Auto AP7066-2015/41198 de agosto 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP7066-2015

Radicación 41.198

2 de diciembre de 2015

Aprobado en acta 428

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos

En audiencia de juicio oral celebrada el 21 de septiembre de 2015, la defensa pidió que se reciba el testimonio de G.E.P.D.V., quien manifestó el interés en renunciar al derecho a guardar silencio y dijo querer declarar en su propio juicio.

Mediante decisión de octubre 28 último, leída en audiencia de 12 noviembre, la Sala resolvió sobre la solicitud y dispuso recibir el testimonio de la acusada.

En esa misma sesión, el delegado de la fiscalía pidió que se le permitiera formular interrogatorio directo a la enjuiciada P.D.V.

La Sala decide ahora sobre esta última pretensión.

Antecedentes

1. En sesión de juicio oral llevada a cabo el 12 de noviembre del año en curso, luego de que la Sala accedió a la solicitud elevada por la defensa en el sentido de que se reciba el testimonio de P.D.V., la fiscalía reclamó en su práctica el derecho a interrogarla directamente (segundo corte, récord 2:00 y siguientes; tercer corte, récord 6:30 y siguientes).

El peticionario adujo que de no accederse a ello, la admisión sobreviniente de la declaración de la enjuiciada lo dejaría limitado en sus opciones probatorias al ejercicio del contrainterrogatorio, aun cuando “es importante, pertinente y útil tenerla también como testigo directo para algunos temas concretos y puntuales”.

Indicó que de admitirse su solicitud, interrogará en directo a la procesada respecto de cuatro temas puntuales no propuestos por la defensa, a saber, “i) las manifestaciones que hizo la señora E.H.B., que vinculan de una u otra manera a la señora G.P.D.V.; ii) el tema relacionado con las jurisprudencias que profirió la Sala de Casación Civil... en la que se ordenaba decidir en Sala plural y no en Sala unitaria los casos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010; iii) igualmente, sobre la sentencia del Tribunal de Cartagena firmada tanto por la doctora G.P.D.V. como por la doctora E.H.B., del 21 de enero de 2011...; iv) ... respecto de la sentencia del 3 de diciembre de 2010 de la Sala de Casación Civil”.

2. El Agente del Ministerio Público y el apoderado de las víctimas manifestaron coadyuvar la pretensión de la fiscalía (tercer corte, a partir del récord 8:00).

El primero alegó que los temas que el peticionario pretende abordar mediante el ejercicio del interrogatorio directo no solo pueden contribuir a esclarecer la verdad y a sustentar su teoría del caso, sino que guardan relación con las pruebas testimoniales y documentales practicadas hasta el momento.

El representante judicial de los perjudicados, por su parte, expuso que si se niega la pretensión del fiscal, este solo podría cuestionar a P.D.V. sobre aquellos temas de los que se ocupe la defensa en el interrogatorio directo, con lo cual podrían “quedar por fuera aspectos relevantes para el descubrimiento de la verdad”.

3. El mandatario de la enjuiciada, por el contrario, pidió que no se acceda a la solicitud (tercer corte, récord 8:50).

Adveró que si bien la procesada exteriorizó la voluntad de renunciar al derecho a guardar silencio, ello no implica que esté compelida a responder las preguntas que le formule el delegado de la acusación, menos aquellas que eventualmente pudiesen comprometer su responsabilidad pues tiene derecho a la no autoincriminación.

Desde esa perspectiva, como la fiscalía “no puede obligar al acusado a que declare en su contra o que le pueda servir como testigo para su teoría del caso”, no resulta procedente permitirle ejercer el interrogatorio directo.

4. Finalmente, G.E.P.D.V. dijo atenerse a la decisión que sobre el particular adopte la Sala (tercer corte, récord 13:20).

