AUTO AP6264-2017/47636 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017

 

Auto AP6264-2017/47636 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47636

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Aprobado acta 311)

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Asunto

Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de los procesados A.P. y J.J., contra el fallo de segunda instancia que profiriera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío) el 25 de noviembre de 2015, leído en audiencia el 1º de diciembre del mismo año, mediante el cual confirmó con modificaciones en la pena, la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Quinto Penal del circuito de la misma ciudad.

Antecedentes

1. Fácticos.

Ocurrieron en el barrio Las Colinas de la ciudad de Armenia (Quindío), aproximadamente a las 10 de la noche del 14 de abril de 2012, cuando dos hombres atacaron con arma de fuego en vía pública a J.G., quien se hallaba a pocos metros de su casa en compañía de su ex compañera D.G.

Transcurridos unos pocos minutos, J.G. fue trasladado al Hospital del Sur, en donde falleció como consecuencia de las heridas causadas por los impactos de arma de fuego.

2. Procesales.

Por información que suministrara la testigo presencial D.G. a la policía judicial, la fiscalía conoció que los autores materiales del homicidio de J.G. fueron alias “pichirilo” y “J.J.”, hombres a los que la mujer identifica desde hace varios años por ser residentes en el mismo barrio donde ella y J.G. vivían y ocurrieron los hechos.

Con fundamento en el señalamiento que la entrevistada concretó a través de la descripción física de los agresores, así como de reconocimientos fotográficos, la fiscalía individualizó e identificó a A.P., alias “pichirilo” y J.J., respecto de quienes solicitó orden de captura ante un juez de garantías de la ciudad de Armenia.

El 11 de mayo de 2012 se materializaron y legalizaron las capturas de A.P. y J.J. ante el Juzgado 4 Penal Municipal de Garantías de la misma ciudad. En el mismo despacho judicial se les formuló imputación en la que se les atribuyó la comisión de los delitos de homicidio (C.P., art.103) agravado en razón de los motivos fútiles que impulsaron el actuar ilícito (art. 104-4, Ibídem), con la circunstancia de mayor punibilidad referida a la coparticipación criminal (art. 58-10, Ibídem), en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal (art. 365, Ibídem), agravado por la coparticipación criminal en los términos del numeral 5º de esta última norma. Cargos que no fueron aceptados por los imputados.

Por las situaciones fáctica y jurídica descritas, el mismo juzgado (4 Penal Municipal), a solicitud del ente acusador les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Presentado el escrito de acusación el 6 de julio de 2012, el conocimiento correspondió al Juzgado 4 Penal del Circuito de Armenia, cuyo juez se declaró impedido para adelantar el juicio debido a que resolvió como juez con función de control de garantías el recurso de apelación de una audiencia preliminar, remitiendo el expediente al Juzgado 5 de la misma especialidad que una vez aceptó la manifestación impeditiva, realizó la audiencia de acusación (sept. 11/2012).

El 4 de diciembre de 2012 se adelantó la audiencia preparatoria y el juicio oral se desarrolló los días 16 de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 17 y 18 de junio, 26 de julio, 9 de agosto de 2013, y 30 de enero, 18 de marzo, 5 y 13 de mayo de 2014, oportunidad esta en la que se anunció el sentido del fallo —condenatorio—.

El 23 de julio de 2014 se evacuó la audiencia prevista en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 y se dio paso a la emisión de la sentencia, en la que se tomaron las siguientes decisiones:

Condenó a A.P. y a J.J. a la pena de 27 años, 5 meses de prisión, por hallarlos responsables del delito de homicidio (C.P., art. 103) con la circunstancia de mayor punibilidad referida a la coparticipación (art. 58-10, Ibídem), en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal agravado (art.365-5, Ibídem). Les impuso como pena accesoria la inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de 20 años y la prohibición de tenencia o porte de armas de fuego “en tanto cumplan la condena de prisión y quince (15) años después de cumplida la condena impuesta”. Les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El fallo de primera instancia fue apelado por el representante del Ministerio Público y la defensora, recurso que desató una sala de decisión penal del Tribunal Superior de Armenia, que mediante proveído del 25 de noviembre de 2015, aumentó la pena de prisión a treinta y siete (37) años y seis (6) meses, manteniendo las penas accesorias.

Contra la anterior decisión, la defensora presentó demanda de casación.

La demanda

La demandante postula un único cargo al amparo de la causal tercera de casación.

