Auto AP8202 de noviembre 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP8202-2016

Radicación 47941

(Aprobado Acta 376)

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Corte

5.1. La Sala es competente para resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de la apelación contra la decisión adoptada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en el curso de una actuación penal.

5.2. La recurrente cuestionó que el tribunal denegó el restablecimiento del derecho, al no decretar la suspensión solicitada; revisada la providencia aludida, la Fiscalía indicó en la acusación:

“El funcionario al pronunciarse en la sentencia tutelar respecto del ramo docente, para lo cual enlista a los accionantes relacionados ut supra; parte de analizar la pensión de jubilación”.

“…en los términos que lo refiere el accionante afecta sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso por desconocimiento o inaplicación por parte del ente liquidador de las sumas prescritas en las normas que rigen este procedimiento, por encontrarse los docentes amparados por un régimen especial (P. 13-14) (...) al revisar los actos administrativos aportados, unos correspondían a pensiones de derecho, según la nominación del acto administrativo, y otros se referían a pensión gracia. (...) es evidente que la manera como resolvió el caso el doctor T., encuentra que se pronunció en el sentido de aplicar un régimen especial (D. 546/71) a personas que estaban amparadas por otro régimen; además dio una solución jurídica a situaciones no peticionadas por el abogado representante de los accionantes”.(11)

5.3. Con fundamento en ello, considera la impugnante que el funcionario investigado, incurrió en el punible de prevaricato por acción al decidir contrario al ordenamiento jurídico las acciones de tutela cuestionadas; (ii) órdenes que van en detrimento patrimonial del Estado; (iii) solicita por tanto, el restablecimiento del derecho para su representada.

Acorde con el motivo del disenso, se debe determinar si ¿Es procedente suspender los actos administrativos que dieron cumplimiento a los fallos de tutela tachados de prevaricadores; por cuyo medio el investigado tuteló el derecho a la pensión de los accionantes en el proceso subyacente, conforme a la solicitud deprecada por la víctima “UGPP” a título de restablecimiento del derecho, pese a la extinción de la acción penal por muerte del procesado L.A.T.B.?

Para abordar la cuestión planteada, es necesario el análisis de los siguientes temas que permiten la solución:

i) Extinción de la acción penal; ii) preclusión; iii) consecuencias de la terminación anticipada del proceso; iv) caso concreto; v) Derechos de la víctimas y del procesado vi) procedencia de la solicitud de suspensión.

6.1. Extinción de la acción penal. 

6.1.1. Con relación a este primer aspecto, la Corte encuentra que la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales no tenía otra opción diferente, a la de decretar la extinción de la acción penal y la preclusión por la causal 1ª contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, con las consecuencias que dicha decisión conlleva.

6.1.2. Se dio por terminada la acción penal con la extinción decretada por el a quo, por muerte del procesado lo cual impidió continuar con la pretensión punitiva, resultando así el doctor T.B. exonerado de sufrir la imposición de una sanción, al tener efectos de cosa juzgada, la determinación que se examina, en el evento que hubiese sido condenado. Decisión tomada con fundamento en los artículos 82(12) del Código Penal y 77(13) de la Ley 906 de 2004, que consagra como una de las causales para extinguir la acción penal, la muerte del procesado; circunstancia que debe estar debidamente probada en la actuación.

6.1.3. Asimismo, el artículo 78 de la Ley 906 de 2004, establece que el Fiscal debe solicitar, ante el juez de conocimiento, la preclusión de la actuación.

6.1.4. La Corte Constitucional, consideró que dada la trascendencia de la declaración de preclusión; la necesidad de realizar un ejercicio valorativo de la ocurrencia de la causal y para no afectar los derechos de las víctimas, debe ser siempre el juez de conocimiento el que tome la decisión de fondo, sobre el particular; la corporación expresó: “De tal suerte que la decisión sobre la extinción de la acción penal, con efectos de cosa juzgada, es de competencia exclusiva del juez de conocimiento, para lo cual el correspondiente fiscal solicitará la preclusión.” (CC. C-591 de 9 de junio de 2005)

Lo anterior, no permite dubitación alguna sobre la competencia y trámite para declarar la extinción de la sanción, puesto que, por tratarse de una decisión de constitucionalidad, sus efectos son erga omnes.

