Auto AP6867-2014 de noviembre 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP6867-2014

Rad.: 44901

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado Acta Nº 385)

Bogotá, D. C., doce de noviembre de dos mil catorce

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala anuncia que se abstendrá de resolver el cambio de radicación propuesto, por las siguientes razones:

Como es bien sabido, el artículo 46 del mencionado ordenamiento jurídico dispone que el cambio de radicación procede cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad e integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales.

De igual manera, es claro que el cambio de radicación es una medida extraordinaria que busca proteger el proceso de agentes externos que puedan llegar a trastornar su desarrollo, y lograr de esta forma que el fallo se profiera por un juez ajeno a circunstancias que influyan en su ecuanimidad o que se conviertan en obstáculo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.

El cambio de radicación, en cuanto implica una excepción a las reglas de competencia por el factor territorial, es una medida residual y extrema que procede únicamente cuando no existan mecanismos jurídicos alternativos destinados a neutralizar las causas que lo generan, o cuando, no obstante haber acudido a otras formas de prevenir o remediar el conflicto latente y extraño al proceso penal, no se hubieren obtenido los resultados esperados.

En el presente asunto, el apoderado judicial de la víctima pone de presente los inconvenientes que se han presentado en el Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para adelantar la etapa del juicio dentro de la actuación seguida contra el juez P. J. Q. M. por el delito de Prevaricato por Acción, eventualidad que en su opinión conduce no sólo a la violación de las garantías procesales de los sujetos procesales e intervinientes en la actuación, sino que también afecta la imparcialidad e independencia de la administración de Justicia.

Concretada en tales términos la pretensión, es evidente la falta de legitimación del peticionario.

En efecto, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, el cambio de radicación ha de proponerse por las partes, el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, o por el funcionario judicial que esté conociendo del proceso.

Este presupuesto de relación jurídico-procesal que otorga el derecho de postulación en cuanto al tema específico del cambio de radicación, no se satisface en el presente evento, toda vez que en el sistema procesal previsto en la Ley 906 del 2004, la potestad para solicitar la alteración de las reglas de competencia, es una facultad reservada a las partes (fiscalía y defensa), al Ministerio Público y al Gobierno Nacional, lo que excluye a la víctima quien en su condición de interviniente no se encuentra legitimada para hacerlo.

En relación con el tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“... Del mandato legal deriva que la facultad de impetrar el cambio de radicación está dada para las partes, lo cual comporta que por decisión expresa de la ley se excluyó de esa potestad a la víctima, en tanto en el sistema procesal penal de la Ley 906 del 2004, la condición de “parte” solamente la tienen la defensa y la Fiscalía, en tanto la víctima es un “interviniente”, no parte.

Tan claro es lo anterior, que la disposición en cita aludió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido evidente de que el último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente y, por ello, ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, pues, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido pues el concepto de “partes” no lo cobijaba.

4. La jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado respecto de los derechos que le asisten a la víctima, que si bien deben ser garantizados en el trámite procesal penal, ello debe serlo de manera conjunta con el respeto de otros derechos como el debido proceso y, por ello, tratándose de la postulación y práctica de pruebas en el juicio, se impone que lo haga de la mano de la Fiscalía, única parte autorizada para, junto con la defensa, introducir los medios probatorios en el juicio para conocimiento y decisión del juez (confrontar auto del 7 de diciembre de 2011, radicado 37.596).

Esos lineamientos igualmente resultan de buen recibo en el tema que hoy se trata, en tanto la regla procesal del artículo 47 solamente autorizó a las partes para postular el cambio de radicación y, respecto de los intervinientes habilitados para actuar en el proceso penal, únicamente se autorizó al Ministerio Público, de donde deriva que a la víctima no le está permitida esa facultad.

En esas condiciones, cuandoquiera que probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio debe contactar a la Fiscalía, ente que tiene la carga de garantizar sus derechos. Pero igual puede hacerlo con el Ministerio Público e, incluso, con el Gobierno Nacional a quienes la ley procesal confirió esa potestad.

5. Es verdad que en un caso anterior (auto del 8 de abril de 2011, radicado 36.145) la Corte parece haber habilitado un cambio de radicación por postulación de la víctima, pero lo cierto es que el centro de la decisión estuvo dado por la petición que en el mismo sentido hizo el Ministerio Público y, sobre todo, por las pruebas aportadas por este...”. (CSJ. SP. Auto del 5 de septiembre de 2012. Rad. Nº 39740).