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con lo solicitado por el delegado del ente acusador y lo exteriorizado por los demás intervinientes al pronunciarse sobre la pretensión de aquella, corresponde a la Sala discernir si luego de admitirse el testimonio de la incriminada en la audiencia de juicio oral a instancias de la defensa resulta procedente recibir esa declaración también con la posibilidad que el fiscal haga cuestionamientos directos sobre temas de su interés conforme su propia teoría del caso.

Con ese propósito, la corporación i) partirá por referir el precedente aplicable en relación con la posibilidad de decretar y practicar pruebas comunes a las partes; ii) examinará la viabilidad de que la fiscalía pida como prueba de cargo el interrogatorio del enjuiciado, y; iii) resolverá el caso concreto.

Sobre las pruebas comunes a las partes en el sistema acusatorio

De acuerdo con el criterio vigente de la Sala, tanto la fiscalía como la defensa están facultadas para pedir como suyas una o más pruebas que hayan sido decretadas para la contraparte, siempre que resulten pertinentes, conducentes, útiles y admisibles, así:

Debe tenerse como regla que respecto de un testigo común, las partes pueden demandar el interrogatorio directo para demostrar su particular teoría del caso que le permita apoyar su pretensión.

Esta conclusión se sustenta y desarrolla con las siguientes premisas:

3.1. Un mismo testigo puede ofrecer conocimientos al juez que soporten aspectos relacionados con la teoría del caso de quien la solicitó como también de la parte contraria, evento que legitima para esos supuestos que el declarante sea asumido como propio en lo que concierne al interés del fiscal o de la defensa.

3.2. La Ley 906 de 2004 regula un proceso de partes, esta condición hace que en el sistema acusatorio la práctica probatoria sea rogada.

3.3. La igualdad debe hacerse efectiva a las partes y a los intervinientes, quienes solo podrán materializar su derecho de contradicción si se les permite intervenir en la formación de la prueba...

3.4. La Sala no encuentra argumento válido para negar el interrogatorio directo a las partes en la práctica de una prueba común si no es porque existan motivos de rechazo, exclusión, inadmisibilidad, impertinencia, inutilidad o porque se trata de situaciones repetitivas, de hechos notorios o que no requieren prueba (estipulaciones).

(...).

3.5. El derecho del fiscal y la defensa respecto de la prueba común desarrolla los fundamentos de los incisos 1º y 2º del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, pues no de otra forma se complementa el derecho que se les reconoce a solicitar “las pruebas que requieran para sustentar su pretensión” y la libertad para ofrecer en la preparatoria los medios que sustenten su teoría del caso y controvertir los allegados al juicio (arts. 373 y 378 ib.).

3.6. Negarse el interrogatorio directo al fiscal y a la defensa para dejarlo exclusivamente a uno de ellos por haber solicitado el testimonio en primera oportunidad, sin aplicar los criterios que se vienen expresando, lesiona garantías fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción, igualdad de oportunidades, así como también menoscaba los principios de celeridad y razonabilidad que deben regir la práctica probatoria.

3.7. Se debe garantizar el derecho al interrogatorio de ambas partes en las condiciones en que se viene registrando porque cada una de ellas tiene su interés por razón de su teoría y le corresponde demostrarla, ese fin particular no se identifica plenamente para el fiscal y la defensa.

3.8. Las reglas de hermenéutica llevan a admitir que ante el silencio o regulación incompleta de la legislación, en este caso la Ley 906 de 2004, hace surgir para el intérprete la facultad de precisar el alcance jurídico de los textos llamados a regular la situación, pero esta no es ilimitada, tanto que la orientación que se asigne a una disposición no puede afectar las garantías de las partes.

(...).

3.9. Como las partes en el campo probatorio tienen un objeto específico y consustancial a su pretensión, la carga de la prueba corre por su cuenta, de tal forma que al ofrecerla el fiscal o la defensa en la audiencia preparatoria deben precisar el thema probandum conforme a su interés, en lo que incide sustancialmente el objeto que puede abordarse en el interrogatorio o contrainterrogatorio.

