Auto AP7149-2015 de diciembre 2 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44425

(Aprobado acta 428)

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 180 del estatuto adjetivo actual, el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad “la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia»(105).

Con tal propósito, el inciso 2º del artículo 184 ejusdem fijó las reglas mínimas de admisión de la correspondiente demanda, estableciendo que no se seleccionará aquella en la que i) el actor carezca de interés para acceder al recurso, ii) no se invoque la causal conforme a la cual se edifica el reproche de las contempladas en el canon 181 ibídem, iii) omita desarrollar los cargos correspondientes o, iv) fundadamente se logre establecer que no se requiere de la sentencia para cumplir las finalidades previstas en el aludido precepto 180. Lo anterior, salvo que alguno de esos propósitos permita superar los defectos técnicos que exhiba el libelo y decidir de fondo.

También tiene decantado la jurisprudencia que, la demanda debe ser íntegra en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que se debe soportar en los principios que rigen el recurso extraordinario, en especial, los de claridad, fundamentación debida, prioridad, no contradicción y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de los cargos requiere escoger adecuadamente la causal y el sentido de la violación y, concretar el disenso en términos de trascendencia.

Los libelos que se examinan no satisfacen los requisitos mínimos que exige el referido artículo 184 ibídem para su admisión y, por lo tanto, no pueden ser seleccionados.

1. A favor de H.O. XXXX.

1.1. Primer cargo (principal).

Cuando se predica un error de hecho en el sentido de falso raciocinio, se debe demostrar que el ejercicio valorativo del funcionario judicial es trasgresor de los postulados de la lógica, de las leyes de la ciencia o de las reglas de la experiencia, es decir, de los principios de la sana crítica como método de apreciación probatoria.

Con tal fin, el libelista debe señalar, con exactitud, el medio de prueba sobre el que recae el yerro, identificar aquello que expresamente dice y se deduce de él, el mérito persuasivo otorgado al mismo por el juzgador, indicar y desarrollar, con precisión, la regla lógica, la ley de la ciencia o la máxima de la experiencia aplicada erradamente al realizar el proceso valorativo de los medios de prueba, así como la que apropiadamente le debió servir de apoyo, la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada o interpretada y, finalmente, acreditar que de no haberse incurrido en el defecto, el sentido de la decisión adversa habría sido sustancialmente opuesto.

En el caso de la especie, aunque el casacionista identifica algunas de las pruebas en las que habría recaído el yerro de raciocinio —verbi gratia, el testimonio de A.E. XXXX—, en el cometido de identificar las leyes de la sana crítica supuestamente ignoradas por los juzgadores, no solo elabora unas proposiciones respecto de las cuales no se ocupa de evidenciar su generalidad como normas de conducta del conglomerado social sino que falta al principio lógico de corrección material al desconocer el alcance de las empleadas en las providencias acusadas.

En efecto, para empezar, no es cierto que los juzgadores hayan dejado de especificar el aporte de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos de secuestro, al punto que en cuanto se refiere a H.O. XXXX, los falladores lo ubicaron como la persona que custodió ilegalmente a F.C.E., F.J.C. XXXX y E.M. XXXX.

Tampoco es verdad que los jueces de conocimiento hubieren ignorado la función de prestar seguridad y controlar el ingreso diario de vehículos y personas, encomendada a los guardas, entre ellos al procesado. Distinto es que, consideraran que el comportamiento de dichos empleados excedió los límites de sus competencias. Así lo estimó el a quo:

(…) En el caso de autos, observamos clara la naturaleza de la acción, separable del cumplimiento de funciones del cuerpo de vigilancia para controlar el orden público. Cuando en esta actividad su fase interna y externa era lograr la culminación y el fin propuesto, como era el aclarar la perdida (sic) de la canasta de mora, el robo de los $70.000.00 y el hurto de los cigarrillos, igual del acoso sexual, ya que no los habían sorprendido en flagrancia, para ello les exigieron se presentaran o condujeron a la portería, en la segunda actuación, está contraída a coartar la libertad de locomoción y poder retenerlos allí hasta que se hiciera presente M.G. XXXX, disponiendo de sus libertades, con la voluntad dirigida inequívocamente a verificar que permanecieran allí. Vemos así que un fin puede ser parcial y aparentemente igual a sus resultados, pero no corresponder las dos acciones a una misma, así el resultado obtenido al lograr la subordinación de la voluntad de F.C.E. XXXX, F.J.C. XXXX y E.M. XXX, formal y en apariencia, es el mismo.

