Auto ATL6279-2016/44552 de septiembre 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ATL6279-2016

Rad.: 44552

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta Extraordinaria Nº 91

Bogotá, D. C., seis de septiembre de dos mil dieciséis.

Jorge Eduardo Rubiano, en causa propia, promovió acción de tutela contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en procura de obtener el amparo de sus “derechos fundamentales, humanos y legales”.

Mediante auto de fecha 17 de agosto de 2016, la referida autoridad judicial, al encontrar que ostentaba la condición de accionada dentro de la acción constitucional, se declaró incompetente para asumir su conocimiento y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Laboral para que resolviera lo pertinente (fl. 682).

De acuerdo con lo anterior, procede esta Corte a determinar la viabilidad de admitir la presente acción constitucional, previo estudio de los siguientes

I. Antecedentes

El señor Jorge Eduardo Rubiano instauró acción de tutela contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales, los cuales, en su criterio, le fueron transgredidos por la autoridad judicial accionada, durante el trámite de la acción de tutela número 11001020300020150103900.

En apoyo de su solicitud indicó, en forma confusa y descontextualizada, que presentó denuncia penal ante la Fiscalía 38 Seccional de Cartagena, el día 16 de abril de 2002, radicada bajo el número 91812, contra María del Pilar González del Río y Antonio Quinto Guerra Varela, por el delito «En averiguación, por el embargo y robo de sus cuentas bancarias del Citibank Cartagena»; que, pese a lo anterior, dicha fiscalía se ha negado a investigar el referido tipo penal; que, mediante sentencia de tutela radicada con el número 50114, del 28 de septiembre de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al tiempo que ordenó a la Directora Seccional de Fiscalías de Cartagena, y a los Fiscales 14 39, 40 y 48 Seccionales de Cartagena, «resolver con celeridad los asuntos de su conocimiento»; que el Magistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, «se ha negado y aun se sigue negando a NOTIFICAR y HACER CUMPLIR, la Sentencia T 50114 del 28 de septiembre de 2010», y que «en complicidad con su esposa la Dra. Muriel del Rosario Rodríguez Truñón, Juez Tercera Civil del Circuito de Cartagena para la fecha de los hechos, mediante providencia judicial, despojaron de su casita de interés social a su hija Francia Elena Rubio Castrillón y otra serie de delitos que se desprendieron de las injusticias de la justicia»; que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena, sin tener facultades legales y valiéndose de dos (2) letras de cambio borradas, enmendadas y adulteradas libró mandamiento de pago, embargándole y secuestrándole su residencia familiar; que la gerente del Citibank afirmó ante la fiscalía que «sí recibió la sumas de dinero para pagar el embargo y que sí había vendido sus cuentas bancarias embargadas y tuteladas a la Fiduciaria Colpatria S.A.»; que el represente legal de la Fiduciaria Colpatria S.A. «compró sus cuentas bancarias embargadas y tuteladas al Citibank Cartagena y repitió el reporte negativo ante la central de riesgos financieros», por lo que continúa embargado y reportado en data crédito «con muerte comercial y financiera de por vida»; que la Personería Distrital de Cartagena, la Procuraduría Regional de Bolívar y los Procuradores 82, 83 y 84 delegados antes los Juzgados Penales de Cartagena, han conocido el «fraude que registran los procesos judiciales.»; que la Superintendencia Financiera de Colombia, se ha negado a cumplir la sentencia de tutela y a pagar la sanción de multa y arresto que le impuso el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, «por violar el debido proceso en el examen de sus cuentas bancarias embargadas y robadas del Banco Citibank Cartagena»; que la Juez Segunda Civil del Circuito de Cartagena, en complicidad con la Juez Séptima Civil de esa misma ciudad, «le vendieron por dinero en efectivo (…), la mencionada demanda ejecutiva, remarcada con el número 770 – 2012 a (….) Carmen Gertrudis Iriarte de Arcila, con el compromiso de esconder el expediente; no fallar la demanda ejecutiva, conforme el procedimiento consagrado en el artículo 404 y siguientes del Código Civil; no devolver lo que me robaron y continuar con la persecución judicial con amenazas de muerte en contra de mi persona Jorge Eduardo Rubiano, de mi familia, de mi vida, honra y bienes (…)»; que la Fiscalía General de la Nación aún no ha realizado ninguna clase de investigación, debido al “tráfico de influencias politiqueras que viene ejerciendo sobre fiscales, jueces, magistrados y procuradores”.

Pidió, a partir de los hechos relatados, que se tutele a la autoridad judicial accionada por “inventar un procedimiento no contemplado en nuestra Carta Magna, ni en ningún código, decreto, ley o reglamento, para tramitar la acción de tutela (admitida, sin notificar, defraudada y sin resolver) Rad. 11001020300020150103900) (…).

Finalmente, en el acápite denominado “juramento”, indicó: “Bajo la gravedad del juramento declaro, que si no me devuelven lo que me robaron, me veré obligado a poner más tutelas, quejas, denuncias y todo lo que sea necesario para defender lo que es mío (…)”.