6.2. De la preclusión. 

6.2.1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación está obligada entre otras funciones a: i) ejercitar la acción penal y adelantar las investigaciones de los hechos que lleguen a su conocimiento, que tengan las características de un delito y ii) también, puede solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación.

6.2.2. De igual forma, los artículos 331 y 332 prevén dos oportunidades para realizar tal solicitud: i) en las fases de indagación o investigación, únicamente el representante del ente acusador está facultado para pedir al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por cualquiera de las causales previstas en la referida norma; y ii) en la etapa de juzgamiento, oportunidad en la que la petición puede ser elevada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el defensor, pero sólo cuando se trate de las causales previstas en los numerales 1º y 3º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.

6.2.3. En el caso examinado se cumplen los presupuestos, porque se trata de la causal prevista en el numeral 1º, del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal y la solicitud la elevó la Fiscalía General de la Nación; la preclusión la decretó el Tribunal de Manizales, competente para ello, dada la trascendencia de la decisión que -hace tránsito a cosa juzgada-(14) por tanto, están dadas las condiciones para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la víctima, contra el auto proferido por el tribunal en mención, el 6 de abril de 2016; por cuyo intermedio y tras la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el Juez Séptimo Penal del Circuito de esa ciudad, L.A.T.B., le negó el restablecimiento del derecho solicitado.

6.2.4. En este orden, se precisa en relación con la facultad de elevar la referida solicitud dadas las causales de ley, entre otras, previstas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra la siguiente: “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”.

Respecto de las causales, esta Corporación ha señalado:

“…la preclusión de la investigación sólo podrá ser decretada por el juez de conocimiento a petición de la fiscalía de comprobarse alguna de las causales previstas por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal de 2004, y en tratándose de la —primera—, a las que se refiere el artículo 32 del Código Penal”. (CSJ. 8 de febrero de 2008, Rad. 28908; 17 nov. 2010, rad. 35109; 7 de noviembre de 2011, Rad. 37613; 11 de diciembre de 2012, Rad. 42043. Resaltado fuera de texto.

Finalmente, de conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Política, “toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una Sentencia Condenatoria sobre su responsabilidad penal.” en el presente caso, hay carencia de sentencia definitiva que hubiere declarado la responsabilidad penal de L.A.T.B., quien tuvo la calidad de procesado y por tanto, debe ser tratado como inocente.

6.3. Las consecuencias de la extinción de la acción penal. 

6.3.1. La apelante no tuvo en cuenta las consecuencias de la extinción de la acción penal y los siguientes derechos de L.A.T.B.:

6.3.2. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-828 de 2010, aclaró aspectos relacionados con las consecuencias de la decisión de preclusión, resaltando la presunción de inocencia aplicable en este caso, al procesado, quien, continúa amparado con la presunción de inocencia; por ello, la extinción de la acción penal no puede generar efectos negativos para su buen nombre, en el proceso penal. Sobre el tema, precisó la corporación en el pronunciamiento en cita:

