Auto AP5775-2016/45608 de agosto 31 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45608

Magistrado Ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Aprobado Acta: 274

Bogotá D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

5. Según lo establece el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal que gobernó este asunto, el recurso de casación es un mecanismo de control tanto constitucional (artículo 235-1) como legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos (i) la efectividad del derecho material, (ii) el respeto de las garantías fundamentales, (iii) la reparación de los agravios inferidos y (iv) la unificación de la jurisprudencia.

Para el cumplimiento de esos objetivos en el mencionado régimen procesal se dotó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de facultades sustanciales al conferirle, entre otras, la potestad de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo cuando los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso, e índole de la discusión lo ameriten.

Lo anterior no implica, sin embargo, que este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia, pues, por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria, quien acude al mismo debe ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados (por vicios in procedendo o in iudicando), y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del ordenamiento procesal, con el fin de persuadir a esta corporación de revisar el fallo de segunda instancia en procura de corregir la decisión que se acusa de ser contraria a derecho.

Desde ahora la Sala anuncia la inadmisión de la demanda presentada en nombre del aquí procesada, toda vez que los reproches denunciados no evidencian la configuración de verdaderos yerros con trascendencia objetiva en la declaración de justicia atacada.

6. Los reproches expuestos cargos primero y segundo tienen como fundamento idéntica circunstancia fáctica, a saber, la supuesta vulneración de los principios de inmediación y concentración previstos en los artículos 16 y 17 del Código de Procedimiento Penal que gobernó este asunto, debido a: [i] el cambio de juez durante el debate público, y [ii] las varias y distanciadas sesiones en las que se desarrolló el juicio.

Sin embargo, en ninguna de las dos quejas, sustentadas por diferente causal de casación, se acredita un error típico de las correspondientes vías de censura, esto es, bien sea una irregularidad determinante de la nulidad de la actuación (artículo 181, numeral 2º, Ley 906 de 2004), o la interpretación errónea de las aludidas normas contentivas los citados principios rectores (artículo 181, numeral 1º, Ley 906 de 2004).

Además, la solicitud de absolución con la que el actor remata ambas censuras es inconsecuente con el fundamento de su inconformidad, ya que si en verdad hubiese ocurrido un desatino o agravio serio y relevante frente los principios de inmediación y concentración, la alternativa para enmendar el desacierto sería la invalidez de lo actuado para repetir el juicio con observancia de los señalados axiomas, y no la exoneración de responsabilidad del acusado por aplicación del apotegma de in dubio pro reo, como con desacierto lo expresamente lo reclama el demandante en el segundo cargo, y de manera ambigua y contradictoria lo deja insinuado en el primero.

De cara a los argumentos esbozados en las réplicas en cuestión (primera y segunda), es evidente que el actor termina por reconocer que en ningún error incurrió el ad quem al no decretar la nulidad por el cambio del juez durante el juicio, como tampoco en la interpretación de los preceptos contentivos de los principios ya citados y presuntamente vulnerados, pues el juez plural sustentó el respectivo pronunciamiento con respaldo en uniforme y reiterado criterio jurisprudencial vigente.

En efecto, como bien lo acepta el censor, y lo tuvo en cuenta el fallador de segundo grado, el criterio jurisprudencial en vigor frente al relevo de jueces en la dinámica del sistema de juzgamiento de la Ley 906 de 2004, consiste en que tal circunstancia solo por excepción es constitutiva de nulidad(6), y menos cuando ello obedece a situaciones administrativas ingobernables, como la acaecida en el presente asunto, toda vez que ante los quebrantos de salud del funcionario que ofició la audiencia de acusación y presidió las primeras sesiones del debate público, en su reemplazo fue necesario designar otro ante quien se surtió el debate probatorio restante, quien anunció el sentido del fallo condenatorio y emitió la respectiva sentencia.

