Auto AP5916-2015 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP5916-2015

Rad.: 46140

(Aprobado acta 356)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia impugnada, mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no accedió a la acumulación procesal reclamada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación.

Los temas jurídicos objeto de examen consisten, en esencia, en determinar si la competencia atribuida a las diferentes Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en atención al factor territorial, se convierte en obstáculo en orden a acceder a la acumulación de procesos adelantados contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— que delinquieron en diferentes regiones del país, y además, si la complejidad y dificultad para adelantar el trámite de los procesos cuya acumulación se invoca, se constituye en factor que va en detrimento de los derechos de las víctimas y de los postulados, y por consiguiente, no resulta aconsejable la acumulación.

En orden a desarrollar los puntos en cuestión, resulta en principio pertinente recordar que para determinar la procedencia de la acumulación de procesos en vigencia de la Ley 1592 de 2012, es necesario acudir a los fines del proceso de Justicia y Paz, a los especiales principios que lo guían, a los intereses de las víctimas, a la posibilidad de alcanzar de manera pronta y eficaz una sentencia que contenga una verdad lo más completa posible, así como una relación suficiente de los fenómenos y contextos de macro criminalidad y macro victimización.

En atención a tales derroteros, ninguna incertidumbre se presenta respecto a que no a todos los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz les fue asignada la facultad de diseñar o planear el camino por el que ha de transitar la justicia transicional en busca de concretar sus propósitos, sino que solamente corresponde a la Fiscalía General de la Nación fijar criterios fácticos y técnicos de investigación conforme a una visión de contexto delimitada por un mapa de objetivos y prioridades, en donde la acumulación de procesos es una de las principales herramientas para cumplir su deber.

Se ha pronunciado la Sala en relación a dicho aspecto, en los siguientes términos:

(…) En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica (resaltado y subrayado en el original):

a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado (Auto dic. 9/2010, Rad.: 34606), las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005.

b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se los imputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas.

c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las Organizaciones no Gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera.

En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos (Auto de Justicia y Paz sept. 21/2009, Rad.: 32.022), y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales (CSJ, autos de Justicia y Paz dic. 13/ 2010, Rad. 33065 y jul. 23/2008, Rad. 30120).

Todo en aras de permitirle a la Fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias.

d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable.

Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macro criminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación.

Por supuesto, elemental lógica nos invitaría a sostener que es suficiente y conveniente una sola sentencia en razón de los hechos relacionados con el conflicto armado, por lo menos en lo relativo a la violencia producida por los grupos paramilitares, sino fuera porque la complejidad y el tamaño de dicha violencia lo hacen imposible; luego, es competencia de la Fiscalía, en presencia de un plan integral que cubra la totalidad, ir indicando las acumulaciones y las parcialidades cuyo decreto encuentra necesarias para cumplir con su deber. Es, en síntesis este sujeto procesal el único que está legitimado para ejercer dicha facultad.

Sin embargo, como viene afirmándose, tales solicitudes deben originarse en un plan completo de proyección de fallos, que de manera posible pueda cumplirse, buscando la acumulación de tantos delitos como aconseje la prudencia y la posibilidad real de sentencias prontas, siempre que se acrediten además los factores de conexidad que hagan viable la medida (…)” (CSJ AP, oct. 17 /2012, Rad. 39269).

Corresponde entonces a la Fiscalía analizar la procedencia de la acumulación de procesos y verificar el cumplimiento del requisito formal, esto es que los delitos fueren cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal (L. 975/2005, art. 20, inc 1º), al igual que la satisfacción de las exigencias de índole material, es decir que se trate de hechos conexos (L. 906/2004, art. 51, aplicable en razón del principio de complementariedad consagrado en L. 975/2005, art. 62).

Ahora bien, en relación con el primero de los argumentos aducidos por la Sala del Tribunal Superior de Medellín para negar la acumulación solicitada por el representante de la Fiscalía General de la Nación, referido al factor de competencia territorial atribuido a las diferentes Salas de Justicia y Paz, se tiene que efectivamente el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, asignó a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura, la competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de Justicia y Paz, así como vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados, motivo por el cual la comprensión territorial dentro de la cual han de ejercer sus funciones ha sido definido a través de diferentes actos administrativos expedidos por la mencionada corporación.

No obstante lo anterior, el proceso transicional tiene unas características especialísimas que no admiten equipararlo en sus procedimientos y finalidades al proceso ordinario, consigna que debe orientar todas las actuaciones de las partes y de la judicatura, y en esa finalidad, no se puede perder de vista que en cuanto se relaciona con la acumulación de procesos, en aplicación del principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 corresponde acudir a las previsiones del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 que regula las distintas modalidades en que puede aparecer la conexidad, eventualidad que como es sabido, se constituye en factor que determina el desplazamiento de la competencia territorial de un funcionario judicial, en cuanto resulta aconsejable el trámite conjunto de diversas actuaciones, con el fin de atender los fines de la justicia, en atención a la unidad y comunidad de prueba, por razón de la economía procesal y para consolidar la verdad.

