Auto AP6051-2014 de octubre 1 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44060

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

AP6051-2014

Aprobado Acta 321

Bogotá, D. C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, a la Sala de Casación Penal le asiste competencia para resolver el asunto propuesto, toda vez que se trata del recurso de apelación formulado contra una determinación adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, del cual es su superior funcional.

1. Análisis de la apelación.

Comoquiera que los motivos de desacuerdo expresados por la delegada de la Fiscalía y el acusado, con anuencia de su defensor, en calidad de recurrentes, frente a la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 21 de abril de 2014, tienen el mismo sustento fáctico y jurídico, la Sala los abordará de manera conjunta.

Los asuntos que ocupan la atención de la Corte se centran, entonces, en verificar, en el presente control de legalidad, si el “permiso para trabajar” pactado entre el ente acusador y el procesado es en verdad susceptible de consenso, como lo alegan los impugnantes o si, por el contrario, desborda el ámbito de aquello que puede ser objeto de estipulación.

Observa la Corte que en el contrato de prestación de servicios suscrito el 13 de enero del 2014 por la abogada litigante Maryya Hirina Matallana Castillo y el aquí acusado Luis Eduardo Sanabria Trujillo, anexo al acta de preacuerdo calendado 10 de febrero del año en curso, se acordaron las siguientes obligaciones para este:

“Tercero: Obligaciones del contratista: Constituye la principal obligación: a) Actuar confidencialmente, esto es, que las informaciones que obtenga relacionadas con los diferentes procesos y asuntos serán reservadas y de exclusivo conocimiento y socialización de la contratante. b) Desarrollar sus gestiones con diligencia y cuidado, atendiendo las citas de los clientes en la medida en que sean así agendadas entre las 8 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes, y entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde los días sábado para lo cual contará como lugar fijo para sus labores contractuales las dos oficinas del grupo jurídico M&B con todos sus equipos y logística de que están dotadas. c) Prestará acompañamiento a la abogada contratante a las diferentes audiencias y diligencias judiciales cuando a ello hubiere lugar y así se estime conveniente, ante los diferentes despachos judiciales. d) Para dar cumplimiento al objeto contractual, atenderá de su propio peculio los desplazamientos que deba efectuar ante los diferentes edificios de la Rama Jurisdiccional en donde funcionan los despachos judiciales ante los cuales se llevan y llevaran las acciones judiciales que sean confiadas a la contratante. e) Y en general desarrollar todas las actividades propias que se requieran con los fines antes señalados”.

Evidente es que las transcritas obligaciones contractuales desconocen la prohibición contenida en el artículo 2º de la Ley 583 de 2000; así como las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía y el Código Disciplinario del Abogado(7), en la medida en que con su práctica el procesado desarrollaría actividades atinentes a “a (sic) consulta y asesoría a particulares”(8), ubicándose, de esta forma, en uno de los contextos en los que en el Decreto 196 de 1971 se consagra que el abogado ejerce su profesión(9).

Aun cuando el mismo acusado, en calidad de recurrente, afirma que se le contrata para “elaborar minutas, contratos, poderes y toda clase de documentos jurídicos; [así como] estar atento al control de términos[,] prestar acompañamiento a la doctora Matallana Castillo a las diferentes audiencias y diligencias jurídica [para] asistirla a las necesidades que tenga desde afuera del estrado judicial, [tal como sería] la consulta de jurisprudencia que requiera para el adecuado ejercicio profesional de los asuntos litigiosos”, y que para el desarrollo de tales actividades no se requiere ser abogado o tener pericia en área jurídica, lo cierto es que para el cabal cumplimiento de las transcritas obligaciones sí se requiere poseer los conocimientos adquiridos en la carrera de derecho.

Igualmente, no obstante que el procesado Sanabria Trujillo asevera durante su intervención como apelante “que no se le contrata para laborar con ninguna otra persona natural o jurídica [distinta a la abogada Maryya Hirina Matallana Castillo] que se trata de una ayudantía (…) para las cuales no se requiere personas formadas en la disciplina del derecho”, es de su propio discurso que se evidencia con claridad meridiana que sus “quehaceres” se contraen a brindar asesoría a los clientes de la empresa M&B y litigar por interpuesta persona en defensa de sus intereses.

En otras palabras, el permiso solicitado para trabajar en los términos que se contempla en el preacuerdo celebrado el 10 de febrero de 2014 por la Fiscalía y el acusado, junto con lo estipulado en el contrato suscrito por el procesado Sanabria Trujillo y la abogada Maryya Hirina Matallana Castillo, vulnera flagrantemente el régimen de incompatibilidades previsto en el Decreto 196 de 1971 modificado por la Ley 583 de 2000, donde se prevé la imposición de sanciones para eventos como el presente, en atención al riesgo social que indudablemente se halla ligado al ejercicio de la profesión de abogado, y que parte de considerar su innegable incidencia en la satisfacción de la solidaridad social y en la eficacia de los derechos constitucionales(10).

Relevante resulta recordar que aun cuando el trabajo se erige ciertamente en una de las bases de la Constitución Política de Colombia, mereciendo trato especial y prolija normatividad que tiende a su dignificación y protección, no por ello puede colegirse que la Carta patrocine un desempeño de las profesiones u oficios despojado de todo nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio impone y en absoluta independencia de la indispensable regulación legal y de la necesaria inspección y vigilancia de las autoridades competentes por razones de interés general.

Ni la concepción más extrema de las libertades admite que ellas se ejerzan en contra de la colectividad. Pretender que todo derecho es absoluto implica el desconocimiento del marco social y jurídico dentro del cual ellos actúan y, por eso mismo, representa la legitimación del abuso y la ruptura de las reglas mínimas de convivencia, que son justamente las que hacen imperativa la reglamentación de las profesiones.

Particularmente, en lo atinente al ejercicio de la abogacía, el legislador se ha ocupado de expedir diversos estatutos con el propósito de regular dicha actividad, imponer algunas restricciones y señalar los correctivos pertinentes; verbigracia, en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, se consagra la siguiente prohibición:

“No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

PAR.—Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio no interfiera las funciones del docente. Así mismo, los miembros de las corporaciones de elección popular, en los casos señalados en la Constitución y la ley.

2. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código Penal Militar.

3. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios.

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.

5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales. Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido” (negrillas fuera del texto principal).

Entonces, la transcrita prohibición no obstaculiza el derecho del procesado a trabajar, afirmación del recurrente que para esta Corte resulta inaceptable, pues parte de la premisa falsa de que solo puede derivar su sustento desempeñándose en actividades jurídicas, cuando lo cierto es que siendo una persona vital y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, tiene a su alcance un sinnúmero de posibilidades laborales, así no sean de carácter profesional, para obtener ingresos que le permitan subsistir mientras se rehabilita para volver a ejercer la profesión de abogado.

Ahora bien, bastarían los fundamentos legales anteriormente expuestos para declarar improcedente la autorización deprecada, si no fuera porque la Corte advierte que la defensa material incurre en una serie de sofismas para argüir que es merecedor del permiso para trabajar de que trata el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 y que, por tanto, el Tribunal Superior de Bogotá sería la autoridad judicial competente para conceder la modificación de las condiciones de ejecución de la condena.

Sea lo primero señalar que el supuesto contemplado en el numeral 5 del artículo 314 es solo para quien ostenta la condición de padre o madre cabeza de familia, otorgándole la opción de laborar durante el tiempo que está privado de la libertad en el domicilio con el fin de que pueda proveer de cuidado, apoyo y de otros recursos a su prole.

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 82 de 1983, se entiende por mujer cabeza de familia, “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.

En Sentencia C-984 de 2003, la Corte Constitucional consideró que en desarrollo de los principios de igualdad, las medidas de protección de la mujer cabeza de familia resultan aplicables a un hombre que “tenga a su cargo, de manera exclusiva, desde el punto de vista social y económico, el cuidado de los menores, y carezca de apoyo y de otros recursos”(11).

Así, el concepto de padre cabeza de familia se rige por las mismas condiciones que se imponen al de madre cabeza de familia, esto es por la comprobación procesal de la asistencia integral de los hijos menores, y no de la asistencia económica como lo pretende alegar la defensa material.

En el presente caso tal condición de padre cabeza de familia no fue acreditada mediante elemento material probatorio alguno; por el contrario, a folios 296 y siguientes del cuaderno de evidencias de la Fiscalía 54 Delegada ante el Tribunal, se hace expresa mención de que el acusado “contribuye” al sustento de sus dos menores hijos y que estos se hallan al cuidado de su madre, respecto de quien no se certificó que se halle incapacitada para laborar y afrontar las obligaciones económicas que le competen por mandato legal en torno a los menores.

Corolario de lo anteriormente expuesto, si bien es cierto el contrato de prestación de servicios suscrito por Luis Eduardo Sanabria Trujillo y Maryya Hirina Matallana Castillo, genera en el lector desprevenido la apariencia de que el aquí acusado no asumirá formalmente ninguna responsabilidad frente a terceros, lo cierto es que al observar con detenimiento las obligaciones contractuales estipuladas resulta evidente que se trata de una de las modalidades de ejercicio de la profesión de abogado, esto es la asesoría jurídica.

Finalmente, solo resta advertir que devendría la aceptación parcial del acuerdo celebrado el 10 de febrero de la presente anualidad por la Fiscal 54 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y el acusado Sanabria Trujillo, con anuencia de su defensor de confianza, en relación con el monto de las penas a imponer por el delito de concusión, en grado de complicidad, sumado al otorgamiento de la prisión domiciliaria, si no fuera porque se evidencia que tal consenso de las partes procesales esta fincado motivacionalmente en que le fuera concedido también al procesado el permiso para trabajar en las actividades descritas en el contrato de prestación de servicios que reposa a folios 260 y 261 del cuaderno original III, al cual ya se hizo expresa referencia en apartado precedente, por manera que respetando la integridad del acuerdo, en el entendido que este constituye una unidad inescindible, se procederá a confirmar la decisión proferida el 21 de abril de 2014.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión proferida el 21 de abril de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual improbó el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado Luis Eduardo Sanabria Trujillo, por las razones aquí expuestas.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(7) Ley 1123 de 2007.

(8) Sentencia C-290 de 2008. “La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias”.

(9) “ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

“ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

(10) La Corte Constitucional en Sentencia C-290 de 2008, consideró que la referida proscripción de ejercer la profesión de derecho para quienes se encuentren cumpliendo pena de prisión, tiene por objeto evitar “poner en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia”.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-964 de 2003.