Auto AP8372-206 de noviembre 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

AP8372-2016

Rad.: 49.273

(Aprobado acta Nº 387)

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Se pronuncia la Sala respecto de la definición de competencia formulada por el Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, para conocer de la ejecución de la sanción penal impuesta a V. A. A. R. y J. A. T. R. por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas militares y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contenida en la sentencia de 10 de febrero 2012, dictada por ese mismo despacho.

ANTECEDENTES

1. El Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, mediante sentencia de 10 de febrero de 2012, condenó a los procesados, como coautores de los punibles referidos, a 85 meses y 15 días de prisión.

En el mismo proveído les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

2. Correspondió la vigilancia de la sanción al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, autoridad que el 23 de febrero de 2015, envió la actuación a los juzgados de esa especialidad en la ciudad de Bogotá, precisando que en auto del 30 de enero de 2015, concedió a V. A. A. R. el subrogado de la libertad condicional y en lo que respecta a J. A. T. R. dispuso librar orden de captura al no regresar del permiso administrativo de 72 horas.

3. La actuación le correspondió inicialmente al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, sin embargo, por disposición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las diligencias fueron reasignada a despacho 12 de esa especialidad.

4. El 5 de agosto de 2016, el juez ejecutor remitió el expediente, por competencia, al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca porque, según su criterio, los vigilados se encuentran en libertad.

5. El 8 de noviembre siguiente, el Juez de conocimiento rehusó la competencia pretextando que, en el hipotético evento de admitirse el conocimiento de la ejecución de la pena por parte del juez fallador no podría conocer de las apelaciones que se interpongan contra los autos que resuelvan peticiones relacionadas con la concesión de subrogados penales, ello en virtud a lo previsto en el artículo 478 de la Ley 906 de 2004.

Bajo ese entendido, esa autoridad judicial envió la carpeta a esta corporación.

CONSIDERACIONES

La Sala reiterará la postura fijada en el proveído AP6972-2016 dentro del radicado 48.851 en el cual se resolvió un asunto de idéntica connotación:

1. De conformidad con el artículo 32 —numeral 4º— del Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia es competente para definir la competencia cuando un despacho señala como competente a un juzgado que pertenece a otro distrito judicial, lo cual ocurre en el presente caso.

2. La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 —artículos 54 y 341— para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos.

3. La Sala debe definir cuál es la autoridad judicial llamada a conocer de la vigilancia de la sentencia proferida el 10 febrero de 2012 por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, por cuyo medio condenó a V. A. A. R. y J. A. T. R. como coautores de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas militares y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quienes en la actualidad se encuentran de libertad.

4. El Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se fijaron los requisitos para el funcionamiento de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, establece en su artículo 1º que estos:

(...) [C]onocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia. 

Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede. 

(...) 

Sobre el alcance que tiene el citado precepto, la Sala, frente a un caso similar al aquí examinado, en reciente decisión, CSJ, AP 12 oct. 2016, Rad. 48851, señaló:

i) En lo concerniente a la competencia territorial, el artículo 42 de la Ley 906 de 2004, dispuso lo siguiente: 

El territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en distritos, circuitos y municipios. (...)  

Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el respectivo distrito. 

ii) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo Nº 472 de 6 de abril de 1999, dividió el territorio nacional en circuitos penitenciarios y carcelarios a fin de fijar la competencia territorial de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

A la fecha el acuerdo vigente sobre la materia es el PSAA07-3913 del 25 de enero de 2007.  

De la lectura de la citada disposición procesal, a la luz del contenido del Acuerdo PSAA07-3913 de 25 de enero de 2007, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la competencia para la vigilancia de las penas impuestas a una persona recluida en un establecimiento carcelario o que se encuentra en libertad, a consecuencia de un subrogado penal, corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del respectivo circuito penitenciario y carcelario. 

En ese orden, se desestima la tesis de la existencia de un vacío normativo sobre la materia y, por tanto, la solución transitoria contenida en el inciso tercero del Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1994(1).

En concordancia, si en el municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento carcelario o se dictó la sentencia de primera instancia, en caso de que el condenado se encuentre en libertad, no han sido creados los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad, la competencia deberá ser asignada a un funcionario de la misma categoría y especialidad ubicado en la ciudad cabecera del respectivo circuito penitenciario y carcelario.  

Ese mismo razonamiento es aplicable respecto de la vigilancia de las sanciones dictadas por los jueces penales que conforman el Distrito Judicial de Cundinamarca.  

(...) En el presente caso, SANDRA PIEDAD BOCANEGRA DÍAZ (i) fue condenada en Bogotá y (ii) se encuentra en libertad tras habérsele otorgado el subrogado de la libertad condicional. Por esa razón, la competencia para conocer del cumplimiento de la sanción penal corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del «circuito penitenciario y carcelario de Bogotá», ciudad donde se dictó la sentencia condenatoria de primera instancia. 

5. En el presente caso, igual situación acontece, pues los sentenciados fueron condenados en Bogotá por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y se encuentran en libertad.

En consecuencia, como no existe circuito penitenciario y carcelario en el Distrito Judicial de Cundinamarca con sede en Bogotá, la competencia para continuar vigilando el cumplimiento de la pena impuesta a los nombrados sentenciados corresponde al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por ser esta ciudad, el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria de primera instancia.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Declarar que el competente para conocer de la ejecución de la sentencia proferida, el 10 de febrero de 2012, por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca contra V. A. A. R. y J. A. T. R., es el Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a quien fue asignado previamente el asunto, despacho a donde se remitirá el diligenciamiento.

2. Enviar copia de este auto a los Juzgados 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, para su información.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 El texto de ese inciso es el siguiente: «En los sitios donde no exista aún, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, continuará dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal». Norma sustituida por el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 600 de 2000.