Con fundamento en ello, para que opere la unidad procesal por dicho motivo, se exige que concurran dos presupuestos: i) pluralidad de delitos y ii) existencia de una relación o nexo entre ellos, ya de orden sustancial (conexión teleológica, consecuencial u ocasional), o bien de carácter procesal u objetivo (conexión probatoria).

La excepción a la competencia territorial de las distintas Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores por razones de conexidad no se trata de un argumento peregrino o aislado, pues existen antecedentes en torno a otras eventualidades que también han dado lugar a que determinada Sala conozca de actuaciones que en aplicación estricta de la circunscripción territorial que determina el ámbito de sus funciones no le corresponderían.

Así, en relación con el alcance del parágrafo 1º del artículo 5º del Acuerdo PSAA11-7226 de 24 de febrero de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura y el artículo 4º del Acuerdo PSAA22-8034 de 15 de marzo de 2011, sostuvo la Corte lo siguiente:

(…) Determinada la regla sobre el ámbito territorial de sus atribuciones, el acuerdo consagra a continuación una excepción, a través de la cual precisa en qué casos aquellos procesos que, siendo de competencia de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, según así lo dispone la regla anteriormente fijada, en todo caso habrán de seguir siendo tramitados en la corporación de la misma denominación de Bogotá:

PAR.—Los procesos de los distritos judiciales señalados en este artículo, cuyo conocimiento fue avocado por la Sala de Decisión de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con anterioridad a la entrada en vigencia de este acuerdo, continuarán siendo tramitados por esa Sala de Decisión hasta su culminación.

De manera correlativa, el Acuerdo PSAA11 7726 de 24 de febrero de 2011, al tiempo que creó sendos cargos de magistrado de control de garantías y de conocimiento para la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, circunscribiendo su competencia territorial a los hechos punibles cometidos, consagró de igual forma una excepción para su competencia territorial. Y es así que señala los casos que, siendo en principio de su competencia por el factor territorial, habrán de ser excluidos de ella. Así lo dijo la norma:

“ART. 4º, PAR. 1º—Los procesos de los distritos judiciales que no fueron señalados en este artículo (sic), cuyo conocimiento fue avocado por la Sala de Decisión de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con anterioridad a la entrada en vigencia de este acuerdo, continuarán siendo tramitados por esa Sala de Decisión”.

En conclusión, si la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, para el 22 de febrero de 2011, asumió el conocimiento de la actuación surtida conforme la Ley 975 de 2005, mantendrá la competencia hasta el final (…)”. (CSJ auto jun. 6/2011, Rad. 36796).

La conexidad se constituye entonces en una de las excepciones a la competencia territorial de un funcionario judicial, y opera por el vínculo entre dos o más procesos, cada uno de los cuales estaría confiado a distinto juez.

Adicionalmente, ya en anterior oportunidad la Sala había determinado que la manifestación relativa a que con la acumulación se viola la competencia de las Salas de Justicia y Paz “(…) resulta ser un argumento que, aun cuando tuviera algún sustento, carece de toda aptitud para acreditar alguna irregularidad en un proceso que, como el transicional, está diseñado “a la medida de las víctimas” y no a proteger formalidades procesales o resguardar la presunción de inocencia del postulado, puesto que solamente un razonamiento que acredite un evidente perjuicio a las víctimas, la negación de los propósitos de la justicia transicional, o bien una transgresión intolerable a la estructura del proceso o a las garantías del postulado puede ser idóneo para oponerse al mecanismo que propone la fiscalía para gerenciar el camino que la conducirá a obtener una sentencia que satisfaga las pretensiones de verdad y justicia (…) es así que la violación de la competencia territorial de las Salas de Justicia y Paz, aún de existir, no sería en este caso más que una irregularidad intrascendente (…)” (CSJ Auto ene. 22/2014, Rad. 42520).

En estas condiciones, el argumento del juzgador de primera instancia respecto a que con la acumulación demandada se vulnera la competencia territorial de las Salas de Justicia y Paz, no resulta procedente, en cuanto desconoce los alcances de la figura jurídica de la conexidad, y por consiguiente, carece de toda aptitud para fundamentar la negativa a acceder a la pretensión del representante de la Fiscalía General de la Nación, y además por cuanto solo un razonamiento que acredite un evidente perjuicio a las víctimas, la negación de los propósitos de la justicia transicional, o bien una transgresión intolerable a la estructura del proceso o a las garantías del postulado puede ser idóneo para oponerse al mecanismo que propone la Fiscalía.

