•Auto C-7657 de junio 3 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DERECHO DE POSTULACIÓN

SE DEBE PROBAR LA CALIDAD DE ABOGADO AL INICIAR LA GESTIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente C-7657

Santafé de Bogotá, D.C., tres (3) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Decídese sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por quien se anunció como apoderado del demandado Pablo Emilio Rodríguez Bernal, respecto de la sentencia de 1º marzo de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Civil, dentro del proceso ordinario incoado contra el citado señor por la señora María Cristina Marín Kuan.

Antecedentes

1. Antes de proferirse la sentencia de primera instancia, el demandado constituyó como nuevo apoderado al doctor Carlos J.... (fl. 70, incidente de nulidad), por haber revocado el poder que inicialmente había conferido a otro profesional del derecho.

2. Frente a una solicitud de reconocimiento de personería (fl. 71, ib), el juzgado de conocimiento, que lo fue el treinta civil del circuito de esta ciudad, mediante auto de 10 de febrero de 1998 (fl. 75, ib), previamente a resolver exigió a quien se anunciaba como abogado hiciera presentación personal del mandato a él otorgado.

3. Sin haber cumplido lo anterior, la misma persona presentó las alegaciones de conclusión, respecto de lo cual, juzgado de instancia, en auto de 6 de marzo de 1998 (fl. 114, cdno. ppal.), señaló:

“En cuanto al escrito presentado personalmente por el Dr. Carlos J... no se tiene en cuenta por cuanto que aún en las diligencias no se le ha reconocido personería, pues no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez (10) de febrero del año en curso”.

4. Frente a la sentencia de primera instancia, favorable a la pretensión principal de nulidad del contrato de promesa de compraventa, la misma persona, diciendo actuar en nombre del demandado, interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en auto de 8 de septiembre de 1998, sin advertirse que el apelante aún no había acreditado su calidad de abogado.

5. Admitido y tramitado el recurso de apelación al tribunal, tras revocar la sentencia de primer grado, decidió negar la pretensión principal de la demanda, para, en su lugar, acceder a la subsidiaria de resolución, con las restituciones que consideró procedentes (fls. 20-43, cdno. tribunal).

6. El fallo anterior fue recurrido en casación por quien sin acreditar la calidad de profesional del derecho, se ha anunciado como tal, diciendo actuar, repítese, como apoderado del demandado, recurso que a la postre fue concedido por el tribunal sin advertir que quien suscribe la impugnación aún no había cumplido con la presentación otrora exigida.

Se considera

1. Cabe anotar primeramente que en los memoriales suscritos por quien ha incumplido la carga de acreditar su calidad de abogado, concretamente en el alegato de conclusión y en la sustentación extemporánea del recurso de apelación, expresamente se manifestó, a propósito de la existencia de una supuesta causal de nulidad procesal, que “cuando el abogado litigue debe acreditar esa condición”, no siendo suficiente para ello “con anexar un poder”, sino que es necesario exigir la “presentación personal al abogado, acreditando esa condición profesional”.

2. Lo anterior, en relación con lo que se dejó consignado en los antecedentes, tiene plena aplicación en el caso concreto, en cuanto toca con el tema que ocupa la atención de la Corte, como es lo relativo a la admisión del recurso de casación, porque, como se sabe, salvo las excepciones legales, para actuar en un proceso judicial se requiere acreditar el jus postulandi mediante la demostración de la calidad de “abogado inscrito” (CPC, art. 67), bien por la misma parte o su representante, en los casos en que uno u otro ostenten esa calidad, ora por quien se anuncie como tal presentando un poder debidamente otorgado por el poderdante.

En armonía con ello, el artículo 22 del Decreto 196 de 1971 establece que quien “actúe como abogado deberá exhibir su tarjeta profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio en el respectivo expediente”, agregándose allí igualmente que “sin el cumplimiento de esta formalidad no se dará curso a la solicitud”. Esto significa que, salvo disposición legal expresa que exija la presentación personal de determinada solicitud (arts. 13 de la L. 446/98 y 107, inc. 2º, CPC), para poder asumir válidamente la defensa de la parte a quien se dice apoderar, ineludiblemente el abogado, al iniciar su gestión, debe acreditar esa calidad, para de esa manera tener plenamente satisfecho el derecho de postulación.