Idéntico planteamiento ha sido expresado por la Sala en posteriores pronunciamientos, específicamente en los autos del 2 de octubre de 2012, radicado Nº 39962; del 5 de marzo de 2014, radicado 43308 y del 7 de abril de 2014, radicado 43535.

Ha indicado igualmente la Sala que una conclusión en tal sentido en manera alguna limita el acceso a la administración de justicia, m restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, así como tampoco genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del sistema procesal penal, en el entendido que en todo caso pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno Nacional a invocar su pretensión.

Ciertamente la jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado respecto de los derechos que le asisten a la víctima, los cuales deben ser garantizados en el trámite procesal. Sin embargo, tal prerrogativa debe satisfacerse de manera conjunta con el respeto de otros derechos, como el debido proceso, acorde con las disposiciones normativas que integran el procedimiento penal, que se dirigen no sólo a ofrecer una serie de garantías a las partes e intervinientes, sino que también propenden porque el proceso se desarrolle a través de una secuencia lógica y ordenada, con la intervención única de quienes legalmente se encuentren facultados para ello.

En tales condiciones, como en este evento quien presenta la petición de cambio de radicación carece de legitimidad para ello, la Corte se abstiene de examinar la solicitud.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ABSTENERSE de decidir la solicitud de cambio de radicación invocada por el apoderado judicial de B. A. H. I., víctima dentro del proceso adelantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés Providencia y Santa Catalina contra P. J. Q. M., por el delito de Prevaricato por Acción.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Con el respeto que de siempre me caracteriza por las opiniones y el criterio ajenos, consigno los argumentos por los cuales salvé mi voto respecto del auto del pasado 12 de noviembre del año en curso, por cuyo medio la Sala, en posición mayoritaria, decidió abstenerse de resolver la solicitud de cambio de radicación impetrada por el apoderado del ciudadano B. A. H. I., reconocido como víctima dentro del proceso adelantado por el Tribunal Superior de San Andrés, contra P. J. Q. M.

El motivo de mi disenso radica en que dada la reciente evolución y especial materialización de los derechos de las víctimas, no se aviene con los instrumentos internacionales, ni resulta consonante con la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional en el ámbito de protección de los derechos de aquellas, que con una interpretación sencillamente exegética se impida a la víctima en este caso, debidamente reconocida y representada por apoderado, cuestionar la radicación del proceso en un determinado lugar.

En efecto, conviene rememorar las posibilidades de intervención procesal que en legislaciones anteriores al sistema oral tenían Las víctimas pues con el robustecimiento del Estado de derecho y posteriormente del Estado social y democrático de derecho el sistema penal colombiano se orientó de manera prevalente a salvaguardar los derechos y garantías de los procesados, y en un segundo plano los derechos de las víctimas, al punto que reiterada y pacíficamente esta Colegiatura sostuvo que el interés de aquellas, quienes debían constituirse en parte civil dentro del proceso penal, estaba circunscrito al ámbito pecuniario de carácter indemnizatorio, razón por la cual les resultaba ajeno presentar peticiones o ejercer recursos que no tuvieran como finalidad el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, estándoles vedado controvertir, en perjuicio del procesado, la entidad típica del delito o la pena privativa de la libertad impuesta(1).

No obstante, en la Sentencia C-412 de 1993, la Corte Constitucional señaló que la dignidad de la persona no se protege únicamente con la indemnización patrimonial, siendo además necesario asegurar la verdad y la justicia en las investigaciones, en favor de los intereses de víctimas y perjudicados.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2001 con la Sentencia C-554, se reconoció que la aplicación del principio non bis in ídem dispuesto a favor de los procesados en el artículo 8º del Código Penal (Ley 599 de 2000) tenía una salvedad referida a “lo establecido en los instrumentos internacionales”, entre otras razones, dada la “conciencia universal en torno a la represión de aquellos atentados que comprometen seriamente la axiología de los derechos humanos”.

Luego, por medio de la Sentencia C-1149 del 31 de octubre de 2001 se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 305 del Código Penal Militar (Ley 522 de 1999), en el cual se establecía que “La constitución de parte civil en el proceso penal militar tiene por objeto exclusivo el impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos”, y a su vez se declaró inexequible el aparte del artículo 107 del mismo ordenamiento referido a que la reparación debía conseguirse “a través de las acciones contencioso-administrativas”.

En dicha decisión se estableció que cuando se comete un delito, la víctima tiene derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, soportándose para ello en lo expuesto en el Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) rendido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(2).

