Auto AP5525-2014/44511 de septiembre 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

AP5525-2014

Radicación 44511

(Aprobado Acta 305)

Bogotá D.C., dieciséis septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con los artículos 62 de la Ley 975 de 2005 y 32 —numeral 4— del Código de Procedimiento Penal del 2004, la Corte Suprema de Justicia es competente para definir la competencia cuando un despacho señala como competente a otro que pertenece a distrito judicial diferente, lo cual ocurre en el presente caso que involucra al Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín. (En tal sentido puede verse, CSJ AP, 30 may 2006, Rad. 24964, CSJ AP, 28 sep. 2006, Rad. 25830 y CSJ AP2842-2014, Rad. 43778, entre otros autos).

2. La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 —artículos 54 y 341— para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos, incidente que no está reservado exclusivamente para ser activado en la audiencia de formulación de acusación o de imputación, pues existen otros eventos procesales en los cuales es “necesario contar con el pronunciamiento del superior acorde con el rito previsto en el artículo 54 ibídem para no vulnerar el principio de celeridad, de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento previsto en los artículos 142 y 163, y no afectar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, interesados en que los debates sean resueltos con prontitud” (CSJ AP, 14 may 2013).

3. La Sala debe determinar cuál es la autoridad judicial a la que le compete pronunciarse, tras la concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento a favor del postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, José de Jesús Pérez Jiménez, respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena —acumulada jurídicamente, de las sanciones proferidas en 13 sentencias de condena, dictadas en procesos ordinarios en contra de este— la cual vigila el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

4. Para hacer efectiva la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, concedida en el trámite de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, es necesario, entre otras determinaciones, que se disponga, a solicitud del postulado, la suspensión condicional de las penas que le hubiesen impuesto mediante procesos ordinarios, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubiesen sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Para ello, el interesado debe formular la solicitud en la misma audiencia adelantada ante el “magistrado de control de garantías de justicia y paz”, el cual, de advertir por inferencia razonable que la sentencia respecto de las cual el postulado pretende la suspensión de la ejecución de la pena, fue proferida por conducta cometida con ocasión y durante su pertenencia al grupo armado al margen de la ley, debe remitir copia de lo actuado al “juez de ejecución de penas y medidas de seguridad” que tenga la vigilancia de la sanción, para que se pronuncie respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la “pena ordinaria”.

Así fue indicado en el inciso 2 del artículo 18B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012:

Si el magistrado de control de garantías de justicia y paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria”.

En otras palabras, la autoridad que debe decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila la condena, no el magistrado de control de garantías de justicia y paz, pues a este último le compete, se reitera, remitirle al primero copia de todo lo actuado -si advierte razonable la petición-, precisamente para que aquél pueda confrontar y determinar si realmente se encuentra satisfecho el presupuesto normativo para ese efecto, o si por el contrario tiene bajo su vigilancia la condena impuesta por alguna conducta ajena al trámite transicional, respecto de la cual evidentemente no tendría lugar suspensión alguna.

Este entendimiento gramatical del texto legal se observa razonable, en tanto el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad: (i) debe velar por el cumplimiento de las condenas válidamente proferidas, las cuales sólo pueden suspenderse en su ejecución por las razones expresamente indicadas en el ordenamiento jurídico; (ii) es quien cuenta con la información de las sentencias, necesaria para la verificación del presupuesto normativo; y (iii) en su sede el interesado cuenta con los recursos ordinarios para debatir la decisión si le resulta adversa.

Cosa diferente, valga precisar, sucede para la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena, la cual el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad simplemente debe decretarla(1) cuando el magistrado de control de garantías de justicia y paz declara que el postulado incurrió en alguna de las causales para ese efecto, señaladas en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005 y, con base en ello, formula al primero la correspondiente solicitud de revocatoria, pues al que le compete determinar si éste cumplió o no las obligaciones impuestas en el trámite transicional, es a la autoridad de justicia y paz.

5. En el presente caso, el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en auto emitido el 21 de julio de 2014, tras determinar la medida de aseguramiento sustitutiva de vigilancia electrónica e indicar que no hubo replica alguna “o por lo menos que en duda estuviera”, respecto de que las 13 sentencias condenatorias proferidas en contra del postulado, —acumuladas en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín—, “versan exclusivamente por hechos relacionados con su directa participación como integrante de lo que se denominó Bloque Calima y Bananero de las AUC”, por lo cual, “(…) puede inferirse razonada y válidamente que ese cúmulo de indagaciones (…) reportadas en la cartilla bibliográfica de José de Jesús Pérez Jiménez tiene que ver con tramitaciones, investigaciones o juicios, si es del caso, por hechos relacionados con su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley”; dispuso, entre otras determinaciones, remitir copia de toda la actuación al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

Por tanto, ahora, al despacho precitado le corresponde resolver respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como ciertamente lo señala el artículo 18B de la Ley 975 de 2005, por lo cual se le devolverá el diligenciamiento.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín es competente para pronunciares sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena jurídicamente acumulada, impuesta en la justicia ordinaria contra José de Jesús Pérez Jiménez, la cual está siendo vigilada por el mismo despacho.

2. Devolver el diligenciamiento al juzgado de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Inciso 3 del artículo 18B: “La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A”.