Auto AP6376-2016/48823 de septiembre 20 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP6376-2016

Rad.: 48823

Aprobado Acta Nº 298

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., septiembre veinte de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Tiene decantado la Sala que el trámite del proceso previsto en la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, no contempla la definición de competencia, razón por la cual, acudiendo a lo dispuesto por el artículo 62 de la norma referida, corresponde aplicar el procedimiento señalado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, recayendo en esta corporación la decisión del asunto, por ser el superior funcional de las dos magistradas con función de control de garantías que se declaran sin competencia para presenciar la formulación de imputación en contra de Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo.

Aspecto preliminar.

El incidente de definición de competencia suscitado por la manifestación de una magistrada de control de garantías de Bogotá que atribuye a su homóloga de Barranquilla la competencia para atender las audiencias de imputación e imposición de medida de aseguramiento a dos postulados a quienes se les atribuye la comisión de un hecho cometido durante y con ocasión de su permanencia al grupo armado ilegal de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bloque Capital, debió tramitarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, por ser la norma a la que se acude por remisión de la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1069 de 2015 (CSJ AP 14 mayo 2013. Rad. 41228; CSJ AP 15 jul. 2013. Rad. 41628; AP3946-2015 15 jul. 2015. Rad. 46365).

Esta figura de ‘definición de competencia’, difiere de la colisión de competencias de que trata la Ley 600 de 2000, en la cual el juez que se declara incompetente se lo remite a quien estima que es el competente, proponiéndole colisión negativa, para que éste se pronuncie y en caso de que no comparta el criterio lo envía a quien debe resolver el conflicto.

En cambio, en el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, artículo 54, se establece la figura de la “definición de competencia”, en la que el pronunciamiento del superior se conoce de manera rápida, con miras a cumplir con el principio de celeridad de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento, que se identifica, en este principio procesal, con la celeridad requerida en el trámite de justicia y paz.

Entonces, la Ley 906 de 2004 eliminó de este procedimiento el paso que ordena la remisión de la actuación al funcionario a quien se atribuye la competencia y que se supone necesario para “trabar el conflicto”; en su lugar, se impone la inmediata remisión a quien debe definirla, en este caso, por tratarse de magistrados de justicia y paz, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

El principio de celeridad como presupuesto fundante del proceso de justicia transicional, ha sido el objetivo hacia el cual el legislador y los jueces colombianos han transitado durante más de diez años en los cuales se han expedido leyes, decisiones judiciales y acuerdos que permiten facilitar y avanzar en los trámites judiciales de los desmovilizados que optaron por acogerse a los beneficios de la Ley 975 de 2005.

Sin embargo, encuentra la Sala que no dejan de presentarse inexplicables situaciones de tardanza, cuando, como en este caso, un fiscal radica en el mes de febrero de 2016(1) solicitud de audiencias preliminares con el fin de formular imputación en cumplimiento de fallos de tutela que imponen definir la situación de aquéllos postulados que llevan privados de la libertad varios años sin que se les haya formulado imputación, y sólo cinco meses después(2) se inicia la audiencia, se suspende y se reanuda(3) con el pronunciamiento de la magistrada declarándose sin competencia para escuchar las solicitudes del representante del ente investigador.

Adicionalmente, decide la magistrada de garantías de Bogotá sustraerse del trámite previsto en el artículo 54 en cita, que impone la remisión de la actuación al superior común, para en su lugar, enviarlo a la magistrada de Barranquilla ante la “claridad” que dice tener acerca de que corresponde a esta ciudad la realización de las audiencias solicitadas, por el factor territorial de competencia.

Ante tan particular procedimiento en el que la misma funcionaria que consideró no tener competencia para adelantar las audiencias preliminares de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, le atribuyó a su homóloga la competencia, sin contar con el pronunciamiento del superior, la magistrada de Barranquilla igualmente estableció un atípico trámite consistente en realizar un remedo de audiencia sin la presencia de defensores, postulados y la abogada representante de las víctimas, y en ella ordenó —finalmente- la remisión de la actuación a esta corporación para que se definiera el funcionario competente.

De lo anterior surge la necesidad de recordar que el trámite de justicia y paz se encuentra reglado y el ámbito de interpretación de su normatividad se realiza de conformidad con los cánones constitucionales y los tratados internacionales que contienen presupuestos básicos de forzosa aplicación que no pueden ser desconocidos, así como tampoco es viable apartarse del procedimiento legalmente establecido para introducir etapas extrañas que desnaturalizan la esencia del proceso, pero sobre todo, atentan contra el debido proceso, especialmente en su componente de celeridad.

