Auto AP7997-2016/35691 de noviembre 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP7997-2016

Radicación 35691

(Aprobado Acta Nº 376)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

I. Vistos

Examina oficiosamente la Corte la viabilidad de decretar la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva que actualmente cumple el acusado, L… A… R... B...

II. Antecedentes procesales

2.1. La Corte emitió orden de captura contra R... B... el 27 de agosto de 2013, la que se materializó el 29 del mismo mes y año, por lo que, dentro de los términos legales, fue escuchado en indagatoria y se definió su situación jurídica imponiéndole medida de detención preventiva, como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, según providencias de 5 de septiembre de 2013(1) y 23 del mismo mes y año, esta última la que resuelve el recurso horizontal de la primera(2).

2.2. Con decisión de 3 de marzo de 2014 se ordenó el cierre de la investigación por haberse recaudado la prueba necesaria para calificar(3), la cual fue impugnada por la defensa y, dado que se resolvió no reponer ello con providencia de 19 de marzo siguiente(4), quedó el asunto a disposición de los sujetos procesales para presentar sus propuestas sobre la calificación a adoptarse.

2.3. El 24 de abril de 2014 se profirió en contra del ex congresista resolución de acusación por el ilícito ya referenciado(5), determinación que al ser recurrida, ese medio de impugnación fue declarado desierto el 7 de mayo del mismo año(6).

2.4. Luego de vencido el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el 15 de julio de 2014 se celebró la audiencia preparatoria(7), y la vista pública de juzgamiento se inició el 19 de enero de 2015(8), la que aún no ha concluido, pero ha venido desarrollándose en diversas sesiones a lo largo de la anterior y esta anualidad, y se hallan ya programados los días 12, 13 y 15 de diciembre próximos para concluirla con la exposición de los alegatos por parte de los sujetos procesales.

III. Consideraciones de la Corte

3.1. El artículo 363 de la Ley 600 de 2000, estatuto procesal penal que rige el presente asunto, regula la figura de la revocatoria de la medida de aseguramiento, en los siguientes términos:

“ART. 363.–Revocatoria de la medida de aseguramiento. Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”.

3.2. Desde ahora anuncia la Sala que para examinar si resulta viable otorgar la aludida revocatoria, no va a acudir a la literalidad de la norma acabada de reproducir, sino que lo hará de cara a la subsistencia de la necesidad en atención a los fines constitucionales que le son propios a la medida cautelar, pues debe rememorarse que la citada disposición fue objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, órgano judicial que mediante Sentencia C-774 de 2001 la declaró exequible “en el entendido que, en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva, debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla”(9).

3.3. De otro lado, importante se torna recordar que la petición de revocatoria de la medida se extiende también a la etapa de juzgamiento en aquellos eventos en que tales fines se encuentren superados, de tal forma que respecto a la supresión de la prueba mínima indiciaria se mantiene su proposición exclusivamente en la etapa de instrucción, tal como se extrae del contenido de la disposición referida. Así lo ha sostenido de antaño la Corte Suprema de Justicia:

“Desde esa perspectiva, viene insistiendo, además la Sala, que al tenor de lo normado por el artículo 363 del Código Procesal Penal –precepto declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional con la Sentencia C-774 de 2001–, la revocatoria de la medida de aseguramiento será viable no sólo en la instrucción cuando sobreviene prueba que enerve sus fundamentos probatorios, sino también en cualquier instante de la actuación en que el funcionario tenga la seguridad que el procesado acudirá al trámite y a la ejecución de la pena, que no cometerá más delitos, y que no atentará contra la inmutabilidad de la prueba, es decir, una vez se hayan superado sus objetivos constituciones y fines rectores”. (CSJ AP, 02 Oct 2003, Rad. 21348).

3.4. Así las cosas, fundamental se torna recordar que al momento de imponerse la detención preventiva en contra del hoy enjuiciado esta Corporación justificó la necesidad de dicha medida en los fines de preservación de la prueba y de protección de la comunidad, para lo cual se expresó:

“Por último, como respuesta a la solicitud mancomunada de la Procuraduría y la defensa con miras a que no se decrete la medida de aseguramiento por no cumplirse los fines constitucionales que la misma persigue, ha sido pacífica la posición de la Sala en el sentido de que el diagnóstico sobre la necesidad de imponerla está condicionado por las conclusiones que pueden emerger al considerar la gravedad de la conducta para verificar el peligro sobre la comunidad y lo concerniente con las posibilidades de que el procesado pueda continuar con la actividad delictiva, entorpecer la labor probatoria o emprender acciones para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes en la instrucción, lo cual, en el caso concreto se concibe necesario como mecanismo de protección de la comunidad, según lo sentado por la jurisprudencia de la siguiente manera:

“Para ser consecuente con las definiciones de un derecho penal orientado a sus consecuencias diseñado sobre la idea de protección a bienes jurídicos fundamentales, el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 dispone que es esencial el análisis de la gravedad de la conducta para verificar el peligro sobre la comunidad. Por lo tanto, la simetría entre pena y conducta es un buen criterio para explicar la gravedad de la misma, debido a que considerando distintas modalidades de afección a la seguridad pública, el legislador estimó al definir el delito de concierto para delinquir que la lesividad se magnifica por el riesgo que implican los acuerdos que se dirigen a promocionar grupos armados al margen de la ley.

En efecto, además de la gravedad intrínseca del comportamiento que se refleja en la respuesta punitiva en abstracto, en concreto la conducta que se imputa a los procesados refleja un convenio con una organización criminal cuya vocación perturbadora no está en discusión, lo que hace que el riesgo para la comunidad sea mayor al de quienes, sin ocultar su gravedad, en el primer nivel de la tipicidad ‘simplemente’ acuerdan cometer delitos, según la escala estimativa del injusto que define el artículo 340 del código penal.