Señala que el fallador incurrió en violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho proveniente de un falso raciocinio en la valoración del testimonio de D.G., quien durante “toda la actuación fue totalmente inconsistente, incoherente y mendaz en sus revelaciones”.

La confirmación del fallo impugnado, agrega, violó la presunción de inocencia, pues se edificó sobre una prueba que ofrece un equivocado raciocinio, en cuanto los cambios de versión de “la testigo estrella” debieron tenerse como una retractación y no como falta a la verdad.

También acusa el fallo de vulnerar el principio de no contradicción, puesto que se privilegió la versión que la testigo rindió en una entrevista ante policía judicial, frente a la declaración que vertió en el juicio, en la cual dijo que los procesados no fueron los autores materiales del homicidio de J.G. y “posteriormente que sí lo eran”.

Considera que los testimonios de la defensa fueron precisos al informar que D.G. llegó al lugar de los hechos después de ocurridos, luego es inverosímil la versión que ella suministra acerca de los autores de la muerte de su ex compañero J.G.

Agrega, que el yerro afectó igualmente el literal j) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, pues no le fue posible a la defensa “conocer y controvertir las pruebas, porque el manejo de la prueba de referencia no fue explícito ya que a pesar de haber sido escuchada la contradictoria declaración de la testigo”, se valoró su versión en la entrevista, para sustentar la condena contra sus defendidos.

Se vulneró del mismo modo, prosigue la recurrente, el artículo “9º del Código Penal”, por cuanto las conclusiones de certeza sobre la responsabilidad de los procesados, se fincaron en la entrevista, mas no en los interrogatorios orales a los que fue sometida la testigo D.G. en el juicio.

Similar argumentación expone frente a las conclusiones del tribunal, referidas a la credibilidad otorgada a las versiones de los menores de edad hijos de la víctima directa, en tanto los falladores optaron por tener como ciertos sus dichos vertidos en estas, dejando de lado el contenido de sus testimonios en el juicio oral.

Concluye que la violación indirecta de la ley deviene del desconocimiento de las reglas de la sana critica “porque para resolver todas las contradicciones en que incurrió la testigo en la audiencia, optaron por creer la declaración rendida en la entrevista, sin tener en cuenta lo que ante el juez se predicó (sic) violaron incluso las reglas que rigen la excepcionalidad de la prueba de referencia, pues si esta iba a ser utilizada de tal manera, tenía que haber sido debidamente sustentado en desarrollo de la audiencia preparatoria [...]”.

En síntesis, sostiene que el fallo recurrido trasgrede “las reglas de la sana crítica, la de la experiencia, el sentido común [...] las reglas de la lógica y de la ciencia”, afectando el artículo 381 del código procesal de 2004 que prohíbe que la sentencia condenatoria se finque exclusivamente en prueba de referencia.

Para finalizar discurre acerca de la manera como debió interpretarse y valorarse la prueba testimonial recaudada en el juicio, coligiendo que se transgredieron los principios del tercero excluido y razón suficiente.

Solicita a la Corte, en consecuencia, casar la sentencia para que en un fallo de reemplazo se reconozca el beneficio de la duda en favor de los procesados, absolviéndolos de los delitos por los cuales fueron acusados.

Consideraciones de la Corte

De acuerdo con el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004, la admisión de la demanda de casación supone la debida presentación, correspondiendo al censor la obligación de consignar tanto las causales invocadas, como sus fundamentos. Ello implica acreditar la afectación de derechos fundamentales y justificar la necesidad del fallo de casación, de cara al cumplimiento de alguno de sus fines (efectividad del derecho material, respeto de las garantías de los intervinientes, reparación de los agravios inferidos a estos y unificación de la jurisprudencia).

En el mismo sentido, dispone el inciso 2º de la norma mencionada, que el libelo se inadmitirá cuando el demandante carezca de interés, prescinda de señalar la causal o no desarrolle adecuadamente los cargos de sustentación. Tampoco, si se advierte la irrelevancia del fallo para cumplir los propósitos del recurso.

Tales exigencias derivan de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, enraizada en la presunción de acierto y legalidad inherente a los fallos de instancia. A partir de esta presunción, se asigna al censor la carga de acreditar que con la sentencia se causó un agravio, apoyándose para ello en las causales taxativamente consagradas en la ley.