Por tales razones, en no pocas oportunidades la Corte ha insistido en la celeridad que debe acompañar los procesos de justicia transicional (CSJ AP6178-2015. 21 oct. 2015. Rad. 46923):

“Situación apenas obvia teniendo en cuenta que éste se nutre de la información suministrada por el postulado, a partir de la cual se construye la actuación en la que no existe una controversia en punto de responsabilidad penal, sino que el mayor esfuerzo debe dirigirse a la reconstrucción de la verdad, la obtención de justicia, el compromiso de no repetición y la reparación de los daños ocasionados con el actuar de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

El caso concreto.

El fiscal 13 adscrito a la unidad nacional de justicia transicional, radicó ante los magistrados de garantías de la ciudad de Bogotá, solicitud de audiencias preliminares de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo.

De lo poco que alcanzó a exponer el fiscal acerca de los hechos que serán objeto de imputación, sólo con fines de verdad, por tratarse de conductas juzgadas y frente a las cuales los mencionados postulados fueron hallados penalmente responsables en la justicia permanente, se supo que:

1. Rueda Chávez y Rojas Galindo confesaron haber participado en unos hechos perpetrados el 15 de diciembre del año 2000 en el noroccidente de Bogotá.

2. El hecho ha sido catalogado por la fiscalía como uno de aquellos cometidos durante su pertenencia al grupo armado ilegal de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y en razón del conflicto armado interno.

3. El acto delincuencial se perpetró por orden de los comandantes Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, quienes impartieron instrucciones a Jorge Ernesto Rojas Galindo en una hacienda ubicada en Tierralta (Córdoba).

4. La operación tenía como fin asesinar al líder sindical Wilson Borja, quien recibió varios impactos de proyectil. En el hecho también resultó herido un escolta suyo, uno de los sicarios y muerta la señora María del Pilar Bolaños. Posteriormente se conoció que los delincuentes asesinaron a su compañero herido —Helmer Horacio Rueda— y se deshicieron del cadáver a pocas cuadras del lugar donde se perpetró el atentado.

5. De acuerdo con lo informado por Salvatore Mancuso Gómez, la muerte de Wilson Borja sería una de las primeras acciones de un grupo creado directamente por aquél y por Carlos Castaño Gil, denominado bloque Capital, cuyo accionar estaría delimitado geográficamente por Bogotá y los municipios aledaños en los que la subversión de las FARC habían comenzado a ganar posiciones.

La magistrada de garantías de Bogotá, funda su decisión de declararse sin competencia para adelantar las audiencias preliminares solicitadas (imputación y medida de aseguramiento) en el juicio que elabora para concluir que el bloque Capital de las Autodefensas no existió, y por tanto, ningún postulado puede ser presentado como integrante de este grupo.

No obstante esa creencia de la magistrada, no debe dejarse de lado que el fiscal informó en audiencia que cuenta con elementos materiales probatorios, entre ellos, un manuscrito de Salvatore Mancuso, las confesiones de los postulados y recortes de prensa, a partir de los cuales se infiere que el bloque Capital si existió, aunque de manera incipiente.

En todo caso, no le compete a la magistrada de garantías concluir a través de una manifestación de incompetencia, la existencia o no de un bloque, menos, si es el máximo comandante de las ACCU —Salvatore Mancuso—, quien ha dado cuenta de los detalles que rodearon la conformación del bloque Capital; las órdenes impartidas para iniciar el accionar delincuencial de esa organización armada ilegal en Bogotá y sus alrededores; los nombres del personal calificado y de confianza que por mandato de Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Castaño Gil salieron de otros bloques para integrar este nuevo grupo que operaría como un apéndice del comandado por estos máximos jefes paramilitares y la acción perpetrada.

Será, entonces, en otro escenario procesal, en el que la fiscalía esclarezca todas esas circunstancias necesarias para que se cumpla el componente de verdad esencial en este proceso de justicia y paz.

Ya en punto de la definición de competencia, no puede dejarse de lado que con la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, se dispuso que la formulación de imputación se realizará cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado “es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan dentro del patrón de macrocriminalidad en el accionar del grupo organizado al margen de la ley que se pretenda esclarecer(4)”.