“Si bien los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del procesado sufren un cierto detrimento o menoscabo con el inicio o adelantamiento de un proceso penal, tanto más si el asunto es ventilado ante los medios de comunicación, también lo es que constitucionalmente se presume la inocencia del acusado, hasta que sea demostrada su responsabilidad penal mediante Sentencia Condenatoria en firme. De allí que si el procesado fallece antes de un eventual fallo adverso, sencillamente no podrá ser considerado por la comunidad como un delincuente. (…) De modo que cuando un individuo ha sido inculpado por la comisión de un hecho delictivo, no cabe duda que tal imputación hace referencia a hechos externos, que han afectado derechos o bienes jurídicos ajenos o indisponibles. A su vez, la exoneración de la que ha sido beneficiario, mediante sentencia absolutoria, preclusión, cesación de procedimiento o equivalentes, restablece el concepto social que se tiene de él, su fama, su reputación, su prestigio, la valía propia ante los demás, el reconocimiento social de su conducta irreprochable, su adecuado comportamiento y en definitiva el derecho que le asiste de ser reconocido y apreciado por la colectividad como inocente por no haber cometido una contravención o un delito. Resaltado fuera de texto.

6.3.3. Por consiguiente, una vez demostrado el deceso, hay lugar a tomar las determinaciones que el a quo profirió, ante la causal objetiva ya indicada, que impidió proseguir la acción penal y la toma de decisiones solicitadas por la recurrente.

6.4. Del caso concreto 

6.4.1. Habiendo cumplido la Fiscalía con la obligación de acreditar ante el juez de conocimiento la muerte del indiciado, como en efecto lo hizo con la copia del registro civil de defunción aportado.(15) Quedó probado que L.A.T.B., quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número xxx, falleció el 20 de febrero de 2016, en la ciudad de Manizales, conforme acreditación que se hiciera con el registro civil de defunción número xxx, prueba documental que, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 425 de la ley 906 de 2004, se asumen auténticos.

6.4.2. Por tanto, el Tribunal de Manizales se pronunció en torno de la argumentación realizada por el ente acusador con fundamento en lo previsto por el artículo 82 del ordenamiento penal, que prevé la extinción de la acción penal, en el numeral 1º, por ‘la muerte del procesado’. Con el mismo alcance, el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, especifica que la muerte del indiciado(16), imputado o acusado, es un acontecimiento que comporta, como única alternativa procesal, la extinción de la acción penal, siempre que se encuentre debidamente acreditado.

6.4.3. Así, la Fiscalía cumplió con la carga de argumentar y aportar los medios de prueba que fundaron su solicitud y que le permitieron al a quo, concluir que la investigación no podía proseguir; motivo por el cual, declaró la extinción de la acción penal, de conformidad con lo ordenado por el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, decretando la preclusión de la investigación adelantada en contra de T.B., atendiendo lo preceptuado en los artículos 331 y 332-1, ibídem.

Dispuesta la preclusión, en el mismo pronunciamiento, negó el restablecimiento del derecho reclamado por la apoderada de la víctima, a través de la suspensión aludida; recurso sustentado con los mismos argumentos de la petición inicial que fue tenida en cuenta por el Tribunal, quien dio respuesta a su solicitud y la encontró improcedente fundamentando el rechazo de la suspensión solicitada; entonces, de acuerdo con dicha explicación de la instancia, la cual se comparte, los argumentos de la impugnante no son suficientes para remover la decisión recurrida —amparada en el restablecimiento del derecho—.

6.5. De los derechos de la víctima y del procesado. 

6.5.1. Frente a la censura de la impugnante, en cuanto a que el tribunal debió suspender los actos administrativos derivados de los fallos de tutela tachados de prevaricadores; y la postura de los intervinientes, quienes apuntan a solicitar se mantenga la negativa de la referida petición, porque no se ha demostrado la tipicidad objetiva y en esas condiciones, no le compete a esta corporación resolver la solicitud; la Sala observa que aquí se plantea una tensión de derechos. De un lado, reclama la víctima “UGPP” el restablecimiento del derecho aludido; sin embargo, el artículo 22 de la Ley 906 de 2004, prevé el restablecimiento del derecho, “cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal” en este asunto como víctima la “UGPP”.

