Auto AP967-2016 de febrero 24 de 2016

 

Auto AP967-2016 de febrero 24 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP967-2016

Radicación 46569

(Aprobado Acta 46)

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Corte resolver los recursos de apelación interpuestos “contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores”.

De acuerdo con la línea jurisprudencial vigente, procede la alzada no sólo respecto de los interlocutorios que niegan las solicitudes probatorias sino también en relación con los que las decretan, siempre que en la oportunidad debida el opugnador haya presentado oposición frente a la petición de su contraparte (Cfr. CSJ AP, jun. 13/012, rad. 36562 y CSJ AP, mayo 22/2013, rad. 41106, entre otros). Como en este caso se cumple tal condición, el asunto habrá de analizarse de fondo.

1. Marco Jurídico Aplicable.

El Código de Procedimiento Penal consagra las exigencias que deben colmarse para la prosperidad de las peticiones probatorias elevadas en la audiencia preparatoria, así: “[e]l juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. / Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso” (art. 357, inc. 1º y 2º).

Así mismo, dispone que el incumplimiento de alguno de dichos requisitos tiene por consecuencia una decisión desfavorable de la solicitud, por cuanto el juez debe excluir, rechazar o inadmitir los elementos cognoscitivos que i) “de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba” (art. 359, inc. 1º), ii) se refieran a las conversaciones entre el procesado y la Fiscalía con ocasión de los institutos de la denominada justicia negocial, (ibíd., inc. 2º) o, iii) sean ilícitas o ilegales, “incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código” (art. 360).

El estatuto adjetivo desarrolla el contenido de cada una de las anotadas exigencias que deben reunir los medios de conocimiento para ser decretados, de la siguiente forma:

Oportunidad: “[t]oda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria” (art. 374). Las partes tienen el deber de adelantar el trámite reglado en el canon 356 y demás disposiciones concordantes, esto es, descubrir, enunciar y solicitar el decreto de las evidencias que pretendan hacer valer en la actuación. Salvo el descubrimiento, que para la Fiscalía inicia en la audiencia de acusación, dichos pasos tienen que concretarse en la preparatoria. En este punto conviene recordar que el juez debe rechazar los elementos cognoscitivos no descubiertos, salvo que la omisión sea imputable a la contraparte (art. 346); y por supuesto, los que no sean enunciados o solicitados oportunamente, tampoco podrán ser aducidos en el juicio oral.

Como excepciones a esta regla, el Código consagra la facultad del Ministerio Público de deprecar una prueba no pedida por las partes si éstas no la incluyen en sus solicitudes probatorias (art. 357, inc. 4º), las pruebas anticipadas practicadas ante los jueces de control de garantías (art. 274 y 278), y las pruebas sobrevinientes (art. 344, inc. 4º); instituciones que en todo caso son, valga la redundancia, excepcionales y cuentan cada una con especificidades que no es del caso exponer en este proveído.

Pertinencia: toda prueba debe guardar relación directa o indirecta con los hechos investigados, las circunstancias en que ocurrieron y sus consecuencias, la identidad y responsabilidad del acusado, la credibilidad de los testigos y peritos; o cuando menos hacer más o menos probable alguno de tales aspectos (art. 375).

Admisibilidad: Conforme al artículo 376 de la Ley 906 de 2004, el juicio positivo de pertinencia conlleva el cumplimiento de este requisito, excepto de presentarse alguna de tres circunstancias:

Toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos:

a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido;

b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y

c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.

Este concepto está directamente ligado al de utilidad de la prueba, el cual “se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente” (CSJ AP, mar. 17/2004, rad. 22053); y al de racionalidad de la prueba, es decir, que ésta sea “realizable dentro de los parámetros de la razón” (CSJ AP, sep. 11/2013, rad. 41790).

Licitud y legalidad: Durante su recolección y práctica, las pruebas deben reunir estas dos cualidades, entendida la primera como el respeto de las garantías fundamentales; y la segunda, como el cumplimiento de los requisitos normativos propios de cada medio de conocimiento. La diferencia entre ambas categorías y las consecuencias de incumplir una u otra, fueron expuestas por la Corporación, entre otros, en el pronunciamiento CSJ SP, julio 1º de 2009, radicación 26836, así:

De antaño, la Sala [CSJ SP, mar. 2/2005, rad. 18103; CSJ AP, abr. 23/2008, rad. 29416] se viene ocupando del tema y ha dejado dicho que la exclusión opera de diversas maneras y genera consecuencias distintas, según obedezca a si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal.

Se entiende por la primera —ilícita—, la obtenida: a) con desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, tales como: i) dignidad humana, ii) debido proceso, iii) intimidad, iv) no autoincriminación, v) solidaridad íntima y; b) la sometida para su producción, práctica o aducción a torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie del medio de convicción así logrado [CSJ SP, sep. 7/2006, rad. 21529; CSJ SP, abr. 23/2008, rad. 24102].

Esta clase de prueba sin otra consideración, de manera forzosa debe ser excluida y no podrá hacer parte de los elementos de persuasión sometidos al escrutinio racional del juez en la adopción de la decisión del asunto bajo su discernimiento, actividad primaria de verificación de la validez, donde el operador de justicia no puede anteponer su discrecionalidad, so pretexto de la prevalencia de los intereses sociales.

En otro sentido, la segunda clase de prueba —ilegal o irregular—, se genera, cuando en su producción, práctica o aducción en los actos de investigación se desconocen los presupuestos legales esenciales, pero a diferencia de la anterior, sólo debe ser excluida como lo indica el artículo 29 superior, cuando el juez determine, que el requisito pretermitido le es fundamental, carencia que trasciende hasta soslayar el debido proceso, pues la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales por sí solas, no facultan la supresión del medio de prueba [CSJ SP, mar. 2/2005, rad. 18103].

Entonces, por virtud de la cláusula de exclusión, las pruebas ilícitas son nulas de pleno derecho y no pueden utilizarse en el proceso (CPP, art. 23), dado que la libertad probatoria permite a las partes acreditar los hechos mediante cualquier elemento cognoscitivo, pero tiene como único límite “que no viole los derechos humanos” (art. 373, ibíd.).

En cuanto a las pruebas ilegales, la necesidad de excluirlas dependerá de la trascendencia de la irregularidad detectada en cada caso, pues sólo aquellas que afecten de manera ostensible el debido proceso, deben marginarse de la actuación.

Por tanto, la parte que formula la postulación probatoria tiene la ineludible carga procesal de demostrar el cumplimiento de los antedichos requisitos, obligación que comporta otorgar argumentos claros y concretos a efectos de garantizar la adecuada comprensión de la petición y el derecho de contradicción de la contraparte.

Recuérdese que el sistema procesal de tendencia acusatoria se caracteriza por su naturaleza adversarial, conforme a la cual tanto la Fiscalía como la defensa ostentan potestad investigativa individual para demostrar, con sus propias evidencias, la teoría del caso adoptada. En tal sentido, la postulación probatoria constituye una actividad rogada, en cuya ejecución las partes deben argumentar el cumplimiento de las exigencias de oportunidad, pertinencia, admisibilidad, licitud y legalidad.

2. Caso concreto.

2.1. En el sub examine, la defensa propugna por la exclusión de los autos recolectados por la policía judicial durante una inspección realizada en el Juzgado XXX de Ejecución de XXX, pruebas documentales que el Tribunal decretó a solicitud del organismo acusador.

En primer lugar cuestiona que dichas providencias hayan sido escogidas de entre muchas otras sin que esté claro el criterio de elección utilizado, a partir de lo cual conjetura que sólo fueron recopiladas las favorables a la teoría del caso de la Fiscalía. Además, aduce, dicho procedimiento constituyó una búsqueda selectiva violatoria del debido proceso, en cuanto no fue sometida a la supervisión del juez de control de garantías.

Entonces, lo atacado por el opugnador es la legalidad de dichas pruebas; sin embargo no indica cuál es, en su concepto, la ritualidad o formalidad que irrespetaron los investigadores cuando optaron por recaudar únicamente algunos autos de todos los existentes en el despacho judicial. Tampoco explica la trascendencia de la irregularidad, es decir, la intensidad de la afectación en los medios cognoscitivos aludidos.

En todo caso, el canon 213 del Código de Procedimiento Penal, que reglamenta la inspección del lugar del hecho, establece el criterio para escoger los medios de prueba a recaudar durante dicho procedimiento, al señalar que la policía judicial debe “descubrir, identificar, recoger y embalar […] todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo” (resaltado propio).

La disposición en cita deja claro que durante una inspección deben recaudarse solamente aquellas evidencias que puedan arrojar luces sobre la materialidad del evento investigado o la identidad de los responsables, sin que sea preciso ni aconsejable, recopilar otras que no aportarán nada a las pesquisas.

La razón por la cual en este caso específico se consideró pertinente escoger determinadas providencias y no otras, no hace parte de los aspectos a evaluar en el examen previo al decreto de la prueba, en tanto el escenario natural para desatar dicha controversia es el juicio oral, a través del interrogatorio cruzado de los investigadores y los alegatos conclusivos.

Ahora bien, resulta desacertado el reproche relativo a que las providencias seleccionadas fueron solamente aquellas que sirven a la teoría del caso de la Fiscalía, ya que el principio de investigación integral “se encontraba en la legislación procesal del 2000, pero desapareció con el Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, modificatorio del artículo 250 de la Carta Política, y en consecuencias, no aparece en el estatuto procesal de 2004” (CSJ AP, sep. 30/2015, rad. 45778).

Aun si fuera cierta la crítica postulada, ello de ninguna manera constituiría una violación del debido proceso, pues en tal situación, lo procedente habría sido que la defensa desplegara las facultades probatorias con que cuenta (art. 267 y ss. del estatuto adjetivo), recopilara los autos que fueran favorables a su teoría del caso, y solicitara su aducción al juicio; nada de lo cual hizo.

De otra parte, el control de legalidad que el defensor echa de menos respecto de este acto de investigación, no era necesario, pues la inspección referida no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, reglada por el artículo 244 del estatuto adjetivo, conforme al cual se trata de “comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares”.

Una base de datos, según ha indicado la Corte, es “entendida esta de manera general como una serie de datos relacionados y organizados entre sí, para un uso específico” (CSJ AP, nov. 23/2011, rad. 37431). Por tal razón, la jurisprudencia tiene sentado que la búsqueda selectiva mencionada no es equiparable, por ejemplo, a la recuperación de información desde un teléfono móvil:

… la Sala destaca que la información a salvar desde el teléfono celular y la sim card no tienen la categoría de base de datos (L. 906/2004, art. 244, inc. 2º), sino la de documentos digitales, cuya recuperación y análisis ejecuta la Fiscalía como actividad investigativa propia que está sometida a control posterior, como lo dispone el artículo 237 del mismo ordenamiento, modificado por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007 (CSJ AP, jul. 16/2008, rad. 30022).

Algo similar ocurre en el presente caso, pues los interlocutorios cuya exclusión se demanda tienen la categoría de documentos, por lo que su recaudo por parte de la policía judicial, aun cuando haya mediado determinado criterio de elección no es equiparable a una búsqueda selectiva en bases de datos.

El impugnante también advera que “no se sabe cómo se van a analizar” aquellos proveídos, pues “hoy llegamos a esta audiencia y no se tienen los informes de investigación de campo que eran los que se iban a ocupar de hacer un análisis de todos estos autos”, por tanto, como tales documentos no fueron descubiertos, no pueden introducirse al juicio.

Al respecto, basta con decir que la Fiscalía nunca solicitó la incorporación de los hipotéticos informes en los que supuestamente fueron examinados los autos y, según explicó durante el traslado a los no recurrentes, no ordenó en ningún momento que se realizara aquel análisis. Por tanto, carece de sentido la solicitud de rechazo de unos medios cognoscitivos que no existen y que, por esa misma razón, no hicieron parte de las postulaciones probatorias.

Por último, la defensa argumenta que los interlocutorios no pueden tomarse en cuenta como evidencia del elemento subjetivo del tipo penal de prevaricato, pues ello debe partir exclusivamente del análisis de la providencia cuestionada en este proceso, por lo que, “sería un disparate a juicio de la defensa que a una persona se le dijera: usted cometió prevaricato en este proceso porque en los otros usted había dicho esto”.

Por el contrario, la Corte estima que la Fiscalía sustentó suficientemente el propósito de estos documentos, cuyo mérito probatorio consiste en evidenciar que la acusada conocía la normativa y jurisprudencia aplicable al instituto de la prisión domiciliaria, precisamente sobre el cual versó el auto que posteriormente emitió, según la acusación, en contravía de dicho marco jurídico.

Entonces, los medios de persuasión referidos cumplen el requisito de pertinencia, dado que pueden acreditar un componente del tipo penal, esto es, el elemento cognoscitivo que hace parte del dolo, con el que presuntamente D.E.S.Q. cometió el delito de prevaricato por acción.

Así las cosas, la determinación de primera instancia será confirmada en cuanto al decreto de las pruebas documentales a las que se ha venido haciendo referencia.

2.2. En segundo término, la defensa impugna la negativa del a quo de permitirle interrogar directamente a M.F.S.C., L.A.P. y J.A.V., cuyas declaraciones fueron decretadas para la Fiscalía.

En cuanto a la posibilidad de solicitar como propios los testigos de la contraparte y las especiales exigencias de este tipo de postulación probatoria, la jurisprudencia de la Corte ha explicado lo siguiente:

… [S]i bien la parte contraria puede pedir como suyos testimonios de la otra, esa circunstancia en modo alguno la releva de cumplir con la carga argumentativa de pertinencia, conducencia y utilidad, exponiendo respecto de cuáles temas —en todo caso diferentes a los que motivaron la solicitud de la contraparte— surge su interés para que se le habilite el interrogatorio directo (CSJ AP, oct. 15/2013, rad. 39293, entre otros pronunciamientos en el mismo sentido).

Conforme al reiterado criterio de la Colegiatura, si la Fiscalía o la defensa pretenden la práctica de un testimonio decretado a su contendor procesal, primero tienen que sustentar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir toda prueba, a los que se hizo referencia en un apartado anterior; y además están en la obligación de exponer concisa y específicamente cuál es la información que el declarante puede aportar a la actuación, pero que no será objeto del interrogatorio directo de la contraparte, y por tanto tampoco puede hacer parte del contrainterrogatorio.

Previo a analizar los argumentos de la impugnación, es imperativo cotejar la sustentación efectuada por la Fiscalía y la defensa al solicitar los tres testimonios aludidos.

El organismo acusador expuso la pertinencia del testimonio de M.F.S.C., indicando que en su calidad de empleada del Juzgado XXX Ejecutor de XXX, estuvo a cargo de varios aspectos del trámite del proceso seguido contra J.J.F.U., por lo que relatará lo que ocurrió “antes, durante y después de la concesión de la domiciliaria”. Por ejemplo, proyectó el auto mediante el cual se concedía la apelación contra aquella decisión, frente al cual la hoy acusada y un abogado le ofrecieron dinero para borrar del sistema de gestión las anotaciones sobre la concesión del recurso; y así mismo, refolió el expediente con tinta azul(1).

Respecto de la necesidad de interrogar a dicha ciudadana, el representante judicial de la acusada adveró lo siguiente:

Adicionalmente a lo que ha dicho el Fiscal para ofrecer esta testigo, que está relacionada con todos los hechos que dan origen a este proceso penal, la defensa considera imprescindible interrogar a M.F.S. porque del informe rendido por el jefe de soporte tecnológico aparece que ella era una usuaria que podía ejercer lo que allí se calificó como privilegios: subir, borrar, modificar anotaciones e informaciones.

Por tanto, por ser ella la testigo de cargo que la Fiscalía tiene como punta de lanza en los cohechos propio y por dar u ofrecer, y también por una falsedad, que sería la falsedad ideológica; la defensa necesariamente tiene que interrogarla ante todo frente a un documento que ha quedado estipulado y que proviene del XXX, quien allí explica, sin yo ahorita poderlo hacer para no contaminar el juicio, dentro de esos privilegios, qué se podía hacer en un lugar y qué no se podía hacer en el otro.

Esto de cara a las entrevistas que dio la señora M.F.S., que la Fiscalía ha dicho de repente no tener interés en utilizarlas, pero que en la pasada audiencia la defensa manifestó su interés en utilizar esas entrevistas de M.F.S.

De manera que, siendo ésta la testigo sobre la que gravita prácticamente todo este proceso, la defensa siente la necesidad de traerla de manera directa porque hay muchos aspectos que tienen que ver con el manejo técnico, o mejor, tecnológico que se le dio a ese proceso, que no encuentra anunciado en la solicitud de la Fiscalía, y por consiguiente se hace necesario que esa información quede en el juicio para el esclarecimiento de los hechos y el alcance de la sentencia más justa posible.

Pero adicionalmente, si se necesitara mayor pertinencia para escuchar a M.F. ofrecida por la defensa, pues la Sala Administrativa de la XXX también la ha referenciado como titular de un código, y entonces el Tribunal necesitará despejar algunas diferencias que tienen que ver con código, con usuario y con clave, y eso solamente puede ser al momento de interrogarla para saber qué uso hizo ella de ese código en este proceso(2).

Respecto de L.A.P. el delegado del ente instructor adujo que era la encargada de “foliar, grapar, organizar expedientes” y “alimentar” el sistema de gestión, es decir, registrar los “movimientos” de varios procesos, entre otros el de J.J.F.U. Por ello, agregó, informará el trámite impartido al recurso de apelación, que la jueza le hizo reclamos relacionados con la concesión de dicha impugnación y su anotación en el sistema de gestión, y las “presiones contra ella y otros empleados por no cohonestar las irregularidades” denunciadas(3).

Por su parte, el apoderado de D.E.S.Q. manifestó lo siguiente al deprecar el decreto de la misma declaración:

Esta testigo quizá sea de las que más inquietudes nos deba despejar de cara a la auditoría forense, dada la multiplicidad de usuarios que manejaba, en el entendido por un documento que está estipulado, que cada usuario manejaría su clave, y entonces, por lo menos en una lógica sana, uno entendería que en Colombia, en cualquier parte, pues un funcionario tenga un usuario y una clave, pero no muchos usuarios y muchas claves.

Como este es un proceso en el que las anotaciones que subían y bajaban son determinantes, se hace necesario que L.A.P. nos aclare ese movimiento que ella le daba al proceso en donde estaba condenado J.J.F.U., y más precisamente, entre el mes de noviembre que llegó el proceso al Juzgado XXX y el mes de febrero en que termina tomando decisiones de fondo la doctora D.E.S. frente a toda esta problemática que se generó con este caso.

Ella es la única que nos puede aclarar cómo se consiguen los números de usuarios, por qué varios, cuántos se usan para un mismo proceso, si yo desde un mismo juzgado puedo utilizar o no varios usuarios, y ante todo, y esto sí, tratando de acompañar la presunción de inocencia de mi defendida, qué tanto conocimiento tenía la señora juez D.E.S.Q. de que esto sucedía con esta funcionaria.

Esta defensa está partiendo de hechos que por supuesto al estar estipulados están como probados, y que obviamente entrarán de esa manera al juicio, pero adicionalmente, L.A.P. fungía como Asistente Administrativa y según respuesta que también hará parte del cuerpo de las estipulaciones, ostentaba un código. De manera que estaremos frente a una testigo interesante que tenía código, varios usuarios, varias claves dentro del mismo juzgado, y creo que eso le da una trascendencia única para desatar qué fue lo que realmente pasó en este proceso y si hubo realmente dolo en algunos de los procedimientos.

También ella, como la persona Asistente Administrativa que subía informaciones de oficios, de boletas de libertad y todos estos temas, pues nos podrá contar con qué frecuencia sucedían errores que tuviesen que ser corregidos y si era así, cada cuánto era, quién lo hacía, quién lo ordenaba, cómo sucedía, para mirar si realmente fue que se tratara de un caso de anillo al dedo al que le hubieran puesto el ojo para proceder de manera delictiva como hasta este momento en este juicio se viene acusando(4).

Finalmente, la exposición de la Fiscalía al ofrecer la versión de J.A.V. se centró en que ejerció funciones secretariales relativas al proceso antes mencionado: dejó constancia del traslado de la impugnación a los no recurrentes, verificó que J.J.F.U. no se encontraba en su lugar de residencia, y detectó algunas irregularidades materializadas en el trámite del asunto al interior de la Secretaría, las cuales se reflejan en el sistema de gestión(5).

Al hacer lo propio, la defensa manifestó que el referido ciudadano trabajó inicialmente en el Juzgado XXX Ejecutor de XXX y, cuando L.A.P. lo reemplazo en dicho cargo, ocupó otro en el Centro de Servicios adscrito a dichos despachos. Por tanto, conoce “cómo era el tránsito de información del Centro de Servicios al Juzgado y viceversa”, y como tiene “dos usuarios”, deberá explicar también “para qué era cada uno”. Por último, el profesional del derecho adveró:

[El testigo] se trasladaba con frecuencia a la residencia de la doctora D.E.S.Q. Aquí nunca se va a negar ni tampoco se va a aplaudir, pero es necesario que se aclare para qué se trasladaba, qué le llevaba, quién lo llamaba […] eso no lo puede aclarar sino J.A.V., cuál era el trato, de qué se trataban las visitas que él le hacía en la casa a la doctora D.E.S.Q. con ocasión, bien del cargo en el Juzgado, bien del cargo en el Centro de Servicios(6).

De entrada se observa que el opugnador no cumplió las exigencias argumentativas requeridas para lograr el decreto de los tres testimonios aludidos, en concreto, la obligación de indicar los temas sobre los que pretende indagar a los declarantes, los cuales deben ser distintos a aquellos que abordará su contraparte al practicar la prueba, pues si se trata de asuntos similares o ligados entre sí, le bastaría con efectuar el contrainterrogatorio, cuya finalidad es precisamente “refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado” en el interrogatorio directo (L. 906/2004, art. 393, lit. A).

En efecto, la extensa argumentación de la defensa sobre la pertinencia de la declaración de M.F.S.C., puede resumirse en que pretende preguntarle por las posibilidades que tenía de manipular el sistema de gestión a través de su usuario y código de acceso, argumento que repite en varias ocasiones con distintas palabras. Ello tiene relación directa con uno de los temas del interrogatorio de la Fiscalía: el relacionado con las ofertas de dinero que recibió para borrar del sistema de gestión las anotaciones relativas a la concesión del recurso de apelación, por lo que sin lugar a dudas, el contrainterrogatorio resulta suficiente para tal finalidad.

Respecto de L.A.P., dijo el apoderado que requería su testimonio para que aclare aspectos relacionados con los varios usuarios y claves que le permitían acceder al sistema de gestión (cómo y por qué los consiguió, cuántos podía utilizar “desde el Juzgado”, cuántos usaba “para un mismo proceso” y si la titular del despacho conocía dicha situación). Así mismo, que explique con qué frecuencia ocurrían errores al cargar datos en el sistema, quién los enmendaba, quién ordenaba corregirlos y cómo se hacía. Finalmente, que informe sobre el “movimiento” que tuvo la actuación seguida contra J.J.F.U.

Todos esos tópicos pueden ser abordados en el contrainterrogatorio, dado que el organismo acusador interrogará directamente acerca de las funciones de la declarante, que incluían el manejo físico de los expedientes y las anotaciones en el sistema de gestión, así como lo sucedido con el diligenciamiento correspondiente al ciudadano referido en el párrafo anterior.

La defensa pidió también el interrogatorio directo de J.A.V., adverando que le preguntaría sobre el “tránsito de información” entre el Juzgado y el Centro de Servicios, el uso que daba a cada uno de sus “dos usuarios” del sistema de gestión y el motivo de sus visitas a la residencia de la acusada.

Los dos primeros bloques temáticos pueden agotarse en el contrainterrogatorio, pues durante la declaración que rendirá como testigo de cargo, expondrá las tareas secretariales que tenía a cargo y las irregularidades que detectó en el expediente de J.J.F.U., las cuales aparecieron reflejadas en el sistema de gestión.

El único asunto que refirió el opugnador al sustentar su petición probatoria, distinto de aquellos mencionados por su contraparte, fue el relativo a las frecuentes visitas que el testigo hacía a D.E.S.Q., por lo que anunció que durante el juicio tendría que explicar “para qué se trasladaba, qué le llevaba, quién lo llamaba […] cuál era el trato, de qué se trataban las visitas que él le hacía en la casa”.

Sin embargo, esta precaria argumentación no colma suficientemente el presupuesto de pertinencia de la prueba, pues el peticionario no explicó la relación entre aquellas visitas y los hechos aquí investigados, la forma en que ocurrieron o sus consecuencias, la identidad y responsabilidad de su prohijada, o la credibilidad de los peritos u otros testigos. Tampoco señaló que aquellos encuentros en la residencia de la titular del Juzgado hicieran más o menos probables alguno de estos aspectos.

Dicho de otra forma, la escueta sustentación no permite evaluar si la declaración solicitada como directa puede aportar información relevante en el sub examine, bien porque de alguna manera refute la teoría del caso de la Fiscalía, o porque apoye la de la defensa.

Por tal razón, no es de recibo el razonamiento según el cual algunos de los deponentes tienen información que conoce el opugnador “y que obviamente aquí no está nadie obligado a [sic] este momento procesal, de [sic] descubrirlos”, pues aunque de ninguna manera está obligado a revelar en este escenario su estrategia defensiva, su pretensión le imponía una carga argumentativa que no cumplió.

Finalmente, advera el apelante que requiere preguntarles a M.F.S.C. y L.A.P. acerca de algunos aspectos contenidos en las entrevistas que rindieron, pero con la decisión del a quo, en sus palabras, “quedo solamente reducido […] a utilizar esas entrevistas en el contrainterrogatorio para refrescar memoria, pero lógicamente en los límites que sea [sic] el contrainterrogatorio, cuando fue clara la posición de la defensa de que las iba a interrogar directamente y que iba a utilizarlas en el directo”.

Sin embargo, nuevamente se detecta la falencia previamente advertida, toda vez que se limita a indicar que en las entrevistas “hay una información que será la que el Tribunal en su momento valorará para saber si los cuatro tipos penales […] se sostienen o no por parte de la señora M.F.S.”, sin que la precaria sustentación, en la que no se hace referencia a ningún asunto en concreto, permita a la judicatura evaluar la pertinencia de la petición, ni cotejarla con el propósito del interrogatorio directo decretado en favor de la Fiscalía, para establecer así la necesidad de admitirla también como prueba de la defensa.

Ante tal panorama, la Colegiatura confirmará integralmente el proveído de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia impugnada, acorde con las razones expuestas en la motivación.

2. DEVOLVER el diligenciamiento al Tribunal de origen.

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Audiencia preparatoria celebrada el 2 de junio de 2015. Tercer archivo digital. Registro: minuto 25:15 y ss.

2 Ibídem. Registro: minuto 49:40 y ss.

3 Ejusdem. Registro: minuto 28:55 y ss.

4 Ibídem. Registro: minuto 1:05:00 y ss.

5 Ejusdem. Registro: minuto 26:40 y ss.

6 Ibídem. Registro: minuto 1:26:30 y ss.