Ha de puntualizarse que se trata de dos actuaciones que lograron su ejecución de manera escindible, pues, la conducción o citación en busca del fin último, que era la verificación o descarte de las quejas que, casualmente o eventualmente, pudieran tener los señalados. Aquí, entonces, el colofón buscado, era la investigación y escuchar en descargos a los presuntos responsables, pues, la voluntad estaba encaminada a este parcial propósito, ya que al haber accedido a presentarse en la portería, sea por permitir los condujeran o llegar allí por sus propios medios, no hay duda alguna, quedó consumada la obligación de controlar el orden público en la plaza.

A partir de ese momento no era necesario la retención con la socorrida disculpa de que los problemas los debía solucionar el jefe de seguridad, obligándolos a permanecer por largas horas mientras arribaba.

En el sub júdice la conducta de controlar el orden público es separable e individualizable, tanto naturalística como jurídicamente, frente a la de secuestro, por cuanto en esta la privación del derecho de locomoción no surgió o produjo una vez consumados los delitos que se les hachaba (sic) a los retenidos, aunque unidos sí, por el mismo designio, sin que el secuestro necesariamente debiera producirse, pues, finalmente realizados los descargos bien habían podido abstenerse de retener contra su voluntad a F.J.C. XXXX, F.C.E. XXXX, y E.M. XXXX, permitiéndoles se retiraran de la portería y citarlo para el momento en que arribara M.G. XXXX, sin que esta actuación posterior demeritara, atenuara, agravara o desvertebrara los elementos del compromiso adquirido con la central mayorista, toda vez que las exculpaciones y justificaciones ya las habían dado, previo haberlos obligado a presentarse, es decir, también les restringieron la libertad, pero esta sí comprendida en las actuaciones propias de sus labores.

(…).

(…) dándose comienzo a un verdadero atentado a partir del momento en el que se les exige permanecer hasta que llegue el jefe de seguridad, pues, aquí se consuma, deviniendo innecesaria, para la perfección de la averiguación, la continuidad de la retención y mucho menos la privación del derecho de locomoción de los señalados. Nada les impedía a M.G. XXXX y H.O. XXXX, permitirles se retiraran para que volvieran cuando ya el encargado de la jefatura de la seguridad se encontrara allí y dispusiera de tiempo, para en un momento posterior y limitado, interrogarlos e imponerles las conminaciones correspondientes.

En tales condiciones, al haberse presentado las tres personas a la portería, ser interrogadas y suministrar sus exculpaciones, para luego impedir se retiraran del lugar permaneciendo custodiadas, no hay duda entonces que en el primer momento se ajusto (sic) a sus labores propias de vigilantes y que la violencia moral ejercida a partir de ese instante corresponde y constituye, naturalística y objetivamente, el hecho punible, contra la libre locomoción, violencia que se ejercitó para mantenerlos allí, así hayan sacado la disculpa que era para verificar un acto de obligatorio cumplimiento por la labor que les correspondía.

La presencia prorrogada, en el lugar de la retención, lo fue para infligir moralmente coacción en el proceso de ablandamiento tendiente a que devolvieran el teléfono, el dinero y los cigarrillos o aceptaran el acoso sexual y nunca jamás que se hiciera presente M.G. XXXX, pues esta, para el despacho, apenas fue la excusa. Obligándolos a permanecer en el lugar, vigilados por su coligado, hasta cuando lo aceptaran, toda vez que así procedieron.

De tal manera que consideramos inadmisibles alegar que en las conductas atribuibles a los implicados por estos secuestros, se presentó unidad de acción y de propósito, esto es, que el fin último era dar solución a las denuncias, pues que en ellas se presentan dos momentos perfectamente separables en el tiempo y en el espacio como se viene de ver. En una primera etapa, cuando acceden acudir a la portería los señalados de los delitos, la acción, innegablemente va encaminada a solucionar los problemas mediante coacción, digamos, como lo venimos haciendo, legítima. En la segunda, cuando ya han expuesto sus descargos mediante el interrogatorio propuesto, los aquí procesados despliegan una conducta autónoma que no era necesaria para resolver las quejas, pues en esta oportunidad las retenciones, no es ya para que den explicaciones, sino para presionarlos ilícitamente, mediante coacción moral, hicieran entrega de los objetos, presuntamente, hurtados.

Esa búsqueda de solucionar el problema a toda costa, para el despacho, es precisamente a lo que se refiere el artículo 168 del Código Penal, cuando indica que se retenga a una persona con propósitos distintos a los señalados en el artículo 169, lo que en voces de la doctrina constituye ingrediente subjetivo del secuestro simple.

(…).

Así las cosas, insistimos, nos encontramos en presencia de dos tipos de violencia, una que se ejerció para lograr se presentaran a la portería los tres señalados de los hurtos y el responder al interrogatorio, y otra claramente escindible al ámbito de influencia de aquella, con la clara intención de sustraerlos de sus autonomías de permanecer o no en un determinado lugar, con la preclara intención de tenerlos a la mano hasta tanto se avinieran a los señalamientos hechos.(106)

En similar sentido, expresó el ad quem:

En cuanto a los secuestros que se le endilgan, la defensa afirma que no son delictuosos porque mantener en la portería a una persona que incumple el régimen disciplinario que había adoptado el comité de seguridad de la entidad privada no se erige en una privación ilícita de la libertad sino en el simple cumplimiento de los reglamentos. Según el disenso, quienes tuvieron que pasar varias horas en la portería no estuvieron secuestradas.

(…).

Como lo señaló la primera instancia, las víctimas fueron conducidas contra su voluntad hasta la caseta de la portería de la central mayorista, allí fueron privadas de su libertad por lapsos entre 3 y 6 horas, sin que pudieran abandonar esas instalaciones porque los vigilantes, encabezados por el señor H.O. XXXX, se lo impedían y solo hasta después de que hacía presencia M.G. XXXX, encargado de decidir a su antojo la situación de los retenidos, eran puestos en libertad no sin antes advertirles que no podían ingresar a la central mayorista.

Como se indicó en acápites anteriores, esos hechos se adecuan con precisión al precepto típico que consagra el secuestro simple, sin que sea de recibo el argumento de que los acusados de tales conductas estaban cumpliendo un reglamento interno de convivencia ya que de haber existido, porque la defensa no lo aportó, sería ilegal y por tanto no desnaturalizaría el comportamiento punible. Es que una situación tal no se encuentra dentro de ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad que consagra el artículo 32 del Código Penal ni otras extintivas de ella, de tal manera que todos aquellos que participaron en las ilícitas retenciones de personas señaladas de actos de indisciplina o pequeños hurtos, indudablemente incurrieron en la conducta punible que les endilgó la Fiscalía y les mereció juicio de reproche por parte del sentenciador primario.

(…).

Tampoco es admisible como justificación el hecho de que el señor H.O. XXXX perteneciera a una empresa privada de vigilancia, destinada a prestar sus servicios al interior de la Central mayorista, pues como argumenta el Fiscal en su intervención ante esta instancia, los vigilantes privados pertenecientes a empresas de seguridad, son suficientemente preparados para desarrollar sus labores con estricto apego a la ley y no para cumplir órdenes delictuosas impartidas por los usuarios de esos servicios, pues, de obrar así, indiscutiblemente son partícipes de los comportamientos criminosos.(107)

De este modo, contrario a lo adverado por el demandante, es palmario que ninguna regla de la experiencia o postulado lógico podría haber habilitado al cuerpo de vigilancia privada para verificar si una conducta punible existió y cuál es el responsable, para, enseguida someterlo a privación de la libertad privada, pues, a lo sumo, los guardas podrían colaborar en la identificación preliminar del presunto infractor y en su puesta a disposición de las autoridades judiciales, labor esta que, dicho sea de paso, en ninguno de los casos acaeció, habida cuenta que la solución adoptada siempre fue de propia mano.

Una cosa es, entonces, ubicar e incluso detener en flagrancia a un supuesto delincuente a efecto de ponerlo inmediatamente a órdenes de la fiscalía y otra, muy distinta someter a esa persona a la imposibilidad de ejercer su libertad de locomoción, por un tiempo indeterminado, hasta tanto, el representante legal del menor retenido suscribiera un acuerdo de pago de lo supuestamente hurtado, en uno de los eventos, o hasta que al sitio arribara el supervisor de los vigilantes, en los demás.

Tampoco se trata de que los vigilantes estuvieran compelidos a aplicar, en sus actuaciones, el derecho al debido proceso que se demanda de la policía, sino, como con meridiana claridad lo señalaron los juzgadores, de no coartar la libertad de los presuntos infractores, máxime si, como lo reconoce el libelista, las aprehensiones no se produjeron en flagrancia.

Es así como, independientemente, de que F.C.E. XXXX, F.J.C. XXXX y E.M. XXXX hubieren o no ejecutado los punibles de los que se les acusaba y de la tardanza en arribar a la portería la madre del primero o el jefe de seguridad respecto de los dos restantes, los vigilantes no podían, por virtud de una ley de la lógica inexplicada por el censor, ejercer la justicia privada, so pretexto de no ser convidados de piedra, hacer cumplir los reglamentos y garantizar la tranquilidad y el orden social de la copropiedad o de acatar las órdenes impartidas por los miembros del consejo de seguridad, que de autorizar la retención de los ciudadanos comprometidos en algún reato, como lo sentenció el juzgador plural, serían del todo ilícitas.

El libelista no logra explicar cómo la privación arbitraria de la libertad de quienes eran acusados de infractores penales corresponde al mínimo de justicia al que aspiran el común de las gentes y, particularmente, los administradores de las copropiedades y, muchos menos, que aquél sea, como lo afirma el censor, el comportamiento de todos los vigilantes del país, ante la comisión de conductas ilícitas en su ámbito de custodia.

Ahora, aunque pareciera obvio, el letrado tampoco identifica cuál es la regla de la experiencia y del sentido común que impediría tener a una persona secuestrada a la vista pública o a las afueras del sitio donde está su captor; cuestión que, en el caso particular, no resulta significativa si se advierte que dentro de los elementos normativos del tipo penal de secuestro, el ocultamiento de la persona únicamente corresponde a uno de los verbos rectores, mientras que, la sustracción, el arrebatamiento y la retención también son conductas pasibles de dicha infracción.

En este punto, el recurrente ignora que uno de los comportamientos endilgados a H.O. XXXX fue precisamente el de la retención de F.C.E. XXXX —que no su ocultamiento— la cual empezó a las 7:00 a.m. —cuando el menor se presentó en la portería— y perduró hasta que su padre se comprometió a pagar los $70.000, en cuotas de $20.000.

Falta a la verdad, igualmente, el abogado cuando sostiene que se aplicó responsabilidad objetiva porque se dejó de determinar si el procesado actuó con dolo, pues el juez de primer nivel, fue expreso en señalar que los vigilantes contaban con suficiente capacitación que les permitía actuar en el marco de la ley y que la exculpación ofrecida por los acusados, “no era tal que les alcanzara [para] perder su conciencia y capacidad de razonar, ya que su facundia fue bien expuesta e hilvanada hasta el punto que las víctimas la creyeron, pues nada les impedía citarlos a que dieran explicaciones una vez arribara a la portería M.G XXXX y contara con tiempo suficiente para atenderlos”.

Distinto a lo adverado por el demandante, no se observa que los juzgadores propugnaran por el desacato de las funciones de control y seguridad atribuidas a los empleados de la empresa de vigilancia, por el incumplimiento de los reglamentos internos, o por la imposibilidad de imponer amonestaciones conforme a los mismos; el juicio de reproche deviene del exceso de los límites legales y constitucionales que prohíben la vulneración del bien jurídico de la libertad y autonomía personal.