Soslayó igualmente el censor que respecto de la práctica del debate oral, el solo hecho de su prolongación en el tiempo en varias sesiones no es determinante de un agravio cierto y trascendente de los principios de concentración e inmediación, ya que una afrenta a estos —que no son absolutos como lo ha reconocido la jurisprudencia— solo tiene eventual potencialidad de configurar una nulidad cuando el debate probatorio no es presenciado y dirigido por un mismo juez y a la par ello entraña violación de otras garantías de más hondo calado; pero, al contrario, si el supuesto fáctico procesal revela que las pruebas soporte de la decisión atacada fueron recibidas por el mismo funcionario que anunció el sentido de fallo, y que la sentencia guarda unidad temática con los argumentos expuestos en ese anuncio —como aquí ocurre—, la jurisprudencia ha sido enfática y reiterativa en que ningún agravio serio hay frente a la estructura del proceso o los derechos fundamentales de las partes(7).

Puesto en otros términos, ningún yerro trascendente en la actividad in procedendo o in iudicando de los funcionarios de instancia acreditó el demandante, sino que veladamente cuestionó la doctrina jurisprudencial de esta Sala acerca de situaciones como las agitadas por el censor, sin evidenciar con tesis doctrinarias novedosas, o pronunciamientos de organismos internacionales con autoridad para fijar el alcance de tratados de igual raigambre, que el criterio de la Corte es equivocado y que es necesario recogerlo para la solución correcta de este acaso y de asuntos futuros semejantes.

7. Con relación a la tercera censura propuesta con apoyo el artículo 181, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la réplica allí expuesta en términos de la acreditación de un error trascendente no es más afortunada que las anteriores.

La vía de ataque a la que acudió el recurrente en la comentada queja se halla establecida para enjuiciar la declaración de justicia expresada en el fallo de segundo grado, cuando en la misma se advierta la falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial (únicos sentidos de susceptibles de proponer), a consecuencia de distales ocurridos en la ponderación de los elementos de conocimiento practicados en el juicio.

Tales vicios son, de una parte, los errores de derecho, que se presentan cuando el juzgador contraviene el debido proceso probatorio, valga precisar, las normas que regulan las condiciones para la producción (práctica o incorporación) de un determinado medio de prueba en el juicio oral y público (tacha que se conoce como falso juicio de legalidad), o porque, aun cuando la prueba ha sido legal y regularmente producida, desconoce el valor prefijado en la ley a la misma (yerro denominado falso juicio de convicción), clase de dislate incompatible con el anterior y de excepcional ocurrencia dado que, por regla general, en la actual sistemática procesal penal (así como en las anteriores), los elementos de conocimiento no tienen asignado en el ordenamiento adjetivo un grado de persuasión tarifado o ponderado (salvo lo relativo a la prueba de referencia. Ley 906 de 2004, artículo 381, inciso segundo), sino que el funcionario está en la obligación de apreciarlos en conjunto, de acuerdo con los postulados de la sana crítica.

Y de otra, los errores de hecho, los cuales obligan a aceptar que el elemento de persuasión satisface las exigencias de su producción y que no tiene en la ley un predeterminado valor de convencimiento, habida cuenta que las falencias en que puede incurrir el juzgador se manifiestan a través de tres diferentes especies: falso juicio de identidad, porque adiciona o recorta la expresión fáctica de un elemento probatorio o distorsiona su contenido; falso juicio de existencia, debido a que tiene como probado un hecho que carece de acreditación, o supone como incorporada a la actuación la prueba de ese aspecto, o porque omite apreciar un elemento de conocimiento legal y allegado en forma válida; y falso raciocinio, que se presenta por desviación de los postulados que integran la sana crítica (reglas de la lógica, leyes de la ciencia y máximas de la experiencia) como método de valoración probatoria.