Ahora, como una cosa es la presentación personal del poder por la parte a quien se representa judicialmente y otra, distinta, la de quien se anuncia como abogado, recientemente la Corte dijo que el “mero hecho de elaborarse el poder dirigido al juez que conoce del proceso carece de virtualidad para convertir al abogado, per se, en apoderado judicial de la parte correspondiente”, toda vez que para el efecto “no es suficiente que alguien, motu proprio se diga apoderado judicial”, sino que “es menester que demuestre ante el funcionario respectivo que se está habilitado para serlo” (1) (el resaltado es del texto).

(1) Auto de 16 de marzo de 1999. Expediente 7387.

3. Lo expuesto, desde luego, tiene relación con el control que los funcionarios judiciales deben dispensar frente al ejercicio de la abogacía, porque, como se desprende del artículo 25 del Decreto 196 de 1991, no se puede tolerar que alguien que no tiene la calidad de abogado, litigue en causa propia o ajena, situación esta que es distinta de quien teniendo en realidad esa calidad, no la acredita, sin embargo al iniciar la gestión.

En el primer evento, lo actuado no se sanciona con nulidad (inc. 2º, ibídem), aunque advertida la circunstancia de no ser abogado quien actúa en causa ajena, y aún en la propia no tratándose de un caso en que se puede actuar sin serlo, no se podría seguir permitiendo el ejercicio ilegal de la abogacía. En el segundo, en cambio, la inobservancia de la formalidad aparejaría como sanción el que no se pueda dar curso a las solicitudes, al menos las pendientes al momento de constatarse que el requisito mencionado no ha sido cumplido. Por lo mismo, llegado el caso de haberse tramitado memoriales sin satisfacerse cabalmente el derecho de postulación, la sanción a que se alude no quedaría relevada, en consideración a que el ejercicio de la profesión sin acreditar la calidad de abogado, no se encuentra previsto en la ley como sustitutivo del mencionado solemne acto procesal.

4. Así las cosas, independientemente del impulso que se le haya dado a los memoriales presentados por quien viene anunciándose como apoderado judicial de la parte demandada, antes de la interposición de la casación, sin haber acreditado la calidad de abogado, no puede pasarse por alto que al menos hasta el vencimiento del término para intentar el recurso extraordinario de casación, quien lo ejercitó no había cumplido tal formalidad, pese a existir exigencia expresa al respecto en el curso de la primera instancia.

Pero como lo relativo a la interposición del recurso de casación, a su concesión, así como a su admisión, son cuestiones que no se agotan autónomamente, sino que se encuentran relacionados entre sí, al extremo que no obstante haberse concedido, la Corte se encuentra facultada para repelerlo por factores distintos a la cuantía (CPC, art. 372), en el caso concreto no cabe alternativa distinta que inadmitir el recurso de casación, pues en verdad el abogado que lo interpuso no podía hacerlo válidamente en nombre de la parte demandada, agraviada con el fallo de segunda instancia, por haber incumplido la carga procesal de acreditar la condición con que actuaba, porque en estricto sentido al memorial que contenía el recurso de casación no ha debido dársele trámite por disposición expresa de la ley.

Además, no se puede sostener que una vez cumplida la formalidad, sus efectos se extienden hacia el pasado, no sólo porque las actuaciones judiciales no pueden quedar al capricho de las partes, sino porque ello desconocería el principio procesal de preclusión que precisamente informa el de certeza y seguridad jurídica.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,

RESUELVE:

1. Inadmitir, por las razones expuestas, el recurso de casación interpuesto por quien se anunció como apoderado judicial del demandado Pablo Emilio Rodríguez Bernal, respecto de la sentencia de 1º de marzo de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Civil, dentro del proceso ordinario incoado contra el citado señor por la señora María Cristina Marín Kuan.

2. Expedir copia de esta providencia con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santafé de Bogotá-Cundinamarca, para que se investigue las posibles faltas en que se haya incurrido.

3. Devolver las diligencias al tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—José Fernando Ramírez Gómez—Rafael Romero Sierra—Jorge Santos Ballesteros. 

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