Auto AP6743-2017/51119 de octubre 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP6743-2017

Rad.: 51119

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Acta 340

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., once de octubre de dos mil diecisiete.

Asunto

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Procurador 33 Judicial Penal II de la ciudad, contra la decisión del 7 de junio de 2017 proferida por el Juzgado 17 de Ejecución de penas y medidas de Bogotá D. C.

I. Antecedentes

1. Mediante sentencia proferida el 14 de agosto de 2013, esta Sala condenó a H... H... A... N... a la pena de 108 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y multa de 10.750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, sin concederle la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria.

2. El Juzgado 1º de ejecución de penas y medidas de seguridad de San Gil (Santander), que vigilaba el cumplimiento de la pena impuesta, concedió al condenado la libertad condicional con providencia del 4 de mayo de 2015, y le impuso cumplir las obligaciones previstas en el artículo 65 de la Ley 599 de 2000, lo cual garantizó mediante caución prendaria (fls. 264-268 c. o. 2).

3. Ante solicitud de revocatoria de la libertad condicional elevada por el representante del Ministerio Público, el Juzgado 17 de Ejecución de penas y medidas de Bogotá D. C., al cual se remitió el expediente por competencia, el 7 de junio de 2017 resolvió abstenerse de iniciar el trámite previsto en el artículo 486 de la Ley 600 de 2000, no obstante señalar que: “Este despacho no puede considerar como mala conducta por parte del beneficiado con el sustituto de la libertad condicional las manifestaciones de insolvencia ante la autoridad encargada del cobro de la multa, pues no se tiene conocimiento dentro de la presente ejecución que con fundamento en ellas se haya dado inicio a actuación penal que le haya merecido imposición de medida de aseguramiento y/o condena alguna […] el no pago de la multa y las manifestaciones que hizo para obtener los acuerdos de pago no violan las obligaciones contenidas en el artículo 65 del C. P., situación que igualmente se extiende a las relaciones familiares y personales que detenta conforme lo manifestado por el Procurador”(1).

4. Contra dicha decisión el Procurador interpuso recurso de apelación a través del cual solicita revocar la misma y, en su lugar, ordenar “el acopio de los medios de convicción que permitan el pleno esclarecimiento de los presentes hechos”.

II. La impugnación

Sustenta el recurrente su inconformidad en que su primigenia solicitud no tuvo como base que el condenado no haya pagado la multa impuesta “sino la forma, a todas luces irregular y contraria a la verdad, con que el sujeto actuó para eludir dicho pago”, puesto que antes de otorgársele la libertad condicional le mintió a la administración de justicia para evitar el pago futuro de la multa, lo cual permite arribar a “un concepto negativo de debida readaptación social”, dado que recién gozaba de su libertad importó al país un vehículo de alta gama avaluado en suma superior a los trescientos millones de pesos, no obstante haber aducido que por estar imposibilitado económicamente, tan solo podía abonar mensualmente quinientos mil pesos hasta cancelar la multa, lo cual considera que “concita una sustracción o violación al específico deber de buena conducta que se había asumido y como presupuesto necesario para la preservación del subrogado penal conferido”.

De esta forma pretende la revocatoria de la libertad condicional o que “se ordene al a quo, el acopio de los medios de convicción que permitan el pleno esclarecimiento de las presentes hechos”.

III. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, corresponde a esta Sala conocer de la segunda instancia respecto de decisiones que adopten los jueces de ejecución de penas y medida de seguridad en relación con condenados que gocen de fuero constitucional y legal, con en efecto ocurre en el caso de estudio.

2. La alzada.

La doble instancia faculta a los sujetos procesales para que sometan las decisiones contrarias a sus intereses al análisis del superior funcional de quien las profiere con el fin de que se revise su legalidad, garantizando, de paso, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y la eficacia de los derechos de los intervinientes en el proceso penal, mediante la implementación de mecanismos de impugnación y de autoridades jerarquizadas que posibilitan la revisión de los asuntos sometidos a la administración de justicia.

El recurso de apelación impone al impugnante la carga argumentativa de demostrar el yerro en que incurrió el juzgador en la decisión recurrida, y en tal labor se le exige hacer manifiestas las razones de hecho y de derecho que respaldan su postura y evidencian el error del funcionario de primera instancia, porque solamente de esa manera se activa la competencia de la segunda instancia, lógica y jurídicamente limitada por la inconformidad debidamente sustentada, a efectos de emitir un pronunciamiento sobre el acierto y legalidad de decisión cuestionada.

Por ello, la Sala ha reiterado: “con el propósito de sustentar en debida forma el recurso no basta con manifestar de manera abstracta la inconformidad con el fallo o insistir en los argumentos expuestos en etapas previas de la actuación. Por el contrario, se requiere atacar los fundamentos de la providencia recurrida, pues solo de esta manera es posible para la segunda instancia abordar el ejercicio dialéctico respecto de su acierto y legalidad”(2).

En el caso concreto se tiene que mientras para el a quo el comportamiento asumido por el sentenciado en relación con las manifestaciones que hizo para no pagar la multa, así como el haber importado, supuestamente, un vehículo de alta gama y valor en el que habría transitado públicamente junto a su ex esposa, quien posee una gran fortuna y con quien tiene disuelta la sociedad conyugal –según lo expuesto por el recurrente en su primigenia solicitud de revocatoria a la cual anexo documentos para demostrar sus afirmaciones(3)–, “no violan las obligaciones contenidas en el artículo 65 del C.P.”; para el impugnante todas esas maniobras demuestran “no solo el incumplimiento de los deberes legales; sino un total desapego por su resocialización y buena conducta”, lo cual “permite inferir la necesidad de la revocatoria del subrogado”.

Por lo que emerge necesario atender que mediante la Sentencia C-371 de 2002, proferida por la Corte Constitucional, se declaró “la EXEQUIBILIDAD del numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, siempre que se entienda que, en este contexto, la obligación de observar buena conducta solo es relevante en función del efecto que las eventuales infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.2.2 de esta providencia», en el cual se dijo:

Reitera entonces la Corte que la obligación de observar buena conducta impuesta por el ordenamiento no es en sí misma contraria a la Constitución, y que tampoco es desproporcionado, que a la infracción de ese deber por quien es beneficiario de los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de libertad condicional se le imponga como consecuencia la revocatoria del respectivo subrogado.

Sin embargo, en atención a esa consecuencia sobre la libertad personal, se tiene que la obligación de observar buena conducta no puede, para los efectos de la norma acusada, tener un alcance indiscriminado, porque no es razonable ni resulta proporcional que toda infracción al deber genérico de observar buena conducta, tenga como consecuencia una medida que se traduce en la privación de la libertad.

No obstante la indeterminación del concepto previsto en la norma acusada, lo cierto es que su aplicación al caso concreto sólo puede hacerse a partir de los elementos que el propio ordenamiento suministre para efectos de su precisión.

No se está ante una decisión discrecional del funcionario judicial, sino frente a un concepto indeterminado, que puede y debe ser precisado para su aplicación, lo que implica, primero, acreditar que ha habido una infracción del deber de buena conducta, segundo, mostrar la manera y la medida en que dicha infracción resulta relevante para el derecho penal y, finalmente, como consecuencia de lo anterior, mostrar por qué esa infracción hace que el juez cambie su percepción en torno a la necesidad de la pena en el caso concreto.

Con todo, podría argumentarse que, tal como se desprende de la demanda, la muy amplia indeterminación del concepto, dado el efecto inmediato que del mismo puede derivarse para la libertad personal, llevaría a la conclusión acerca de la inconstitucionalidad de la norma, en la medida en que ella comportaría desconocer una dimensión del individuo que, como ha sido puesto de presente por la Corte, es merecedor de protección, “... en tanto ser racional y autónomo, capaz de adoptar las decisiones necesarias para dar sentido a su existencia y desarrollar plenamente su personalidad y, de conformidad con ello, determinar sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la norma acusada se aplica a un sujeto que ha recibido una condena penal, pero de quien se ha llegado a la conclusión de que no es necesaria en su caso la ejecución, o la continuidad de la ejecución, de la pena. En ese supuesto, el individuo que se ha beneficiado de la suspensión en la ejecución de la pena, es autónomo en la determinación de su conducta, pero al mismo tiempo debe ser consciente de que, en cuanto que la pena no se ha extinguido, sus opciones en esa materia pueden provocar una revisión por el juez sobre su juicio en torno a la necesidad de la pena. Se repite que tal carga de comportamiento resulta sustancialmente menor que la que se deriva de la privación de la libertad y por consiguiente no es en sí misma contraria a la Constitución.

Sin embargo, en el otro extremo, no es admisible que cualquier comportamiento que pueda tenerse como infracción de la obligación genérica de observar buena conducta, conduzca a la revocatoria de los mencionados subrogados penales, y por consiguiente es necesario establecer los referentes a partir de los cuales el concepto puede determinarse.

Dado que el propio ordenamiento penal no suministra de manera expresa los parámetros que permiten precisar el ámbito en el que la obligación de observar buena conducta puede tener relevancia penal, encuentra la Corte que, para preservar el derecho a la libertad personal, es necesario condicionar la exequibilidad del numeral 2º del artículo 65 del Código Penal, de manera que resulte explícito para los operadores jurídicos, que la revocatoria de los subrogados de ejecución condicional de la pena y libertad condicional procede, en este caso, no simplemente a partir de la constatación objetiva acerca de la infracción de un deber cualquiera de buena conducta, sino que es necesario, además, que se ponga de presente, de manera razonada y con oportunidad de contradicción, la manera como dicha infracción incide en la valoración acerca de la necesidad de la pena en el caso concreto.

De esa manera, para los efectos de revocar la libertad condicional otorgada con base en el incumplimiento de la obligación de observar “buena conducta”, resulta indispensable demostrar: (i) la violación del deber; (ii) su relevancia para el caso; y, (iii) la necesidad que surge de ejecutar efectivamente la pena; analizado el comportamiento del condenado desde la arista de quien aún tiene con la sociedad un compromiso, dado que la pena no se ha extinguido.

Ciertamente, la obligación de observar buena conducta a que se somete un condenado al cual se le ha otorgado el subrogado de la libertad condicional debe enmarcarse en comportamientos sociales, familiares e individuales conformes a la Constitución y la ley cuyos estándares debe evaluar el juez de manera diversa en relación con los exigibles a los demás individuos, precisamente por la situación jurídica que lo cobija, siendo menester, en todo caso, que el incumplimiento de la obligación trascienda penalmente al punto de evidenciar la necesidad de que la pena se ejecute efectivamente, único evento en el cual procede la revocatoria del sustitutivo penal.

Para tales efectos el legislador facultó al funcionario encargado de la vigilancia y ejecución de la pena que adoptara “las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan”, aun en lo relacionado con “la libertad condicional y su revocatoria”, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1º y 3º del artículo 79, en consonancia con el artículo 486 de la Ley 600 de 2000.

Sin embargo, sin hacer verificación alguna pese a la controversia planteada en lo relacionado con la eventual importación del vehículo señalado, acorde con la documentación presentada tanto por el impugnante como por la defensa(4), y mucho menos acerca de las maniobras imputadas al sentenciado que podrían configurar el quebrantamiento de la buena conducta a la que se comprometió –el cual no se limita al hecho de ser condenado como autor de delitos–, el a quo decidió abstenerse de iniciar el trámite del artículo 486 aludido, sin haber resuelto de fondo la revocatoria de la libertad condicional solicitada.

Así las cosas, dado que la ejecución de una pena implica la restricción de ciertos derechos fundamentales, justificada por la necesidad de proteger bienes jurídicos y valores constitucionales, y por el deber que le compete al Estado de garantizar los principios y fines de la pena, en el cumplimiento de esta tarea resulta forzoso que los jueces encargados de ella desarrollen la misma haciendo uso de las medidas correspondientes a fin de adoptar las decisiones que cada caso requiera y, en el que ocupa la atención de la Sala, pertinente surgía ordenar lo necesario a efectos de establecer con mayor precisión si en verdad hubo maniobras engañosas del sentenciado en procura de obtener y/o mantener el subrogado que se le otorgó, motivo por el cual se revocará el auto impugnado, a fin de que se proceda de conformidad.

Se trata de tener mayores elementos de juicio para evidenciar si es o no necesario que se complete el tiempo que falta por ejecutar de la pena que, como se sabe, le fue impuesta al ex Gobernador de Santander H... H... A... N... como responsable del delito de concierto para delinquir agravado por promocionar grupos armados ilegales, con lo cual intensificó su poder, legitimó sus acciones y hasta los exaltó como si fueran dignatarios, vulnerando con ello las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales que permiten el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad por parte de la comunidad, cuyas víctimas quedan perplejas respecto a la protección que el Estado les debe cuando perciben que sus más encumbrados representantes son aliados de sus verdugos, en lugar de haberlos repudiado, denunciado y puesto sus atrocidades al escrutinio público.

Incertidumbre que también emerge cuando se suspende o mantiene la suspensión de la ejecución de la pena impuesta, mediante artimañas desplegadas por el condenado que está obligado a observar una conducta que denote su readaptación social.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión impugnada y, en su lugar, ordenar al a quo proceder de conformidad con lo señalado en la motivación a fin de que resuelva de fondo la solicitud de revocatoria de la libertad condicional elevada por el recurrente.

2. Contra esta providencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 173 y 174 c. o. 2A Juzgado.

2 CSJ. AP. 2 ago. 2017 Radicado 50560.

3 Folios 129-139 c. o. 2 Juzgado.

4 Folios 138, 139, 155 y 156 c. o. 2. Juzgado.