiones del quejoso que la decisión respecto de la cual se negó la apelación sea pasible de ser impugnada por medio de ese recurso.

No sucede así en el presente asunto, pues de acuerdo con el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la apelación solo procede frente a las sentencias que profieren los tribunales superiores de distrito judicial en primera instancia.

En este caso, la decisión respecto de la cual se reclama la concesión de la alzada fue proferida por una corporación de esa jerarquía en ejercicio del control de segunda instancia, de tal suerte que en relación con ella no es viable la impugnación vertical.

3. La Sala no desconoce que mediante Sentencia C-792 de 2014, la Corte Constitucional declaró la “inconstitucionalidad con efectos diferidos, y en los términos señalados en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y exequible el contenido positivo de estas disposiciones”.

En consecuencia de ello, resolvió “Exhortar al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Pero dicha providencia, como acertadamente lo coligió el tribunal al negar la apelación, fue notificada mediante edicto 49 de abril 22 de 2015(2), de tal suerte que el plazo fijado por la corporación no se haya vencido aún.

Quiere ello decir que, a la fecha, la sentencia proferida contra Salazar Herrera no admite impugnación en alzada, por ende, que la decisión de no conceder ese recurso no comportó irregularidad alguna y se ajusta a la normativa vigente, todavía revestida de plena constitucionalidad.

Comoquiera que, además, el Congreso no ha atendido el llamado efectuado por el tribunal constitucional para que regule “el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias”, resulta evidente la improcedencia de la queja impetrada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NEGAR el recurso de queja interpuesto por la apoderada de Andrés Felipe Salazar Herrera en este asunto, conforme la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR la devolución de las diligencias al tribunal de origen.

3. Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese y cúmplase.

Magistrados: José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Cfr. CSJ AP, 11 ago. 2015, rad. 46.527.

(2) www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/edictos.