Auto AP6922-2015/47174 de noviembre 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP6922-2015

Radicación Nº 47174

Magistrado Ponente

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 424

Bogotá, D. C., veinticinco de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, normatividad a la que expresamente recurre la Ley 975 de 2005, a la Corte le asiste atribución para pronunciarse respecto de la impugnación de la competencia que con ocasión del presente asunto promueve el representante de la Fiscalía, advirtiendo que la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe ser resuelta por el Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, y no por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta ciudad, que en primera instancia condenó al desmovilizado XXX.

Ahora bien, la definición de competencia es el mecanismo determinado por la ley procesal para precisar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el llamado a presidir o resolver determinados asuntos.

La Corte ha venido aceptando que este trámite propio del procedimiento ordinario regido por la Ley 906 de 2004, se adelante también en el proceso propio de la justicia transicional previsto en la Ley 975 de 2004(1).

Precisado lo anterior, para la Corte es claro que a la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación, se le ha dado un alcance que no tiene, propiciando ello que este proceso, en su fase de ejecución, se haya dilatado innecesariamente.

No es, como dicen algunos intervinientes, que haya pedido la modificación de los numerales 12 y 13 de la sentencia de primera instancia, ni tampoco, como equivocadamente lo estimó el Magistrado de la Sala de Justicia y Paz, que se haya deprecado darle alcance a la interpretación de los citados numerales, en tanto, su contenido es sumamente claro y no ofrece dubitación alguna.

El pedimento de la funcionaria simplemente apuntaba a que una ceremonia de perdón público que se dispuso para cinco municipios diferentes en dos departamentos, se concentrara en la ciudad de Popayán.

Solicitud simple que debió responderse desde el mes de abril en el Juzgado de Ejecución, pues, con la misma no se buscaba modificar el fallo de primer grado, sino, como lo adujo el fiscal del caso, cambiar la forma de cumplir una de las obligaciones impuestas al postulado condenado.

La deprecación de cambio de sede para la ceremonia de disculpas públicas, lejos está de constituir una de las causales de reforma de la sentencia en los términos del artículo 412 de la Ley 600 de 2000, pues, no apunta a corregir un error aritmético, ni en el nombre del procesado o a suplir una omisión sustancial en la parte resolutiva.

En esa medida, no resultaba viable que el Juzgado de Ejecución de las Sanciones se deshiciera de la petición, como tampoco que la Sala de Conocimiento desplegara semejante trámite para resolver un hecho tan elemental.

Acorde con lo anotado, la competencia para responder la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, corresponde al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, despacho al que de manera inmediata se le enviará la presente actuación, para que sin más dilaciones inoficiosas proceda a continuar con el presente trámite.

Entre tanto, esta decisión será informada a la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento de Bogotá, para los fines de rigor.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR que corresponde al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, el competente para responder la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A ese despacho, por consiguiente, se ordena la remisión inmediata de la actuación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase».

(1) Entre otros, en CSJ AP, 18 nov. 2008, Rad. 30744, y CSJ AP, 15 jul. 2009, Rad. 32042.