Auto AP7576-2016 de noviembre 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

AP7576-2016

Rad.: 45966

(Aprobado acta N° 346)

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el accionado E. R. S. A. contra la decisión del Tribunal Superior de Sincelejo, proferida el 21 de abril de 2015, por la cual negó la solicitud de nulidad presuntamente generada por la intervención de la Fiscalía en el incidente de reparación integral.

HECHOS Y ACTUACIÓN RELEVANTE

El ex juez E. R. S. A. fue declarado autor penalmente responsable por incurrir en prevaricato por acción y se le condenó a la pena de 48 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos mensuales vigentes y 80 meses de inhabilitación de derechos y funciones públicas.

En firme la decisión de segunda instancia que confirmó integralmente la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Sincelejo, la apoderada de Invías, reconocida en la actuación como víctima, promovió el incidente de reparación integral.

El 21 de abril de 2015 se instaló la segunda audiencia(1) dentro del incidente a la que asistieron el fiscal, el Ministerio Público, el condenado, su defensora y el apoderado de Invías.

LA PETICIÓN DE NULIDAD

De forma previa a iniciar el trámite propio de la vista convocada, el condenado —a través de su abogada— propuso nulidad de todo lo actuado en el incidente, en razón a la presencia del delegado acusador en la audiencia.

Adujo que en una interpretación lógica del artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, es la víctima quien tiene la facultad de promover el incidente de reparación integral, y sólo cuando ésta no lo hace, la norma permite que accionen el fiscal o el Ministerio Público.

Agregó que en el caso particular, quien promovió el incidente fue Invías, por tanto, el titular de la acción penal no está legitimado para intervenir en la audiencia pública, pues conforme el canon 103 de la misma obra, será el representante de la persona jurídica citada, quien formule oralmente la pretensión.

Manifiesta que al no ser el incidentante el fiscal, no puede, como lo ha intentado, incrementar las pretensiones de la víctima, pues no está facultado para actuar en la audiencia lo cual viola el derecho de defensa y el debido proceso.

DECISIÓN IMPUGNADA

La magistrada ponente negó la petición, con los siguientes fundamentos jurídicos:

La Constitución Política de Colombia en el numeral 6º y el artículo 114 apartados 6 y 12 del Código de Procedimiento Penal permiten la intervención del fiscal en todos los asuntos para dar apoyo a los afectados, como también lo autorizan los preceptos 102 y 103 ibidem.

Afirmó que cuando el funcionario investigador no es quien promueve el incidente, no está facultado para complementar, adicionar o aclarar la pretensión del peticionario como lo intentó en la anterior audiencia, por lo que el tribunal no le permitió tal accionar, decisión aceptada por el representante del Ente Acusador; concluyó que esa participación se circunscribe a apoyar a la víctima para que se restablezcan sus derechos, lo cual hace mediante la presencia en el trámite procesal.

Añade que quien pidió la nulidad se quedó corto en explicar cómo es que la figura del fiscal viola el derecho de defensa o el debido proceso, más cuando ya la Sala se pronunció en anterior oportunidad sobre los límites del delegado acusador en cuanto a su intervención en el trámite incidental de reparaciones.

DEL RECURSO

1. La defensa:

El condenado interpuso recurso de apelación, y expresó que está inconforme con la providencia ya que no se ajusta a la realidad jurídica, concretamente a lo establecido en el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, por tanto, considera que la presencia del fiscal es inocua y lo que hará es dilatar más el incidente de reparación integral.

Aclaró que con base en el código anterior la víctima intervenía mediante la constitución de parte civil; se trata, como lo ha dicho la Corte, dice el recurrente, de una responsabilidad extracontractual, lo que conlleva a que se apliquen las normas civiles y no las penales conforme el artículo 25 del Estatuto Procedimental que consagra el principio rector de integración normativa; en consecuencia, la providencia es desacertada desde todo punto de vista legal, jurisprudencial y probatorio. No tiene ninguna justificación la presencia del acusador, como lo dijo en el memorial petitorio de nulidad y “son los mismos argumentos para sustentar la apelación”.