II. Consideraciones

De los intrincados hechos narrados por el accionante, así como de los elementos de convicción que se incorporaron al expediente, se desprende que lo pretendido en este asunto es que se dejen sin valor legal ni efecto alguno las actuaciones que profirió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, durante el trámite de la acción de tutela número 11001020300020150103900, promovida por el mismo tutelante contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, y los Procuradores Judiciales 82,83 y 84 de Cartagena.

No obstante, una vez revisado el sistema interno de gestión de esta corporación, se advierte que la solicitud de amparo que hoy invoca el accionante, ya fue objeto de revisión y decisión por esta Sala de Casación Laboral, mediante sentencia STL7875-2016 (Rad. interno 43464), de fecha 8 de junio de 2016, en la que se resolvió:

Al examinar el caso en examen, observa la Sala que lo controvertido es una decisión de igual naturaleza constitucional, en la que la Sala de Casación Civil en la acción de tutela con radicación 11001020300020150103900, del 8 de octubre de 2015, negó el amparo solicitado.

Al respecto, esta Sala ha insistido en que no es posible que mediante la tutela se estudien aspectos acaecidos en otro trámite constitucional, pues ello contraría el objeto y la naturaleza de esta excepcional vía.

Así las cosas, no es procedente el uso de esta vía excepcional cuando se trata de controvertir decisiones proferidas dentro de una acción constitucional, mucho menos cuando los hechos, fundamentos y pretensiones de ésta son los mismos que se invocan como sustento de la acción de amparo, situación que no permite que a través de la figura consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política se realice un nuevo estudio de la situación fáctica planteada y de la normatividad aplicable.

Ahora, de igual forma se advierte que el Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, en su artículo 38 consagra que: «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes». Dicha disposición se fundamenta en el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual no puede ser utilizada de manera irregular pues se concibió como un instrumento judicial efectivo para la protección inmediata de los derechos fundamentales.

De manera, que se considera que la conducta es temeraria cuando se presenta la misma acción de amparo en varias oportunidades o en dos o más despachos judiciales sustentándolas con los mismos fundamentos fácticos y jurídicos, y se ha estimado que tal actuación afecta principios como la economía procesal, la eficacia, la eficiencia, la lealtad procesal, entre otros e igualmente, origina varios pronunciamientos judiciales respecto a un mismo asunto lo que entorpece el aparato judicial.

Es del caso aclarar que no por el hecho de incluir o excluir integrantes de la parte accionada, o mencionar nuevos hechos, deja de ser esta la misma acción que aquella que ya fue objeto de pronunciamiento por parte del juez de tutela.

En consecuencia, hay imposibilidad de emitir un nuevo pronunciamiento sobre el asunto, lo que según los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, supone la decisión desfavorable de la presente acción de tutela. Ello, porque la acción como mecanismo que permite a las personas acceder a la administración de justicia, tiene que utilizarse de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia.

Se puede constatar, además, a partir del mismo sistema interno de gestión y de la consulta de la página web de la Rama Judicial/Consulta Procesos, que el accionante ha instaurado más de ciento veinte acciones de tutela, sustentadas en los mismos hechos, las cuales le han sido rechazadas, entre otras, en las providencias ATL6530-2015, STL11278-2016, STL5965-2016, STL5843-2016 STL14994-2015.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que entre la acción de tutela que fue resuelta por esta Corporación, el 8 de junio de 2016, las que han sido rechazadas y la que ahora se vuelve a presentar por el tutelante, existe identidad de partes, de objeto y de pretensiones, realidad que no se desdibuja por el sólo hecho de que el accionante altere el orden de los hechos o haga más minucioso su relato a medida que incrementa el número de acciones instauradas.

De esta manera, resulta palmario que el accionante ha incurrido en un obstinado e inconcebible abuso de la acción de tutela, que pugna con la naturaleza de dicho mecanismo constitucional, ante lo cual, lo pertinente es rechazar de inmediato la presente acción preferente y sumaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

De otro lado, como quiera que en eventos como el aquí estudiado, el inciso 3º del artículo 25 del precitado decreto contempla la imposición de costas a cargo de quien actúa temerariamente, se condenará al accionante a que pague dicho rubro, en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en un término no superior a tres (3) días, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta número 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia, señalada para tales efectos en el Acuerdo número PSAA10-6979 de 2010, expedido por la citada corporación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. RECHAZAR DE PLANO la acción de tutela interpuesta por Jorge Eduardo Rubiano contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por temeraria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

2. CONDENAR a Jorge Eduardo Rubiano identificado con cédula de ciudadanía número 17.050.614 de Bogotá, a que, en un término no superior a tres (3) días, pague las costas procesales previstas en el inciso 3º del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta bancaria número 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia, señalada para tales efectos en el Acuerdo PSAA10-6979 de 2010, expedido por la citada corporación.

3. COMUNICAR lo resuelto a los interesados.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.