Sea que se trate de errores de derecho o de hecho, el actor no puede, so pena de violar el principio lógico de no contradicción, proponer respecto de un mismo medio de prueba simultánea e indistintamente las respectivas especies en que aquellos se subdividen, y además está en el deber de demoler todos los fundamentos probatorios de la sentencia demandada (comprendidos los expuestos en el fallo de primer grado cuando este ha sido confirmado por el de segunda instancia), mediante la acreditación de errores típicos de la violación indirecta, pues si deja incólume alguno y este resulta suficiente para sostener el pronunciamiento, es claro que no habrá conseguido quebrar la doble presunción de legalidad y acierto con la que llega ungido tal pronunciamiento a la sede de casación.

En el tercer cargo el actor se limitó a proponer exclusivamente un presunto error por falso raciocinio en cuanto a la credibilidad que el ad-quem concedió a la prueba de cargo (las declaraciones en el juicio de las infantes agraviadas), específicamente en cuanto a las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron los actos deshonestos cometidos por el acusado sobre las víctimas.

Sin embargo el demandante no logró estructurar el yerro alegado, y lo que hizo fue consignar su particular criterio estimativo respecto al peso suasorio que en su opinión merecerían las versiones de las niñas ofendidas, con el agravante que ninguna crítica en procura de la demostración de errores propios de la causal alegada hizo respecto del restante material probatorio que respalda las versiones de aquellas, a saber, los testimonios de allegados y familiares que observaron sus cambios comportamentales, ni respecto de los dictámenes que se allegaron respecto de la sustentabilidad y respaldo emocional de las narraciones de las niñas.

En últimas la labor crítica que plasmó el demandante en esta queja, al estar desprovista de argumentos serios que acrediten frente a todo el material probatorio que sustenta la decisión de condena la configuración de yerros típicos de la violación indirecta, queda reducida a simple e intrascendente discrepancia con los juzgadores de primero y segundo grado frente a la estimación de las pruebas de cargo, sin que de tal alegación sea posible extraer con objetividad la posible ocurrencia de errores probatorios de hecho o de derecho.

Dicho con otras palabras, el cuestionamiento queda equiparado a un alegato de instancia con el cual pretendió el recurrente su valoración de los elementos de conocimiento, simplemente diferente a la del Tribunal, sea privilegiada o aceptada como de mejor valía, finalidad ajena o extraña a la teleología de este mecanismo extraordinario de impugnación.

8. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la demanda de casación no será admitida cuando: i) el actor carece de interés para acceder al recurso; ii) el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, iii) “cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”, circunstancia esta última que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder los planteamientos del demandante sin acudir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación.

Por lo tanto, como de acuerdo con las consideraciones que preceden en el los cargos revisados no se demostró la configuración de vicios con la capacidad de enervar la declaración de justicia hecha en las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales al coincidir en el mismo sentido forman una unidad jurídica inescindible que solo puede ser resquebrajada en virtud de la acreditación de yerros manifiestos y graves que dejen sin efecto la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija, se impone la inadmisión de la demandas como lo ordena la norma acabada de rememorar.

Lo anterior sin perjuicio de puntualizar que la Sala no advierte situación alguna que legalmente la habilite para superar los defectos de los reproches con el fin de decidir de fondo, ni observa violación alguna de las garantías fundamentales del enjuiciado J. O. G. S. con ocasión del procedimiento cumplido o en el fallo impugnado, como para que sea necesario el ejercicio de la facultad oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección.

Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia, en los términos concretados por la Corte a partir del fallo de 12 de septiembre de 2005 (radicación 24322).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de J. O. G. S., contra la sentencia que en segunda instancia confirmó la condena emitida en su contra como autoras del delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, cometido en concurso homogéneo.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, es facultad del recurrente elevar petición de insistencia.

Notifíquese y cúmplase».

6 Cfr. SP 12 dic 2012, rad. 38512, y SP12948-2014, 24 sep. 2014, rad. 36401.

7 Cfr. SP 20 ene. 2010, rad. 32196 y 32556, y SP 17 mar. 2010, rad. 32829.