Auto AP6634-2015 de noviembre 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 46.769

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

AP6634-2015

Aprobado mediante acta 398

Bogotá, D. C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Al tenor de lo previsto en los artículos 26 y 68 de la Ley 975 de 2005, y 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto.

2. En el presente asunto no se controvierte la viabilidad o inviabilidad de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre los predios denominados E. A. I, II y III, pues sobre ese particular la funcionaria a quo no adoptó una decisión de fondo cuyo acierto pueda ser examinado en esta sede por la Sala.

Lo que se debate es si la Magistrada con Función de Control de Garantías acertó al abstenerse de resolver materialmente sobre la pretensión, o si por el contrario, debió decidir sobre lo solicitado.

En efecto, la funcionaria a quo afirmó la imposibilidad de pronunciarse materialmente respecto de lo pedido, arguyendo básicamente que los reclamantes dicen tener derecho sobre el predio E. A., identificado con Nº de matrícula ####-###, pero no sobre los terrenos E. A. I, II y III, que son los afectados con las medidas cautelares cuyo levantamiento se pretende.

En ese orden, como no tienen ningún vínculo jurídico con los bienes gravados con embargo y secuestro, no es posible pronunciarse sobre el levantamiento de las medidas cautelares, máxime que, desde esa óptica, el apoderado judicial carece “de postulación”.

3. La Sala estima que ese argumento no es de recibo, menos aún, para sustentar la decisión de abstenerse de resolver de fondo sobre lo solicitado. Se explica:

De acuerdo con la información que obra en la actuación, la afectación con las medidas de embargo y secuestro se dispuso sobre tres lotes de terreno, denominados E. A. I, II y III, identificados jurídicamente con los números de matrícula inmobiliaria ####-###, ####-### y ####-###, respectivamente.

Así consta en los certificados de libertad y tradición de dichos inmuebles, en los que se observan las anotaciones 5, 6 y 7, respectivamente, atinentes al gravamen de embargo inscrito por la Fiscalía 38 de Justicia y Paz, ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Los propietarios inscritos de esos predios no son los aquí reclamantes, que ni siquiera aparecen en la cadena de tradiciones de los mismos, sino XXX XXXX, YYY YYYY y ZZZ ZZZZ.

En ese orden, es cierto que AAA AAAA, BBB BBBB y CCC CCCC, en principio, no tendrían legitimidad para reclamar el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas sobre esos inmuebles, pues en apariencia no tienen ningún derecho sobre los mismos.

Pero sucede que, como está demostrado en la actuación y lo admitió la primera instancia, las fincas E. A. I, II y III fueron desenglobadas del predio de mayor extensión conocido como E. A., identificado con matrícula inmobiliaria ###-####; en consecuencia, aunque jurídicamente se trata de predios distintos, materialmente se derivaron de un mismo lote de terreno.

Sobre la finca originalmente denominada E. A., los hermanos AAAA y BBBB, como consta en el certificado de libertad y tradición pertinente, sí ejercían el derecho de dominio, que obtuvieron mediante prescripción adquisitiva declarada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín en sentencia de enero 28 de 2014.

Así las cosas, con independencia de la denominación jurídica que se les otorgue, los bienes afectados con las medidas de embargo y secuestro corresponden al mismo inmueble respecto del cual los reclamantes eran propietarios.

Ahora, el peticionario aduce que la variación de la identificación jurídica del predio E. A., que pasó de ser un único lote a estar dividido en tres, cada uno con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, fue consecuencia de los hechos victimizantes por razón de los cuales debieron abandonar sus terrenos, atribuibles precisamente a los grupos armados ilegales que comandaba para entonces DDD DDDD.

En efecto, quienes aparecen registrados como propietarios de E. A. I, II y III, según consta en informe de Investigador de Campo de 28 de noviembre de 2008 que fue aportado a la actuación, “manejan estas propiedades para la banda criminal de alias DDD”.

Si es precisamente como consecuencia del hecho victimizante que los verdaderos propietarios del bien se han visto desprovistos de la titularidad formal del mismo, mal podría rechazarse su legitimidad aduciendo para ello precisamente la conducta que se afirma ilícita y que habría consolidado el ilegítimo derecho de dominio en cabeza del desmovilizado o de miembros de su organización.

4. No obstante lo anterior, la Sala confirmará el auto recurrido, pero por las razones que se exponen a continuación:

De acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, que adicionó el artículo 17B a la Ley 975 de 2005, “cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, tales bienes y la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura”.

En el caso que se examina, se observa a partir de los certificados de libertad y tradición de los predios E. A. I, II y III que las medidas cautelares fueron ordenadas mediante decisiones adoptadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá los días 27 y 28 de febrero de 2012, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de esa anualidad, que fue promulgada el 3 de diciembre.

De otro lado, según la certificación expedida por la Directora Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, sobre esos predios el aquí peticionario impetró solicitud de restitución el 13 de septiembre de 2013, esto es, con posterioridad a la imposición de los gravámenes cuyo levantamiento se reclama.

Por su parte, el pedido de levantamiento de medidas cautelares fue presentado ante la Magistrada de Control de Garantías el 11 de marzo de 2015, luego de iniciado el trámite de restitución ante la autoridad administrativa competente.

En ese orden, resulta aplicable al sub examine la regla prevista en la disposición precitada, conforme la cual corresponde decidir sobre lo solicitado al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en cumplimiento de los trámites previstos en la Ley 1448 de 2011.

Así lo tiene dicho la Sala:

“En sentido opuesto, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto”(1).

La excepción a dicha regla está prevista en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, que como se advierte de su simple lectura no es aplicable a este caso:

“Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011”.

Así, como la solicitud de restitución respecto de los predios E. A. I, II y III se elevó luego de expedida la Ley 1592 de 2012, es evidente que los Magistrados con Función de Control de Garantías no tienen competencia para decidir sobre la pretensión impetrada.

De acuerdo con lo anterior, se confirmará el auto de primera instancia y se dispondrá la devolución de las diligencias a la funcionaria a quo, con el fin de que gestione lo pertinente para dar cumplimiento al precepto previsto en el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido de que los bienes afectados y la pretensión del peticionario sean transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011.

Como al tenor del precitado artículo 16 de la Ley 1592 dicha remisión debe efectuarse “sin que se requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura”, nada adicional se hace necesario resolver sobre el particular.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el auto recurrido.

2. ORDENAR la devolución de la actuación a la funcionaria de primera instancia, con el propósito de que disponga lo necesario para que los bienes afectados y la pretensión del peticionario sean transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011.

Notifíquese y cúmplase».

1 CSJ AP, 10 abr. 2013, rad. 40.617.