Auto ATC6727-2015/2015-00099 de noviembre 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-30-000-2015-00099-01

ATC 6727-2015

Conjuez ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil quince.

(discutido y aprobado en sesión de la fecha)

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aquilatada la actuación procesal cuyos aspectos de mayor relieve han quedado resumidos en el recuento cronológico que antecede, sin mayor dificultad puede apreciarse que las cinco manifestaciones de impedimento realizadas, invocando todas el numeral 6º del artículo 56 del CPP y una de ellas también el numeral 1º ibídem, se apoyan al final de cuentas en la errónea creencia, incitada al parecer por el auto unitario de la Sala de Casación Penal fechado el 25 de mayo de 2015, de que el cuerpo colegiado, órgano judicial éste último del que son integrantes los señores magistrados que han puesto de manifiesto el deber legal de abstención que, a su modo de ver, pesa sobre ellos de conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, ha de tenerse como autoridad responsable a quien el quejoso le atribuye los actos jurisdiccionales, presuntamente violatorios de los derechos fundamentales para los cuales reclama amparo, que por esa razón habrían de ser materia de revisión a la luz de la Constitución en cuyo resultado adverso a las pretensiones del accionante en cualquier sentido habrían podido, por lo tanto, adquirir interés los nombrados funcionarios.

Como quedó dicho con anterioridad, es lo cierto que de estar a la información constatable en el expediente, la acción de tutela incoada únicamente la dirigió su autor contra decisiones tomadas por el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial; su contenido petitorio específico, por más veras claro e inequívoco en cuanto a este aspecto particular atañe, no permite conjeturar siquiera la intención del accionante de poner en tela de juicio la legitimidad constitucional de los fallos de tutela de fechas 18 de diciembre de 2014 y 25 de marzo de 2015, proferidos respectivamente por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte, así como tampoco de la providencia de la autoría de la Sala de Casación Penal, dada el 14 de agosto de 2013 y por virtud de la cual se inadmitió la demanda de casación presentada por el susodicho accionante Sergio León Rivera Suárez; y en fin, acerca de la negativa a aplicar la circunstancia de atenuación punitiva consagrada en el artículo 401 del Código Penal (texto de la L. 1474/2011, art. 25) y cuyo reconocimiento pretendió obtener sin éxito el mismo accionante ante el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, la Sala de Casación Civil no ha efectuado con antelación pronunciamiento alguno positivo o negativo, respecto de dicha negativa y su fundamentación jurídica, con base en el cual pueda inferirse que los magistrados que hoy la integran, por haber emitido el fallo de 18 de diciembre de 2014 se encuentran en situación de prevención determinante en ellos, al menos presuntamente, de un interés personal de carácter funcional que pueda poner en entredicho su imparcialidad.

2. En este orden de ideas, entendido que conforme lo puntualiza la doctrina (Cfr. Adolfo Alvarado Velloso. Lecciones de Derecho Procesal Civil, Lec. 7, 3.2.2) la declaración de impedimento no es cosa distinta al medio que la ley acuerda a los jueces para afirmar y acreditar, ante las partes en el proceso, la ausencia de su competencia subjetiva, lo que se traduce en el deber que tienen de apartarse del conocimiento de todo asunto respecto del cual, o de los sujetos intervinientes, no pueden actuar con plena observancia de la garantía de imparcialidad que requiere toda actividad jurisdiccional válida; y asumiendo que tal apartamiento, al igual que ocurre con la recusación cuando a ella hubiere lugar, ha de ser causada, es decir fundada en motivos expresamente definidos con tal propósito en la ley, motivos de variada estirpe que si bien deben por principio interpretarse y aplicarse con justa amplitud, no por ello admiten sin límite ampliaciones por razón de analogía o simple similitud, viene al caso considerar infundados los impedimentos declarados, en el entendido que, valga destacarlo, la falta de competencia subjetiva para intervenir en un proceso en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es inherente a cada situación litigiosa concreta, fundamentada en la comprobada presencia de circunstancias específicas relativas a las partes o al objeto de la controversia, de modo que por norma no existe impedimento subjetivo que de origen a inhibición o recusación para intervenir en general, abriéndose paso por ese cauce excusas discrecionales las más de las veces, desde luego, motivadas por encomiables sentimientos de decoro y delicadeza profesional.

En efecto, es de verse que las razones aducidas en orden a justificar las manifestaciones de impedimento en cuestión con arreglo a los numerales 1º y 6º del artículo 56 del CPP, derivan de un estado de cosas que en realidad y según muestran los autos, no se configura por cuanto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al igual que su homóloga en el ámbito laboral, no es accionada en el trámite de tutela sub exámine, así como tampoco ha proferido decisión que por su contenido pueda considerarse que, en función del control de constitucionalidad por vía de amparo que reclama el accionante, es materia de obligada revisión en dicho trámite.

En consecuencia, con apoyo en las anteriores consideraciones la Sala integrada por conjueces,

RESUELVE:

1. Declarar infundados los impedimentos que a bien tuvieron manifestar los Hs. Magistrados titulares, Drs. Luis Armando Tolosa Villabona, Margarita Cabello Blanco, Álvaro Fernando García Restrepo, Fernando Giraldo Gutiérrez y Ariel Salazar Ramírez.

2. Disponer que una vez en firme esta providencia, para lo de su competencia con arreglo a la ley se remita la actuación al despacho del H. magistrado Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

3. Dar aviso de la presente providencia por el medio más expedito a los interesados.

Notifíquese y cúmplase».