(...).

Por tanto, de lo que viene de decirse, se infiere que el interrogatorio directo a la contraparte no puede serle autorizado cuando no se vincula con su particular teoría del caso, o sus fundamentos no son objetivos y sólidos, o asume una conducta desleal, o no se justifica en los pluricitados términos del numeral 3.4 de esta providencia, ni cuando el interés no es pertinente, conducente y útil para las preguntas directas que se reclaman, menos puede ser posible el ejercicio de ese derecho a quien hace manifestaciones genéricas, abstractas, aleatorias, indeterminadas o sin un objeto específico diferente a querer repetir lo que se ha propuesto por quien solicitó la prueba, o si se busca no un resultado fructuoso con el interrogatorio sino uno pernicioso porque no se establece ningún objeto que lo justifique, como sería si no se expresan criterios razonables y eficientes y si por el contrario se acude al ejercicio desbordado para someter al testigo a un innecesario cuestionamiento sobre aspectos fácticos que se agotan con lo inicialmente pedido con la prueba.

3.10. En ese orden de ideas, puede concurrir interés del acusador y del defensor en la práctica de determinada prueba testimonial, lo que no está vedado por el ordenamiento jurídico, caso en el cual de autorizarse la declaración a quien la solicitó, la contraparte podrá reclamar interrogatorio directo, pero debe agotar una argumentación completa y suficiente en la audiencia preparatoria que le permita al juez determinar por qué se satisface la pretensión probatoria con ese tipo de interrogatorio, dados los supuestos de licitud, pertinencia, conducencia y utilidad y demás factores ya referidos en esta decisión.

3.11. En un proceso donde la fiscalía y la defensa han anunciado sus pretensiones de responsabilidad e inocencia, el sustento del interrogatorio directo sobre tales supuestos es sustancialmente diferente y por ende más que justificado, no puede tildarse en términos formalistas y anticipados de repetitivo, dado que la fiscalía interrogara sobre supuestos de responsabilidad y la defensa acerca de la inocencia.

No puede dejarse de considerar que durante la práctica del testimonio se ejercerán los controles por parte del juez y las partes a través de las oposiciones y objeciones, lo que permite decidir sobre una situación dada y no a través de hipótesis sin fundamentos concretos y objetivos de si es suficiente o no el contrainterrogatorio.

3.12. En síntesis, la Ley 906 de 2004 autoriza el interrogatorio directo a un mismo testigo por ambas partes, a quienes se les ha de dar igual trato jurídico, bajo el supuesto que cada uno debe presentarse al juez de conocimiento en la audiencia preparatoria con la motivación que justifique la admisibilidad, pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y necesidad, en los términos que ha quedado explicado en esta providencia(1) (el énfasis no aparece en el original).

Desde esta orientación jurisprudencial, entonces, las condiciones que determinan el decreto y la práctica de las pruebas comunes a las partes no difieren de las legalmente previstas para los demás medios suasorios, de suerte que el interesado corre con la carga de acreditar los presupuestos de pertinencia, conducencia, utilidad y admisibilidad predicables de cualquier elemento de prueba, sea exclusivo de las partes o común a ambas.

Claro, pues, bajo los supuestos anteriores, que la dinámica del sistema acusatorio no se opone a la posibilidad de que un mismo testigo concurra al juicio con la doble connotación de prueba de cargo y de descargo, esto es, de que la fiscalía y la defensa ejerzan el interrogatorio directo respecto de un mismo deponente.

Sobre el testimonio del acusado como prueba de cargo

Aunque el testimonio del procesado es un medio de prueba, como lo indicó la Sala en auto de 12 de noviembre último proferido en este asunto, tiene también la connotación de medio de defensa, constituye una manifestación del derecho a la defensa material, y eso lo distingue de la prueba testimonial en términos generales considerada, lo que impone dispensarle un trato jurídico diferenciado en algunos aspectos vinculados con su decreto, por ejemplo, permitiendo su práctica aun cuando no haya sido descubierta y solicitada en el estadio procesal ordinario previsto para ello.

En razón de las especiales características de las que está revestida la declaración ofrecida por el incriminado, también resulta admisible que el tratamiento diferenciado se extienda a algunos aspectos de su práctica, que puede llevarse a cabo en condiciones distintas de las previstas para los testimonios comunes.

En efecto, aunque la declaración de la persona juzgada es también un medio de prueba y su producción, al tenor del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, debe efectuarse “de acuerdo a las reglas previstas” en esa codificación, lo cierto es que la posibilidad que le asiste al imputado de declarar encierra la cristalización de un conjunto de derechos y garantías que deben respetarse a cabalidad.

En ese sentido, la corporación sostuvo en el aludido pronunciamiento:

“Como particularidades, el dicho del imputado en la Ley 906 de 2004 se caracteriza porque i) el juramento rendido previo a atestar, de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-782 de 2005, “no tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta”; ii) el acusado puede ser interrogado, contrainterrogado y puede abstenerse de contestar las preguntas formuladas por su propio defensor, incluso, las que en desarrollo del contra interrogatorio efectúe la fiscalía; iii) se le permite, conforme el artículo 396 de la Ley 906 de 2004 y a diferencia de los testigos comunes, presenciar el debate probatorio antes de rendir declaración; iv) no está permitida su conducción forzosa a efectos de que rinda testimonio, pues deponer o abstenerse de hacerlo es una decisión suya a la que no puede ser obligado; v) el incriminado es el sujeto pasivo de la investigación, tiene amparo de autoincriminación y derecho a la asistencia técnica”.

Esas distinciones entre los testimonios ordinarios y el que rinde el sujeto pasivo de la acción penal se justifican en la estrecha relación existente entre la renuncia del derecho a guardar silencio, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a ser oído y el ejercicio de la defensa material, que se verían menoscabados si, por ejemplo, aquel fuese compelido a contestar todas las preguntas formuladas en el interrogatorio o el contrainterrogatorio, se le negase la posibilidad de presenciar el debate probatorio para orientar su propia declaración con miras a lograr el mejor resultado posible para sus intereses, o se le obligase a comparecer para rendir testimonio en contra de su voluntad.

Pero la Sala no advierte que la plena indemnidad de los derechos referidos conduzca a negar a la fiscalía la posibilidad de reclamar el interrogatorio directo en la declaración ofrecida por el acusado, con el propósito de explorarlo sin las limitaciones inherentes al contrainterrogatorio previstas en el artículo 393 de la Ley 906 de 2004.

Dicho de otra manera, no se observa que las peculiaridades del testimonio del procesado permitan sustentar un tratamiento diferenciado en lo que respecta a la posibilidad de tenerlo como testigo común a las partes, pues de ello no se sigue la limitación, afectación o deterioro de las garantías del incriminado.

Si, como lo ha sostenido la Sala, “la Ley 906 de 2004 autoriza el interrogatorio directo a un mismo testigo por ambas partes, a quienes se les ha de dar igual trato jurídico, bajo el supuesto que cada uno debe presentarse al juez de conocimiento en la audiencia preparatoria con la motivación que justifique la admisibilidad, pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y necesidad, en los términos que ha quedado explicado en esta providencia”(2), esa pauta debe aplicarse al acusado cuando acude al juicio oral en condición de testigo.

Se impone dar un tratamiento distinto a la declaración de la persona investigada cuando aplicarle las reglas previstas para los demás medios de prueba comporta la lesión de derechos y garantías fundamentales del incriminado, pero ello no sucede cuando se decreta el interrogatorio directo para la fiscalía como consecuencia de haber sido autorizado como prueba a petición de aquel.

Mediante su propio testimonio, el individuo sujeto a juzgamiento materializa los derechos a ser oído, a la defensa material, a la contradicción, a la igualdad de derechos, deberes y obligaciones, los cuales no se ven limitados cuando se le permite a la fiscalía formular interrogatorio directo, según se explica en esta providencia.

2. La declaración rendida en juicio oral por parte del sujeto pasivo de la acción penal es, ya se dijo, un medio de defensa, pero también un medio de prueba, y ello significa que las afirmaciones, negaciones y explicaciones que ofrezca en la vista pública tienen mérito probatorio, deben ser apreciadas en conjunto por el fallador en los términos del artículo 380 de la Ley 906 de 2004 y a partir de ellas puede sustentarse la decisión de fondo, cualquiera que sea su sentido.

Desde esa óptica, el dicho del acusado puede tener por objeto circunstancias o hechos de interés para la defensa, pero también algunos que sirvan para sustentar la teoría del caso de la fiscalía, y siendo así, esta debe estar facultada para explorarlo, porque las partes al interior del proceso penal tienen derecho a solicitar y practicar las pruebas que requieran para acreditar sus respectivas pretensiones.

De acuerdo con el desarrollo del principio de igualdad de derechos, obligaciones y deberes de las partes, tanto la fiscalía como la defensa están habilitadas para “recaudar y promover la práctica, durante el juicio oral... de todos aquellos medios de conocimiento lícitos que le sirvan de base a su teoría del caso”(3).

Es cierto que, sin perjuicio de lo anterior, el testimonio del enjuiciado solo puede ser solicitado por la defensa, y únicamente a instancias de aquel, porque el derecho a ser oído es personalísimo y puede ejercerlo su titular; pero si esa prueba testimonial es solicitada y admitida, se abre la posibilidad para que también la fiscalía reclame en su práctica el interrogatorio directo sobre temas no propuestos por la defensa o el acusado, con miras a sustentar su propia teoría del caso, pues lo contrario implicaría desconocer que las partes acuden al trámite con igualdad de facultades probatorias.

Ello se hace particularmente patente cuando, como en este caso, la declaración del incriminado no se solicita por la defensa en la audiencia preparatoria sino en el juicio oral, cuando ha fenecido para la fiscalía la posibilidad de solicitar sus propios medios de conocimiento.

De cara al principio de contradicción, la facultad del fiscal de ejercer el contrainterrogatorio puede resultar insuficiente, pues el objeto de este se circunscribe a los temas, hechos y circunstancias que hayan sido abordados en el directo de la defensa; y si aquella no tuvo la oportunidad de pedir pruebas dirigidas a controvertir la declaración del acusado porque esta fue solicitada en el juicio oral y no en la audiencia preparatoria, quedaría en posición de desigualdad respecto de la contraparte si de entrada se le negare la posibilidad de ejercer el interrogatorio. Esa necesidad, claro está, le corresponde probarla a la fiscalía.

3. Desde luego, como ya se esbozó, renunciar a guardar silencio es un derecho que compete exclusivamente al procesado, quien puede ejercerlo en los términos y con el alcance y extensión en que voluntariamente decida hacerlo; en consecuencia, aunque resuelva declarar, persiste para él la posibilidad de i) abstenerse de contestar una o más preguntas; ii) responder parcialmente los cuestionamientos que se le hagan; iii) desistir de su testimonio, incluso si ya ha iniciado, e incluso; iv) faltar a la verdad sin consecuencias adversas para él, siempre que no comprometa la responsabilidad de terceros, todo lo cual está fundado en los derechos a no auto incriminarse, guardar silencio y de defensa material.

En esa lógica, contrario a lo aducido por el defensor de P.D.V., permitir que en el testimonio del acusado la fiscalía ejerza el interrogatorio directo no vulnera sus garantías, pues aquella en ningún caso puede ser forzada o compelida a responder sus cuestionamientos, siempre puede rehusar contestar una o más de las preguntas que se le formulen e incluso, no someterse al interrogatorio, porque se insiste, declarar o abstenerse de hacerlo es una decisión que le compete a ella exclusivamente.

La posibilidad que le asiste a la fiscalía de interrogar directamente al encartado está supeditada a que éste exteriorice su voluntad de declarar y la defensa pida su testimonio como prueba de descargo, porque si ello no sucede, si el procesado no renuncia al derecho a guardar silencio, no podrá ser obligado a declarar.

De la negativa a responder que exteriorice respecto de uno o más interrogantes no puede seguírsele ninguna consecuencia adversa, pues el literal C del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 expresamente establece como un derecho del imputado que “no se utilice el silencio en su contra”.

El directo que realice la fiscalía respecto del sujeto pasivo de la acción necesariamente deberá adelantarse con la presencia del defensor técnico, quien está facultado para oponerse a toda pregunta que aprecie sugestiva, capciosa o confusa, o que esté dirigida a lograr una autoincriminación no querida por el deponente, conforme el artículo 395 ibídem.

En esas condiciones, decretar como prueba de cargo el testimonio del enjuiciado, lejos de afectar el derecho a la defensa material que le asiste, constituye plena garantía del mismo.

El caso concreto

De acuerdo con las precisiones efectuadas en precedencia, es viable decretar el interrogatorio directo para la fiscalía en el testimonio de la acusada P.D.V., siempre que la solicitud impetrada en ese sentido esté sustentada con suficiencia, esto es, que el peticionario haya acreditado argumentativamente las razones por las cuales el ejercicio del interrogatorio directo resulta necesario, útil, pertinente y conducente para demostrar su teoría del caso, precisando el tema o los temas sobre los cuales habrá de ejercerlo.

El delegado de la acusación señaló que interrogaría a la enjuiciada sobre cuatro puntos específicos, en lo específico, “i) las manifestaciones que hizo la señora E.H.B., que vinculan de una u otra manera a la señora G.P.D.V.; ii) el tema relacionado con las jurisprudencias que profirió la Sala de Casación Civil... en la que se ordenaba decidir en sala plural y no en sala unitaria los casos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010; iii) igualmente, sobre la sentencia del Tribunal de Cartagena firmada tanto por la doctora G.P.D.V. como por la doctora E.H.B., del 21 de enero de 2011...; iv) igualmente... respecto de la sentencia del 3 de diciembre de 2010 de la Sala de Casación Civil”.

Esas circunstancias, a no dudarlo, guardan relación con el sustrato fáctico de la acusación presentada contra P.D.V., así como con la estructura típica de los delitos imputados, en tanto aluden al conocimiento que aquella tenía de la normatividad y el precedente aplicables al asunto sometido a su conocimiento en el que se habrían proferido las decisiones supuestamente prevaricadoras y omitido las que debieron emitirse.

La argumentación expuesta por el peticionario, aunque escueta, permite inferir las razones por las cuales su estrategia probatoria puede verse insatisfecha con el simple ejercicio del contrainterrogatorio, pues no ha solicitado la prueba con fundamento en consideraciones genéricas ni especulativas, sino para explorar puntos concretos y determinados relacionados con las conductas atribuidas a la aforada.

El objeto sobre el cual se ocupará el interrogatorio del fiscal está vinculado con los hechos respecto de los cuales las partes no celebraron estipulaciones probatorias, de suerte que no se trata de una prueba que verse sobre hechos que no requieran demostración.

Así las cosas, satisfechas las condiciones que determinan el decreto de la prueba, la Sala accederá a lo solicitado por la fiscalía y, en consecuencia, admitirá que interrogue directamente en la práctica del testimonio de G.E.P.D.V.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

RESUELVE:

1. ADMITIR el interrogatorio directo de la fiscalía en la práctica del testimonio de la acusada G.E.P.D.V., de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

2. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 CSJ AP, 25 feb. 2015, rad. 45.011.

2 Ibídem.

3 CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 41.661.