En similar sentido, guardando la coherencia propia del sistema, el numeral 1º del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, que sienta las bases conceptuales para verificar el peligro sobre la comunidad atendiendo la gravedad de la conducta, permite igualmente destacar la manera como el riesgo para el bien jurídico se incrementa, como ahora ocurre, cuando de por medio está la vinculación con una organización ilegal”.

Como consecuencia, la gravedad de la conducta punible que se imputa al ex … L… A… R... B... permite inferir el evidente riesgo para la comunidad, lo cual satisface uno de los fines de la medida y con ello, según las previsiones del artículo 355 de la Ley 599 de 2000, se hace impostergable decretar en su contra la detención preventiva, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado”.

3.4.1. Pues bien, resulta ostensible que a la fecha, una vez agotada la practica probatoria, decae, por sustracción de materia, la finalidad relativa a la preservación de los medios probatorios, pues ningún riesgo existe en contra de ellos ante la libertad del acusado.

3.4.2. Ahora, en cuanto al otro fin, nótese que la Corte apoyó su conclusión en que la comunidad podía hallarse en riesgo si no se detenía intramuralmente a R... B..., en atención a la “vocación perturbadora” que ostentaba la “organización criminal” de la que se infería la pertenencia por parte del procesado.

Al respecto, suficiente se torna constatar que a la fecha dejó de existir la estructura armada delictiva sobre la que se efectuaron las imputaciones al acusado de haber promovido.

Lo anterior permite concluir que tampoco perdura el riesgo de que el señor R... B..., pueda eventualmente incurrir en conductas delictivas vinculadas a esa agrupación ilegal, gozando de su libertad.

3.5. Ahora, no desconoce la Sala que en la providencia que resolvió el recurso de reposición contra la que definió la situación jurídica, se mencionó tangencialmente la necesidad de la medida para asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, en los siguientes términos:

“De lo anterior puede colegirse, contrario a lo sostenido por la defensa, que ningún aprecio tuvo el procesado de los diferentes “cargos de alcurnia y reconocimiento públicos”, ni por la función que como Senador de la Republica ejercía para cuando eventualmente habría incurrido en la conducta punible que se le enrostra, y, por ende, la necesidad de imponer la medida de aseguramiento también aflora, no solamente para garantizar su presencia en el proceso, si no para asegurar la conservación de la prueba”. (Subraya ahora la Corte).

Con relación a esa finalidad, encuentra esta Colegiatura que la conducta procesal que ha revelado R... B..., no permite inferir que exista riesgo de que evada la justicia estando en libertad, dado que siempre ha evidenciado respeto por la actuación y la autoridad judicial que adelanta la misma.

3.6. De otro lado, tampoco ignora la Corte que en providencia de 11 de noviembre de 2015 había examinado, ante solicitud de la agente del Ministerio Público, una petición de libertad provisional en la que también exponía algunos fundamentos sobre la insubsistencia de los fines de la detención, resolviendo, en esa oportunidad, negar tanto la libertad como la revocatoria aludida.

Debe aclarase que el estudio hoy efectuado no se torna incoherente con el anterior, pues en aquella oportunidad, sobre la revocatoria de la detención, se limitó la Corte a estudiar las puntuales razones expuestas por la peticionaria en relación con dicho tema, lo que la llevó a concluir que, para ese momento, no se satisfacían los requisitos ya consignados.

Advirtió allí, en particular, “que aún están pendientes de acopiarse siete (7) testimonios, amén de aquellos que eventualmente se ordenen ante la copiosa solicitud probatoria sobreviniente que ha elevado la defensa y que ha sido coadyuvada en su totalidad por la representante del ministerio público”. Circunstancia que como se anotó en precedencia ya está superada.

3.7. En conclusión, al advertirse que las finalidades que justificaban la necesidad de mantener en detención preventiva a L… A… R... B..., no subsisten, la Corte resolverá revocar la medida de aseguramiento, y como consecuencia de ello ordenará su libertad inmediata por cuenta de este proceso.

3.8. Para finalizar, se deja constancia que una vez sometido a consideración de la Sala el correspondiente proyecto se recibió solicitud de libertad por parte del acusado, en la que en un escueto escrito se limita a indicar que tiene ese derecho en atención al tiempo que lleva privado de la misma.

Al respecto, dado que la decisión hoy adoptada revoca la detención preventiva, inane se torna efectuar el estudio respectivo, pues la presente comporta mayor garantía que la eventual concesión de la libertad provisional que exige la imposición de caución prendaria y la suscripción de diversos compromisos por parte del procesado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR la medida de aseguramiento de detención preventiva que cumple el procesado, L… A… R... B..., de conformidad con lo valorado en esta providencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA la libertad inmediata, por cuenta de este proceso, de L… A… R... B..., previa constatación de que no es requerido por otra autoridad.

3. Contra esta decisión procede recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fls. 76-113 CO. 2.

2 Fls. 154-172 CO. 2.

3 Fls. 155-156 CO. 4.

4 Fls. 63-72 CO. 5.

5 Fls. 114-185 CO. 6.

6 Fls. 196-199 CO. 6.

7 Fls. 256-269 CO. 8.

8 Fls. 76-77 CO. 11.

9 Precedente seguido y desarrollado por esta Sala en varias decisiones, ver, entre otras: auto del 17 de Enero de 2002, Radicado 18.911, sentencia 22 de Septiembre de 2004, Radicado 22.657, auto del 16 de Febrero de 2010, Radicado 32.792 y auto del 3 de Junio de 2015, Radicado AP3054-2015.