Es oportuno aquí señalar que la ONU había proclamado en 1998 el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, cuyo antecedente principal fue el Informe Final del Relator Especial Louis Joinet de 1992, a quien el año anterior la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había encargado para su elaboración. Documento que integra el bloque de constitucionalidad, dado que tanto la Corte como la Comisión Interamericana lo han considerado incorporado a la Convención Americana de Derechos Humanos(3).

El Informe Joinet recoge cuarenta y dos principios tomados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de la costumbre internacional, de las experiencias asumidas en diferentes latitudes y de los principios de derecho que se ocupan de la obligación de los Estados de administrar justicia conforme al derecho internacional. Los que en suma se concretan en los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

Lo anterior, para precisar que en la jurisprudencia colombiana se dio cabida a tales derechos no reconocidos específicamente en la normativa internacional, pero que se derivan de algunos de sus preceptos, en los cuales se alude, entre otros, a la existencia de un recurso efectivo y a la garantía de acceso a la administración de justicia(4).

Luego, la conocida Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, declaró exequible “el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia”, decisión con la cual se consolidó en la órbita de la jurisprudencia constitucional colombiana el replanteamiento de los derechos de las víctimas, circunstancia que a la postre impuso también ajustar la legislación procesal. Así se procedió en el artículo 137 del estatuto adjetivo penal de 2004 y luego en el artículo 4º de la Ley de Justicia y Paz en el 2005.

Inclusive, en el Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual se modificaron, entre otros, el artículo 250 de la Carta Política, se estableció la protección de las víctimas por parte del juez de garantías, así como la obligación de asistirlas y establecer la intervención de aquellas dentro del proceso penal, amén de los mecanismos de justicia restaurativa.

A partir del citado fallo de constitucionalidad quedó claro que el interés de la víctima ya no se encuentra circunscrito únicamente a conseguir la indemnización de perjuicios, pues también comprende el interés en lograr la justicia y la verdad.

Con la evolución de los derechos de las víctimas se ha reformulado su rol, en el sentido de asumir imperativamente que ha quedado protegida con lo que el sistema interamericano de derechos humanos denomina “principio de la tutela judicial efectiva”. de amplio reconocimiento internacional(5), según el cual, las garantías como el acceso a la justicia; la igualdad ante los tribunales; la defensa en el proceso; la imparcialidad e independencia de los tribunales(6); la efectividad de los derechos; sean predicables tanto del acusado como de la víctima.

Tal perspectiva entraña una modificación acerca de la teleología de las decisiones de la Administración de Justicia en el marco del sistema penal para acompasarlas con el modelo de Estado del cual hace parte, esto es, en el contexto de una democracia participativa y pluralista, donde resulta imperativo que los jueces, al emitir sus pronunciamientos, no se preocupen solo por la exégesis de sus decisiones sino también por armonizarlas con contenidos de justicia material porque, de lo contrario, no se habría avanzado desde el más rígido formalismo jurídico en donde el administrador de justicia se limitaba a no ser más que “la boca de la ley”, sin analizar o medir los efectos de sus decisiones frente a los ámbitos de protección que el conglomerado les ha deferido.

De ahí que el Estado, en este caso a través de sus jueces, falta gravemente a su deber de proveer un recurso judicial efectivo a las víctimas en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) no investiga, juzga y sanciona a los responsables de conductas punibles (ii) no se adelantan los procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exhaustiva, (iii) no se tramitan con diligencia, celeridad y convicción, (iii) no se toman medidas para proteger a las víctimas, (iv) no se les permite a estas intervenir en los procesos o se limita su intervención haciendo nugatorios sus derechos y (v) se dilata en el tiempo la definición del asunto.

Al precisar el alcance del derecho a obtener justicia dentro de esta codificación procesal, la misma Corte Constitucional, siguiendo pautas contenidas en instrumentos internacionales, entre ellas las del sistema interamericano de derechos humanos ya reseñadas, en Sentencia C-454 de 2006, indicó que éste “... incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”.

Precisamente, la efectiva realización de ese derecho guarda relación directa con la decisión de la cual disiento, pues es indeclinable en el propósito de garantizar efectiva y materialmente los derechos de las víctimas, permitirles que cuestionen, como ocurre en este asunto, el lugar de radicación del proceso en el cual han sido reconocidas.

