Auto AP5859-2017 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

José Luis Barceló Camacho

AP5859-2017

Rad.: 51081

(Acta Nº 297)

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

NOTA: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

I. VISTOS

La Sala de Casación Penal resuelve la colisión negativa de competencia que se suscita entre los juzgados 1º Penal del Circuito de Yopal y el 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quienes niegan sus atribuciones para pronunciarse sobre la concesión de los beneficios consagrados en la Ley 1820 al ex integrante de la Fuerza Pública J. H. M., en el proceso que cursa en su contra, y de otros, ante el citado juzgado de Yopal, conforme los ritos de la Ley 600 de 2000, por los delitos de homicidio en persona protegida y otras conductas.

II. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

1. Por hechos acaecidos el 15 de noviembre de 2006 en la vereda San Pascual del municipio de Yopal, atribuidos a miembros del Gaula (Casanare), fueron vinculados a la correspondiente investigación penal F. A. P. P., G. P. G., P. J. V. R., Ó. B. A., J. A. Á. O. y J. H. M., todo ellos miembros del Ejército Nacional.

Mediante providencia del 27 de diciembre de 2011, la Fiscalía 61 Especializada de Villavicencio los afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva intramural por los delitos de secuestro simple y otros, al tiempo que ordenó y libró las correspondientes órdenes de captura.

En resolución del 18 de diciembre de 2012 y 18 de junio de 2013, los citados fueron acusados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, entre otras conductas. Como consecuencia de lo anterior, en oficio del 29 de octubre de 2013 la Fiscalía 61 de DDHH y DIH puso a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Yopal al acusado Ó. B. A., quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar de la Brigada XVI de Yopal. Respecto de F. A. P. P., J. H. M., G. P. G., J. A. Á. O. y P. J. V. R., la fiscalía precisó que “se encuentran privados de la libertad por cuenta de otros despachos judiciales”.

2. El 17 de mayo de 2017, el defensor de J. H. M. y G. P. G. solicitó al Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal —despacho al que correspondió conocer la fase de la causa— la revocatoria de la medida de aseguramiento, conforme el Decreto 706 de 2017. Dicha petición fue declarada improcedente por el despacho en auto del 22 del mismo mes.

A través de escrito del 12 de julio de 2017, el procesado H. M. solicitó directamente al Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa en su contra, conforme lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017.

En la sesión de la audiencia pública de juzgamiento celebrada el 27 de julio anterior, los defensores de G. P., J. A. Á. O., J. H. M., F. A. P. P. y Ó. B. A. manifestaron la intención de estos en el sentido de acogerse a la Justicia Especial para la Paz, y los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016, conforme lo dispuesto en su Decreto Reglamentario 706 de 2017.

El Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal resolvió que no estaba facultado para decidir de fondo; señaló que no existe norma que suspenda las actuaciones adelantadas por los jueces ordinarios cuando los procesados se acogen a la jurisdicción de la JEP; dispuso compulsar copia del acta de la diligencia con destino al secretario de la JEP, para que este se pronuncie sobre las solicitudes de los procesados y fijó nueva fecha para continuar la audiencia de juzgamiento.

III ARGUMENTOS DE LOS COLISIONANTES

1. En auto del 27 de julio, el Juez 1º Penal del Circuito de Yopal negó su competencia para resolver la petición formulada por J. H. M., pues lo que el expediente revela es que el único acusado que fue dejado a su disposición por la fiscalía, una vez calificado el mérito del sumario, fue Ó. B. A.

El juez de Yopal agregó que, según se desprende del Decreto 1252 del 19 de julio de 2017, la petición debe ser dirigida al despacho por cuenta del cual el procesado se encuentra privado de la libertad, que sería el de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Por lo anterior, el funcionario remitió la petición del procesado con destino al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, proponiéndole colisión de competencia, en el evento en que este último no compartiera su postura.

2. El Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en auto del 4 de agosto anterior, negó su competencia, pero se abstuvo de trabar la colisión.

Adujo, en síntesis, que según los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia, esta clase de peticiones deben presentarse ante el juzgador de primera o segunda instancia que esté conociendo la etapa de la causa en la actuación donde el solicitante esté siendo procesado, en la que haya sido afectado con la medida de aseguramiento.

En conclusión, el Juez 21 de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá se abstuvo de resolver la solicitud de H. M.; debido al derecho que le asiste al procesado de que el asunto se resuelva en un término perentorio de 10 días estimó “que no es procedente trabar el conflicto de competencia que se ha propuesto por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal… se dispone devolver la petición presentada por J. H. M. al Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, para que se pronuncie conforme a derecho”.

3. El Juez 1º Penal del Circuito de Yopal en pronunciamiento del 22 del mismo mes insistió en su postura. Señaló que si bien es cierto que la Corte ha fijado los lineamientos que regulan la competencia para resolver sobre los beneficios de los que son acreedores los agentes del Estado en virtud de la Ley 1820 de 2016, tales como la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, no lo es menos que aquellos no han tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1252 del 19 de julio de 2017.

