Auto D-645 de septiembre 15 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ACTAS PREPARATORIAS DE TRATADOS

NO TIENEN CONTROL CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «Como se indicó en el auto suplicado al rechazar la demanda, la acción pública recae sobre un acta correspondiente a la reunión de consulta entre autoridades aeronáuticas de las repúblicas de Chile y Colombia, cuyo objeto es “continuar el análisis de las posibilidades para llegar a un acuerdo de transporte aéreo”.

Dicha acta contiene además, las “conversaciones y análisis” realizadas por parte de las autoridades aeronáuticas chilenas y colombianas, en cuanto a desarrollar una política de mayor apertura que estimule la libre competencia de sus empresas, en relación con los servicios de transporte aéreo de los dos países.

En materia de tratados internacionales, la Constitución de 1991 establece la competencia de la Corte Constitucional en el artículo 241, numeral 10, según el cual, le corresponde:

“Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

De lo anterior se desprende que la competencia de la Corte supone la existencia de un tratado que ha surtido el trámite correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la norma mencionada, es decir, la negociación del tratado por el gobierno, seguido de la aprobación por parte del Congreso de la República a través de una ley, y finalmente, la revisión de estos actos por parte de la Corte Constitucional, para el control de constitucionalidad de los mismos.

Se trata por consiguiente de un control previo que se realiza una vez se produce la remisión por parte del gobierno dentro del término de que trata el precepto constitucional citado, a menos que si no se cumple con dicho ordenamiento, en cuanto se refiere a la remisión a la Corte Constitucional del tratado y de la ley que lo aprueba, puede la Corporación aprehender el conocimiento de oficio directamente o en virtud de acción ciudadana, una vez sancionada la ley aprobatoria del tratado, como ya lo ha expuesto esta Corporación.

Salvo el evento mencionado, como puede observarse de lo expuesto, no existe el ejercicio de la acción por parte de los ciudadanos con respecto a demandas de inconstitucionalidad contra actos o tratados que no han sido aprobados a través de una ley del Congreso.

Al examinar el acta demandada, encuentra la Corte que sus disposiciones podrían ser eventualmente materia de un tratado internacional. Empero, la Corporación no puede por las razones indicadas entrar a analizar su contenido material para establecer si dicha acta se ajusta o no a los preceptos constitucionales por no haberse cumplido en este caso con las etapas previas y propias para la formalización del tratado, de que trata la disposición constitucional mencionada.

Ante la circunstancia de que el acta demandada está produciendo efectos según la certificación emanada de la Aeronáutica Civil, se dispondrá oficiar al Presidente de la República para que adopte las medidas a que haya lugar bajo la advertencia de que constituye una situación irregular y preocupante, que atenta contra el orden interno y la seguridad jurídica, el hecho de que las relaciones internacionales entre Colombia y repúblicas extranjeras se pongan en vigencia mediante simples actas y sin el cumplimiento cabal de los trámites constitucionales relacionados con la negociación de los tratados por parte del Presidente de la República (art. 189, numeral 2º C.P.), su aprobación por el Congreso (art. 150, num. 16 de la C.P.) y la revisión constitucional previa por parte de la Corte Constitucional (art. 241, num. 10) o mediante el sistema de la aplicación provisional de los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan (art. 224 de la C.P.).

Por los motivos expuestos, habrá de confirmarse por falta de competencia expresa el auto recurrido y se ordenará oficiar al señor Presidente de la República para los efectos de las advertencias aquí previstas, remitiéndole copia de las diligencias procesales correspondientes».

(Auto de septiembre 15 de 1994. Expediente D-645. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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