6.5.2. De otra parte, hay que tener en cuenta igualmente los derechos del procesado L.A.T.B.; ello implica reafirmar una vez más, la postura de esta corporación, en el sentido de considerar que a partir de la extinción de la acción penal por muerte de L.A.T.B. “se acentúa el derecho del procesado a ser tratado como inocente (artículo 7 de la Ley 600 de 2000, que desarrolla el artículo 29 de la Constitución Política)” (CSJ 22 jun 2016, Rad. 47998)

6.5.3. Sobre la presunción de inocencia del investigado fallecido, la Corte Constitucional, se pronunció en la Sentencia C-828 de 2010, en el siguiente sentido:

“…el adelantamiento de un proceso penal afecta el disfrute de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del individuo, por cuanto su conducta está siendo objeto de un severo cuestionamiento y que, por el contrario, la exoneración judicial “restablece el concepto que se tiene de él, su fama, su reputación, su prestigio, su valía propia ante los demás, el reconocimiento social de su conducta irreprochable”.(…)

Si bien los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del procesado sufren un cierto detrimento o menoscabo con el inicio o adelantamiento de un proceso penal, tanto más si el asunto es ventilado ante los medios de comunicación, también lo es que constitucionalmente se presume la inocencia del acusado, hasta que sea demostrada su responsabilidad penal mediante Sentencia Condenatoria en firme. De allí que si el procesado fallece antes de un eventual fallo adverso, sencillamente no podrá ser considerado por la comunidad como un delincuente”. Resaltado fuera de texto.

6.5.4. Se tiene claro que la Corte Constitucional, en la SentenciaC-060 de 2008, por cuyo intermedio, declaró inexequible la palabra “condenatoria” y exequible el resto de la expresión acusada contenida en el inciso 2º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004(17), sirvió de fundamento para que la víctima solicitara la suspensión aludida.

6.5.5. No obstante, en ese mismo proveído, refiriéndose a la cancelación de títulos prevista en el artículo 101 ibídem, la Corte Constitucional dijo que era necesario “ponerlo a tono” con sus equivalentes en los ordenamientos que le antecedieron, haciendo un análisis sistemático para evitar el retroceso en la protección de los derechos de las víctimas, dejando abierta la posibilidad de hacerlo en cada caso en concreto, donde se analizara la procedencia; pero no es una regla general para todos los jueces en todos los asuntos.

La Sala Penal de la Corte Suprema por su parte, para decidir en casos en los que se encuentra la tensión de derechos, precisó:

“…los jueces y fiscales pueden adoptar las medidas que estimen pertinentes, pero siempre y cuando estas tengan algún soporte legal y en su aplicación y práctica se acaten todos y cada uno de los formalismos que al efecto consagre la ley reguladora de las mismas. Esto, debe reiterarse, porque el restablecimiento del derecho no comporta textura abierta e indeterminada de un lado, y demanda siempre de la preservación de mínimos de respeto a derechos fundamentales, del otro, para que no suceda, como aquí se advierte ostensible, que so pretexto de su aplicación sea el mero capricho o arbitrariedad del funcionario, los factores que gobiernan la decisión o medida tomadas”. (CSJ. 15 de febrero de 2012, Rad. 36607). Resaltado fuera de texto.

6.6. Procedencia de la petición de suspensión de los actos administrativos a título de restablecimiento pleno del derecho, ante la extinción de la acción penal, por muerte del investigado por prevaricato por acción.  

1. En el caso sub examine, la representante de la víctima “UGPP” solicita el restablecimiento del derecho, petición ante la cual el Tribunal de Manizales con razón, negó su pretensión y los sujetos intervinientes al unísono, solicitaron confirmar la denegación. La Sala observa además, que lo pretendido por la recurrente es el restablecimiento pleno del derecho, con fundamento en doctrina jurisprudencial, de casos con situación fáctica diferente y medidas provisionales en asuntos que jurídicamente permitía la aplicación legal y jurisprudencial de la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.