No obstante lo anterior, como la decisión de negar la acumulación de procesos se fundamentó igualmente en la consideración de la Sala de Justicia y Paz respecto a la dificultad para la celebración de audiencias macro, lo que generara dilación en el adelantamiento de la causa y el consiguiente perjuicio para los postulados y las víctimas, encuentra la Corte que tal argumentación resulta suficiente en orden a otorgar solidez a la decisión adoptada.

Lo anterior por cuanto si bien la acumulación se encamina a propiciar la materialización de los principios de justicia, verdad y reparación de forma célere y oportuna a través de una sola sentencia, ello no significa que deba adelantarse un solo proceso contra todos los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, toda vez que las mismas razones de orden práctico aducidas en este caso para acumular las actuaciones adelantadas contra miembros de un mismo bloque o frente, aconsejan no unificar la totalidad de las investigaciones, debido a que, como lo resalta el juez colegiado de primera instancia, el número de procesos, de postulados y de víctimas tornan inmanejable y desde luego carente de eficacia la actuación, todo ello en detrimento de la agilidad y buen trámite procesal, máxime en eventos como el presente en que tanto desmovilizados y víctimas se encuentran en diferentes ciudades del país.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la mencionada organización criminal al margen de la ley, pese a tener una estructura que actúa con unidad de cuerpo y de mando, con presencia en todo el territorio nacional en obedecimiento de directrices trazadas por el Estado Mayor Central y el Secretariado como órganos de dirección común y conjunta, de todas maneras se encuentra conformada por bloques y frentes.

Nada impide entonces la acumulación de las distintas actuaciones por frentes o bloques, como lo ha reiterado la Corte en diversos pronunciamientos, lo que redundaría en una mejor comprensión de los contextos de macro criminalidad y macro victimización con miras a emprender de manera conjunta la respectiva audiencia concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos.

Se expresó la Corte, en los siguientes términos:

(…) No cabe duda, entonces, que la acumulación es un instrumento idóneo para concretar los fines de la Ley 1592 de 2012 y dirigir de manera eficiente el proceso de Justicia y Paz, función que le compete a la fiscalía. Por tanto, la regla para hacer procedente la acumulación no debe fijarse, como lo hace el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, tomando como referencia un específico acto procesal, es decir “al formular la acusación” o “en la audiencia preparatoria”, o bien, según el artículo 7º del Decreto 4760 de 2005, “hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005” (auto sept. 25/2007, Rad. 28250), sino conforme con su aptitud para cumplir el conjunto de cometidos y directrices que la Ley 1592 de 2012 y la Resolución 1 del 4 de octubre de 2012 le asignan a la fiscalía, como es la de diseñar la senda a través de la cual aspira a obtener los fallos de Justicia y Paz que satisfagan de la mejor manera posible los fines de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, según precisos criterios de priorización.

Así las cosas, esta colegiatura no encuentra en los argumentos de apelación de la defensa alguno que tenga la aptitud para negar que, como así lo planteó la fiscalía, una mejor comprensión del verdadero contexto de los fenómenos de macro criminalidad y macro victimización se obtiene a través de la acumulación por frentes de las distintas actuaciones, con miras a emprender de manera conjunta la respectiva audiencia concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos. Si esa es la estrategia de la fiscalía para afrontar su misión respecto del Bloque Bananero de las Autodefensas, bien hizo la Sala de Justicia y Paz de Medellín al acceder a la acumulación reclamada, sin que a su determinación se le puedan oponer argumentos de supuestas ilegalidades que ninguna o muy escasa incidencia tendrían frente a la posición de las víctimas o los fines de la justicia transicional (…) (CSJ Auto ene. 22/2014, Rad. 42520).

Precisamente la creación de Salas de Justicia y Paz en diferentes distritos judiciales del país, en lugar de mantener una sola Sala a nivel nacional, obedece a la pretensión de parcializar las actuaciones con el fin atender en mejor manera los intereses de las víctimas y obtener pronta y cumplida justicia.

Acorde con los anteriores derroteros, ha de concluirse que a la pretensión de acumulación de procesos solicitada por la Fiscalía General de la Nación, le es válidamente oponible en esta oportunidad el argumento enfocado a acreditar que en lugar de encaminarse a la consecución de ideales de justicia, verdad, reparación, memoria histórica y satisfacción de los intereses de las víctimas, terminaría por convertir el proceso en inmanejable y ostensiblemente alejado de los fines de celeridad y eficacia, motivo por el cual se confirmará la determinación impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la providencia impugnada mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, no accedió a la acumulación procesal reclamada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase».