Auto AP7226-2015/47132 de diciembre 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 47132

Aprobado acta 437

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá D. C., diez de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es competente la Corte para pronunciarse de la solicitud de cambio de radicación de la referencia, de acuerdo con lo señalado por el artículo 32.8 del Código de Procedimiento Penal de 2004, toda vez que se pretende cambiar la sede del juicio de un distrito judicial a otro.

2. Recuerda la Sala, el cambio de radicación es el mecanismo ideado por el Legislador para variar la sede del despacho llamado a conocer del juzgamiento, esto es, para alterar de manera excepcional -y por circunstancias también extraordinarias- la competencia en virtud del factor territorial, según el cual, el funcionario facultado para conocer de un determinado trámite es aquél ubicado en el lugar donde se cometió el hecho.

Por tanto, ante la connotación excepcional de tal medida, la ley prevé circunstancias expresas, taxativas y probables, en cuya presencia se haría necesaria la preservación del orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad o integridad personal de quienes participan en el juicio; al punto que estando en peligro dichos valores de la actividad judicial, se subordina el mencionado factor a la necesidad de protegerlos.

Para ello, la solicitud debe sustentarse en debida forma y acompañarse de los elementos de conocimiento, además en cuanto implica, -se itera-, una excepción a las reglas de competencia territorial, “procede únicamente cuando no existan mecanismos jurídicos alternativos destinados a neutralizar las causas que lo generan, o cuando, no obstante haber acudido a otras formas de prevenir o remediar el conflicto latente y extraño al proceso penal, no se hubieren obtenido los resultados esperados. En tales condiciones, los motivos que determinan el cambio de radicación deben estar probados, o en posibilidad de poder comprobarse en la actuación, de manera que objetivamente permitan una valoración acerca de si en realidad en el territorio donde debe adelantarse íntegramente el juicio, se presentan circunstancias externas que atentan contra su normal desarrollo y afectan el ejercicio integral de la administración de justicia”(1). (Subrayado fuera de texto).

3. En este caso, la fiscal al formular la solicitud de traslado de la actuación expone que las circunstancia por las cuales se dificulta continuar con el juzgamiento en Barranquilla es que en el caso objeto del proceso, están involucradas tanto personas con “calidades económicas, sociales y políticas en la Región Caribe” como la organización criminal de “MARQUITOS FIGUEROA” -detenido en Brasil-, lo cual puede afectar la objetividad e imparcialidad que debe permanecer en la jurisdicción; constituye riesgo para la vida tanto de los funcionarios como de los intervinientes; y puede intimidar a los testigos del caso.

En respaldo de sus aseveraciones señaló que la Fiscalía tardó 4 años para “vincular” a coautores o participes, entre ellos, tanto a un político de la región —actualmente extraditado—, como a alias COBY y alias LA MANCA; y (ii) el Fiscal General de la Nación reasignó el asunto por solicitud de los familiares de las víctimas, quienes además por las diferentes amenazas, pidieron protección a la Unidad Nacional respectiva.

4. la anterior manifestación, sin embargo, se observa insuficiente para decretar el cambio de radicación, como se pasa a demostrar:

4.1. La circunstancia, según la cual, la Fiscalía tardó 4 años a partir del hecho para vincular coautores y partícipes del homicidio de ÓSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ POMAR, no acredita, per se, que pueda verse afectada la imparcialidad del juez de conocimiento, ni la objetividad de la funcionaria que actualmente se desempeña como parte acusadora; además esa situación no tuvo ocurrencia en la investigación adelantada contra ACUÑA CARVAJALINO, a quien la Fiscalía investigó y, de acuerdo a lo señalado en la solicitud, ésta logró oportunamente su captura y detención, consiguió de él importantes señalamientos contra otras personas presuntamente involucradas e, incluso, su propia incriminación a través de diligencias de interrogatorio.