La defensora coadyuvó el recurso interpuesto por su prohijado.

2. Intervención de los no recurrentes:

El representante de la víctima no hizo uso del derecho a intervenir.

El fiscal adujo que de conformidad con el artículo 114 numerales 6º y 14 del Código de Procedimiento Penal, tiene facultades para intervenir en todas las etapas del proceso y el incidente de reparación es una de ellas; además, el canon 250-6 de la Constitución Política establece los deberes del organismo acusador en materia de reparación de las víctimas, en consecuencia, sí está autorizado para intervenir en el trámite a realizar, por lo que pide la confirmación de la decisión.

CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto en contra la decisión de 21 de abril de 2015, adoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo.

2. Problema jurídico.

Tomando en consideración lo acontecido en el trámite de la segunda audiencia de incidente de reparación integral, el conflicto que debe resolver la Sala consiste en determinar si dentro del trámite del incidente de reparación integral puede o no intervenir o estar presente el fiscal encargado del asunto.

3. El Fiscal y las víctimas dentro del proceso penal.

De acuerdo con la reforma constitucional introducida a través del Acto Legislativo 003 de 2002, se entregó a la Fiscalía General la titularidad de la acción penal, de suerte que es el organismo encargado de mover el aparato judicial a efectos de investigar, juzgar y sancionar las conductas penales.

Pero además, el constituyente también dotó al Ente Acusador de una función especial en protección y garantía de los derechos de las víctimas del delito.

Al respecto el artículo 250 de la Constitución Política, establece:

ARTICULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo Nº 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. 

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. 

(...) 

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. 

En ese orden, la Fiscalía más allá de ser titular del ejercicio de la acción penal, tiene la superior función de velar por las víctimas, no sólo en lo que atañe a la sanción del perpetrador, sino que además debe protegerlas y contribuir para lograr la reparación integral de los daños ocasionados con el punible.

Sobre la citada función del Ente Acusador, la Corte Constitucional dijo: (CC C-209 de 2007):

«Del texto superior, es posible constatar que el Fiscal tiene dentro de sus funciones algunas relativas a la asistencia y protección de las víctimas. Según lo que establece el artículo 250 en sus numerales 6º y 7º, estas funciones las puede ejercer al “solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas”, así como al “velar por la protección de las víctimas”. Igualmente, dentro de las funciones del Fiscal, el artículo 250 Superior, establece una relativa a asegurar el goce de sus derechos al “disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”».(2) 

Como si lo anterior no fuera suficiente, la legislación desarrolla las atribuciones del fiscal en punto de la protección de las víctimas y su reparación integral como forma de acceder efectivamente a la administración de justicia. Al respecto basta citar el contenido del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, que expresa:

ARTÍCULO 114. ATRIBUCIONES. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: 

(...) 

6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar. 

8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. 

12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto. 

(...). 

Así pues, no cabe duda que el delegado del Ente Acusador tiene asignado, por mandato constitucional y legal, el cumplimiento de ciertas funciones en procura de obtener para la víctima del delito la reparación integral del daño, pudiendo incluso, ser quien incoa el incidente de reparación integral.

Adicionalmente, las disposiciones legales relativas al incidente de reparación integral asignaron a la Fiscalía la posibilidad de ejercer la acción civil a continuación del proceso penal, es decir, conforme con el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, será únicamente la víctima quien está legitimada para promover el incidente de reparación integral pero también lo podrán hacer, o el Ministerio Público o el titular de la acción penal, pero como representantes de la víctima que ejerce la acción penal.