2. La suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, prevista en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede declararse en cualquier momento, sin que implique necesariamente un juicio de autoría o participación (CSJ AP, 10 Sep. 2014, Rad. 43716; CSJ AP, 15 oct. 2014, Rad. 43641;y CSJ SP, 10 jun. 2009, Rad. 22881).

3. La solicitud de la impugnante, difiere fáctica, jurídica y probatoriamente de la de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, de los que se ha ocupado la doctrina jurisprudencial con efectos erga omnes, y la Sentencia T-489 de 2008 con efectos inter partes, también citada por la recurrente; a través del cual, la Fiscalía tomó medidas de restablecimiento del derecho, de acuerdo a sus consideraciones y facultades en esos casos concretos, en situaciones fácticas distintas de las que aquí se debaten.

4. En el presente asunto, se pretende el restablecimiento pleno del derecho, no provisional o transitorio; por tanto, de conformidad con lo normado en el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 y la doctrina jurisprudencial señalada en precedencia, tratándose del restablecimiento pleno, la Sentencia C-060 de 2008 constituye un análisis que comporta juicios concretos y valorativos en punto de la materialidad de la conducta punible o del denominado tipo objetivo.

5. En consecuencia, para decretar la suspensión solicitada, se requiere previo a ello, emitir un juicio sobre la existencia del delito y la participación del procesado, en la presunta comisión del punible de prevaricato por acción en la que pudo incurrir T.B. al proferir los fallos de tutela que se encuentran en firme, por haber sido excluidos de revisión; no obstante, no fue posible continuar el trámite del juicio porque estando programada la audiencia preparatoria, se canceló para realizar la audiencia de preclusión; luego, no terminó el debate probatorio en esta actuación en la que se extinguió la acción penal, por muerte del investigado.

6. En estas condiciones, la Sala encuentra que no es procedente ordenar la suspensión deprecada por la representante de la víctima, a título de restablecimiento del derecho, porque además ello implicaría declarar judicialmente que el delito de prevaricato por acción ocurrió y que el procesado L.A.T.B. participó en el mismo, pese a que la acción penal se extinguió por muerte y en consecuencia, el investigado continúa amparado por la presunción de inocencia; esta consideración impone proceder conforme a esa presunción, que implica el respeto a los derechos, al buen nombre y al debido proceso.

7. No se desconocen los derechos de la víctima recurrente; empero, se torna improcedente proferir la decisión solicitada, dirigida a que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por el delito de prevaricato por acción; esto es, indemnizar a la extinta Cajanal y dejar sin efecto las pensiones que están recibiendo docentes y supuestos servidores de la Rama Judicial, en total 34 pensionados, indicados al inicio de este proveído.

8. Es en cada caso en particular que se realiza el examen del asunto para decidir la procedencia del restablecimiento del derecho, no es una regla general, en atención al derrotero jurisprudencial que así lo prevé en la Sentencia C-775 de 2003, precisa el punto:

“…tampoco es cierto que los funcionarios judiciales puedan adoptar cualquier clase de medida para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, o para que las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible, puesto que ellos sólo podrán tomar las medidas que estimen necesarias conforme a la ley, habida consideración del caso concreto, lo cual debe decidirlo el juez en cada evento, previo cumplimiento del procedimiento que la misma ley establece”.

9. En el caso examinado, el presunto delito de prevaricato por acción en que pudo incurrir el procesado, al tutelar derechos pensionales invocados por los accionantes, con fallos de tutela que se encuentran en firme, implica necesariamente emitir el aludido juicio que no se profirió ni se puede dictar en el estado en que se encuentra el proceso.

