Auto ATP6643-2014 de octubre 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 3

ATP6643-2014

Radicación: 76.442

Acta 347

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Precisa la Sala recordar que el ejercicio de la acción constitucional, no escapa a las reglas del debido proceso y que estas se desconocen, por ejemplo, cuando no se vincula al trámite de la acción pública a todas las autoridades o personas que han intervenido en el acto denunciado como causa del desconocimiento de los derechos fundamentales por el accionante o que pueden verse afectados con su decisión.

Por ello, en el sub judice se aprecia que los hechos expuestos en la demanda de tutela, tienen su origen en las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra la ciudadana Liliana Pardo Gaona, adelantadas ante el Juzgado 49 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el día 7 de julio de este año.

Cuenta el plenario, que en esa oportunidad participaron en las referidas audiencias, —según el acta allegada por ese despacho—(2), por parte de la fiscalía el doctor Jaime Alonso Zetien Castillo, la indiciada Pardo Gaona, su defensor José Fernando Mestre Ordóñez quien luego fue reemplazado por Luis Fernando Becerra Gamboa, el Ministerio Público en cabeza de la doctora María Eugenia Cárdenas Giraldo y la abogada María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada de la contraloría como posible víctima dentro de este asunto.

Así, atendiendo que específicamente la delegada del Ministerio Público acudió en virtud de la agencia especial que le fue encomendada, y también, a la audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2014 para desatar el recurso de apelación incoado por la defensa, en la cual la Juez 10ª Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá declaró ilegal la captura de Liliana Pardo Gaona y declaró la nulidad frente a la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento; se estima entonces necesaria igualmente su vinculación a este trámite tutelar, pues surge evidente el interés que tiene en el mismo como garante del cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa como representante de la sociedad”(3) y su función de vigilancia cuando se pretenda la afectación de un derecho fundamental como el de la libertad en este caso.

Y sobre el específico tema que concita la atención de la Sala, señaló la Corte Constitucional —T-293/2013— en un asunto similar lo siguiente:

“La Constitución no sólo otorgó a la Procuraduría General de la Nación un amplísimo conjunto de competencias, sino también la posibilidad de ejercerlas a través de la interposición de las acciones que considere necesarias. Por lo tanto, si desde el punto de vista del debido proceso constitucional, el procurador o sus agentes pueden interponer las acciones judiciales que consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el interés público; no existe razón constitucional para que no pueda hacerlo a través de la acción de tutela. Más aún cuando, como en este caso, la intervención de los agentes del Ministerio Público tanto en el proceso penal como en la tutela misma, ha estado orientada a solicitar la protección de los derechos del interés público afectado por el carrusel de la contratación. Por lo tanto, considera la Sala que la Procuraduría General de la Nación o sus agentes están legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad”.

En consecuencia, no existe duda alguna frente a la importancia que tiene la vinculación de la procuradora delegada a este trámite de tutela, situación que desatendió el tribunal a quo, bajo el insustancial argumento de que “(…) en el estado actual no han comparecido a la actuación y cuyos eventuales derechos en manera alguna se desconocen con la determinación que aquí se toma”(4), afirmación que desconoce tanto la importante misión de ese órgano de control, como su participación activa en este asunto, bajo la figura de la agencia especial.

A la anterior conclusión, pudo haber arribado el a quo con la lectura cuidadosa de la demanda de tutela interpuesta por el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien en el último acápite de su escrito relacionó partes e intervinientes del proceso, y en su numeral 5º hizo lo propio con el Ministerio Público, defecto que no fue subsanado por el magistrado ponente de la decisión recurrida, no obstante, que le fue advertido por otro integrante de la Sala, según lo expuso en su salvamento de voto.

En ese orden de ideas, revisado el diligenciamiento, se aprecia que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, omitió la vinculación de la delegada del Ministerio Público doctora María Eugenia Cárdenas Giraldo como agente especial para este asunto, en el auto de fecha 12 de septiembre del año en curso, mediante el cual avocó la demanda y dispuso el traslado a las partes accionadas, y tampoco, corrigió el error en los posteriores autos —ver folios 46 a 49 del cuaderno del tribunal—, ni en las comunicaciones de la secretaría.

Así las cosas, es evidente que el a quo resolvió la tutela propuesta desconociendo la necesidad de integrar el litis consorcio necesario en cuanto a los sujetos interesados en la acción pública, como supuesto indispensable del contradictorio, a fin de resolver las pretensiones del accionante.

Admitir que un juez de tutela dirima una acción constitucional sin conformar debidamente el contradictorio, es desconocer el artículo 29 de la Constitución Política, mandato que también rige para el proceso de tutela.

Por lo anterior, se invalidará lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda, remitiendo el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que proceda a integrar el contradictorio como corresponde, preservando la validez de lo actuado en cuanto a las pruebas allegadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Acciones de Tutela 3,

RESUELVE:

DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a partir del auto que admitió la demanda de tutela, preservando la validez de las pruebas allegadas, de conformidad con la parte considerativa de la presente decisión.

REMÍTASE la actuación a la citada Sala.

NOTIFÍQUESE de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.»

(2) Folio 55, cdno. original.

(3) Según se extrae de la misión del Ministerio Público descrita en su portal de internet, http://www.procuraduria.gov.co/portal/Funciones-AP.page.

(4) Folio 164, cdno. original tribunal.