Además, en conexión con la exigencia de acreditación de la afectación de derechos fundamentales, la idoneidad sustancial de la demanda significa que sus cargos no solo han de estar debidamente sustentados desde la perspectiva formal. Los reproches deben ser fundados, esto es, tener aptitud para propiciar la invalidación total o parcial de la sentencia, en el entendido que, de no haberse materializado el yerro, otra habría sido la decisión, o mostrarse idóneos para convocar a la Corte a asumir una postura jurisprudencial unificada alrededor del tema debatido, en cuanto logren evidenciar la violación de una norma sustancial o una garantía procesal.

Si la demanda incumple con las aludidas exigencias formales para estudiarla de fondo o se establece de entrada su falta total de idoneidad, de cara a los fines inherentes a la casación, la decisión debe ser la inadmisión.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 181-3 Ídem, la casación procede cuando se afecten garantías fundamentales, producto del manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia de segunda instancia. Allí se encuentra consagrada la modalidad de infracción indirecta o mediada de la ley sustancial, por errores en la construcción de la premisa fáctica del silogismo jurídico.

Cuando en esta sede se acude a la violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en las fases de observación o valoración de la prueba, ha de acreditarse el desconocimiento de una situación fáctica, producto de la incursión en falsos juicios de existencia, identidad o falso raciocinio.

Pero si lo alegado es la existencia de errores de derecho, corresponde al demandante probar que el juzgador contravino el debido proceso probatorio, valga precisar, las normas que regulan las condiciones para la producción (práctica o incorporación) de un determinado medio de prueba en el juicio oral y público (tacha que se conoce como falso juicio de legalidad), o que, aun cuando la prueba ha sido legal y regularmente producida, desconoció el valor prefijado en la ley a la misma (yerro denominado falso juicio de convicción), clase de dislate de excepcional ocurrencia dado que, por regla general, en la actual sistemática procesal penal (así como en las anteriores), los elementos de conocimiento no tienen asignado en el ordenamiento adjetivo un grado de persuasión tarifado o ponderado(1), sino que el funcionario está en la obligación de apreciarlos en conjunto, de acuerdo con los postulados de la sana crítica.

La recurrente inscribe el cargo en el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, pero no da a conocer en cuál de las dos modalidades allí previstas se estructura la afectación, huelga recordar, si es (i) por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción de las pruebas, o (ii) debido al manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación.

Y aunque insularmente menciona el error de hecho por falso raciocinio, durante la extensa sustentación del cargo no termina por identificar un yerro susceptible de ataque a través de la vía casacional, sino que el esfuerzo se enfila a mostrar que los falladores erraron al valorar, no solo la declaración de la testigo presencial D.G., sino todos los testimonios, incluidos los de la defensa por no habérseles otorgado, el que ella considera el real mérito suasorio.

A la par, en medio de la confusa exposición de argumentos, la demandante refiere que se vulneraron los principios de oralidad y contradicción al otorgarle validez a las entrevistas rendidas por D.G. y sus dos hijos menores de edad, omitiendo informar que estos testigos rindieron declaración en el juicio oral.

Precisamente porque durante la declaración en el juicio D.G. y sus dos menores hijos (J.L. y J.S.) cambiaron las versiones que inicialmente rindieron ante policía judicial, negando la participación de los procesados A.P. y J.J. en el homicidio de J.G., la fiscalía les puso de presente sus manifestaciones anteriores con miras a conocer la razón de sus dichos contradictorios, introduciendo de esa manera las declaraciones anteriores al debate público, y por esa vía fueron publicitadas y sometidas a contradicción por la defensa.

Entones, si en desarrollo del testimonio de D.G. la fiscalía le puso de presente las manifestaciones anteriores y contrarias a las que rindió en el juicio, no se trata, como lo aduce la defensa, de una prueba de referencia, que precisamente se determina por la indisponibilidad del testigo, que impide a las partes su confrontación.

En este caso, en el ejercicio de valoración de las pruebas el fallo se ocupó de examinar una y otras versiones, sin descartar a priori ninguna de ellas y correlacionándolas con los demás medios de prueba arrimados al juicio, concluyendo que:

a) D.G. se encontraba en el lugar de los hechos y presenció cuando dispararon en contra del padre de sus hijos.

b) Días después del homicidio acudió a la Sijín para informar el nombre de las personas que lo asesinaron. Allí se le recibió entrevista que se registró en un video.

c) En esa primera versión señaló como autores materiales a alias “pichirilo” y a “J.J.”, residentes en el barrio “Las Colinas”. Los describió y dijo estar en capacidad de reconocerlos en cualquier parte por ser vecinos de ella.

d) En su primera declaración en el juicio, se retractó de esas manifestaciones incriminatorias; sin embargo, ratificó las demás circunstancias informadas.

e) En la segunda declaración rendida en audiencia, volvió a su versión inicial, explicando que había sido objeto de presiones y amenazas por parte de la familia de alias “pichirilo”.

f) El cambió de versión de los menores de edad (J.L. y J.S.), también testigos presenciales, se explicó por las indicaciones que su señora madre (D.G.) les hizo(2).

Se observa entonces, que la falladora de primera instancia efectivamente acogió como cierta la información que rindió D.G. en la entrevista ante la policía judicial; sin embargo, omite la recurrente mencionar que esa información ingresó al juicio oral a través de quien la rindió, por cuanto en su declaración la señora D.G. se retractó del señalamiento de autoría que había hecho de A.P. y J.J.

Es obvio que el cambio de versión que realizó la testigo en la primera declaración rendida en el juicio oral (jun. 18/2013), favorece los intereses de los procesados; sin embargo, no por ello el juzgador debe sujetarse a esta, tampoco a la primera, como si se tratara de una valoración tarifada, pues su deber funcional se extiende al análisis cuidadoso de cada una de las dicciones ofrecidas, ejercicio después del cual las instancias concluyeron que D.G. albergaba motivos para retractarse, los cuales hizo públicos también durante una sesión del juicio (ago. 9/2013) cuando se le volvió a escuchar bajo la gravedad del juramento y fue contrainterrogada por la defensora.

Hábilmente, la demandante deja de lado la segunda declaración que D.G. rindió en el juicio oral, en la que una vez más retornó a su dicho inicial señalando sin ambages a alias “pichirilo” como uno de los dos hombres que disparó en contra de su ex compañero sentimental J.G., aunque dijo no estar segura de que J.J. hubiera sido el otro sujeto que accionó un arma de fuego, locuciones de las que se ocupó el fallo.

Se acreditó entonces que D.G. asistió al juicio oral a declarar en dos oportunidades, la primera, el 18 de junio de 2013, cuando se retractó del señalamiento a los procesados aduciendo haber sido presionada por los integrantes de la Sijín y por la familia de su ex compañero muerto, y la segunda, el 9 de agosto del mismo año, después de solicitar que la escucharan nuevamente para aclarar que la esposa de “pichirilo” la presionó para que dijera que ella no pudo ver los rostros de quienes asesinaron a J.G.

En las dos ocasiones la testigo respondió el interrogatorio cruzado que versó sobre el homicidio de J.G. y los autores, y en relación con la información que ofreció a la Sijín el 20 de abril de 2012 cuando se presentó para denunciarlos rindiendo una entrevista que quedó registrada en video. Lo propio ocurrió con los menores J.L. y J.S., quienes, al igual que su señora madre, atestiguaron lo visto la noche del 14 de abril de 2012 cuando dos hombres ultimaron con arma de fuego a su padre.

De manera que no asiste razón alguna a la recurrente, cuando sostiene que la sentencia se sustentó en prueba de referencia, pues se estimó la prueba practicada en el juicio, producida e incorporada en forma pública, oral y sujeta a confrontación y contradicción ante la juez de conocimiento, trámite dentro el cual se conoció el contenido de las entrevistas rendidas por D.G., J.L. y J.S. en tanto al retractarse de lo allí manifestado, la fiscalía los inquirió sobre el asunto. Es decir, se utilizaron las manifestaciones anteriores para valorar inconsistencias o contradicciones con lo declarado en audiencia por los testigos, situación que no se identifica con la noción de prueba de referencia, como lo ha precisado esta corporación:

“De manera que el concepto de prueba de referencia no es equiparable a la situación que se presenta cuando las declaraciones anteriores se utilizan para valorar inconsistencias o contradicciones con lo declarado en audiencia por el testigo. Su primordial diferencia radica en que mientras en aquella no se concreta el derecho a la confrontación por indisponibilidad del testigo en el juicio, en esta las partes tienen la oportunidad de ejercerlo” (CSJ AP1066-2017, feb. 22/2017, Rad. 45581).