4.2. Igual acontece respecto del hecho que por solicitud del padre de la víctima directa se hubiese cambiado la asignación de la indagación adelantada contra otros coautores y participes de la conducta, pues además que esto —per se— no da cuenta si el juez de conocimiento o la actual fiscal del caso pueden ser influenciados por los delincuentes, lo ocurrido en la actuación surtida contra ACUÑA CARVAJALINO, como viene de verse, muestra que la misma se ha adelantado eficazmente con objetividad e independencia.

Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía (artículo 25-3 de la Constitución Política), ciertamente está facultado para asignar y desplazar sus servidores de los diferentes asuntos, lo cual, de acuerdo con lo informado por la fiscal solicitante, tal potestad fue ejercida y resultó fructífera, en tanto el ente acusador dispuso este año otras vinculaciones de personas relacionadas con el homicidio objeto del proceso.

4.3. De otra parte, la Corte es del criterio pacífico que: “la influencia de grupos ilegales en diversas zonas del país, (…) no constituye de suyo argumento suficiente para variar la competencia territorial en este asunto como que el riesgo, que no debe ser simplemente latente porque entonces no habría lugar de la geografía nacional apto para realizar la actividad judicial, no denota las características de inminencia que aconsejarían adoptar esa decisión”. (CSJ AP, 24 abr. 2001, rad. 18124)

En pronunciamiento más reciente reiteró la Sala: “la presencia de grupos armados al margen de la ley no constituye por sí sola motivo para disponer el cambio de radicación de un proceso, pues de ser ello así, ante la presencia de tales circunstancias en gran parte del territorio patrio, se arribaría en la práctica a una parálisis generalizada de la administración de justicia” (CSJ, SP, 8 de abril de 2014, rad. 43520),

En este sentido, para el cambio de radicación por razones de seguridad e integridad personal de quienes participarán en el juicio, se requiere de elementos de conocimiento que den cuenta de la existencia de planes concretos dirigidos a obstaculizar la gestión judicial, capaces, en virtud del poder delincuencial de la organización delictiva en un área determinada, de superar los medios ordinarios de protección a las víctimas, acusado, defensor, servidores públicos y demás intervinientes, lo cual no se advierte en el presente caso, pues la fiscal pese a manifestar que los familiares del fallecido -ÓSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ POMAR- fueron amenazados y pidieron protección a la Fiscalía General de la Nación, no allegó prueba alguna que permita a la Corte verificar la seriedad de tales intimidaciones, ni si los medios ordinarios de protección son o no suficientes para su neutralización.

5. También la fiscal dijo contar con elementos de conocimiento que “llevan a presumir que posiblemente se generarán traumatismos en el transcurso de las investigaciones (sic) si se continúa adelantando en la ciudad de Barranquilla”. No obstante adujo circunstancias relacionadas con alias COBY y alias LA MANCA, en el sentido de que “sus familiares se volcaron a las instalaciones de la URI de Barranquilla, no pudiéndose judicializar (…) a estas dos personas, —porque— una hermana de —esta última— cogió a golpes a un policía de la DIJIN, (…) arrancó a los policías un celular incautado y lo destruyó, otro familiar le arrancó al fiscal y a la asistente los documentos de la captura (…)”.

Estos hechos, además de no ser de la entidad que se requiere para cambiar la sede del proceso en cuanto son claramente controlables por medios ordinarios de seguridad, no tuvieron ocurrencia en el trámite adelantado contra ACUÑA CARVAJALINO.

En este orden de ideas, no se observa en riesgo la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, ni probadas circunstancias extraordinarias de inseguridad que ponga, en razón de la ubicación del proceso, en insuperable peligro la vida o la integridad personal de quienes participarán en el juicio, que exija necesariamente la variación de la sede de la actuación.

Corolario de lo anterior la decisión que se imparte es la denegación del cambio de radicación solicitado por la fiscal del caso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. Negar el cambio de radicación del proceso adelantado contra DIEGO ARMANDO ACUÑA CARVAJALINO.

2. Remitir la actuación al Juzgado de origen para que continúe con el trámite.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase».

1 Auto proferido por la Sala de Casación Penal el 11 de febrero de 2015, radicado 45332.