Desde luego, esa finalidad no se alcanza si se restringe su participación desde los albores de la etapa del juicio y se le priva de intervenir en actuaciones procesales trascendentes como, por ejemplo, formulación de acusación, el descubrimiento probatorio y la audiencia preparatoria, oportunidades donde puede orientar la defensa de sus concretos intereses; más aún si se tiene en cuenta que éstos, por causa del tipo de afectación sufrida y de su intensidad, pueden ser distintos de los que inspiran a otros intervinientes.

Advierto que también se consolida la vulneración a una tutela judicial efectiva a las víctimas cuando, desde una perspectiva meramente exegética, se limita su intervención en el proceso penal impidiéndole algunas prerrogativas, como ocurre con la decisión de la cual me aparto donde se le niega la posibilidad de solicitar directamente el cambio de radicación del proceso, lo cual, además, entraña una evidente regresión frente a la Ley 600 de 2000, pues una vez constituida y reconocida la víctima como parte civil en el proceso, a tenor de lo normado en el artículo 86 de ese estatuto, contaba con la facultad de promoverlo sin mediación alguna, desventaja que no encuentra justificación si, como lo han decantado unánimemente esta corporación y la Corte Constitucional, la Ley 906 de 2004 supuso un avance notorio en los derechos de las víctimas.

Ahora, la hermenéutica por la cual abogo y que permite a la víctima peticionar en forma directa y sin la venia de ninguna otra parte o interviniente procesal la figura del cambio de radicación del proceso, lejos está de resquebrajar la esencia del sistema penal acusatorio y, concretamente, del principio de igual de armas, pues es a partir de la audiencia de juicio oral donde con mayor énfasis se manifiesta su naturaleza adversarial y, en ese orden, es en ella donde la restricción a su intervención se aviene necesaria para evitar desequilibrios entre las partes.

En ese orden de ideas, recuérdese como la potestad de solicitar el cambio de radicación, conforme lo establece el artículo 47 del estatuto procesal, modificado por el 71 de la Ley 1453 de 2011, está prevista para “antes de iniciarse la audiencia del juicio oral”, apenas consecuente con la sistemática procesal y el principio de inmediación que la rige, en virtud del cual, en la medida de lo posible se debe evitar la sustitución del juez durante esta audiencia(7), luego ninguna razón cabría para que esa figura se permitiera una vez iniciado el juicio oral.

La visión por la que propugno, además, trasciende la limitación legal de la norma en cita y se alinea decididamente con el desarrollo constitucional que a los derechos de las víctimas ha imprimido la Corte Constitucional, como así lo hizo a través de la Sentencia C-209 de marzo 21 de 2007 al superar la misma veda establecida en los artículos 356, 358 y 359 de la Ley 90 de 2004, pues los dos primeros originalmente limitaban a las partes en la audiencia preparatoria para solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o evidencia física específica y para solicitar la exhibición de elementos materiales de prueba, respectivamente, mientras que el tercero, por su parte, restringía a las partes y al Ministerio Público la petición de exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba, para en su lugar decretar la exequibilidad condicionada de estas disposiciones en el entendido de que la víctima directamente también cuenta con tales facultades.

Lo mismo había hecho ese tribunal frente al artículo 357 ibídem, en la ya mencionada Sentencia C-454 de junio 7 de 2006, declarando igualmente su exequibilidad condicionada “en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.

Se argumentó en esta última providencia, pero igual tiene validez en el tema que concita la atención, que “la naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado. No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (art. 250.6 C. P.), sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta (a través de su representante) sus intereses dentro del proceso penal” (Subraya fuera de texto).

Así, ninguna razón plausible habría para que conociendo de propia mano, o por su propia vivencia, la existencia de circunstancias que afectan el orden público en el lugar donde ocurrieron los hechos, la imparcialidad o la independencia del administrador de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, seguridad o integridad personal de los intervinientes o de los servidores públicos -motivos por los cuales procede solicitud de cambio de radicación- quede supeditado para auspiciarlo, como se esgrime en el auto del cual me aparto, al arbitrio del fiscal.

Ello, de manera más vigorosa, cuando se trata de hechos que perturban el orden público en el lugar de ocurrencia de la conducta, el cual, por lo general, coincide con el de su domicilio, o cuando están relacionados con su propia seguridad o integridad, respecto del cual el artículo 46 de la Ley 906 hace un llamado especial, que resulta contradictorio o, si se quiere, vacuo, si no se armoniza con la posibilidad que el mismo (o mediante su apoderado), en forma directa y no a través de otra parte o interviniente, pueda promover el cambio de radicación del proceso.

Por consiguiente, para que el ejercicio de los derechos de las víctimas no se quede en un plano meramente retórico o simbólico, considero que es necesario replantear la postura adoptada en la decisión tomada por la mayoría.

Con toda atención.

María del Rosario González Muñoz 

Fecha ut supra. 

(1) V. gr. providencias del 24 de febrero de 2000. Rad. 11650 y del 20 de abril de 2002, Rad. 19088, entre muchas otras.

(2) Resolución 1996/119 de la Subcomisión. Informe titulado La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos.

(3) Rodrigo Uprimny Yepes y María Paula Saffón Sanín. “Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial”, en Justicia transicional: teoría y praxis, Bogotá, Universidad del Rosario, 2006, p. 351.

(4) Literal (a) del numeral 3º del artículo 2º, párrafo 3º del mismo precepto, párrafo 5º de artículo 9º y párrafo 6º del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tratan del recurso efectivo, reclamación e indemnización apropiada. Artículos 1º, 2º, 8º y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

(5) Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(6) Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(7) Cfr., entre otras, sentencias de enero 30 de 2008, rad. 27192; marzo 17 de 2010, rad. 32829; enero 20 de 2010, rads. 32556 y 32196 y de septiembre 7 de 2011, rad. 35192.

Salvamento de voto

Con el respeto que profeso por las opiniones y el criterio de la mayoría, procedo a consignar las razones que me llevaron a salvar mi voto en el auto emitido el 12 de noviembre de 2014, a través del cual la Corte dispuso “abstenerse de decidir la solicitud de cambio de radicación invocada por el apoderado judicial de B. A. H. I., víctima dentro del proceso adelantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contra P. J. Q. M. por prevaricato por acción”.

1. La determinación adoptada por la Sala se basó en que, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, el cambio de radicación ha de proponerse por las partes, el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, o por el funcionario judicial que esté conociendo del proceso, por tanto la víctima no está legitimada para postular la alteración de las reglas de competencia.

2. Pues bien, el punto de disenso con la decisión mayoritaria se centra en la mencionada falta de legitimidad de la víctima para solicitar el cambio de radicación, pues esta postura olvida que la Corte Constitucional, tras adoptar diferentes decisiones que reconocieron el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva consagrada en instrumentos internacionales(1), lo cual no se limita a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, sino a que a través del proceso penal también se establezca la verdad y se haga justicia (sentencias C-228 de 2002 y C-454 de 2006); mediante providencia C-209 de 2007, además de garantizar su efectiva intervención en la práctica de pruebas anticipadas (artículo 284 numeral 2º de la Ley 906 de 2004); en la audiencia de formulación de imputación (artículo 289 ibídem); en el trámite de una petición de preclusión por parte del fiscal (artículo 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (artículos 344, 356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (artículos 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (artículo 339) y en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (artículo 357 y Sentencia C. 454 de 2006), declaró el principio de que las víctimas, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación.

Lo anterior -dijo la alta Corporación atrás mencionada-, por cuanto la Constitución le otorgó a la víctima la condición de interviniente especial, lo cual le proporciona algunas capacidades especiales que le permiten participar “activamente” en la actuación penal, particularmente antes y después del juicio; no así en este, toda vez que el Constituyente se inclinó en que tuviera un carácter más aproximado al adversarial, por lo cual enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: acusador y acusado; es decir, excluyó la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado, para preservar las garantías de este último y la estructura del proceso, pues se generaría desigualdad de armas y una transformación en lo que en esencia identifica a un sistema adversarial, lo cual impone limitar la participación de la víctima en esa audiencia.

3. En este sentido, la Sala debió resolver de fondo la solicitud que le fue formulada, considerando que:

3.1. El cambio de radicación, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, tiene cabida antes de iniciarse el juicio y, como viene de verse, en ese momento de la actuación la víctima puede participar de manera directa, pues, de una parte, en nada se afecta el sistema adversarial -especialmente, teniendo en cuenta que la variación de la sede del proceso es un asunto incidental-, y, de otra, se maximiza su derecho a intervenir activamente, es decir, sin órganos estatales que lo intermedien, los cuales no necesariamente actúan eficientemente a favor de su interés, el que tampoco siempre se observa coincidente con las preferencias de quienes materializan las partes, el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, o el funcionario judicial.