10. En la Sentencia C-060 de 2008, se analizaron varios ejemplos de terminación anticipada de la actuación penal, donde puede haber lugar a la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente; en los que también se advierten diferentes niveles de tensión, entre los derechos de las víctimas y del procesado. A las víctimas el derecho al restablecimiento del derecho y al procesado, el derecho al debido proceso y presunción de inocencia, los cuales hay que proteger; y como en este asunto, el derecho a la verdad, justicia y reparación, derivan de la existencia del presunto delito de prevaricato por acción endilgado al procesado L.A.T.B., en el asunto de examen, no fue posible proseguir la investigación para probar la hipótesis delictiva de prevaricato por acción, en la medida que para su demostración, es “indispensable la concurrencia de los aspectos objetivo y subjetivo, este atinente al “proceso ideativo de la acción”, dígase a la generación de la idea criminal, la selección de medios y la disposición de voluntad para actuar.”(CSJ, 10 de agosto de 2016, Rad. 35714)

11. No obstante, se advierte que la solicitud de suspensión de los actos administrativos tendientes a la reparación de la víctima, que en asuntos como este, donde se ha extinguido la acción por muerte del procesado, no implica igual consecuencia con respecto a las acciones tendientes a obtener el restablecimiento de derechos; es decir, ipso jure, no extingue la acción tendiente a dicha reclamación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a la cual puede acudir la victima aunque no se cuente con un fallo que determine la responsabilidad penal del acusado.

12. Además, el artículo 80 de la Ley 906 de 2004, prescribe lo siguiente: “La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.”; De ahí que no puede la Corte, inmiscuirse en funciones que la misma Constitución y la Ley tienen asignadas a la jurisdicción contencioso administrativa, cuya competencia está reglada para conocer de los asuntos de suspensión, modificación o anulación de actos administrativos, y so pretexto del restablecimiento del derecho proceder a adoptar decisiones para las cuales no está facultada. Adicionalmente, la muerte del procesado deja sin competencia a la Sala para resolver cualquier tema diferente a la preclusión por dicho concepto.

13. Por consiguiente, como la extinción de la acción penal por muerte del procesado L.A.T.B., no se extiende a otra acción, queda en libertad la víctima “UGPP”, para hacer uso del derecho de acción con los fines perseguidos en el recurso que ocupa la atención de la Sala, posiblemente causados con la presunta comisión del punible de prevaricato por acción, endilgado al fallecido investigado.

14. El Tribunal para tal fin, con fundamento en lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-828 de 2010, puso a disposición, todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produjo la muerte del investigado, para que si es el querer del sujeto procesal reclamante, se accionen otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar sus derechos de “verdad, justicia y reparación” invocados.

15. Asimismo, para facilitar el acceso a la administración de justicia, de conformidad con lo previsto por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo normado en el artículo 174 del Código General del Proceso, queda abierta la posibilidad de hacer uso de la figura de la prueba trasladada obrante en este asunto, en el evento de hacer uso de los mecanismos judiciales para reclamar ante el competente los derechos de las víctimas.

Consecuencia de lo anterior el auto apelado permanece inalterado y, por lo mismo, la decisión que se impone es su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Confirmar integralmente la decisión apelada.

Comuníquese y cúmplase.

Contra esta decisión no procede recurso alguno».

1 Folio 4, página 3 del escrito de acusación.

2 Folio 4 ibídem, página 3 del escrito de acusación.

3 Folio 4 cuaderno 1.

4 Folio 381 del cuaderno 1. Oficio F3-072 del 4-03-2016 del 4 de marzo de 2016.

5

6 Indicativo serial 06663779

7 Corte Constitucional, 20 Oct 2010, Rad. C-828

8 Record 35:09 audiencia de solicitud de preclusión del 4 de abril de 2016

9 Record 47:15 ibídem

10 Record 50:51 ibídem

11 Folio 7 cuaderno 1

12 Ley 599 de 2000. Artículo 82.Son causales de extinción de la acción penal: La muerte del procesado; (…)

13 “Extinción. Art. 77.- La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados en la ley.”

14 Sentencias Corte Constitucional C-920 7 de noviembre de 2007.

15 Indicativo serial 06663779

16 De acuerdo con la Sentencia de la Corte Constitucional C-591 de 2005.

17 “En el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se harán en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal”