Auto AP8283-2016 de noviembre 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eugenio Fernández Carlier

AP8283-2016

Rad.: 49270

Aprobado mediante acta Nº 387

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

ASUNTO

Se pronuncia la Sala respecto a la colisión de competencia promovida por la Juez 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para conocer de la vigilancia de la pena impuesta a A. J. Q. D. por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 25 de julio de 2011, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 25 de julio de 2011, dentro del proceso con radicación número 2010-0012, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, profirió sentencia contra A. J. Q. D. como autor responsable de los delitos de tentativa de homicidio, homicidio en persona protegida, tráfico de armas y concierto para delinquir, imponiéndole pena de 22 años de prisión y multa de 2.420 SMLMV, negándole los subrogados penales. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Cundinamarca.

2. Mediante oficio de 24 de agosto de 2016, la Secretaria de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá remitió copia del trámite surtido en esa Sala para que se estudie la posibilidad de suspender condicionalmente la pena impuesta por la justicia ordinaria a A. J. Q. D., lo anterior de acuerdo con decisión tomada en audiencia celebrada el 23 de agosto del corriente por parte de magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

3. Mediante decisión de 30 de agosto de 2016, el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, concede a A. J. Q. D., el subrogado penal de suspensión condicional de la pena impuesta por el Juzgado 2º de Circuito Especializado de Cundinamarca, como autor de los delitos de homicidio en persona protegida y otros.

El juzgado de penas en mención, el 20 de septiembre de la presente anualidad, dispuso remitir las diligencias al Juzgado 2º Penal del Circuito de Especializado de Cundinamarca, a quien considera el competente para vigilar la pena, de conformidad con los artículos 79 y 81 del C.P.P, en concordancia con los acuerdo 054 de 1994 y 548 de 1999, por haber sido quien profirió el fallo de primera instancia y no estar privado de la libertad el incriminado.

4. El 2 de noviembre de 2016 el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca rechazó ser el competente para conocer de la vigilancia de la pena impuesta a Q. D. y ordenó remitir la actuación para ser dirimida por parte de esta corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 75-4 de la Ley 600 de 2000, mando que debe interpretarse en consonancia con lo señalado por la Sala de Casación Penal en providencia delo 12 de octubre de 2016 (Rad. 48.851).

CONSIDERACIONES

1. La Sala es competente para definir la controversia planteada en el presente asunto, de acuerdo con el numeral 4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, toda vez que en el presente caso están involucrados dos juzgados de diferentes distritos judiciales.

2. Situación jurídica del condenado.

A. J. Q. D., se encuentra en libertad gozando de la condena de ejecución condicional que le otorgo el Juzgado 7º de Ejecución de Penas de Bogotá

3. Problema jurídico a resolver.

Debe continuar conociendo de la vigilancia pena el Juzgado 7º de Ejecución de Pena de Bogotá o el juzgado que dicto el fallo de primera instancia

4. Marco jurídico.

El Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1994 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se fijaron los requisitos para el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, establece en su artículo 1° que estos:

(...) [C]onocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede. 

(...) 

Así mismo el artículo 79 de la Ley 600 de 2000, establece, que los JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CONOCERÁN, NUMERAL 1º:

1. “De las decisiones necesarias para que las sentencia ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.” (...) 

“(...) PAR. TRANS.-En aquellos distritos judiciales donde no se hayan creado las plazas de los juecesde ejecución de penas y medidas de seguridad, cumplirán estas funciones, mientras tanto, los jueces de instancias respectivos”. 

5. Solución al caso en concreto.

La solución a la colisión de competencia en este asunto vincula a A. J. Q. D., quien se encuentra en libertad, al concedérsele la suspensión condicional de la pena impuesta en sentencia del 25 de julio de 2011.

Ante tal circunstancia el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca quien conoce y condena en primera instancia, se abstiene de vigilar la pena; bajo el argumento de la regla exceptiva que realiza la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al mencionado acuerdo y construida de la siguiente manera:

(...) “No obstante, la mencionada “regla exceptiva” construida con el propósito de solucionar la supuesta “falencia” normativa de la Ley 906 de 2004, fue abandonada por esta corporación en la providencia CSS AP, 12 oct. 2016, AP6972-2016, rad. 48851, en la cual se dijo de conformidad con el artículo 42 de la Ley 906 de 2004 y el Acuerdo PSAA07-3913 de 25 de enero de 2007, que “se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la competencia para la vigilancia de las penas impuestas a una persona recluida en un establecimiento carcelario o que se encuentra en libertad, a consecuencia de un subrogado penal, corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del respectivo Circuito Penitenciario y Carcelario”.(...) 

En ese orden, se desestimó la tesis de la existencia de un vacío normativo sobre la materia y, por tanto, la solución transitoria contenida en el inciso tercero del Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1994.

Como consecuencia de lo anterior, se descartó el criterio decisorio expuesto en el precedente CSJ AP, 24 feb 2016, rad. 47627, AP1034-2016, sobre la inexistencia de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el Distrito Judicial de Cundinamarca y la necesidad remitir los asuntos a los Despachos de ejecución ubicados en el municipio de residencia de la condenado o asignar esa función al juez de conocimiento que dictó el fallo de primera instancia.

Lo anterior aplicable a la Ley 906 de 2004, pero el presente asunto en controversia deriva de diligencias desarrolladas y conocidas en LEY 600 de 2000, por lo que la excepción a esta regla está recogida en el artículo 79, parágrafo transitorio de la ley aplicada al caso en concreto, es decir, que la competencia para conocer de la suspensión condicional de la pena concedida A. J. Q. D., corresponde al juez que haya proferido la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que en el Distrito Judicial de Cundinamarca no se han creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Dese informe de esta decisión al Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Asignar al Juzgado 2º de Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el conocimiento de la vigilancia de la suspensión condicional de la pena impuesta A. J. Q. D., concedida por el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cundinamarca.

2. Comunicar esta decisión al Juzgado 7º de Ejecución de Penas de Bogotá.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.