3.2. Adicionalmente, esta Sala ya había permitido la intervención de la víctima en asuntos en los cuales la ley expresamente no le confiere derecho de postulación; por ejemplo, no obstante que el incidente de la recusación, de acuerdo con el tenor literal del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de 2004, sólo está reservado para ser formulado por “las partes”, frente a la recusación promovida por la víctima contra 8 de los Magistrados de la Sala de Casación Penal, este colectivo en lugar de abstenerse de pronunciarse por falta de legitimación de la peticionaria, le dio trámite (AP3588-2014, Rad. 42701), es decir, se pronunció de fondo, ordenó suspender el procedimiento y remitir el expediente al Magistrado no recusado, para que recompuesta la Sala en el número reglamentario de miembros, a partir de sorteo de conjueces, la misma adoptara la decisión que de plano corresponde.

Así mismo, reintegrada la Sala con un Magistrado y siete Conjueces, esta también se pronunció de fondo, tras advertir que si bien el texto legal sólo faculta a “las partes” para proponer la recusación, por razones constitucionales equivalentes a las aquí expuestas, había lugar a resolver la solicitud de la víctima, y así procedió en AP6729-2014, Rad. 42701.

3.3. Finalmente, el cambio de radicación de procesos fue concebido para la salvaguarda del orden público, la “imparcialidad o la independencia de la administración de justicia”, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad o integridad personal de los servidores públicos, los intervinientes y “en especial de las víctimas”; lo cual pone en evidencia que éstas, en determinados casos, pueden tener directo y material interés para intervenir activamente. Por tanto, se insiste, la Sala debió resolver de fondo la solicitud de B. A. H. I., es decir, no abstenerse de pronunciarse basado en que no tiene legitimidad, pues razones superiores de orden constitucional desvirtúan esa consideración.

Con toda atención,

José Leonidas Bustos Martínez 

Fecha ut supra. 

(1) Artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Salvamento de voto

Con el respeto por el criterio mayoritario de la Sala en el proceso de la referencia procedo a sustentar mi salvamento de voto a la decisión adoptada en el proceso con radicación 44901.

Resulta indiscutible en el ámbito del poder de configuración del legislador que éste incurrió en omisiones al aprobar la Ley 906 de 2004 específicamente al regular la intervención y las facultades de la víctima en el proceso penal.

Le ha correspondido entonces a la jurisprudencia a través de reglas de ese orden hacer las precisiones correspondientes para armonizar y sistematizar los derechos de las víctimas y sus garantías a fin que se mantengan incólumes ,ejemplo de ello lo constituyen las sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-516 de 2007, entre otras.

En el caso de la intervención de las víctimas en el trámite del cambio de radicación estimo que el legislador colombiano no incurrió en una omisión en lo que atañe a la legitimación de la víctima para proponer el susodicho incidente, pues expresamente el artículo 46 de la Ley 906 de 2004 estableció que de presentarse circunstancias que afectan “en especial a “las víctimas”, (usando expresiones del legislador) en lo relacionado con el orden público, la imparcialidad, la independencia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal, dichas finalidades hacen conforme al texto en cita procedente el mecanismo de marras.

Es precisamente al amparo de esas garantías y de la regulación legal mencionada que considero que en el presente caso se ha debido resolver de fondo el cambio de radicación propuesto por la víctima, reconociéndosele a ésta legitimación para tal postulación, pues mi juicio tal mecanismo además de estar autorizado para él expresamente por el artículo 46 ejusdem, no interfiere el ejercicio de los derechos de las partes y los demás intervinientes, dado que la decisión a su pretensión se debe resolver por el Tribunal o la Corte no con el interés personal del ofendido con el delito, sino en el de la propia justicia y de la situación del caso concreto, esto es, con base en que efectivamente en el proceso se acredite la existencia de circunstancias de orden público, de imparcialidad, de independencia de la administración de Justicia, de garantías procesales, de publicidad del procedimiento, de seguridad o integridad personal, que afecte a la víctima.

Por tanto, no tiene la víctima en este caso ni siquiera que acudir al Fiscal para solicitar el cambio de radicación, cuando se den los supuestos de ley, ante la omisión del Fiscal y el Ministerio Público de solicitarlo o el juez de promoverlo, porque el artículo 46 del C.P.P. complementa el artículo 47 ídem integrando a la víctima como legitimado cuando el primer texto se refiere a las afectaciones de éste. Esta es la lectura integral y sistematizada del mecanismo de marras.

Respetuosamente,

Eugenio Fernández Carlier 

Fecha ut supra 

Salvamento de voto

Con el debido respeto que me caracteriza, me aparto de la decisión mayoritaria por las mismas razones expuestas por la magistrada María del Rosario González Muñoz. En consecuencia, coadyuvo su escrito precedente.

Fecha ut supra. 

Eyder Patiño Cabrera