Según dicha norma, agrega el juez de Yopal, la competencia recae en el despacho por cuente del cual el procesado está privado de la libertad. Admite que en el proceso que se adelanta bajo su dirección existe medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra H. M., pero la misma no se ha hecho efectiva.

Por lo anterior, remitió la actuación con destino a la Corte para que resuelva el conflicto negativo de competencia planteado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al tenor de lo normado en el artículo 75, numeral 4, de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el inciso segundo del art. 95 del mismo estatuto, es competente para resolver la colisión de competencias que se ha suscitado(1) entre los despachos judiciales de Yopal y Bogotá, en la medida que ambos despachos hacen parte de dos distintos distritos judiciales, de los que la Corte es el superior común.

2. La competencia de la Corte se contrae a establecer cuál es el despacho judicial competente para resolver la petición del procesado, anteriormente miembro de la Fuerza Pública, referente a la revocatoria de la medida de aseguramiento dictada en el proceso que se sigue en su contra por los delitos de homicidio en persona protegida y otros, según lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y su Decreto Reglamentario 706 de 2017.

No será, entonces, objeto de discusión el derecho que les asiste a los agentes del Estado para beneficiarse de los beneficios de que tratan los citados estatutos, ni mucho menos se pronunciará la Sala sobre el cumplimiento de los requisitos para ello en este caso particular.

3. La Corte anticipa su determinación en el sentido de asignar la competencia para tramitar la solicitud del procesado al Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal. Las razones son las siguientes:

3.1. En decisión del 24 de julio de 2017, rad. 43546, esta Colegiatura reiteró lo dicho en la providencia del 21 de junio de 2017, rad. 49470, en el sentido de que la suspensión de las órdenes de captura es un beneficio de carácter temporal previsto en desarrollo del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición como expresión del tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo, el cual se aplica dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz en cualquier estado de la actuación (investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia) sin que importen la razones que sustenten las órdenes de aprehensión (vinculación al proceso, cumplimiento de la medida de aseguramiento o ejecución de la sentencia), para facilitar el sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública que han decidido acogerse a dicha jurisdicción, siempre y cuando estén en libertad pero señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno que tienen comprometida su libertad por órdenes de captura vigentes dictadas en su contra.

Allí se precisó, igualmente, que la oportunidad para la procedencia de la petición, por parte de los miembros de la Fuerza Pública, de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que les fueron dictadas por conductas punibles cometidas antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final, y que se hubieran ejecutado con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se mantiene mientras las mismas estén vigentes y no se hayan hecho efectivas (arts. 1º, 2º, 3º y 6º del D. 706/2017).

Para el efecto, agregó la providencia en comento, en los procesos tramitados con fundamento en la Ley 600 de 2000, la solicitud deberá presentarse a la fiscalía delegada que esté conociendo del asunto, antes de que cobre ejecutoria la resolución acusatoria; al juzgador de primera o segunda instancia que esté conociendo en la etapa de la causa, a la Corte Suprema de Justicia si se está surtiendo recurso de casación, o al juez de ejecución de penas si ya existiere fallo de condena en firme (arts. 400 y 469 L. 600/2000).

En lo atinente a las actuaciones tramitadas según la Ley 906 de 2004, la Sala precisó que la única diferencia radica en que durante la etapa de investigación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación, los miembros de la Fuerza Pública deberán pedir al Fiscal del caso que solicite ante el juez de control de garantías la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, según lo regulado por el artículo 6º del Decreto 706 de 2017.

Pues bien, acorde con los lineamientos anteriores, no cabe duda que el despacho competente sería aquel donde actualmente se surte la fase del juzgamiento contra el peticionario J. H. M., esto, es el Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal.

3.2. Y aun cuando es cierto que el precedente en comento —rad. 43546 del 24 de julio de 2017— no alude a las novedades que sobre competencia trae el Decreto 1252 del 19 del mismo mes y año, no cabe duda que la solución del presente asunto acorde con la nueva normativa es la misma.

En efecto, el Decreto 1252 del 19 de julio de 2017 (“por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados, reglamentando la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017 y se dictan otras disposiciones”), adiciona el artículo 2.2.5.5.1.3 a la Sección 1 (Otorgamiento de beneficios de la Ley 1820 de 2016 y Decreto Ley 277 de 2017) del capítulo 5 (Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales previstos en la Ley 1820 de 2016) del estatuto reglamentario del sector justicia.

El nuevo artículo es del siguiente tenor:

ART. 2.2.5.5.1.3.Conexidad de actuaciones en distintos estadios procesales. En el evento que contra el solicitante se adelanten simultáneamente uno o varios procesos penales, y registre además una o varias condenas en firme o no, independientemente del régimen procesal y del estado de la actuación respectiva en que se encuentre, la competencia para tramitar y decidir sobre la conexidad y resolver sobre los supuestos de la Ley 1820 de 2016, será de la autoridad que tenga asignado un asunto en el cual el peticionario esté afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad o privación de la libertad. En caso ser varias autoridades las que hayan ordenado la privación de la libertad del solicitante, será competente para decidir sobre todos los procedimientos aquella autoridad ante quien primero se haga la solicitud de libertad”.

Del precepto se extrae, entonces, que cuando, como en el caso presente, contra el procesado interesado en acogerse a los beneficios de la Ley 1820 de 2016 cursa un proceso y, además, pesa en su contra una sentencia en firme, la competencia recae en la autoridad que tramita el proceso dentro del cual el interesado se encuentra afectado con la medida de aseguramiento.

3.3. Se dirá, como lo pregona el titular del Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, que como en este caso el procesado está privado de la libertad por cuenta del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, entonces es a este último despacho al que le compete resolver la solicitud.

Pues bien, cuando así sucede opera la hipótesis a la que se refiere la segunda parte del precepto citado, esto es, cuando son “varias autoridades las que hayan ordenado la privación de la libertad del solicitante”, en cuyo caso la competencia, le corresponde a “aquella autoridad ante quien primero se haga la solicitud de libertad”, la que, en este caso, no es otra que el mismo Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, como se extrae de la actuación.

En el presente asunto se cumple la hipótesis reseñada, pues el expediente revela que contra J. H. M. pesa medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, dictada el 27 de diciembre de 2011 en el proceso que actualmente cursa ante el Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal: dicha determinación, como se precisó en acápite anterior, vino acompañada de la respectiva orden de captura.

Adviértase que la norma indica que la hipótesis en comento se materializa cuando son “varias autoridades las que hayan ordenado la privación de la libertad del solicitante”; dicha fórmula descarta la tesis del Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, en cuanto niega su competencia porque el procesado no está privado de la libertad por su cuenta, pues según el precepto bajo estudio la competencia recae en el despacho a quien primero se haya dirigido la solicitud, con independencia de que el procesado esté privado de la libertad por cuenta de éste, basta con que allí se haya ordenado la privación de la libertad, lo que sucede en este caso, pues en el proceso tramitado ante el juzgado de Yopal existe orden de captura para el cumplimiento de la medida de aseguramiento.

Así las cosas, contra H. M. existe una orden de captura para el cumplimiento de medida de aseguramiento y, adicionalmente, está privado de la libertad por cuenta de un despacho de ejecución de penas y medidas de seguridad. En tal caso, el funcionario competente para resolver la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento, en los términos de la Ley 1820 de 2016 y su Decreto Reglamentario Nº 706 de 2017 —se insiste— es aquel que primero reciba la solicitud. Este no es otro que el Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, ante quien la defensa impetró el benefició el 17 de mayo del año en curso.

3.4. Así las cosas, se dispondrá la remisión de la actuación con destino al juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal para que allí, sin más dilaciones, se resuelva la petición del procesado.

4. Cuestión adicional.

No escapa de la atención de la Sala el exótico trámite que se le impartió a la colisión de competencia que en esta providencia se decide, pues redundó en una injustificada pérdida de tiempo que dilató en exceso el término perentorio para resolver esta clase de asuntos, según lo establece el artículo 2.2.5.5.1.1, precepto que fue adicionado por el Decreto 1252 de 2017 al Decreto 1069 de 2015, en los siguientes términos:

ART. 2.2.5.5.1.1.Términos para decidir respecto de beneficios de la Ley 1820 de 2016. El trámite completo hasta la decisión judicial, de cualquiera de los beneficios de la Ley 1820 de 2016, no podrá ser mayor a diez (10) días, contados a partir del momento en que se presente la solicitud del beneficio”.

Resulta incomprensible que el Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, si estimaba que no era el competente para resolver el asunto, no trabara la competencia y, en su lugar, devolviera la actuación al despacho de origen, en lugar de proceder conforme lo ordena el inciso segundo del artículo 95 de la Ley 600 de 2000.

Asimismo, es preciso llamar la atención del Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal, pues desde el pasado 17 de mayo conoció la primera petición del procesado, reiterada el 12 y 27 de julio siguientes, sin que hasta ahora haya sido atendida. Por tanto, se le requiere para que sin más dilaciones se pronuncie sobre la solicitud del procesado.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

V. RESUELVE

1. ASIGNAR el conocimiento para resolver la petición del procesado sobre la concesión de los beneficios consagrados en la Ley 1820 de 2016, concordante con el Decreto 706 de 2017, al Juzgado 1º Penal del Circuito de Yopal.

2. Comuníquese lo aquí dispuesto al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Contra las anteriores decisiones no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier, Presidente—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Llama la atención que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad hubiera negado su competencia para resolver el asunto y, al mismo tiempo, hubiera precisado que no trababa la colisión de competencia; en la práctica eso fue lo que hizo al negarse a resolver la solicitud del procesado.