Vulnera el principio lógico de no contradicción argumentar que los vigilantes carecían de legitimación para denunciar un delito sexual y podían impedir el ingreso a la central mayorista del victimario, y al tiempo, sugerir que, estaban habilitados para privar de la libertad al presunto agresor, cuando no solo esta acción superaba, por mucho, aquella otra directriz, sino que, siendo aquél un punible, susceptible de ser perseguido de manera oficiosa, no requería querella de parte sino que cualquier ciudadano podría haberlo denunciado.

Nótese, asimismo, que el juicio de responsabilidad no se edificó por razón de la conducción de los supuestos infractores a la portería de la central, sino por su retención en ese lugar, luego, ninguna relevancia tiene el argumento del censor, según la cual, se violaron los postulados de la lógica que obligarían a pensar que ningún “asocial” concurriría voluntariamente a donde estaría destinado a ser sancionado, premisa esta que, de cualquier manera, no soporta ningún criterio de universalidad.

Es imperioso, también, recordar al casacionista que la responsabilidad penal es de carácter individual. En ese orden, si otros coprocesados fueron absueltos por el delito de secuestro, los que además no estaban en idéntica situación fáctica que su asistido, mal podría predicarse igual tratamiento judicial. Valga destacar, por ejemplo, el caso de C.H. XXXX quien fuera absuelto por el cargo relacionado con el secuestro de F.J.C. XXXX, habida cuenta que, la víctima no lo incriminó.

Uno de los secuestros endilgados al encausado no lo fue por el solo hecho de haberle impedido a F.J.C XXXX ir al baño, sino, en general, por coartarle su derecho a la locomoción durante algunas horas, cuestión que, en nada se asemeja a que los guardias de las cárceles sometan a los reclusos a turno para acceder a los servicios sanitarios, quienes, además, como se sabe, a diferencia de quienes fueron aquí víctimas, sí están legalmente privados de la libertad.

Ahora, la comisión de un delito, de ningún modo, autoriza su investigación y represión a manos de los organismos de seguridad privados o de cualquier ciudadano, razón por la cual la mera causalidad entre un ilícito y la retención de su autor por parte de los vigilantes, no constituye causal de justificación alguna de esta última conducta.

Pareciera que a partir de la supuesta regla de la experiencia según la cual “quien te hace un mal, te cae mal”, el libelista pretende esgrimir un móvil vindicativo de las víctimas en la incriminación de su asistido; sin embargo, no acredita que la animadversión que pudiera haber surgido de los episodios de secuestro, hubieren llevado a los ofendidos a acusar falsamente a su representado.

1.2. Segundo cargo (subsidiario).

Recuérdese que cuando se intenta la postulación de la censura por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, el recurrente debe hacer completa abstracción de lo fáctico y probatorio y, en ese sentido, admitir los hechos y la apreciación de los medios de convicción fijados por los sentenciadores, de manera tal que le corresponde desarrollar el reproche a partir de un ejercicio estrictamente jurídico, en el que establezca la vulneración del precepto normativo en el caso concreto, por medio de cualquiera de las tres modalidades de error: falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y seguidamente, demuestre la trascendencia del yerro en el sentido de la decisión impugnada.

Mientras que la falta de aplicación opera cuando el juzgador deja de emplear el precepto que regula el asunto, la aplicación indebida, deviene de la errada elección por el fallador de una disposición que no se ajusta al caso, con la consecuente inaplicación de la norma que recoge de forma correcta el supuesto fáctico. La interpretación errónea, en cambio, parte de la acertada selección de la disposición aplicable al asunto debatido, pero conlleva un entendimiento equivocado de la misma, que le hace producir efectos jurídicos que no emanan de su contenido.

Ahora, cuando se invoca algún defecto de selección, como el postulado en esta censura, por falta de aplicación del artículo 30 del Código Penal, en lo relativo a la complicidad en tanto grado de participación, el demandante debe demostrar que, pese al expreso reconocimiento, en la parte motiva del fallo, de que el procesado participó en el injusto en calidad de cómplice, el sentenciador no le confirió la consecuencia jurídica del caso, esto es, no le atribuyó el delito en esa condición y/o no le concedió el descuento punitivo correspondiente.

En cambio, se debe acudir a la vía indirecta, en alguna de sus modalidades de ataque, cuando la falta de reconocimiento de la calidad de cómplice se produce como consecuencia de la errada valoración de los hechos y la prueba.

El censor se equivocó al escoger la ruta de ataque, pues aquí no se trata de que los juzgadores hayan admitido la complicidad del acusado en los reatos endilgados pero hubieren omitido declararlo así en la fase resolutiva de las sentencias, toda vez que siempre fue considerado autor, sino del disenso frente al análisis probatorio de los juzgadores, al no conferirle esa calidad, pese a que estaría acreditado que su proceder fue producto de las órdenes impartidas por sus superiores (comité de seguridad de la central mayorista y jefe de seguridad), lo cual ha debido ser intentado por la senda de la infracción mediata de la ley sustancial.

A lo dicho se suma que el censor carece de legitimidad en la causa para alegar, en sede de casación, el reconocimiento de la calidad de cómplice, teniendo en cuenta que, este tema no fue objeto de impugnación ante la segunda instancia, privando de esta manera, a esa colegiatura de pronunciarse sobre el particular.

En todo caso, está bien resaltar, de acuerdo con las consideraciones de los falladores, que el aporte de H.O. XXXX en la comisión de los secuestros no corresponde a una simple ayuda posterior, sino a su participación concomitante en los injustos penales respecto de cuya ejecución tenía pleno dominio del hecho, pues independientemente de que no hubiere participado en la conducción de los secuestrados —conducta no reprochada en las sentencias— o no supiera de los punibles sino hasta cuando se produjeron las retenciones en las instalaciones de la portería que custodiaba, mantuvo, con conciencia y voluntad, bajo privación ilegal de la libertad a F.C.E. XXXX, F.J.C. XXXX y E.M. XXXX, durante varias horas.

Recábese que, ninguna orden del consejo o del jefe de seguridad de naturaleza ilícita, como lo sería la de impedir la libre locomoción de los presuntos infractores de la central mayorista, mientras se daba paso a una solución coercitiva del problema (suscripción de actas de compromiso, devolución de dineros, prohibición de ingreso al lugar) puede ser admitida como justificante del delito de secuestro.

La demanda en consecuencia, debe ser inadmitida.

2. A favor de A.C. XXXX, C.H. XXXX y C.B. XXXX.

2.1. Primer y segundo cargos (principal y subsidiario, respectivamente).

Aunque el censor acude a la ruta del error de hecho por falso raciocinio por vulneración del principio de razón suficiente, su demostración se alindera más con alguno de los motivos de nulidad, concretamente, con los de motivación insuficiente o anfibológica, en tanto, acusa el fallo de segunda instancia de exhibir, en punto del punible de concierto para delinquir atribuido a sus representados, una argumentación insuficiente que no deja de ser una “mera enunciación de críticas o inconformidades con la postura de su homólogo de primer grado, pero en manera alguna desarrolla alguna de las líneas que postula, léase el tema dogmático, probatorio y constitucional y mucho menos para presentar mejores argumentos que los desarrollados por aquel”(108).

En ese orden, ha debido postular su reproche conforme a la causal segunda, identificando los aspectos específicos de la providencia que impiden conocer con claridad sus fundamentos. En efecto, para tener por acreditado un vicio de motivación, no es suficiente manifestar cabal conformidad con la sentencia de primera instancia y reprobar, en abstracto, la de segunda.

Un disenso comprometido con la demostración de falencias argumentativas impone demostrar que el soporte fáctico jurídico de la decisión es tan deficiente que es inviable estructurar los extremos típicos, antijurídicos y culpables del injusto.

No es esto lo que ocurre en la demanda, pues solamente se aduce que el proveído acusado no es más que una amalgama de ideas deshilvanadas, pero no se relaciona, verdaderamente, cuáles son las deficiencias del fallo, salvo por la afirmación de la defensora, según la cual el tribunal señaló que el a quo desconoció la realidad probatoria que ubica a los procesados como ejecutores de muchos delitos, siendo que C.H. XXXX y C.B. XXXX fueron absueltos por los de secuestro.

