Auto AP5910-2015/46526 de octubre 8 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 46526

Aprobado Acta 356

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., ocho de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: Consideraciones

1. La Corte es competente para desatar el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 (mod. Art. 27, Ley 1592 de 2012), en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. El artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, consagra la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta en el proceso transicional, por una medida no privativa de la libertad, cuando se cumplen determinados presupuestos de tipo objetivo y subjetivo, entre ellos se destaca el principal presupuesto objetivo, el cual tiene que ver con la permanencia en detención preventiva por un término superior a los ocho años.

Dado que el legislador ha previsto que los postulados pudieran haber sido condenados por la justicia ordinaria y estar sometidos al cumplimiento de una pena privativa de la libertad, que, dadas las condiciones de conexidad por obedecer a hechos relacionados con el proceso transicional, posteriormente habrán de ser acumuladas, se ha previsto el mecanismo de la suspensión de aquellas condenas. De manera tal que para que se haga efectiva la sustitución de la medida de aseguramiento autorizada en el proceso transicional, resulta imperativo solicitar al funcionario de la justicia ordinaria encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia, que estudie, en el marco de su competencia y de las normas correspondientes si es dable concederle al postulado, la ejecución condicional de la sentencia.

Tal es el contenido y objeto del artículo 20 de la Ley 1592 de 2012 que introduce el artículo 18B a la Ley 975(1)

Así, se establece que, concedida la sustitución, el postulado o su apoderado, podrá solicitar al Magistrado de Control de Garantías, la suspensión de la ejecución de las penas impuestas en la justicia ordinaria.

3. En el presente caso, en tres de los cuatro casos propuestos, concluyó la Magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que se podía inferir razonablemente que se trataba de hechos relacionados con el accionar del grupo organizado al margen de la ley al cual pertenecía el postulado, mas no así en el caso de la sentencia del 21 de junio de 2007, a través de la cual el postulado JJOV, fue condenado como responsable de la comisión del delito de homicidio en JJLC ocurrido en Cúcuta el 23 de diciembre de 2003, pues no resultaba claro, o persistían dudas acerca de que se tratase de un hecho perpetrado con ocasión de la pertenencia al grupo armado al margen de la ley.

A juicio de la defensa las pruebas allegadas son suficientes para acreditar que el hecho fue cometido por JJOV, como miembro del grupo armado al margen de la ley y sus motivaciones están centradas en las políticas de esa organización, en tanto ejecutó una orden emitida por un comandante.

4. El asunto se reduce entonces a establecer si efectivamente, de los elementos allegados por la defensa, es dable establecer que el crimen de JJLC, cuya autoría se atribuyó a JJOV, tiene relación con el accionar del grupo ilegal al cual pertenecía.

La norma antes referida tan solo presupuesta inferir razonablemente esa relación entre el crimen juzgado por la justicia ordinaria y las actividades propias del grupo armado al margen de la ley.

La inferencia comporta el desarrollo de un ejercicio según el cual, dados unos elementos determinados, de ellos puede extraerse o deducirse una conclusión o una hipótesis. Ese juicio o inferencia es razonable si está sustentado en parámetros lógicos, de manera que una inferencia razonable, es en esencia un razonamiento con implicaciones lógicas, un razonamiento justo. La lógica y la razón se oponen a lo intuitivo, a lo instintivo.

En el evento que se examina, la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta el 21 de junio de 2007, mediante la cual el señor JJOV, fue condenado como autor responsable del delito de homicidio en JJLC, sirve apenas para constatar la autoría del crimen; pero básicamente, por tratarse de un juicio que terminó anticipadamente por virtud del acogimiento a la figura de la sentencia anticipada por parte del procesado, no se escudriñó en las motivaciones del homicidio.

No obstante, la defensa ha traído como prueba a la audiencia, en aras de demostrar que el homicidio se cometió durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal del postulado JJOV, el extracto de su diligencia de versión libre rendida el 5 de noviembre de 2013, en la cual expone que el hecho lo cometió dada la orden que había sido emitida por el comandante paramilitar apodado XXX.

Esta motivación, que involucra el crimen con el grupo, ya había sido establecida por quien es reconocido como comandante del grupo paramilitar XXX que operaba en la zona, JILZ, quien confirmó que la orden de dar de baja a JJLC, la emitió ER alias XXX, "quien señalaba a JJLC de pertenecer a la banda de XXX”.

Este documento fue admitido como prueba y su contenido avalado por el representante de la Fiscalía que interviene en la audiencia, luego debe tenerse como válido y eficaz frente al objeto que se pretende, dado que dicha confesión tuvo lugar dos años antes de que JJOV, aceptara su responsabilidad por el hecho en el proceso transicional y allí mismo el comandante del grupo ilegal admitió su responsabilidad y la del grupo en la ejecución extrajudicial de JJLC. No obsta que la responsabilidad haya sido admitida por "línea de mando", como lo aduce el Tribunal para restarle eficacia, lo trascendente es que se asume como un hecho del grupo, a pesar de que, como lo reconoce el mismo JILZ, en su momento no fue informado, pero aun así lo admite como un hecho del grupo que avala la orden emitida por otro comandante o jefe identificado como XXX. No existe razón válida para poner en entredicho el reconocimiento que hace el jefe del grupo ilegal FRONTERAS de que se trató de un hecho perpetrado en desarrollo de políticas del grupo armado ilegal, lo cual coincide con la explicación razonable suministrada por el apoderado del postulado de que existía la orden emitida por el grupo paramilitar de acabar con la banda XXX, a la cual pertenecía el señor JJLC.

Téngase en cuenta además, que el hecho se comete en el mismo lapso en que se cometen los demás homicidios que fueron admitidos por el Tribunal como perpetrados en razón de políticas de la organización ilegal, entre julio y diciembre de 2003.

La Magistrada de Control de Garantías pone en duda la existencia de la relación del homicidio con las actividades propias del grupo ilegal, a partir de la reseña de la declaración de JHM, hecha en la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, según la cual, al parecer, mientras se encontraban detenidos en la Cárcel Modelo, se presentó un problema entre JJLC y JJOV, y que luego JJOV había dado de baja a JJLC. Indica que se enteró del hecho al haber escuchado a JJOV, comentar el asunto en el sitio denominado XXX.

No puede resultar suficiente la reseña mencionada de la declaración de JHM, para concluir de allí que el homicidio de JJLC, tuvo móviles personales ajenos a la organización delictiva a la cual pertenecía el postulado JJOV. El testigo no hace referencias a los motivos que dan lugar al problema o rencilla como lo denomina la magistrada entre JJLC y JJOV. Ni siquiera fue testigo presencial de "el problema", tampoco es categórico en cuanto no suministra nombres. El mismo juzgado destaca que la declaración se rindió en el curso de otro proceso, no en el que se procesaba a JJOV, y que posteriormente, el testigo varió su declaración, destacando que por presuntas amenazas, pero sin indicar en qué sentido se produjo la variación.

Pero, obsérvese que, aún si se admitiese que existió ese “problema” entre JJLC y JJOV, el testigo nunca refiere que esa haya sido la causa del homicidio. Más aún, si el supuesto “problema” entre JJLC y JJOV, ocurrido tiempo atrás en la cárcel Modelo, hubiese sido la causa del homicidio, ello no excluye por si solo el nexo entre el hecho y las políticas del grupo, sobre todo cuando se da por cierto que un comandante del grupo había emitido la orden de dar de baja a JJLC.

En ese orden de ideas, al sopesar los elementos de juicio que apuntan en uno u otro sentido, debe concluirse en la mayor eficacia de aquellos que señalan que el homicidio de JJLC, sí pudo haberse cometido con ocasión de la pertenencia del autor (hoy postulado) al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía.

En consecuencia, dado que si existe una inferencia razonable de que tales hechos se cometieron durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal, se revocará la decisión impugnada para en su lugar, suspender condicionalmente la ejecución de la pena impuesta a JJOV en sentencia de 21 de junio de 2007 por razón del homicidio del ciudadano JJLC, motivo por el cual se remitirá copia de la actuación al Juzgado que vigila dicho fallo, en orden a que dé cumplimiento a lo decidido por esta Sala.

Lo anterior habida cuenta que mediante decisión del pasado 30 de septiembre dentro del radicado 46098, la Sala recogió el criterio según el cual, la decisión de suspender condicionalmente las penas impuestas a los postulados en procesos adelantados y culminados por la justicia ordinaria, correspondía al Juez de Ejecución de Penas, puesto que en una nueva interpretación del artículo 18 B de la Ley 975 de 2005, se llegó a la conclusión de que tal determinación es del resorte del Magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz y que el objeto de la remisión de las copias pertinentes al juez que vigila el cumplimiento de la condena suspendida, solo es para que ejecute la determinación adoptada por el primero.

De otra parte, es de recordar que como bien lo señala la Magistrada de Control de Garantías, las decisiones que suspenden condicionalmente la pena no hacen tránsito a cosa juzgada material y, por lo tanto, son susceptibles de ser revocadas cuando quiera que con ocasión de las verificaciones que debe adelantar la Fiscalía, se establezca la inexistencia de conexidad entre los hechos juzgados por la justicia ordinaria y aquellos propios del proceso transicional, o se establezca el incumplimiento de las obligaciones para con el proceso de justicia y paz.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión apelada. En su lugar suspender condicionalmente la ejecución de la pena impuesta a JJOV por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, el 21 de junio de 2007, dentro de la Radicación 2007-0068. En consecuencia se remitirán las copias pertinentes al juez que vigila el cumplimiento de dicha condena, para que ejecute la orden de suspensión proferida ahora por la Corte.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno».

1 ART. 20.—La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18B_del siguiente tenor:
“ART. 1SB.—Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en Justicia ordinaria. En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A. el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
Si el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley. remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria.
La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de Justicia y Paz. cuando el postulado incuria en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A.
En el evento de que no se acumulen en la sentencia de Justicia y Paz las penas impuestas en procesos de justicia ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y Paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión condicional de la ejecución de la pena que en virtud del presente articulo se haya decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de la pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de Justicia y Paz.