Auto AP8287-2016 de noviembre 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP8287-2016

Radicación: 49268

Acta 387

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Vistos

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, define la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer la fase de la vigilancia de la condena impuesta a P.F.L. y S.J.B.G., por los delitos de hurto calificado y agravado tentado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, la que fue rehusada por los juzgados 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX y 1º Penal del Circuito Especializado de XXX.

Antecedentes procesales

1. Mediante sentencia del 26 de marzo de 2010, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de XXX condenó a L.H.J.R., P.F.L. y a S.J.B.G., a la pena de 6 años y 3 meses de prisión, como coautores penalmente responsables de los delitos de hurto calificado y agravado tentado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

2. En firme la sentencia, el 18 de abril de 2011 el Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, asumió el conocimiento de la actuación. Sin embargo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA11-8109 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, la actuación fue reasignada al Juzgado 8º homólogo de descongestión.

3. El 9 de julio de 2012, teniendo en cuenta que el Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad informó que mediante auto del 14 de mayo de la misma anualidad decretó acumulación jurídica de penas a favor del condenado L.H.J.R., el despacho ejecutor dispuso remitir copias de la actuación a dicho juzgado, «para que [fuera] unificada al proceso con número interno 100952». Y aclaró, «este despacho continúa vigilando la sentencia impuesta a los condenados P.F.L. y S.J.B.G.».

4. Aunado a lo anterior, consta en el expediente que el 10 de diciembre de 2012, la causa seguida contra P.F.L. fue remitida por competencia al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Facatativá (XXX), el cual, posteriormente, mediante providencia del 14 de abril de 2014 le concedió el beneficio de la libertad condicional.

5. El diligenciamiento regresó al Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Sin embargo, éste, en auto del 26 de julio de 2016 manifestó carecer de competencia para continuar vigilando la ejecución de la condena impuesta a L.H.J.R., P.F.L. y a S.J.B.G., como quiera que «no se encuentran privados de la libertad por cuenta de las presentes diligencias».

Explicó el despacho: «la pena impuesta a L.H.J.R. fue acumulada con la impuesta en las diligencias con CUI 11001-60-00-000-2010-00464 por parte del Juzgado 14 Homólogo de esta ciudad (…) decisión que se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada. Por otro lado, el Juzgado Segundo Homólogo de Descongestión de XXX (…) le otorgó al penado P.F.L. el beneficio de la libertad condicional, para lo cual acreditó caución prendaria equivalente a un SMLMV y suscribió diligencia de compromiso (…). Finalmente respecto al penado S.J.B.G. obra orden de captura vigente».

En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de XXX, el cual, mediante pronunciamiento del 8 de noviembre de 2016, rehusó el conocimiento de la presente actuación, con base en la reciente providencia dictada por esta corporación, a saber, CSJ, AP 12 de octubre de 2016, radicación 48851. En consecuencia, dispuso el envío del expediente a la Corte para lo pertinente.

Consideraciones de la Corte

1. Corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme a los lineamientos contenidos en el numeral 4º del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), pronunciarse sobre la competencia cuando se trate de juzgados de diferentes distritos.

Las reglas allí descritas, previstas para la fase de juzgamiento, también son aplicables cuando se trata de la ejecución de la pena, pues «si en la última fase no se previeron lineamientos especiales, resultan de buen recibo los establecidos genéricamente» (En ese sentido, cfr. CSJ AP6311-2015).

2. De entrada, debe la Sala precisar que el Juez 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX inobservó el mandato legal previsto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004 que regula el trámite relacionado con la definición de competencia. Pese a que la norma enuncia que el juez que manifieste su incompetencia «así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla» en este caso, de manera equivocada, el funcionario remitió motu proprio el diligenciamiento al juzgado que creía facultado para conocer del trámite. Sin embargo, el yerro procedimental fue corregido y el expediente se envió a esta corporación para lo pertinente.

3. Ahora bien, en esta oportunidad, la Sala debe definir cuál es la autoridad judicial a la que le compete continuar vigilando el cumplimiento de la pena impuesta a los sentenciados P.F.L. y S.J.B.G., quienes se encuentran en libertad. El primero dado que le fue conferido el beneficio de la libertad condicional y el segundo porque no se ha materializado la orden de captura librada en su contra.

Valga aclarar, no se pronunciará la Sala sobre la competencia para conocer de la actuación que cursa contra L.H.J.R. pues, aunque él fue condenado en virtud del mismo diligenciamiento penal, de acuerdo con la información que obra en el expediente, se advierte que, aquella está a cargo del Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, el cual, mediante auto del 14 de mayo de 2012 decretó acumulación jurídica de penas a favor del nombrado condenado.

3.(sic) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 54 de 1994, fijó los criterios de funcionamiento de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y al respecto dispuso:

ART. PRIMERO.—Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede (resalta la Sala).

Sobre el alcance que tiene el citado precepto, la Sala, frente a un caso similar al aquí examinado, en reciente decisión, CSJ, AP 12 de octubre de 2016, radicación 48851, señaló:

i) En lo concerniente a la competencia territorial, el artículo 42 de la Ley 906 de 2004, dispuso lo siguiente:

El territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en distritos, circuitos y municipios. (…).

Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el respectivo distrito.

ii) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 472 de 6 de abril de 1999, dividió el territorio nacional en circuitos penitenciarios y carcelarios a fin de fijar la competencia territorial de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.

A la fecha el Acuerdo vigente sobre la materia es el PSAA07-3913 del 25 de enero de 2007.

De la lectura de la citada disposición procesal, a la luz del contenido del Acuerdo PSAA07-3913 de 25 de enero de 2007, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la competencia para la vigilancia de las penas impuestas a una persona recluida en un establecimiento carcelario o que se encuentra en libertad, a consecuencia de un subrogado penal, corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del respectivo Circuito Penitenciario y Carcelario.

En ese orden, se desestima la tesis de la existencia de un vacío normativo sobre la materia y, por tanto, la solución transitoria contenida en el inciso tercero del Acuerdo 54 de 24 de mayo de 1994(1).

En concordancia, si en el municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento carcelario o se dictó la sentencia de primera instancia, en caso de que el condenado se encuentre en libertad, no han sido creados los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad, la competencia deberá ser asignada a un funcionario de la misma categoría y especialidad ubicado en la ciudad cabecera del respectivo Circuito Penitenciario y Carcelario.

Ese mismo razonamiento es aplicable respecto de la vigilancia de las sanciones dictadas por los jueces penales que conforman el Distrito Judicial de XXX.

(…) En el presente caso, S.P.B.D. (i) fue condenada en Bogotá y (ii) se encuentra en libertad tras habérsele otorgado el subrogado de la libertad condicional. Por esa razón, la competencia para conocer del cumplimiento de la sanción penal corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del «Circuito Penitenciario y Carcelario de XXX», ciudad donde se dictó la sentencia condenatoria de primera instancia.

Así las cosas, lo allí resuelto, aplica de manera idéntica para el presente asunto pues, P.F.L. y S.J.B.G. fueron condenados por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de XXX con sede en XXX, y se encuentran en libertad.

En consecuencia, como no existe circuito penitenciario y carcelario en el Distrito Judicial de XXX con sede en XXX, la competencia para continuar vigilando el cumplimiento de la pena impuesta a los nombrados sentenciados corresponde al Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, por ser esta ciudad, el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria de primera instancia.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala asignará este asunto al Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, y dispondrá que por secretaría, se informe lo aquí decidido a los demás juzgados que intervinieron en el presente trámite.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. Declarar que el competente para conocer de la ejecución de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010 por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de XXX contra P.F.L. y S.J.B.G., es el Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a donde se remitirá el diligenciamiento.

2. Enviar copia de este auto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de XXX, para su información.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 El texto de ese inciso es el siguiente: «En los sitios donde no exista aún, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, continuará dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal». Norma sustituida por el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 600 de 2000.