Bajo ese nuevo parámetro que rige las imputaciones en el proceso de justicia y paz, le corresponde a la fiscalía adecuar su actuar para dar a conocer en la audiencia los patrones de macrocriminalidad a los cuales responden los hechos que se imputan, o, en su defecto, informar si se trata de patrones ya esclarecidos por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización.

De manera que ante las características especiales de la imputación que pretende formular el fiscal 13 de la Unidad de Justicia Transicional para la Justicia y la Paz, en tanto se trata de un solo acto delictivo cometido en la ciudad de Bogotá por órdenes directas de Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Castaño Gil, como máximos comandantes de las ACCU, corresponde examinar, además del criterio general ya establecido por la Corte para determinar la competencia territorial —referido al área de influencia del bloque al cual pertenecieron los desmovilizados—, cuáles son los patrones de macrocriminalidad con los que se identifica su accionar ilegal.

Lo anterior por cuanto, como lo indicó el fiscal, aunque en los trámites administrativos que recaen en el Gobierno Nacional, Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo figuran como desmovilizados de los bloques Central Bolívar y Centauros, respectivamente, realmente no militaron en ellos, siendo innecesario verificar los requisitos de elegibilidad y determinar patrones frente a esos grupos en los que por el tránsito administrativo fueron ubicados.

Y es que, además, bien lo explicó el fiscal delegado, algunos bloques que surgieron como estrategia organizacional de las ACCU, cobraron su independencia y operaron con distintos comandantes, mientras que otros no se desligaron de las órdenes de los máximos dirigentes, tal es el caso de los bloques Tolima y Centauros, por aludir a los dos mencionados por el delegado de la Fiscalía. No es extraño, entonces, a la articulación de este movimiento armado, que un bloque con influencia en departamentos diferentes a Córdoba y la región de Urabá, cumpliera órdenes impartidas por Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, máximos comandantes de las ACCU.

De tal manera que si el hecho se atribuye al bloque Capital, cuyo actuar se estaba proyectando por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil en Bogotá y sus alrededores, cobra importancia la información vertida por aquél, relacionada con el proyecto para que el grupo armado ilegal extendiera su accionar a esta zona del país, razón por la cual, hubo de pedir apoyo logístico y de hombres a otras estructuras paramilitares para la comisión del atentado a Wilson Borja el 15 de diciembre del año 2000.

Precisamente por encontrarse en ciernes el bloque Capital, la estructura ilegal dependía por completo de la máxima comandancia de las ACCU en donde se concibió la idea, se planeó y se concertaron Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo, entre otros, para cumplir con la orden impartida por sus comandantes.

Por la misma circunstancia, el bloque, según lo informado por el fiscal, limitó su accionar al atentado a Wilson Borja, lo cual revela la dificultad para estructurar un patrón de su actuar, debiéndose acudir a los que identifican las operaciones al margen de la ley de las ACCU, por ser sus máximos comandantes los que lo ordenaron.

No quiere decir lo anterior que siempre que se impute un hecho dispuesto por los máximos comandantes de las Autodefensas, que para el año 2000 se concentraban en Córdoba y el Urabá, la competencia para adelantar las audiencias preliminares corresponda a la magistratura de Medellín, sino que, atendiendo los rasgos distintivos del caso que ocupa a la Sala: (i) hecho único cometido por los postulados a imputar; (ii) hecho único cometido por el bloque Capital; (iii) frente naciente sin estructura propia; (iv) grupo que no registra desmovilizados; (v) los desmovilizados fueron postulados como miembros de bloques (BCB y Centauros) en los cuales no militaron; (vi) acuerdo ilícito gestado y planeado en Montería, y, (v) ordenado por el alto mando de las ACCU, concierne a la mencionada comprensión judicial.

De esa manera, la Corte reitera que el primer parámetro para definir la competencia en materia de justicia y paz, se determina por el área de influencia territorial del grupo armado al margen de la ley, más no por el lugar de comisión de uno u otro comportamiento punible realizado por el desmovilizado (CSJ AP3862-2015, 8 jul. 2015. Rad. 46250):

Es así que la determinación de cuál Sala de justicia y paz tiene la competencia territorial para ejercer la función de control de garantías en los casos sometidos a la ritualidad de la Ley 975 de 2005, es la consecuencia de constatar en cuál territorio tuvo injerencia el grupo armado ilegal al amparo del cual el postulado llevó a cabo su accionar delictivo, es decir, dónde operó la asociación ilícita, con independencia de dónde se agotaron los particulares comportamientos punibles encaminados a concretar los propósitos de dicho concierto.