Ignora, en este punto, el jurista que el juicio de reproche por la ejecución del delito de concierto para delinquir, no demanda como presupuesto de su esencia, la atribución coetánea de responsabilidad por los punibles objeto del convenio criminal, en tanto es una conducta autónoma que únicamente requiere la concertación para la comisión de la infracción penal, independientemente de que esta alcance o no su consumación.

Lo dicho sirve además para desechar la validez argumentativa del segundo reproche, en tanto, la absolución por el delito de secuestro de la que fueron favorecidos C.H. XXXX y C.B. XXXX, de manera alguna incide en la eliminación de la circunstancia de agravación específica de que trata el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, pues, se insiste, no es necesario que el punible para el que se conciertan los actores sea efectivamente ejecutado.

Para cerrar, resta destacar que la libelista carece de interés para reclamar, entre sus pretensiones, que se haga más gravosa la pena de sus asistidos.

Así las cosas, no hay lugar a admitir la demanda.

3. Es necesario puntualizar que, salvo lo enunciado en el numeral 5º de este proveído, no se observan flagrantes violaciones de derechos fundamentales, causales de nulidad, ni motivos que conduzcan a la necesidad de un pronunciamiento profundo frente al expediente en razón de las finalidades de la casación.

4. Resta señalar que, al amparo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando la Corte decide no darle curso a una demanda de casación, es procedente la insistencia, cuyas reglas, en ausencia de disposición legal, fueron definidas por la Sala desde el auto del 12 de diciembre de 2005, radicación 24.322 y precisadas recientemente en auto CSJ AP, 25 de junio de 2014, radicado 42.597.

5. El estudio oficioso del recurso.

Si bien el recurso extraordinario de casación no constituye una oportunidad para rebatir el criterio del juzgador como si se tratara de una instancia adicional, sí comporta un control de legalidad y constitucionalidad concreto frente al fallo recurrido, que propende por la eficacia de los fines previstos en el artículo 180 del ordenamiento procesal penal vigente, estos son, la guarda de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios, la unificación de la jurisprudencia y la realización del derecho material.

En ese orden, el artículo 184, inciso 3º de la Ley 906 de 2004, faculta a la Corte a actuar oficiosamente, cuando aun inadmitiendo la demanda de casación advierta la necesidad de hacer efectiva alguno de esos propósitos.

Esta es la ocasión, pues la Sala advierte que, al parecer, respecto de la mayoría de los coprocesados —R.L. XXXX, L.G. XXXX, Q.V. XXXX, S.P. XXXX, M.G. XXXX, C.H. XXXX, R.C. XXXX, H.O. XXXX, C.B. XXXX, D.B. XXXX y O.R. XXXX— habría lugar a restablecer los principios de congruencia y legalidad de la pena, así como probable la necesidad de declarar la extinción de la acción penal por prescripción a favor de D.B. XXXX por el delito de constreñimiento ilegal, lo que de manera eventual amerita la casación oficiosa y parcial del fallo, a fin de restablecer las garantías probablemente trasgredidas a los enjuiciados.

De manera que una vez proferida esta decisión y cumplido con el rito de la insistencia, el expediente regresará al despacho del magistrado ponente con el propósito de que la Sala se pronuncie oficiosamente acerca de la posible vulneración de derechos fundamentales, conforme se ha indicado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Inadmitir las demandas de casación presentadas por los apoderados de H.O. XXXX y A.C. XXXX, C.H. XXXX y C.B. XXXX contra la sentencia del 21 de abril de 2014, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. Conforme al inciso 2º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004, procede la insistencia.

3. En firme la anterior decisión y cumplido con el referido trámite, regresar la actuación al despacho del magistrado ponente para que la Sala se pronuncie oficiosamente acerca de la posible vulneración de garantías fundamentales.

Notifíquese y cúmplase».

105 Cfr. Artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

106 Cfr. folios 1889-1891 vuelto del cuaderno original 7.

107 Cfr. folios 2429-2432 del cuaderno original 8.

108 Cfr. folio 2591 ibídem.