Auto AP5788-2015/46704 de septiembre 30 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP5788-2015

Rad.: 46704

Aprobado Acta Nº 350

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por una Sala de conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, por cuyo medio excluyó del proceso de justicia y paz al postulado Exxx Mxxx Hxxx.

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si se estructura la causal de terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados prevista en el numeral 1º del artículo 11A de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, referida a que “…el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley…”.

El proceso de justicia y paz fue concebido con el fin de buscar la transición hacia una paz estable y duradera, luego, el éxito de este proceso de reconciliación “se encuentra estrechamente ligado a la posibilidad de conocer los hechos, los responsables, los auspiciadores, la financiación, los beneficiados, la forma, los sitios, el momento, las razones y, en general todo aquello que esclarezca la situación de violencia generada por las actividades ilícitas de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley” (CSJ SP-2561 4 mar. 2015, rad. 44692).

Por tanto, para ejercer la opción de obtener los beneficios previstos por la Ley 975 de 2005, resulta indispensable, no solo expresar la voluntad de reincorporarse a la vida civil, sino materializar la decisión de dejar atrás el accionar violento y contribuir para que las víctimas vean satisfecho el componente de verdad que se constituye dentro del proceso de justicia y paz en un derecho inalienable.

Obligaciones que persisten para quienes desean acogerse a los beneficios de la Ley 1424 de 2010 que hace parte de las disposiciones de justicia transicional, y que, considera la procuradora judicial penal, rige la situación de Exxx Mxxx Hxxx; sin embargo, la Sala no encuentra el soporte de tal afirmación, sobre todo porque la desmovilización de Mxxx Hxxx sucedió cinco años antes de la promulgación de esta norma y cuando ya había manifestado su querer de acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005.

Sumado a ello, la Ley 1424 de 2010 no se promulgó para que rigiera en forma desarticulada y en contravía de los fines fijados por la Ley 975 de 2005, de tal manera que no es válido justificar la renuencia de Exxx Mxxx Hxxx bajo el argumento de estar cumpliendo los compromisos en aquella previstos. Pero, si en gracia de discusión se admitiera tal proposición, basta observar que para obtener sus beneficios el desmovilizado debe, al igual que en la Ley 975 de 2005, haber confesado la comisión de punibles (concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal), y, manifestar su compromiso “con la contribución al esclarecimiento de la verdad, el contexto de su participación y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia…” (artículo 6º de la Ley 1424 de 2010, reglamentado por el Decreto 2601 de 2011), condiciones que no se hallan verificadas.

Entonces, como parte de los presupuestos de elegibilidad, al desmovilizado le corresponde demostrar el compromiso con los fines de la ley de justicia y paz, contribuyendo a la reparación de las víctimas y sometiéndose a la pena contemplada por el legislador para quienes deciden confesar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno, durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado ilegal.

La decisión manifiesta de contribuir a la consecución de la paz nacional, colaborar con la justicia, con el esclarecimiento de la verdad y propender por la reparación integral de las víctimas, son obligaciones sin cuyo cumplimiento no es posible que el aspirante alcance, primero la postulación, y más adelante el beneficio de la pena alternativa.

Efectuada la postulación por el Gobierno Nacional, empieza a concretarse el cumplimiento de los anteriores deberes a través de la versión libre que rendirá el postulado en presencia de su defensor y en la que, en primer término, el fiscal preguntará sobre la voluntad expresa de acogerse al proceso penal especial de justicia y paz (artículo 2.2.5.1.2.2.7 del Decreto 1069 de 2015 único reglamentario del sector justicia y del derecho, que recopiló el artículo 20 del Decreto 3011 de 2013), manifestación sin la cual no es posible recibir la versión libre y continuar con las demás etapas del proceso.

Acto seguido, lo indagará acerca de: (i) los hechos delictivos de los que tenga conocimiento; (ii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en los que haya participado, ocurridos antes de su desmovilización; (iii) la fecha y motivos de ingreso al grupo, y, (iv) los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si los llegare a tener o conocer.

Como viene de verse, a partir de la confesión plena y veraz que realiza el postulado mediante la versión libre, se abre paso a las labores de verificación que corresponden a la fiscalía y a la oportunidad de que las víctimas directas o indirectas del actuar del grupo armado ilegal, y la sociedad, empiecen a colmar sus expectativas de cara a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica a las que tienen derecho.

A contrario sensu, si el postulado es renuente a comparecer al proceso, queda en evidencia su falta de voluntad para cumplir con los compromisos adquiridos durante su desmovilización, configurándose la causal 1 del artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012:

“ART. 11A.—Causales de terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados. Los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:

1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley...

Entiéndase que el postulado no comparece al proceso cuando se presenta alguna de las siguientes eventualidades: (i) no se logra establecer su paradero a pesar de las labores realizadas por las autoridades para su localización; (ii) no atiende, sin causa justificada, los emplazamientos públicos efectuados a través de los medios de comunicación, ni las citaciones realizadas al menos en tres oportunidades para lograr su comparecencia a versión libre; (iii) no se presenta, sin causa justificada para reanudar su versión, o, (iv) no se presenta, sin causa justificada a las audiencias.

Así, es preciso verificar si la Fiscalía realizó las labores suficientes y efectivas tendientes a la localización de Exxx Mxxx Hxxx, con el fin de ser escuchado en versión libre, aspecto para el cual resulta necesario señalar que la única versión libre rendida por este desmovilizado, tuvo ocurrencia en Mxxx (Cxxx) el 27 de enero del año 2005 durante el proceso de dejación de las armas por parte del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, del cual hacía parte desde ocho años atrás.

Diligencia necesaria como la formalidad requerida por la legislación vigente para ese momento (artículo 324 de la Ley 600 de 2000), de cara a manifestar su decisión de iniciar el proceso de reinserción a la vida civil y que dista de los objetivos precisos de la versión libre prevista en el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, pues mientras aquélla tiene como presupuesto de protección al derecho de defensa la no autoincriminación, esta se efectúa precisamente con el fin opuesto, es decir, la necesidad que en ella el postulado renuncie a sus derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse, para en su lugar, narrar de manera leal con el proceso y las víctimas, todas las conductas punibles de las cuales conoció durante su permanencia en la organización al margen de la ley y aquéllas de las que participó, aceptando su responsabilidad.

Expedida la ley de justicia y paz, el gobierno envió al Fiscal General de la Nación de la época el listado con las personas postuladas que se encontraban en libertad, entre ellas, Exxx Mxxx Hxxx, de quien se desconocía su ubicación, razón por la cual, el 18 de mayo de 2007 la fiscalía 13 de la unidad nacional para la justicia y la paz dispuso la apertura de este trámite transicional y ordenó comunicar la decisión al postulado, lo cual se cumplió mediante el Oficio 1050 del 30 de julio de 2007, que no cuenta con constancia de recibido por parte del destinatario.

El 20 de mayo de 2010 una investigadora de la unidad de fiscalía para la justicia y la paz informó que no se había logrado la ubicación de Mxxx Hxxx, de quien se creía residía en Sxxx (Axxx). Seguidamente se realizaron las citaciones y emplazamientos públicos(3), mientras que a través de la policía judicial se realizaron labores para localizar al postulado, conociéndose que registraba dos direcciones de residencia en la ciudad de Bogotá, lugares hasta los cuales se desplazó la investigadora sin resultados positivos, por cuanto la nomenclatura no existe.

A través de información obtenida en la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, se obtuvo la dirección de ubicación de Mxxx Hxxx en Bogotá, así como un número celular, sitio hasta el cual se trasladó un investigador que lo escuchó en “entrevista”, en la que se conoció que no es su deseo acogerse a los beneficios de la ley de justicia y paz, por cuanto afirma no haber cometido conductas punibles luego de cumplir la mayoría de edad.

En ese orden, evidentemente la Fiscalía no tenía alternativa diferente a la de solicitar la exclusión del postulado del proceso de justicia transicional, dado que transcurridos diez años contados desde el momento de su desmovilización, ni siquiera se ha logrado su ubicación para conocer su ratificación de voluntad de permanecer en éste, con mayor razón ahora que se supo que Exxx Mxxx no está dispuesto a someterse a una versión libre, menos, a confesar conductas cometidas o conocidas durante su permanencia en la organización armada ilegal.

Así, las citaciones y emplazamientos a nivel nacional efectuados por la Fiscalía para que Exxx Mxxx Hxxx se presentara a cumplir con los compromisos adquiridos con la dejación de las armas y posterior postulación, han sido idóneos, eficaces, públicos y masivos, sin que fueran cumplidos por quien, ahora se sabe, estaba enterado más no interesado en acudir porque reclama beneficios, ya no como victimario, sino como víctima.

Acorde con lo anterior, no se ha esgrimido justificación que explique la reiterada inasistencia del postulado y aunque la defensora ha recurrido a la posible inimputabilidad de Exxx Mxxx, a raíz de un estrés postraumático, lo cierto es que ese argumento, a cambio de favorecer su solicitud, termina por fortalecer la postura de la Fiscalía que aboga por la terminación de este proceso y consecuente exclusión del listado de postulados.

En efecto, si como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación, la condición especial del proceso transicional se origina en que la actuación inicia a instancias del desmovilizado cuando libre y voluntariamente solicita su postulación al trámite, cumplida la cual, inicia la etapa judicial que se encuentra fundada en la confesión de sus crímenes, situación que necesariamente conlleva a la emisión de sentencia de carácter condenatorio, resulta inconcuso el hecho de que sin la voluntad del postulado que en algún momento estuvo interesado en obtener los beneficios ofrecidos por el proceso de la justicia transicional, no es posible persistir en el adelantamiento del trámite.

Entonces, en torno a la voluntad de Exxx Mxxx Hxxx se presentan dos situaciones conocidas en la actuación: (i) su manifestación de no querer someterse a la Ley 975 de 2005(4), o, (ii) la alegada inimputabilidad. Una u otra impiden la continuación de este proceso, en cuanto afectan la posibilidad de confesar y aceptar los crímenes cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal, presupuesto sine qua non para la viabilidad del proceso de justicia y paz.

Por consiguiente, frente al hipotético escenario planteado por la defensora, —inimputabilidad—, no se requiere mayor esfuerzo para colegir que no es, como ella lo sostiene, que el legislador no previó el camino a seguir cuando un postulado no tiene la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, sino que naturalmente, quien aspira a beneficiarse con la pena alternativa, debe contar con la capacidad de autoincriminarse de las conductas confesadas.

En ese orden, si a Exxx Mxxx Hxxx le ha sobrevenido una insania mental que impide su comprensión acerca de los hechos que le corresponde contar en la versión libre; las conductas punibles que presenció o aquéllas en las cuales participó, menos se puede presumir que bajo esa perturbación de su comprensión y autodeterminación acepte cargo alguno porque para que ella proceda se requiere de su capacidad jurídica.

Y tampoco este es el espacio jurídico para discutir si Mxxx Hxxx al momento de realizar los hechos punibles como integrante de las AUC durante ocho años, tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientarlo conforme a esa comprensión, toda vez que no ha confesado su incursión en alguna conducta ilícita.

Así, no existe razón para esperar el resultado del peritaje forense de psiquiatría que se realizará al imputado, dado que ninguna relevancia tendría en la terminación del proceso de justicia y paz, pues, si como lo sostiene la defensora, el postulado padece de un trastorno mental producido por las secuelas del conflicto armado interno del cual hizo parte, no puede cumplir los compromisos adquiridos a partir de su desmovilización, valga recordar, contribuir con la reconstrucción de la verdad a través de su versión libre, confesar los delitos cometidos y aceptar su responsabilidad en ellos.

De igual manera, si lo que se pretende es que se reconozca que cuando Mxxx Hxxx perteneció al grupo armado ilegal —Autodefensas Unidas de Colombia—, no tenía la capacidad de comprensión y autodeterminación necesarias para ser un imputable, ajena resulta esa discusión al proceso transicional que se finca en la capacidad de comprensión, autodeterminación y discernimiento, esto es, su condición de imputable para el momento de los hechos, así como su facultad para entender y decidir los asuntos tratados en las audiencias del proceso de justicia y paz.

Ahora bien, no se puede soslayar que cuando Exxx Mxxx Hxxx se desmovilizó colectivamente (27 de enero de 2005), rindió una corta versión libre en la que señaló que nació el 11 de julio de 1982, es decir, contaba con 22 años de edad; también dijo que llevaba ocho años en la organización(5) y su subsistencia provenía de la bonificación que recibía en las autodefensas. Conforme con ello, se concluye que cuando Mxxx Hxxx se desmovilizó había cumplido la mayoría de edad hacía más de cuatro años, luego, era sujeto pasible de la acción penal para adultos.

Pero también se advierte que comprendía que ese acto implicaba el abandono de su actuar al margen de la ley y por ello entendía que: “ya se merece el diálogo, o sea, ya vamos al diálogo y a reencontrarme con mi familia para hacer una vida nueva”(6).

Comprensión y voluntad que continuaron hasta el año 2006 cuando hizo manifiesta su disposición de acogerse al procedimiento y recibir los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005(7), lo cual conllevó a su postulación el 16 de agosto de 2006. Entonces, hubo un lapso lo suficientemente amplio de más de diez años para que se avanzara por esa vía pero no fue posible a pesar de las gestiones realizadas por la Fiscalía para lograr su comparecencia.

Esta situación no se puede atribuir a la alegada perturbación psiquiátrica, por cuanto la historia clínica reporta los episodios más antiguos en el año 2013 cuando fue hospitalizado tres días por estrés postraumático que se manifiesta con “CAMBIOS EN SU ESTADO DE ÁNIMO DADOS POR ANSIEDAD CONSTANTE, ÁNIMO TRISTE, IRRITABILIDAD MARCADA, AGRESIVIDAD FÍSICA Y VERBAL (…) RECUERDOS CONSTANTES DE LOS COMBATES, PESADILLAS CONSTANTES (…) TODO EL TIEMPO TENGO LOS RECUERDOS CUANDO MATABA GENTE, NO PUEDO ESTAR TRANQUILO (…) NUNCA ANTES HA BUSCADO AYUDA…”(8), ninguno de los síntomas manifestado da cuenta de su alejamiento de la realidad, episodios disociativos o cuadros compatibles con lagunas mentales ni alteraciones de la memoria.

Pero además, es una condición que no ha sido invocada por Mxxx Hxxx como excusa por su renuencia a cumplir las citaciones, por el contrario, obran constancias de las citaciones y emplazamientos a través de medios de comunicación, así como el informe datado el 3 de agosto de 2015(9) que da cuenta del traslado que realizó desde Mxxx hasta Bxxx, un miembro de la policía judicial con el fin de escucharlo en entrevista y coordinar la versión libre, siendo infructuoso el viaje pese a que previamente había sido coordinado con la defensora.

A cambio, el desmovilizado explícitamente informó al investigador del CTI: “Yo no creo que tenga que acogerme a la Ley 975 de justicia y paz, porque yo no cometí hechos siendo mayor de edad, los hechos cometidos fueron cuando yo era menor de edad y obligado y si no lo hacía me mataban…”, comprensión que de alguna manera explica su actitud evasiva cuando finalmente se consigue su localización, lo cual, además constituye el ejercicio del derecho a obtener un juicio en el que el Estado venza la presunción de inocencia que lo reviste. Contradicción que resulta extraña al proceso de justicia y paz.

A la par, la abogada defensora y la representación del Ministerio Público solicitan que se reconozca la condición de víctima y no de victimario de Exxx Mxxx Hxxx, en razón de haber sido reclutado cuando era menor de edad; no obstante la prolija argumentación del tribunal a quo en derredor del riesgo que asume quien al cumplir la mayoría de edad persiste como integrante del grupo ilegal, ha de recordar la Sala que ese tema no es objeto de discusión, por lo menos, dentro de esta actuación donde el único vinculado es Mxxx Hxxx, luego, esa controversia debe agotarse en la investigación por las conductas cometidas por los comandantes y bloques de las AUC que se dice lo victimizaron. Adicionalmente, ya la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas lo reconoció como afectado con el conflicto armado, toda vez que en esa Entidad manifestó que fue sujeto de reclutamiento armado ilegal desde que tenía ocho años de edad, información de la cual no se tuvo conocimiento en esta actuación.

Por último, Exxx Mxxx Hxxx continuará recibiendo la atención médica que ha venido siendo prestada a través de la Agencia Colombiana de Reintegración, razón por la cual, esta decisión no afectará el curso de sus tratamientos médicos, como lo advirtió el Tribunal en el proveído confutado.

No obstante, como quiera que mediante Resolución 2013-36165 del 3 de enero de 2013, la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas reconoció a Exxx Mxxx Hxxx como víctima de los grupos armados ilegales que operaron en el suroeste antioqueño, se remitirá copia de este proveído para su conocimiento.

Recapitulando, razón le asiste a la primera instancia al reconocer, como lo solicitó la Fiscalía, que Exxx Mxxx Hxxx ha sido renuente a comparecer al proceso y también ha incumplido con los compromisos de la Ley 975 de 2005, por cuanto se rehúsa a rendir versión libre para contar las conductas punibles cometidas por los miembros de la organización y de las cuales conoció durante su permanencia en ella; se niega a confesar delitos cometidos por él; su interés en el proceso de justicia y paz se finca en ser tenido como víctima, todo lo cual afecta el objetivo primordial del proceso de justicia transicional referido al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad.

Por lo expuesto, se impone la confirmación de la decisión de dar por terminado este proceso y excluir de la lista de postulados a Exxx Mxxx Hxxx.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 21 de agosto de 2015 emitida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno

Notifíquese y Cúmplase».

(3) Folio 53 oficio 001887 del 2 de febrero de 2011; folio 76 oficio 00218 del 14 de enero de 2014; folio 74 oficio 1708 del 10 de marzo de 2014; folio 143 oficio 001332 separata publicada en el diario El Espectador el 29 de diciembre de 2014; folio 160 oficio 5303 mediante el cual se adjunta la constancia de publicación de convocatoria y emplazamiento a Exxx Mxxx Hxxx, realizada el 3 de febrero de 2015.

(4) Ver entrevista rendida a un investigador de la policía judicial, el 26 de enero de 2015. Folios 85 y ss. de la carpeta que contiene los elementos materiales entregados por la Fiscalía en sustento de su petición.

(5) Ver folio 2 de la carpeta de anexos entregada por la Fiscalía.

(6) Folio 3 ídem.

(7) Folio 1 ídem.

(8) Las mayúsculas sostenidas se encuentran en el texto original transcrito. Verse al folio 135 ídem.

(9) Folios 215 a 217 ídem.