Auto AP6140 de octubre 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

AP6140-2014

Radicación 44452

(Aprobado Acta 334)

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada el 11 de agosto de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, mediante la cual no accedió a la pretensión de la Fiscalía de excluir unos medios probatorios de la defensa, dentro del proceso que se sigue contra el ex fiscal Víctor Muñoz Cabrera por las conductas punibles de prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

La Sala se concretará a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo, si fuere el caso, los temas inescindiblemente vinculados a la censura.

El objeto de debate presentado por el fiscal impugnante se centra en cuestionar la admisión —en juicio oral— de los medios de prueba documentales que la defensa le entregó de manera extemporánea, habida cuenta que en la audiencia preparatoria se le concedió un término de tres (3) días para la entrega material de los mismos, sin que se hubiese respetado dicho plazo.

La Sala observa que, en efecto, en la audiencia preparatoria celebrada el 7 de mayo del año en curso, una vez se realizó el descubrimiento probatorio por parte de la defensa de los elementos de prueba documentales, el Tribunal Superior de Popayán determinó que «(…) para dar igual oportunidad que se la ha dado a la Fiscalía en cuanto al término de los tres días, efectivamente se le da ese mismo término al señor defensor para que proceda a cumplir con la solicitud que eleva la Fiscalía relacionada con el descubrimiento probatorio que usted ha realizado en este momento (…)»(4).

Decretado el material probatorio de la defensa e iniciado el juicio oral, el representante de la Fiscalía alegó el incumplimiento del defensor de allegar los medios cognoscitivos dentro del término concedido, ya que advierte que tan solo le fueron entregados el día 16 de mayo de 2014, según la constancia de recibido y la factura de la empresa de mensajería.

En este evento, el abogado defensor admitió que por un «descuido secretarial», no envió los elementos de prueba a la Fiscalía dentro del término de los tres días que le fueron concedidos en el acto preparatorio, sin embargo, señaló que una vez se percató de la omisión los envió mediante correo certificado, cumpliendo con su deber de descubrimiento.

Precisa la Sala que el descubrimiento probatorio constituye parte de la esencia del sistema adversarial consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y por tal motivo la fiscalía y la defensa deben suministrar, exhibir o poner a disposición todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que posean como resultado de sus averiguaciones y que pretendan sean decretadas como pruebas y practicadas en el juicio oral en sustento de sus argumentaciones, permitiendo de esa manera que la contraparte conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de prueba sobre los que el adversario fundará su teoría del caso y, de ese modo, elaborar las distintas estrategias propias de la labor encomendada en procura del éxito de sus pretensiones.

Es claro, entonces, que el descubrimiento de la prueba en el sistema acusatorio está vinculado indisolublemente al debido proceso, en razón a la trascendental incidencia de dicho instituto frente al desarrollo de la actividad de cada una de las partes.

No puede perderse de vista que, según lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala, «el correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba, pues, como lo dispone el artículo 346 de la Ley 906 de 2004, el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. Por tanto, las evidencias, medios y elementos no descubiertos no podrán aducirse al proceso ni controvertirse dentro del mismo, ni practicarse durante el juicio oral»(5).

Y es que, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física se encuentra sometido a un orden metódico y cronológico, en aras de garantizar, entre otros, los principios de igualdad, contradicción y lealtad, y en ese sentido, el artículo 346 de la Ley 906 de 2004, fija al juez la obligación de rechazar los elementos probatorios y evidencia física respecto de los cuales no se haya cumplido de manera correcta y completa el trámite de descubrimiento probatorio. En términos del mencionado artículo se indica:

ART. 346.—Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada.

En este evento, la defensa superó el término de tres días para poner en conocimiento de la Fiscalía los medios de prueba documentales que le fueron autorizados en la audiencia preparatoria para llevar al juicio, los cuales debieron haber sido entregados el 12 de mayo anterior, sin embargo, dicha entrega se produjo (4) cuatro días después, esto es, el 16 de mayo siguiente, tal como lo confirma el propio ente acusador.