Desde luego, no se desconoce que esta Corporación tiene decantado como línea jurisprudencial estable, que el rigor procedimental y debido proceso probatorio del incidente de reparación se regula por las normas civiles y de procedimiento penal, pues aunque no sea la única pretensión posible el resarcimiento económico del daño causado, son éstas disposiciones las que determinan las formas procesales de la actuación, el trámite probatorio y los contenidos sustantivos de la determinación.

Así lo expresó la Sala en reciente pronunciamiento: (CSJ SP4559 de 13 de abril de 2016 Rad. 47.076)

«6. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento uniforme respecto de la naturaleza exclusivamente civil del incidente de reparación integral, así: 

(I) Se trata de un mecanismo procesal posterior e independiente al trámite penal, pues ya no se busca obtener una declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito (Sents. del 13 de abril de 2011, Rad. 34.145, que se apoya en el fallo C-409 del 2009 de la Corte Constitucional, y del 29 de mayo de 2013, Rad. 40.160). 

(II) El trámite debe circunscribirse a debatir lo relativo a la responsabilidad civil, sin que puedan cuestionarse asuntos ya superados del ámbito penal, dado que han sido resueltos en fallo de condena ejecutoriado, de tal manera que el incidente de reparación se aparta completamente del trámite penal (providencias del 27 de junio del 2012, Rad. 39.053, y del 9 de octubre de 2013, Rad. 41.236). 

(III) Como se trata de una acción civil al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto penalmente responsable, cuando se busca la valoración de los daños causados con la ilicitud que se declaró cometida, se impone aplicar los criterios generales consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, norma que regula que dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños causados, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”». 

Adicionalmente, las normas que regulan las reparaciones están contempladas en la Ley 906 de 2004, en los artículos: 11-C sobre los derechos de la víctima; 22 restablecimiento del derecho afectado; 92 y ss., medidas cautelares, destacándose el artículo 99 que regula las medidas patrimoniales en favor de las víctimas y 102 a 108 sobre el incidente de reparación integral, entre otras.

Además de lo anterior, no puede perderse de vista que el incidente de reparación en los aspectos connotados, a pesar de regirse por las normas civiles, tiene su génesis en el proceso penal, siendo una cuestión independiente pero accesoria al mismo, puesto que así define la normatividad civil aplicable —en lo no previsto en el Código de Procedimiento Penal—, lo que se entiende por incidente(3). (Cfr. arts. 135 CPC y 127 del CGP).

En consecuencia, hay aspectos determinados por el Código de Procedimiento Penal, como son: La legitimación en la causa activa(4) (víctima, fiscal o Ministerio Público a instancias de la primera, son quienes pueden promover el incidente —art. 102—); la legitimación pasiva, (la acción se dirige en contra del condenado dentro del proceso penal y/o los terceros civilmente responsables —arts. 103, 107 y 108—); la oportunidad, (cuando ha quedado en firme la sentencia penal —art. 102—); el objeto, (la reparación de los daños causados con el delito —art. 102—)(5); el trámite procesal(6) y la caducidad de la solicitud que sólo puede ser incoada dentro de los de 30 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia condenatoria.(7)

No obstante, es necesario determinar cómo la Fiscalía puede cumplir con las funciones que respecto de la reparación del daño, le asignan la Constitución y la Ley.

Así pues, del contenido normativo (art. 102 Ley 906 de 2004) se tiene que en ciertos casos el titular de la acción penal puede ostentar la calidad de parte actora dentro del incidente, cuando en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la disposición citada, es el Ente Acusador quien lo promueve a solicitud del afectado.

Pero cuando no es quien suscita la acción incidental, es decir, cuando acciona la propia víctima o el Ministerio Público a instancias de aquella, la Fiscalía puede valorar la posibilidad de intervenir o no en el incidente y dependerá de las circunstancias propias de cada asunto en particular, determinar si en ese caso consigue apoyar a la víctima en el resarcimiento del daño causado o si su presencia en nada contribuye a facilitar el objeto del incidente, por tanto su injerencia no es trascendente.