Y si bien el tema en cuestión solo fue aclarado por la Corte en la sentencia arriba citada, es claro que para la fecha en que se surtió el juicio oral en este caso, regía el precedente contenido en la decisión de fecha 9 de noviembre de 2006 (Rad. 25738) donde igualmente se autoriza al juez para valorar las manifestaciones anteriores al juicio, siempre que se presenten con sujeción a los principios de inmediación, publicidad y confrontación, así como como lo referenció el tribunal.

Se equivoca entonces la libelista, al deducir que debe prescindirse de las manifestaciones previas al juicio para dar paso exclusivamente al testimonio rendido en la audiencia pública, pues la Ley 906 de 2004 prevé las situaciones excepcionales frente a las cuales es posible utilizarlas, bien como herramienta para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos (refrescamiento de memoria e impugnación de la credibilidad de los testigos), o como medio de prueba (prueba de referencia, prueba anticipada y declaraciones anteriores inconsistentes con lo declarado en juicio(3)).

Con todo, la postulación de la demandante se queda sin piso y entra en abierta contradicción cuando reclama que se valoren únicamente los testimonios del juicio, pero a la vez se niega a reconocer que también durante esa audiencia(4) D.G. retomó la versión inicial cuyo contenido la defensora pretende que se excluya.

En el mismo sentido, la impugnante critica que los falladores no hubieran otorgado un valor suasorio “mengüado” a la entrevista rendida por Y.S., cuyo contenido ingresó a través de un investigador judicial ante la imposibilidad de dar con su paradero(5), afirmación que resulta imprecisa frente a lo considerado, toda vez que se tuvo en cuenta la tarifa negativa establecida en el artículo 381, inciso 2º de la Ley 906 de 2004, al señalar que esta prueba se utilizó, no para erigir en ella la responsabilidad penal de los procesados, sino para cotejar aspectos relatados por los testigos presenciales que declararon en la audiencia:

“[...] La sentencia de condena se erigió principalmente sobre el testimonio de la señora D.G., a tal punto que en el eventual caso de no haberse contado con él en el proceso, difícilmente se hubiera podido impartir condena tan solo con la prueba de referencia atacada, de allí la diferencia en su ponderación e incidencia al momento de concluir la responsabilidad penal”.

Finalmente, cabe señalar que aunque la demandante enuncia como único cargo el falso raciocinio, su discurso se desvió sin dar a conocer en concreto los apartes en los que la sentencia evidencia la presencia de errores por desatender las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las máximas de la experiencia, pues su inconformidad se centra en la credibilidad que se otorgó a lo informado por D.G. en la entrevista rendida antes del juicio oral.

Además, encuentra la Sala que la demandante soslaya referirse a la totalidad de las pruebas practicadas en el juicio, como si el testimonio de D.G. hubiera sido el único recaudado, dejando de lado que en la sentencia también se apreciaron las versiones de otros testigos presenciales, incluidos los aportados por la defensa, y los de los investigadores que acudieron al sitio para realizar la reconstrucción de los hechos, con lo cual se acreditó el dicho de la señora D.G.

En síntesis, la recurrente presenta su interesada postura acerca de la credibilidad que debió darse al testimonio de D.G., acompañándola de una interpretación equívoca del uso de las declaraciones anteriores en la que no diferencia cuando estas se utilizan para (i) facilitar el interrogatorio (refrescar memoria o impugnar credibilidad), o cuando se usan (ii) como medios de prueba (la prueba anticipada, la prueba de referencia y las declaraciones anteriores inconsistentes con lo que el testigo declara en juicio).

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala inadmitirá la demanda de casación presentada por la defensora de los procesados A.P. y J.J., decisión contra la cual procede el mecanismo de insistencia, en los términos ampliamente decantados por la jurisprudencia de la Sala.

De la posibilidad de casar oficiosamente

La Sala advierte necesario determinar si los juzgadores pudieron haber desconocido el principio de legalidad, concretamente en el proceso de dosificación de la pena accesoria de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Por lo tanto, una vez quede en firme esta providencia, la actuación regresará al despacho de la magistrada ponente para que estudie la posibilidad de la casación oficiosa, sin que medie la realización de la audiencia de sustentación de que trata el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, dado que, como ha sido el criterio reiterado de la Corte, tratándose de su intervención oficiosa no hay lugar a esta a audiencia, por cuanto la misma está prevista para que se realice un debate oral en torno a la demanda admitida, el cual se descarta cuando, como en este evento, el escrito ha sido rechazado(6).

Por último, aprovecha la Sala para llamar la atención de los jueces, acerca de la necesidad de que los fallos obren por escrito en la actuación, por tratarse de las providencias que deciden sobre el objeto del proceso regido por la Ley 906 de 2004, lo cual no contraviene el principio de oralidad.

Ciertamente el artículo 145 de la ley citada dispone que todos los procedimientos de la actuación, tanto preprocesales(7), como procesales, deben ser orales; sin embargo, el mandato del legislador se encamina a la búsqueda de la celeridad en el trámite, lo cual no puede entenderse como una prohibición de que los fallos (primera y segunda instancias, casación y revisión) obren por escrito.

El anterior entendimiento se revalida con el tenor literal del artículo 163 Ibídem, que consagra la prohibición de “transcribir, reproducir o verter a texto escrito” apartes de la actuación en las providencias judiciales, lo cual confirma que en el sistema procesal establecido en la Ley 906 de 2004 subsisten las providencias escritas y que le está vedado al funcionario judicial copiar en ellas fragmentos de lo actuado.

Además de razones de orden práctico, tales como la dilación en el estudio de los recursos que se dificulta por la labor de escucha de la sentencia(8); la verificación de los requisitos de forma y de fondo que también exige la audición de la totalidad del registro técnico a la espera de encontrar en qué apartes se cumplió con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004, o la dificultad del juez de ejecución de penas para adoptar decisiones relacionadas con la vigilancia de las penas impuestas, surgen otras que pueden afectar el derecho a la defensa, como cuando el procesado privado de la libertad interpone el recurso de apelación y decide sustentar por escrito dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, requiriendo para ese fin conocer el texto de la providencia, lo cual no podrá garantizarse porque en el lugar de reclusión no se le permite el acceso a un computador, si es que lo tuviere.

De la misma manera, puede suceder que el juzgador profiera la sentencia en audiencia, sin la presencia del procesado privado de la libertad, situación que obliga a que el fallo sea enviado al establecimiento carcelario para la notificación personal(9), caso este en el que el declarado responsable tendría que contar con el CD; un medio electrónico para leerlo; internet para buscar el programa compatible con el usado por el centro de servicios del despacho judicial y además, un permiso especial del Inpec para que el procesado disponga de un equipo, espacio y tiempo para escuchar la decisión mediante la cual se le declaró culpable, pues a eso corresponde la diligencia de notificación, de lo contrario, se estaría ante un simple enteramiento.

En la misma línea, es decir, la necesidad de que los fallos judiciales obren por escrito, la novísima normatividad que consagra el procedimiento abreviado elimina la audiencia de lectura del fallo (L. 1826/2017, art. 545, inc. 2º), para establecer que la sentencia se entenderá notificada con el traslado escrito que se hará con “la entrega de la providencia” a las partes.

De manera que la Sala reitera el llamado tendiente a que los funcionarios profieran los fallos por escrito, bajo el entendido de que la oralidad del sistema no repele esta forma de emisión de las decisiones que resuelven de fondo el objeto del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora de los procesados A.P. y J.J., por las razones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Contra esta determinación procede la insistencia, en los términos precisados en la parte motiva.

2. Una vez cubierto el anterior trámite, regrese la actuación al despacho de la magistrada ponente, con el propósito de que la Sala se pronuncie oficiosamente acerca de la posible vulneración de garantías del procesado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Salvo lo relativo a la prueba de referencia, inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004.

2 Escúchese a partir del récord 0:39:00 del video de la audiencia de lectura de fallo, realizada el 23 de julio de 2014.

3 CSJ SP 606-2017, 25 de enero de 2017, radicado 44590.

4 Sesión evacuada el 9 de agosto de 2013.

5 Ver entre otros pronunciamientos acerca de los eventos en los que, por excepcionalidad se admite la prueba de referencia, y el concepto de evento similar establecido en el literal b) del artículo 438 de la Ley 906 de 2004: CSJ SP, 6 de marzo de 2008, radicado 27477; CSJ AP 26089, 2 de noviembre de 2006; CSJ SP, 30 de marzo de 2006, radicado 24468 y la C-144/2010.

6 CSJ AP, 23 de agosto de 2007, radicado 28059.

7 Audiencias preliminares efectuadas antes de la formulación de imputación.

8 En el presente caso la juez habló desde las 10:44 a.m., hasta la 1:34 de la tarde.

9 CSJ AP122-2017, 18 de enero de 2017, radicado 47474.