(…)

Tan relevante resulta el lugar donde tiene lugar la asociación delictiva y, en consecuencia, el área de influencia del grupo armado ilegal en el que militó el postulado para fijar la competencia territorial, que —tal como la jurisprudencia de la Sala lo ha fijado(3)— la acusación que se profiere bajo las formalidades de la Ley 975 de 2005 pone especial acento en la pertenencia del desmovilizado a un grupo irregular y en los daños que colectivamente se hayan causado por razón de dicha pertenencia.

Ahora bien, dependiendo de las peculiaridades de cada caso, se tendrá en cuenta, además, las características y estructura del bloque al amparo del cual el postulado llevó a cabo su actuar ilegal.

Como viene de verse, no es posible tener como factor determinante de competencia el lugar de consumación del hecho (Bogotá), como opera en la justicia permanente, y tampoco es atinado equiparar el área de influencia del bloque con el sitio donde ocurrió la conducta delictual, pues el actuar ilegal de los grupos paramilitares en el territorio nacional no se circunscribió a estrictos límites geográficos, sino que atendiendo sus intereses, ejecutaban operaciones conjuntas, o por el contrario, actuaban por orden de los supremos comandantes, aunque se rebasaran fronteras territoriales.

Tales situaciones exigen que los criterios de competencia en Justicia y paz, se orienten a la preservación del precepto de unidad con el que se juzga la criminalidad de grupos y no de actos individuales, por cuanto (CSJ AP1481-2014, 27 mar. 2014. Rad. 43468):

[I]mporta la acción del grupo y no la connotación individual del comportamiento, las reglas de la justicia transicional no se pueden interpretar según el modelo de la jurisdicción común y menos a partir de concepciones tradicionales que analizan el delito desde su perspectiva individual —a la manera de un dato óntico— y no como un elemento que explica la existencia, actividad y configuración de un patrón de criminalidad que en razón de esas circunstancias permite imputarle al postulado unos comportamientos no por su comisión desde el punto de vista de la acción individual, sino por su pertenencia a una organización armada ilegal desmovilizada que cometió los más variados delitos en diferentes regiones de la geografía colombiana.

Precisamente desde esa cosmovisión del fenómeno paramilitar inmerso en criterios de macrocriminalidad y sistematización a que se refiere la Ley 1592 de 2012, en el artículo 21 del Decreto 3011 del 26 de diciembre de 2013, se dispuso:

“El Consejo Superior de la Judicatura podrá distribuir las competencias de las Salas de los tribunales de Justicia y paz de acuerdo a los bloques y frentes del grupo armado organizado al margen de la ley, con el fin de lograr un mejor esclarecimiento de las distintas estructuras y evitar conflictos de competencia entre las distintas Salas de los tribunales de justicia y paz” (resaltado en el texto original).

Como quiera que el único hecho que se imputará a Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo, aunque se perpetró en Bogotá por integrantes del naciente bloque Capital, sin estructura ni mandos propios, siguió las directrices de Salvatore Mancuso Gómez como máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), corresponde a la magistratura de garantías de la ciudad de Medellín el adelantamiento de las audiencias preliminares, atendiendo la competencia territorial deducida en el acuerdo PSAA11-8034 del 15 de marzo de 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura(5).

Por consiguiente, se dispondrá la inmediata remisión del asunto al magistrado de garantías de justicia y paz del tribunal Superior de Medellín, para que continúe con el desarrollo de las audiencias solicitadas por el fiscal 13 de la Unidad Nacional de Justicia Transicional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,

RESUELVE:

DECLARAR que corresponde al magistrado con función de control de garantías de justicia y paz del tribunal Superior de Medellín, tramitar las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Régulo Rueda Chávez y Jorge Ernesto Rojas Galindo, a donde se remitirá la actuación para los fines pertinentes.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) 15 de febrero de 2016. Folio 1 del cuaderno: “Formulación de imputación y medida de aseguramiento”.

(2) 5 de julio de 2016.

(3) 15 de julio del mismo año.

(4) Artículo 18 de la Ley 1592 de 2012 que modificó el artículo 18 de la Ley 975 de 2005.

(5) “Artículo quinto.—El magistrado de control de garantías de la sala de justicia y paz del tribunal Superior de Medellín tendrá competencia territorial para el ejercicio de la función de control de garantías de los siguientes distritos judiciales: Quibdó, Antioquia, Medellín, Montería, Armenia, Manizales y Pereira”.