Lo anterior, en razón a que no existe una disposición que expresamente imponga la asistencia del Fiscal en el trámite incidental, como tampoco una que lo excluya de mismo, de suerte que es necesario realizar una interpretación sistemática y teleológica de las normas legales y constitucionales mencionadas, para concluir que si la misma Carta Superior le impone funciones al Organismo Acusador en punto de la reparación de los perjuicios causados a la víctima y además, le posibilita accionar en tal episodio procesal, puede el Ente Investigador acudir al mismo, en diversa condición —parte o interviniente— según sea o no quien promueve la actuación.

4. Del caso concreto.

Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la decisión cuestionada habrá de confirmarse con base en los siguientes razonamientos de orden jurídico.

Se rememora que en el trámite del incidente de reparación integral propuesto por la víctima, el representante del Ente Acusador intervino en las audiencias programadas, lo cual hizo dentro de los límites que le fijó el tribunal en la primera vista.

Revisada la actividad del fiscal en el caso particular, restringidas por el a quo sus atribuciones, no se avizora en qué forma su presencia en la audiencia quebrantó el debido proceso o el derecho de defensa del demandado, pues como interviniente, el citado funcionario no tuvo las mismas facultades y prerrogativas de quien es parte, circunscrito en consecuencia, a respaldar la pretensión de Invías en procura de la reparación de los daños ocasionados con el punible.

De otra parte, no expresó el recurrente, en qué causal de nulidad de las previstas en el Código General del Proceso (art. 133) o en el Código de Procedimiento Penal (art. 457) encuadra la presunta irregularidad generada por participar el fiscal en la audiencia, mucho más cuándo actúa como interviniente con facultades restringidas a esa condición; así como tampoco explicó el censor, en qué forma la figura del Ente Acusador, adicional a la víctima, vulnera derecho fundamental alguno, pues sólo atinó a expresar que el trámite se haría más demorado y que la presencia es «inocua(8)», es decir, el discurso es contradictorio, puesto que la última expresión citada implica que no genera afectación.

Además, no puede perderse de vista que el recurrente cuestiona la sola presencia del fiscal en la actuación posterior a la sentencia penal, lo cual de suyo no implica tampoco ninguna irregularidad en razón a que aquella es pública y no se puede restringir in abstracto la figura de una persona, sin que exista un verdadero y probado motivo que permita concluir que perturbará el acontecer procesal.

En consecuencia, al no estar prohibida la intervención ni la presencia del delegado acusador en el incidente de reparación integral promovido por otro sujeto procesal y al reconocer que el Fiscal puede optar en el caso concreto por asistir o no a ese trámite según sus reales posibilidades de apoyar a la víctima en el éxito de sus pretensiones resarcitorias; no se vislumbra la manera en que ello afecta de nulidad la actuación, lo que conduce a confirmar la decisión cuestionada por estar conforme a derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Confirmar integralmente la decisión recurrida, con fundamento en lo expuesto.

2. REMITIR la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Es de anotar que la carpeta no contiene ni audio ni acta de la primera audiencia, sin que se observe mutilación de la misma, pues la foliación es continua y no presenta enmendaduras o borrones. De la revisión se pudo extraer que se realizó el día 26 de febrero de 2015.

2 Cfr. fls. 52 y 55

3 ART. 135.—Incidentes y otras cuestiones accesorias. Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.

4 Lo normado por la Ley 906 de 2004, se complementa con lo establecido en el artículo 197 del Código de Infancia y Adolescencia, conforme con el cual, cuando el sujeto pasivo de la conducta punible es un menor de edad, el incidente de reparaciones puede generarse en ausencia de actividad de los representantes legales, de oficio o por el defensor de familia.

5 Cfr. Artículo 102 de la Ley 906 de 2004.

6 Cfr. Artículos 103 a 105 ibídem.

7 Cfr. Artículo 106 ibídem.

8 Conforme con el Diccionario de la Real Academia Española, inocuo significa que no hace daño.