La citada norma establece como consecuencia de la falta de descubrimiento, el rechazo de los elementos materiales probatorios y evidencia física, es decir, que no podrán ser aducidos en juicio aquellos medios cognoscitivos que «deban descubrirse y no sean descubiertos», contrario a lo acontecido en el presente asunto, en el que finalmente sí se concretó la entrega material de los medios de prueba y con ella su pleno descubrimiento, aunque de manera extemporánea, por lo que en estricto sentido no se configuró el supuesto de hecho que exige la norma.

La finalidad del trámite de descubrimiento probatorio es que las partes lleguen al juicio oral con pleno conocimiento de los medios cognoscitivos de la contraparte, con una estrategia ofensiva o defensiva debidamente preparada con plenas garantías de sus derechos.

Debe tenerse en cuenta que la irregularidad expuesta por el recurrente, en este evento, resulta inane, en la medida en que aquella no produjo un resultado real y concretamente adverso o lesivo para el ejercicio de los derechos de la Fiscalía, la cual tuvo acceso a los medios de prueba de la defensa, pudiendo preparar su estrategia acusadora con suficiente antelación, ya que el juicio oral se retomó el 11 de agosto del año en curso, casi tres meses después, lo que representa un tiempo prudencial para el análisis y planeación de la teoría del caso.

Y es que, la mora de 4 días en que incurrió la defensa, no afecta de manera alguna los derechos de la contraparte, en especial el de contradicción reclamado en la censura, porque, aun cuando fue extemporáneo su conocimiento, ello no implica un sorprendimiento o limitación de controversia a la Fiscalía, quien conocía de su existencia desde el acto preparatorio en el cual fueron descubiertos, enunciados, solicitados y decretados a la defensa, bajo la prevención de ser entregados materialmente con posterioridad, lo cual se cumplió.

Tampoco puede pregonarse un desconocimiento al principio de igualdad de armas propio del sistema acusatorio, debido a que el ente acusador tuvo la oportunidad de conocer los elementos materiales probatorios de la defensa con un mismo nivel o plano de anterioridad al juicio, sin que los 4 días de tardanza en poner en conocimiento los medios de prueba documentales, represente de manera alguna un perjuicio jurídicamente trascendente para el acusador.

Diferente situación sería si la defensa hubiera puesto en conocimiento de la Fiscalía el material probatorio en forma incompleta, o que no lo hubiese entregado, lo cual sí redundaría en una afectación de garantías procesales, o que su entrega tardía le impidiera ejercer la contradicción, contrario al caso examinado, en el que apenas se inicia el juicio oral, por lo que el ente acusador puede ejercer plenamente sus derechos.

Es más, el recurrente no concretó específicamente la afectación de las garantías de las que es titular, ni demostró un efectivo desconocimiento a la estructura del proceso, pues, no explicó con suficiencia en qué forma la entrega extemporánea de los medios documentales de la defensa le impide ejercer su derecho de contradicción y llegar al juicio oral con pleno conocimiento de los elementos de prueba a controvertir, o cómo dicha mora soslayó la etapa del descubrimiento probatorio, la cual se reitera se cumplió a cabalidad.

Entonces, de conformidad con lo expuesto, al carecer de trascendencia el yerro planteado por el recurrente, surge claro que la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán de no acceder al rechazo de los medios probatorios documentales de la defensa, se ajusta a legalidad, sin que se advierta algún quebranto a los derechos o garantías procesales de la Fiscalía, motivo por el cual esta corporación la confirmará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión de 11 de agosto de 2014, adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, en el curso del juicio oral adelantado contra Víctor Muñoz Cabrera, por los delitos de prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Esta decisiónse notifica en estrados y contra ella no procede recurso alguno.

Comuníquese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(4) Archivo de audio No. 19001600070320070003500_190012204004_1, record 17’:56’’, cdno. 3 adjunto.

(5) Cf. CSJ. AP. 21 Feb. 2007, rad. 25920 y CSJ AP. 21 Nov. 2012, rad. 39948.